Sentencia AC-383-15 — Registro 8718
Resumen
Sentencia impugnada que confirmó resolución que inadmitio incidente de excepción de previo y especial pronunciamiento (excepción de incompetencia) de nulidad de actuaciones referente al termino ya vencido para contestar Demanda de Responsabilidad Civil, Indemnización de Daños y Perjuicios promovida contra impetrante para que ésta y las demás sociedades demandadas sean condenadas a pagar
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"(5): Que en la cuestión relativa a la eventual lesión del derecho que consagra los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, como consecuencia del defectuoso llamamiento a juicio, que señala la recurrente, es preciso ante todo hacer mención a la relevancia que, desde la perspectiva constitucional adquieren los actos judiciales de comunicación de los que depende la comparecencia e intervención de las partes en el proceso, en tal sentido se hace necesario señalar que los derechos al proceso debido y a la defensa, exigen entre otras manifestaciones, la de tener que llamar como parte en cualquier procedimiento a toda persona legitimada para ello, por poseer derechos o intereses legalmente otorgados para constituirse en parte procesal y poder oponerse constitucionalmente a las peticiones adversas. Este llamamiento ha de ser efectivo, mediante una real comunicación al interesado, ya que la finalidad de los actos de comunicación procesal consiste en llevar al conocimiento personal de los litigantes las decisiones y resoluciones judiciales, así como otras circunstancias del proceso, a fin de que aquéllos puedan adoptar la conducta procesal oportuna. Así pues, de lo anterior se deriva la trascendencia que adquiere, desde la perspectiva del derecho a no padecer indefensión, el llamamiento a juicio, de suerte que de él depende el conocimiento por el interesado de la existencia del proceso y de su derecho de intervención en el mismo, con el consiguiente ejercicio de los derechos de defensa y contradicción procesales. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Que el acto de emplazamiento es el acto de comunicación que sirve para dar a conocer a alguien, normalmente una parte, la concesión de un periodo de tiempo para realizar algo, de forma tal que al realizar el acto, se liberará, en su caso, de la carga que tiene, así de la lectura del expediente de causa se puede observar que de acuerdo a la normativa aplicable para el conocimiento del presente asunto, Código de Procedimientos de 1906, el emplazamiento en el juicio ordinario es de seis días si el demandado fuere emplazado en el lugar del juicio; de seis días más el aumento de un día por cada veinte kilómetros de distancia, si el demandado se encontrare fuera del lugar del asiento del tribunal; de un término prudencial si se encontrare fuera de la República. El artículo 286 del Código de Procedimientos de 1906, establece las excepciones dilatorias y entre ella se encuentra la incompetencia de tribunal ante quien se hubiere presentado la demanda; por su parte el artículo 288 del mismo cuerpo legal reza que las excepciones dilatorias deben oponerse todas en un mismo escrito y dentro del término del emplazamiento; si así no se hiciere, se podrán oponer en el progreso del juicio solo por vía de alegación o defensa, o se estará a lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del mismo cuerpo legal antes mencionado; en la presente causa al analizar la foliada de los autos se desprende que si bien la excepción de incompetencia fue opuesta antes de contestar la demanda esta no fue interpuesta dentro de los términos de emplazamiento de los dos meses otorgados prudencialmente por el Juez para contestar la demanda en virtud que los demandados se hallan fuera del territorio de la República específicamente en Londres; Inglaterra; y en apego a lo establecido en el artículo 266 de la normativa citada, que establece si el demandado se hallare fuera del territorio de la República, el término para contestar a la demanda será el que fije prudencialmente el tribunal atendidas las distancias y la facilidad o dificultad de las comunicaciones; que al haber sido opuesta, vencido el termino caduca el derecho para proponer las excepciones como dilatoria; que en referencia a que este no es un término legal según refiere el recurrente lo cierto es que la ley faculta al A-quo para que fije prudencialmente el término para contestar la demanda cuando los demandados de hallaren fuera del territorio de la República en la presente causa se fijó el término de dos meses, tiempo que se considera prudencialmente acorde para contestar una demanda a quien se encuentra fuera del territorio de la República, atendida la distancia y la facilidad o dificultad de las comunicaciones. CONSIDERANDO NÚMERO SIETE(7): Que la recurrente en amparo, si bien es cierto reprocha el emplazamiento realizado en el juicio, en fecha veinte de septiembre de dos mil trece, presentó escrito ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, absteniéndose de contestar la demanda y oponiendo la excepción de incompetencia del tribunal por la vía de declinatoria en vista de no existir jurisdicción y competencia para conocer de la demanda interpuesta en contra de su representada, desprendiéndose de la lectura del referido expediente el auto de fecha 30 de mayo del año Dos Mil Catorce, dictado por dicho Juzgado, donde resuelve: “visto el informe que antecede emitido por la secretaria del despacho y siendo que la Sociedad Mercantil Lockton Companies Internacional Limited, no contestó la demanda dentro del término del emplazamiento téngase por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término concedido de dos meses para que contestara la demanda, en consecuencia ordenase notificarle todas las resoluciones por la tabla de avisos del despacho”, demostrándose, que efectivamente al no contestar la demanda dentro del término del emplazamiento resultaba improcedente pronunciarse sobre la excepción de incompetencia puesto que las excepciones dilatorias deben oponerse todas en un mismo escrito y dentro del término del emplazamiento y del informe de la Secretaría el Despacho se desprende que fue interpuesta fuera del término del emplazamiento; término que es improrrogable pues vencido caduca el derecho para proponer las excepciones como dilatorias; si así no se hiciere, se podrán oponer en el progreso del juicio solo por vía de alegación o defensa o se estará a lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Civiles (norma aplicable al caso de autos) que es en referencia a las cuestiones incidentales de previo y especial pronunciamiento pero que con respecto a la excepción de incompetencia resulta ineficaz proponerla después de contestada la demanda pues habría una sumisión tacita; en la presente causa fue interpuesta extemporáneamente al no oponerse dentro del término del emplazamiento; resultando claro que el término del emplazamiento de dos meses era para contestar la demanda y dentro de ese término de conformidad con la normativa procesal, pudo haber opuesto la parte demandada la excepción de incompetencia, al no oponerse dentro del término del emplazamiento procedía resolver de la forma en que lo hizo el a-quo en su auto de fecha Treinta de Mayo del año Dos Mil Catorce, lo que no supone obstáculo alguno a los principios de debido proceso y derecho de defensa, acerca de las facultades ulteriores de que pudo hacer uso la recurrente, en cuanto tuvo conocimiento de la demanda interpuesta en contra de su representada, demostrándose con ello que la demandada LOCKTON INTERNATIONAL COMPANIES LIMITED, tuvo conocimiento real y efectivo de la acción incoada en su contra. CONSIDERANDO NÚMERO OCHO (8): Que en vista de lo anterior, el Juez de Letras de la Sección Judicial de Ceiba, Departamento de Atlántida, procedió a resolver en la forma que lo hizo, resolución que fue confirmada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de la Ceiba, declarando sin lugar el recurso de apelación impetrado, ya que el ordenamiento jurídico, regula la oportunidad en que las partes procesales deben ejercer sus derechos y cuando estos derechos, son además, cargas procesales, la falta de ejercicio oportuno, de ninguna manera equivale a indefensión o violación al derecho de defensa, de tal forma que, si la ley establece en qué momento se deben alegar las excepciones, y la oportunidad que la ley establece es desatendida, no puede invocarse indefensión o privación de derechos. En el presente caso, el curso del proceso siguió el orden legalmente establecido, el cual no puede impugnarse de violatorio, pues la parte ahora recurrente, tuvo la oportunidad para ejercer sus derechos, ya que al tener conocimiento de la demanda emplazada, pudo contestar la demanda y alegar la excepción incompetencia en el término legal, pero no lo hizo, por lo tanto voluntariamente no ejerció su derecho de defensa, por lo que por lo expuesto, esta Sala concluye que, no se han violado los derechos de defensa y debido proceso alegados por la recurrente, en consecuencia, es procedente desestimar la pretensión de la recurrente, en tales sentidos. CONSIDERANDO NÚMERO NUEVE (9): Que para la Sala de lo Constitucional la presente garantía de amparo en cuanto a lo relacionado a los artículos 15 y 18 de la Constitución de la República, tampoco es de recibo en virtud de que tanto en su interposición como en su formalización, la censora no exteriorizó el daño a sus derechos garantizados por la Constitución de la República, por lo tanto no constando en forma clara ese extremo, también corresponde desestimar la presente garantía constitucional de amparo, por tales argumentos"
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 131 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 132 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 286 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"(5): Que en la cuestión relativa a la eventual lesión del derecho que consagra los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, como consecuencia del defectuoso llamamiento a juicio, que señala la recurrente, es preciso ante todo hacer mención a la relevancia que, desde la perspectiva constitucional adquieren los actos judiciales de comunicación de los que depende la comparecencia e intervención de las partes en el proceso, en tal sentido se hace necesario señalar que los derechos al proceso debido y a la defensa, exigen entre otras manifestaciones, la de tener que llamar como parte en cualquier procedimiento a toda persona legitimada para ello, por poseer derechos o intereses legalmente otorgados para constituirse en parte procesal y poder oponerse constitucionalmente a las peticiones adversas. Este llamamiento ha de ser efectivo, mediante una real comunicación al interesado, ya que la finalidad de los actos de comunicación procesal consiste en llevar al conocimiento personal de los litigantes las decisiones y resoluciones judiciales, así como otras circunstancias del proceso, a fin de que aquéllos puedan adoptar la conducta procesal oportuna. Así pues, de lo anterior se deriva la trascendencia que adquiere, desde la perspectiva del derecho a no padecer indefensión, el llamamiento a juicio, de suerte que de él depende el conocimiento por el interesado de la existencia del proceso y de su derecho de intervención en el mismo, con el consiguiente ejercicio de los derechos de defensa y contradicción procesales. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Que el acto de emplazamiento es el acto de comunicación que sirve para dar a conocer a alguien, normalmente una parte, la concesión de un periodo de tiempo para realizar algo, de forma tal que al realizar el acto, se liberará, en su caso, de la carga que tiene, así de la lectura del expediente de causa se puede observar que de acuerdo a la normativa aplicable para el conocimiento del presente asunto, Código de Procedimientos de 1906, el emplazamiento en el juicio ordinario es de seis días si el demandado fuere emplazado en el lugar del juicio; de seis días más el aumento de un día por cada veinte kilómetros de distancia, si el demandado se encontrare fuera del lugar del asiento del tribunal; de un término prudencial si se encontrare fuera de la República. El artículo 286 del Código de Procedimientos de 1906, establece las excepciones dilatorias y entre ella se encuentra la incompetencia de tribunal ante quien se hubiere presentado la demanda; por su parte el artículo 288 del mismo cuerpo legal reza que las excepciones dilatorias deben oponerse todas en un mismo escrito y dentro del término del emplazamiento; si así no se hiciere, se podrán oponer en el progreso del juicio solo por vía de alegación o defensa, o se estará a lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del mismo cuerpo legal antes mencionado; en la presente causa al analizar la foliada de los autos se desprende que si bien la excepción de incompetencia fue opuesta antes de contestar la demanda esta no fue interpuesta dentro de los términos de emplazamiento de los dos meses otorgados prudencialmente por el Juez para contestar la demanda en virtud que los demandados se hallan fuera del territorio de la República específicamente en Londres; Inglaterra; y en apego a lo establecido en el artículo 266 de la normativa citada, que establece si el demandado se hallare fuera del territorio de la República, el término para contestar a la demanda será el que fije prudencialmente el tribunal atendidas las distancias y la facilidad o dificultad de las comunicaciones; que al haber sido opuesta, vencido el termino caduca el derecho para proponer las excepciones como dilatoria; que en referencia a que este no es un término legal según refiere el recurrente lo cierto es que la ley faculta al A-quo para que fije prudencialmente el término para contestar la demanda cuando los demandados de hallaren fuera del territorio de la República en la presente causa se fijó el término de dos meses, tiempo que se considera prudencialmente acorde para contestar una demanda a quien se encuentra fuera del territorio de la República, atendida la distancia y la facilidad o dificultad de las comunicaciones. CONSIDERANDO NÚMERO SIETE(7): Que la recurrente en amparo, si bien es cierto reprocha el emplazamiento realizado en el juicio, en fecha veinte de septiembre de dos mil trece, presentó escrito ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, absteniéndose de contestar la demanda y oponiendo la excepción de incompetencia del tribunal por la vía de declinatoria en vista de no existir jurisdicción y competencia para conocer de la demanda interpuesta en contra de su representada, desprendiéndose de la lectura del referido expediente el auto de fecha 30 de mayo del año Dos Mil Catorce, dictado por dicho Juzgado, donde resuelve: “visto el informe que antecede emitido por la secretaria del despacho y siendo que la Sociedad Mercantil Lockton Companies Internacional Limited, no contestó la demanda dentro del término del emplazamiento téngase por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término concedido de dos meses para que contestara la demanda, en consecuencia ordenase notificarle todas las resoluciones por la tabla de avisos del despacho”, demostrándose, que efectivamente al no contestar la demanda dentro del término del emplazamiento resultaba improcedente pronunciarse sobre la excepción de incompetencia puesto que las excepciones dilatorias deben oponerse todas en un mismo escrito y dentro del término del emplazamiento y del informe de la Secretaría el Despacho se desprende que fue interpuesta fuera del término del emplazamiento; término que es improrrogable pues vencido caduca el derecho para proponer las excepciones como dilatorias; si así no se hiciere, se podrán oponer en el progreso del juicio solo por vía de alegación o defensa o se estará a lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Civiles (norma aplicable al caso de autos) que es en referencia a las cuestiones incidentales de previo y especial pronunciamiento pero que con respecto a la excepción de incompetencia resulta ineficaz proponerla después de contestada la demanda pues habría una sumisión tacita; en la presente causa fue interpuesta extemporáneamente al no oponerse dentro del término del emplazamiento; resultando claro que el término del emplazamiento de dos meses era para contestar la demanda y dentro de ese término de conformidad con la normativa procesal, pudo haber opuesto la parte demandada la excepción de incompetencia, al no oponerse dentro del término del emplazamiento procedía resolver de la forma en que lo hizo el a-quo en su auto de fecha Treinta de Mayo del año Dos Mil Catorce, lo que no supone obstáculo alguno a los principios de debido proceso y derecho de defensa, acerca de las facultades ulteriores de que pudo hacer uso la recurrente, en cuanto tuvo conocimiento de la demanda interpuesta en contra de su representada, demostrándose con ello que la demandada LOCKTON INTERNATIONAL COMPANIES LIMITED, tuvo conocimiento real y efectivo de la acción incoada en su contra. CONSIDERANDO NÚMERO OCHO (8): Que en vista de lo anterior, el Juez de Letras de la Sección Judicial de Ceiba, Departamento de Atlántida, procedió a resolver en la forma que lo hizo, resolución que fue confirmada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de la Ceiba, declarando sin lugar el recurso de apelación impetrado, ya que el ordenamiento jurídico, regula la oportunidad en que las partes procesales deben ejercer sus derechos y cuando estos derechos, son además, cargas procesales, la falta de ejercicio oportuno, de ninguna manera equivale a indefensión o violación al derecho de defensa, de tal forma que, si la ley establece en qué momento se deben alegar las excepciones, y la oportunidad que la ley establece es desatendida, no puede invocarse indefensión o privación de derechos. En el presente caso, el curso del proceso siguió el orden legalmente establecido, el cual no puede impugnarse de violatorio, pues la parte ahora recurrente, tuvo la oportunidad para ejercer sus derechos, ya que al tener conocimiento de la demanda emplazada, pudo contestar la demanda y alegar la excepción incompetencia en el término legal, pero no lo hizo, por lo tanto voluntariamente no ejerció su derecho de defensa, por lo que por lo expuesto, esta Sala concluye que, no se han violado los derechos de defensa y debido proceso alegados por la recurrente, en consecuencia, es procedente desestimar la pretensión de la recurrente, en tales sentidos. CONSIDERANDO NÚMERO NUEVE (9): Que para la Sala de lo Constitucional la presente garantía de amparo en cuanto a lo relacionado a los artículos 15 y 18 de la Constitución de la República, tampoco es de recibo en virtud de que tanto en su interposición como en su formalización, la censora no exteriorizó el daño a sus derechos garantizados por la Constitución de la República, por lo tanto no constando en forma clara ese extremo, también corresponde desestimar la presente garantía constitucional de amparo, por tales argumentos"
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 131 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 132 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 286 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 288 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada BERNABE CLAUDIA JULISSA FLORES CLAUDINO a favor dela sociedad mercantil denominada LOCKTON INTERNATIONAL COMPANIES LIMITED contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DELA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha trece de febrero de dos mil quince, que declaró sin lugar un recurso de apelación de hecho presentado contra el auto de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, con relación a la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil, Indemnización de Daños y Perjuicios promovida por la sociedad mercantil denominada ATLANTIC AIRLINES DE HONDURAS, S DE R.L., contra las sociedades mercantiles CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAÚTICAS Y SERVICIOS AÉREOS, S.A. (CONVIASA), SEGUROS CARABOBO, LOCKTON INTERNATIONAL COMPANIES LIMITED Y AIG EUROPE UK LTD/AIG (AHORA CHARTIS INSURANCE UK LIMITED).Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 15, 18, 82y 90 párrafo primero, de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinte de agosto de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, actuando en su condición Procurador Judicial de la sociedad mercantil denominada ATLANTIC AIRLINES DE HONDURAS,S. DE R.L., promoviendo Demanda de Ordinaria de Responsabilidad Civil, Indemnización de Daños y Perjuicios, contra las sociedades mercantiles CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAÚTICAS Y SERVICIOS AÉREOS, S.A. (CONVIASA), SEGUROS CARABOBO, LOCKTON INTERNATIONAL COMPANIES LIMITED Y AIG EUROPE UK LTD/AIG (AHORA CHARTIS INSURANCE UK LIMITED), para que mediante sentencia definitiva las referidas sociedades sean condenadas a pagar a su representada la cantidad de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE DOLARES AMERICANOS (US$.150,000.000.00)”o su equivalente en moneda nacional, más los honorarios profesionales y las costas del juicio(Folio 01al 25 del Tomo I la primera pieza de los antecedentes) 2) Que en fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, el Abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada LOCKTON COMPANIES INTERNACIONAL LIMITED, compareció ante el referido Juzgado presentando incidente de previo y especial pronunciamiento de nulidad de actuaciones de la demanda de mérito, solicitando se eximiera la preclusión del emplazamiento otorgado a su representado, en virtud de que el expediente estaba bajo secretividad en custodia de la Secretaria de ese Juzgado, por lo que para que se garantizara el principio de igualdad entre las partes y el debido proceso, solicitó se formara un libro especial de registro para la comparecencia de las partes con la finalidad de ver el expediente y quedaran justificadas las notificaciones por la tabla de avisos y evitara el abuso de deslealtad procesal. (Folios 584 y 585 del Tomo III la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, resolvió inadmitiendo a trámite el incidente de previo y especial pronunciamiento de nulidad de actuaciones, promovido por la parte demandada, en virtud de que “el termino concedido para que contestara la demanda, la ley dispone que el mismo será fijado prudencialmente por el Tribunal, lo cual es un termino judicial y el mismo es perentorio, ya que la interposición del presente fue extemporáneo pues ya había vencido el mismo.” Y con la finalidad de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso por medio de la Secretaría del despacho se ordenó abrir un libro especial a efecto de que se llevara un control de las actuaciones de los profesionales del derecho; interponiendo el Abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA, recurso de apelación en el acto de la notificación de la referida resolución. (Folio 586 del Tomo III la primera pieza de antecedentes) 4)Que en fecha cinco de agosto de dos mil catorce, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, resolvió declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA. (Folio 730 del Tomo IV la primera pieza de los antecedentes) 5) Que en fecha veintiséis de agosto de dos mil catorce, el Abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA, actuando en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada LOCKTON INTERNATIONAL COMPANIES LIMITED, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, interponiendo un recurso de apelación de hecho contra la resolución de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce. (Folios 01 y 02 de la segunda pieza) 6) Que la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, en fecha trece de febrero de dos mil quince, dictó sentencia en la cual falló: “Primero: Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA, en su condición de representante legal de Lockton Companies Internacional Limited, contra el auto de fecha Diecisiete de Julio del Año Dos Mil Catorce dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida en la demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil, Indemnización de Daños y Perjuicios promovida por la Sociedad Mercantil Atlantic Airlines de Honduras S. de R.L. contra Lockton Companies Internacional Limited y Otros. Segundo: Confirma el auto de fecha Diecisiete de Julio del año dos mil Catorce dictado por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida en la demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil, Indemnización de Daños y Perjuicios promovida por la Sociedad Mercantil Atlantic Airlines de Honduras S. de R.L. contra Lockton Companies Internacional Limited y Otros.