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Sentencia AC-398-17 — Registro 12077

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que otorgó el recurso contra el auto dictado por el Juzgado de Letras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los Artículos 82, 90 y 110 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, que otorgó el recurso presentado por el Abogado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR, a favor de la Sociedad Mercantil HIDROELECTRICA DE OCCIDENTE S. DE R.L., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Santa Bárbara, en fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, en relación a la demanda promovida por la Sociedad Mercantil CORPORACION ARRAYAN S. DE R.L., contra la Sociedad Mercantil denominada HIDROELECTRICA DE OCCIDENTE S. DE R.L. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los Artículos 82, 90 y 110 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, compareció ante la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Santa Bárbara, el Abogado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil HIDROELECTRICA DE OCCIDENTE S. DE R.L., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Santa Bárbara, en fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, promovida por la Sociedad Mercantil denominada CORPORACION ARRAYAN S. DE R.L. 2) Que seguido el tramite correspondiente a la acción de amparo, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, dictó sentencia en fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante la cual falló otorgando el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR, a favor de la Sociedad Mercantil HIDROELECTRICA DE OCCIDENTE S. DE R.L., y ordenó remitir en consulta las diligencias ante la Corte Suprema de Justicia. 3) Que en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR, a favor de la Sociedad Mercantil HIDROELECTRICA DE OCCIDENTE S. DE R.L., en base al Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, que otorgó el recurso presentado por el Abogado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR, a favor de la Sociedad Mercantil HIDROELECTRICA DE OCCIDENTE S. DE R.L., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Santa Bárbara, en fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, en relación a la demanda promovida por la Sociedad Mercantil CORPORACION ARRAYAN S. DE R.L., contra la Sociedad Mercantil denominada HIDROELECTRICA DE OCCIDENTE S. DE R.L. CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, manifestando básicamente que el auto dictado por el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Santa Bárbara, en fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, en relación a la demanda promovida por la Sociedad Mercantil CORPORACION ARRAYAN S. DE R.L., contra la Sociedad Mercantil denominada HIDROELECTRICA DE OCCIDENTE S. DE R.L., lesiona el debido proceso y le causa indefensión al declarar sin lugar un incidente de declinatoria por falta de competencia Funcional, Objetiva y Territorial. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, de fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, cuando señala que en el presente caso no se ha acreditado en el proceso que la sociedad demandada, tenga establecimiento abierto al público en el Departamento de Santa Bárbara, así como un representante autorizado para actuar en nombre de la sociedad, y toda la documentación adjunta señala como su domicilio la ciudad de Puerto Cortes; y, que podrá establecer sucursales y abrir agencias y oficinas en cualquier lugar de la República de Honduras o en el extranjero; siendo la resolución ambigua en su motivación, cuando señala que la parte actora también puede optar por ejercitar su acción ante el Juzgado del domicilio de la sociedad demandada, con lo cual esta admitiendo que era incompetente territorialmente para conocer la demanda aludida. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-0398-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL