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Sentencia AC-411-17 — Registro 10243

Resumen

Resolución resolvió recurso de apelación contra auto definitivo dictado por juzgado de primera instancia con relación a demanda ordinaria promovida contra Sociedad Criadores de Mariscos y Pescado S A (CRIMPSA)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."en materia de amparo el pronunciamiento de la Justicia Constitucional relativo a las violaciones alegadas por la persona natural o jurídica que inste su actividad, debe centrarse sobre la existencia o no de la violación constitucional alegada, en el acto concreto reclamado en amparo. Sin embargo, de lo expuesto en el considerando que antecede, del estudio del informe del Ad-quem y de la jurisprudencia establecida por esta Sala de lo Constitucional, se evidencia la inexistencia de una violación por parte de la autoridad recurrida a los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; mas aún es evidente que el acto reclamado se trata de un asunto propio de la instancia correspondiente..."..."al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisado el acto reclamado en amparo, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución..."..."es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., cuatro de agosto del año dos mil diecisiete. VISTO: El recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, a favor del señor ROGER ALLAN VAN VOORHEES, contra la resolución emitido por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecisiete, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra el auto definitivo de fecha siete (07) de abril del año dos mil diecisiete, dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ROATÁN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA; con relación a la demanda ordinaria promovida por el señor SAUL MUÑOZ ORELLANA, contra la sociedad mercantil denominada CRIADORES DE MARISCOS Y PESCADO S.A. (CRIMPSA).CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente expone que la Alzada vulneró el debido proceso al confirmar el auto apelado, con lo cual estima el quejoso se extralimita el Ad-quem porque limita los derechos de su representado.CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición el recurrente indica que con el acto reclamado se vulnera el debido proceso y derecho de defensa contenidos en los artículos 82 y 90 entre otros de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que en materia de amparo el pronunciamiento de la Justicia Constitucional relativo a las violaciones alegadas por la persona natural o jurídica que inste su actividad, debe centrarse sobre la existencia o no de la violación constitucional alegada, en el acto concreto reclamado en amparo. Sin embargo, de lo expuesto en el considerando que antecede, del estudio del informe del Ad-quem y de la jurisprudencia establecida por esta Sala de lo Constitucional, se evidencia la inexistencia de una violación por parte de la autoridad recurrida a los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; mas aún es evidente que el acto reclamado se trata de un asunto propio de la instancia correspondiente. CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisado el acto reclamado en amparo, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 44, 46 No. 1 y 7, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 69 de la Ley de Inquilinato. RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, a favor del señor ROGER ALLAN VAN VOORHEES, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecisiete; al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad, al existir ya un pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se archiven las presentes diligencias.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil diecisiete, certificación de la resolución de fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-411-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., cuatro de agosto del año dos mil diecisiete. VISTO: El recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, a favor del señor ROGER ALLAN VAN VOORHEES, contra la resolución emitido por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecisiete, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra el auto definitivo de fecha siete (07) de abril del año dos mil diecisiete, dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ROATÁN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA; con relación a la demanda ordinaria promovida por el señor SAUL MUÑOZ ORELLANA, contra la sociedad mercantil denominada CRIADORES DE MARISCOS Y PESCADO S.A. (CRIMPSA).CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente expone que la Alzada vulneró el debido proceso al confirmar el auto apelado, con lo cual estima el quejoso se extralimita el Ad-quem porque limita los derechos de su representado.CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición el recurrente indica que con el acto reclamado se vulnera el debido proceso y derecho de defensa contenidos en los artículos 82 y 90 entre otros de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado.CONSIDERANDO: Que en materia de amparo el pronunciamiento de la Justicia Constitucional relativo a las violaciones alegadas por la persona natural o jurídica que inste su actividad, debe centrarse sobre la existencia o no de la violación constitucional alegada, en el acto concreto reclamado en amparo. Sin embargo, de lo expuesto en el considerando que antecede, del estudio del informe del Ad-quem y de la jurisprudencia establecida por esta Sala de lo Constitucional, se evidencia la inexistencia de una violación por parte de la autoridad recurrida a los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; mas aún es evidente que el acto reclamado se trata de un asunto propio de la instancia correspondiente.CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisado el acto reclamado en amparo, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 44, 46 No. 1 y 7, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 69 de la Ley de Inquilinato. RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, a favor del señor ROGER ALLAN VAN VOORHEES, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecisiete; al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad, al existir ya un pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se archiven las presentes diligencias.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil diecisiete, certificación de la resolución de fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-411-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., cuatro de agosto del año dos mil diecisiete. VISTO: El recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, a favor del señor ROGER ALLAN VAN VOORHEES, contra la resolución emitido por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecisiete, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra el auto definitivo de fecha siete (07) de abril del año dos mil diecisiete, dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ROATÁN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA; con relación a la demanda ordinaria promovida por el señor SAUL MUÑOZ ORELLANA, contra la sociedad mercantil denominada CRIADORES DE MARISCOS Y PESCADO S.A. (CRIMPSA).CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente expone que la Alzada vulneró el debido proceso al confirmar el auto apelado, con lo cual estima el quejoso se extralimita el Ad-quem porque limita los derechos de su representado. CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición el recurrente indica que con el acto reclamado se vulnera el debido proceso y derecho de defensa contenidos en los artículos 82 y 90 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado.CONSIDERANDO: Que en materia de amparo el pronunciamiento de la Justicia Constitucional relativo a las violaciones alegadas por la persona natural o jurídica que inste su actividad, debe centrarse sobre la existencia o no de la violación constitucional alegada, en el acto concreto reclamado en amparo. Sin embargo, de lo expuesto en el considerando que antecede, del estudio del informe del Ad-quem y de la jurisprudencia establecida por esta Sala de lo Constitucional, se evidencia la inexistencia de una violación por parte de la autoridad recurrida a los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; mas aún es evidente que el acto reclamado se trata de un asunto propio de la instancia correspondiente. CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisado el acto reclamado en amparo, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 44, 46 No. 1 y 7, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 69 de la Ley de Inquilinato. RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, a favor del señor ROGER ALLAN VAN VOORHEES, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecisiete; al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad, al existir ya un pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se archiven las presentes diligencias.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende a solicitud de la Abogada ESTHELA JANETH VALLADARES RAMOS, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil diecisiete, certificación de la resolución de fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-411-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL