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Sentencia AC-390-15 — Registro 12084

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que resolvió un recurso de apelación interpuesto con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo Judicial. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO (6): Que vistos los antecedentes de la presente acción de amparo encuentra esta Sala de lo Constitucional que la interposición de amparo abunda en consideraciones de instancia o de mera legalidad, como es la supuesta mala aplicación del artículo 765 del Código Procesal Penal, lo cual es en todo caso objeto de los recursos ordinarios que la ley franquea, los cuales ejerció hasta el límite que le opone la ley sustantiva (al tenor del artículo 69 de la Ley de Inquilinato vigente en correlación a lo estipulado en el artículo 22 del Código Procesal Civil); lo cual impediría un nuevo examen en el fondo ante la Sala de lo Constitucional, más aun existiendo un pronunciamiento previo de la Sala respecto al título judicial cuya ejecución forzosa se solicita,[1] lo cual incidiría manifiestamente en otra causal de inadmisibilidad a la presente acción de amparo.[2] CONSIDERANDO (7): Que por lo tanto, escuchado el parecer de la señora Fiscal de la Constitución, resulta acorde el no otorgamiento del presente recurso de amparo, según se ha dictaminado; visto encontrarnos ante un recurso de amparo caracterizado por la exposición de alegaciones de instancia o de mera legalidad, con las cuales se procura impugnar una sentencia firme y, con ello, impedir su ejecutoriedad constitucional. CONSIDERANDO (8): Que asimismo, tomando en cuenta lo señalado por la Corte de Apelaciones Civil, respecto a haberse constatado que el Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CÁRCAMO habría presentado antes recurso de amparo contra la sentencia dictada por esa Corte de Apelaciones de lo Civil, el cual resultó sobreseído por esta Sala, sobre la base - en aquella oportunidad - de la concurrencia del supuesto de inadmisibilidad contemplado en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. – De todo lo cual se colige la inadmisibilidad de la garantía constitucional impetrada y su inmediato sobreseimiento."

Legislación citada

Sentencia

Certificación del fallo recaída en el AC 390=15 en fecha 22 de marzo del 2017

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo del dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CÁRCAMO a favor de si mismo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dos de marzo de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo Judicial promovida por la señora BLANCA CATALINA ALONSO VILLANUEVA en contra de ORZON ENRIQUE PADILLA CÁRCAMO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince (15) de octubre del año dos mil trece (2013), compareció ante Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, el Abogado OSMAN J. GUZMAN SUAREZ, actuando en su condición de apoderado de la señora BLANCA CATALINA ALONSO VILLANUEVA, promoviendo DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO JUDICIAL contra el señor ORZON ENRIQUE PADILLA CARCAMO. (Folios uno (01) al tres (03) de la primera pieza de antecedentes). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil catorce (2014), el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, dictó resolución mediante la cual FALLA: PRIMERO: Declara SIN LUGAR la Oposición al Ejecución de Titulo Judicial ya que la Sentencia de la cual se trata el presente proceso es Firme, lo cual cumple con el requisito de ser un título de ejecución y todas las actuaciones en el presente proceso han sido efectuadas en estricto cumplimiento a lo establecido por el Código Procesal Civil, por lo tanto el ejecutado deberá cumplir con lo ordenado en el Mandamiento de Ejecución.- SEGUNDO: Se ordena la reanudación de la Ejecución de Título Judicial, objeto de este proceso. TERCERO: CON COSTAS…”. (Ver folios cuarenta y seis (46) al cuarenta y ocho (48) de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CARCAMO, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dos (2) de marzo de dos mil quince (2015), dictó sentencia mediante la cual RESUELVE: 1) “DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CARCAMO en contra de la resolución de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro, en la solicitud de Oposición de Ejecución de un Título Judicial relacionado en la motivación de este Fallo. 2) CON COSTAS”. (Ver folios cinco (05) al seis (06) de la segunda pieza de antecedentes). 4) Que el recurrente Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CARCAMO, compareció ante este Tribunal, en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil quince (2015), reclamando amparo a favor de SI MISMO, contra la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dos (2) de marzo de dos mil quince (2015), a que se ha hecho referencia en el considerando que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil quince (2015) esta Sala declaró caducado el término concedido al recurrente para formalizar su acción, pero al apreciarse en el escrito de interposición del amparo que el recurrente desarrolló las garantías que considera vulneradas, ordenó seguir con el procedimiento, ordenando dar vista de los autos al Fiscal del Despacho. 6) Que en fecha de dieciséis (16) de octubre de dos mil quince (2015), se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, quien en su dictamen fue de la opinión NO SE OTORGUE el amparo solicitado por no existir ultraje al artículo constitucional denunciado por el amparista, con las consecuencias jurídicas del caso, CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida en fecha dos (2) de marzo de dos mil quince (2015), por la Corte de Apelaciones de lo Civil Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la cual resolvió en su oportunidad: “1) DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CÁRCAMO en contra la resolución de fecha cuatro de diciembre del año dos mil catorce dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, en la solicitud de Oposición de Ejecución de un Título Judicial relacionado en la motivación de este Fallo. 2.- CON COSTAS. (…)”; lo cual se fundamenta y motiva, entre otras consideraciones, que el caso se subsume en lo estipulado en el artículo 69 de la Ley de Inquilinato. Asimismo, al haberse constatado que el Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CÁRCAMO habría presentado ya en anterior oportunidad, recurso de amparo contra la sentencia dictada por esa Corte de Apelaciones de lo Civil, el cual resultó sobreseído por la Sala de lo Constitucional, sobre la base de la concurrencia del artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; pues se fundamentó en la sentencia de la Sala de lo Constitucional que los alegatos presentados eran propios de instancia, así como la suficiente motivación del Ad-Quem en la sentencia que fuera objeto de amparo. CONSIDERANDO (4): Que en la interposición del recurso de amparo contra la sentencia proferida en fecha dos (2) de marzo de dos mil quince (2015) por la Corte de Apelaciones de lo Civil Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, manifiesta el peticionario, Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CÁRCAMO, que la sentencia en mención violenta el derecho aplicable por vulnerar su derecho al debido proceso, al aplicar indebidamente el artículo 765 del Código Procesal Civil que manda se franqueé el derecho al recurso de apelación contra la resolución que desestime la oposición. La violación consistiría en que la Ley de Inquilinato regula los contratos de arrendamientos y el Código Procesal Civil regula la ejecución forzosa de un título judicial que es objeto de la presente demanda, sin embargo, como si se tratara de un contrato de arrendamiento la Corte de Apelaciones fundamentada en el artículo 69 de la Ley de Inquilinato inadmite el recurso de apelación interpuesto, en vez de admitirlo por tratarse de una apelación interpuesta contra la ejecución forzosa de un título judicial. CONSIDERANDO (5): Que sigue considerando el amparista, Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CÁRCAMO, que tal proceder de parte de la Alzada resulta lesivo para los derechos fundamentales de la parte ejecutada, por todo lo cual solicita de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, se tenga por formalizado y se otorgue el presente amparo por la infracción constitucional denunciada en su perjuicio. CONSIDERANDO (6): Que vistos los antecedentes de la presente acción de amparo encuentra esta Sala de lo Constitucional que la interposición de amparo abunda en consideraciones de instancia o de mera legalidad, como es la supuesta mala aplicación del artículo 765 del Código Procesal Penal, lo cual es en todo caso objeto de los recursos ordinarios que la ley franquea, los cuales ejerció hasta el límite que le opone la ley sustantiva (al tenor del artículo 69 de la Ley de Inquilinato vigente en correlación a lo estipulado en el artículo 22 del Código Procesal Civil); lo cual impediría un nuevo examen en el fondo ante la Sala de lo Constitucional, más aun existiendo un pronunciamiento previo de la Sala respecto al título judicial cuya ejecución forzosa se solicita,[1] lo cual incidiría manifiestamente en otra causal de inadmisibilidad a la presente acción de amparo.[2] CONSIDERANDO (7): Que por lo tanto, escuchado el parecer de la señora Fiscal de la Constitución, resulta acorde el no otorgamiento del presente recurso de amparo, según se ha dictaminado; visto encontrarnos ante un recurso de amparo caracterizado por la exposición de alegaciones de instancia o de mera legalidad, con las cuales se procura impugnar una sentencia firme y, con ello, impedir su ejecutoriedad constitucional. CONSIDERANDO (8): Que asimismo, tomando en cuenta lo señalado por la Corte de Apelaciones Civil, respecto a haberse constatado que el Abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CÁRCAMO habría presentado antes recurso de amparo contra la sentencia dictada por esa Corte de Apelaciones de lo Civil, el cual resultó sobreseído por esta Sala, sobre la base - en aquella oportunidad - de la concurrencia del supuesto de inadmisibilidad contemplado en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. – De todo lo cual se colige la inadmisibilidad de la garantía constitucional impetrada y su inmediato sobreseimiento. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 60, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45 y 46 numerales 1) y 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la presente Garantía Constitucional de Amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes mayo del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-390-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver folios quince (15) y dieciséis (16) de la primera pieza.

[2] Ver artículo 46 numeral 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.