…” (Folios 54 al 57 de la segunda pieza de los antecedentes) 7) Que la Abogada BERNABÉ CLAUDIA JULISSA FLORES CLAUDINO, compareció ante este Tribunal en fecha treinta de abril de dos mil quince, interponiendo acción de amparo contra la sentencia de fecha trece de febrero de dos mil quince, y que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 15, 18, 82 y 90 párrafo primero, de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dos de julio de dos mil quince. 8) Que en fecha de tres de agosto de dos mil quince, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Ministerio Público Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, quien en su dictamen fue de la opinión de “Que se Deniegue” el recurso de mérito, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista. CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1): Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Sea la vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación del Estado o con su aquiescencia CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2): Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Que la recurrente reclama en concreto, contra la sentencia pronunciada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, en fecha trece de febrero de dos mil quince, que confirma al conocer en apelación, la sentencia del referido Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, que resolvió inadmitiendo a trámite el incidente de previo y especial pronunciamiento de nulidad de actuaciones, promovido por la parte demandada, en virtud de que “el termino concedido para que contestara la demanda, la ley dispone que el mismo será fijado prudencialmente por el Tribunal, lo cual es un término judicial y el mismo es perentorio, ya que la interposición del presente fue extemporáneo pues ya había vencido el mismo.” Porque estima le han violentado los derechos de defensa y debido proceso. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Que la recurrente apunta que la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil, Indemnización de Daños y Perjuicios entablada por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, en su condición Procurador Judicial de la sociedad mercantil denominada ATLANTIC AIRLINES DE HONDURAS, S. DE R.L., contra las sociedades mercantiles CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAÚTICAS Y SERVICIOS AÉREOS, S.A. (CONVIASA), SEGUROS CARABOBO, LOCKTON INTERNATIONAL COMPANIES LIMITED Y AIG EUROPE UK LTD/AIG (AHORA CHARTIS INSURANCE UK LIMITED), ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, le fue notificada de forma irregular a su representada LOCKTON INTERNATIONAL COMPANIES LIMITED, en virtud de que su representada no es parte en el presente asunto, ya que la misma no es parte de los contratos de seguro y reaseguro suscrito y en que se fundamenta la demanda, señalando además que aunque su representada había sido notificada de forma irregular de la demanda interpuesta, en fecha veinte de septiembre de dos mil trece, presentó escrito ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, absteniéndose de contestar la demanda y oponiendo la excepción de incompetencia del tribunal por la vía de declinatoria en vista de no existir jurisdicción y competencia para conocer de la demanda interpuesta en contra de su representada. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Que en la cuestión relativa a la eventual lesión del derecho que consagra los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, como consecuencia del defectuoso llamamiento a juicio, que señala la recurrente, es preciso ante todo hacer mención a la relevancia que, desde la perspectiva constitucional adquieren los actos judiciales de comunicación de los que depende la comparecencia e intervención de las partes en el proceso, en tal sentido se hace necesario señalar que los derechos al proceso debido y a la defensa, exigen entre otras manifestaciones, la de tener que llamar como parte en cualquier procedimiento a toda persona legitimada para ello, por poseer derechos o intereses legalmente otorgados para constituirse en parte procesal y poder oponerse constitucionalmente a las peticiones adversas. Este llamamiento ha de ser efectivo, mediante una real comunicación al interesado, ya que la finalidad de los actos de comunicación procesal consiste en llevar al conocimiento personal de los litigantes las decisiones y resoluciones judiciales, así como otras circunstancias del proceso, a fin de que aquéllos puedan adoptar la conducta procesal oportuna. Así pues, de lo anterior se deriva la trascendencia que adquiere, desde la perspectiva del derecho a no padecer indefensión, el llamamiento a juicio, de suerte que de él depende el conocimiento por el interesado de la existencia del proceso y de su derecho de intervención en el mismo, con el consiguiente ejercicio de los derechos de defensa y contradicción procesales. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Que el acto de emplazamiento es el acto de comunicación que sirve para dar a conocer a alguien, normalmente una parte, la concesión de un periodo de tiempo para realizar algo, de forma tal que al realizar el acto, se liberará, en su caso, de la carga que tiene, así de la lectura del expediente de causa se puede observar que de acuerdo a la normativa aplicable para el conocimiento del presente asunto, Código de Procedimientos de 1906, el emplazamiento en el juicio ordinario es de seis días si el demandado fuere emplazado en el lugar del juicio; de seis días más el aumento de un día por cada veinte kilómetros de distancia, si el demandado se encontrare fuera del lugar del asiento del tribunal; de un término prudencial si se encontrare fuera de la República. El artículo 286 del Código de Procedimientos de 1906, establece las excepciones dilatorias y entre ella se encuentra la incompetencia de tribunal ante quien se hubiere presentado la demanda; por su parte el artículo 288 del mismo cuerpo legal reza que las excepciones dilatorias deben oponerse todas en un mismo escrito y dentro del término del emplazamiento; si así no se hiciere, se podrán oponer en el progreso del juicio solo por vía de alegación o defensa, o se estará a lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del mismo cuerpo legal antes mencionado; en la presente causa al analizar la foliada de los autos se desprende que si bien la excepción de incompetencia fue opuesta antes de contestar la demanda esta no fue interpuesta dentro de los términos de emplazamiento de los dos meses otorgados prudencialmente por el Juez para contestar la demanda en virtud que los demandados se hallan fuera del territorio de la República específicamente en Londres; Inglaterra; y en apego a lo establecido en el artículo 266 de la normativa citada, que establece si el demandado se hallare fuera del territorio de la República, el término para contestar a la demanda será el que fije prudencialmente el tribunal atendidas las distancias y la facilidad o dificultad de las comunicaciones; que al haber sido opuesta, vencido el termino caduca el derecho para proponer las excepciones como dilatoria; que en referencia a que este no es un término legal según refiere el recurrente lo cierto es que la ley faculta al A-quo para que fije prudencialmente el término para contestar la demanda cuando los demandados de hallaren fuera del territorio de la República en la presente causa se fijó el término de dos meses, tiempo que se considera prudencialmente acorde para contestar una demanda a quien se encuentra fuera del territorio de la República, atendida la distancia y la facilidad o dificultad de las comunicaciones. CONSIDERANDO NÚMERO SIETE(7): Que la recurrente en amparo, si bien es cierto reprocha el emplazamiento realizado en el juicio, en fecha veinte de septiembre de dos mil trece, presentó escrito ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, absteniéndose de contestar la demanda y oponiendo la excepción de incompetencia del tribunal por la vía de declinatoria en vista de no existir jurisdicción y competencia para conocer de la demanda interpuesta en contra de su representada, desprendiéndose de la lectura del referido expediente el auto de fecha 30 de mayo del año Dos Mil Catorce, dictado por dicho Juzgado, donde resuelve: “visto el informe que antecede emitido por la secretaria del despacho y siendo que la Sociedad Mercantil Lockton Companies Internacional Limited, no contestó la demanda dentro del término del emplazamiento téngase por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término concedido de dos meses para que contestara la demanda, en consecuencia ordenase notificarle todas las resoluciones por la tabla de avisos del despacho”, demostrándose, que efectivamente al no contestar la demanda dentro del término del emplazamiento resultaba improcedente pronunciarse sobre la excepción de incompetencia puesto que las excepciones dilatorias deben oponerse todas en un mismo escrito y dentro del término del emplazamiento y del informe de la Secretaría el Despacho se desprende que fue interpuesta fuera del término del emplazamiento; término que es improrrogable pues vencido caduca el derecho para proponer las excepciones como dilatorias; si así no se hiciere, se podrán oponer en el progreso del juicio solo por vía de alegación o defensa o se estará a lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Civiles (norma aplicable al caso de autos) que es en referencia a las cuestiones incidentales de previo y especial pronunciamiento pero que con respecto a la excepción de incompetencia resulta ineficaz proponerla después de contestada la demanda pues habría una sumisión tacita; en la presente causa fue interpuesta extemporáneamente al no oponerse dentro del término del emplazamiento; resultando claro que el término del emplazamiento de dos meses era para contestar la demanda y dentro de ese término de conformidad con la normativa procesal, pudo haber opuesto la parte demandada la excepción de incompetencia, al no oponerse dentro del término del emplazamiento procedía resolver de la forma en que lo hizo el a-quo en su auto de fecha Treinta de Mayo del año Dos Mil Catorce, lo que no supone obstáculo alguno a los principios de debido proceso y derecho de defensa, acerca de las facultades ulteriores de que pudo hacer uso la recurrente, en cuanto tuvo conocimiento de la demanda interpuesta en contra de su representada, demostrándose con ello que la demandada LOCKTON INTERNATIONAL COMPANIES LIMITED, tuvo conocimiento real y efectivo de la acción incoada en su contra. CONSIDERANDO NÚMERO OCHO (8): Que en vista de lo anterior, el Juez de Letras de la Sección Judicial de Ceiba, Departamento de Atlántida, procedió a resolver en la forma que lo hizo, resolución que fue confirmada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de la Ceiba, declarando sin lugar el recurso de apelación impetrado, ya que el ordenamiento jurídico, regula la oportunidad en que las partes procesales deben ejercer sus derechos y cuando estos derechos, son además, cargas procesales, la falta de ejercicio oportuno, de ninguna manera equivale a indefensión o violación al derecho de defensa, de tal forma que, si la ley establece en qué momento se deben alegar las excepciones, y la oportunidad que la ley establece es desatendida, no puede invocarse indefensión o privación de derechos. En el presente caso, el curso del proceso siguió el orden legalmente establecido, el cual no puede impugnarse de violatorio, pues la parte ahora recurrente, tuvo la oportunidad para ejercer sus derechos, ya que al tener conocimiento de la demanda emplazada, pudo contestar la demanda y alegar la excepción incompetencia en el término legal, pero no lo hizo, por lo tanto voluntariamente no ejerció su derecho de defensa, por lo que por lo expuesto, esta Sala concluye que, no se han violado los derechos de defensa y debido proceso alegados por la recurrente, en consecuencia, es procedente desestimar la pretensión de la recurrente, en tales sentidos. CONSIDERANDO NÚMERO NUEVE (9): Que para la Sala de lo Constitucional la presente garantía de amparo en cuanto a lo relacionado a los artículos 15 y 18 de la Constitución de la República, tampoco es de recibo en virtud de que tanto en su interposición como en su formalización, la censora no exteriorizó el daño a sus derechos garantizados por la Constitución de la República, por lo tanto no constando en forma clara ese extremo, también corresponde desestimar la presente garantía constitucional de amparo, por tales argumentos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos 90, 183,301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4 No.5, 41, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo interpuesta por la Abogada BERNABE CLAUDIA JULISSA FLORES CLAUDINO a favor de la sociedad mercantil denominada LOCKTON INTERNATIONAL COMPANIES LIMITED contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha trece de febrero de dos mil quince, que declaró sin lugar un recurso de apelación de hecho presentado contra el auto de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, con relación a la Demanda de Ordinaria de Responsabilidad Civil, Indemnización de Daños y Perjuicios promovida por la sociedad mercantil denominada ATLANTIC AIRLINES DE HONDURAS, S DE R.L., contra las sociedades mercantiles CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAÚTICAS Y SERVICIOS AÉREOS, S.A. (CONVIASA), SEGUROS CARABOBO, LOCKTON INTERNATIONAL COMPANIES LIMITED Y AIG EUROPE UK LTD/AIG (AHORA CHARTIS INSURANCE UK LIMITED. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Visto el recurso de reposición que antecede interpuesto por la Abogada BERNABÉ CLAUDIA JULISSA FLORES CLAUDINO, contra la sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, esta Sala aprecia de los autos, que la sentencia que se impugna fue notificada en legal y debida forma a la recurrente en fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, siendo la una con cinco minutos de la tarde (f61), asimismo, la recurrente solicitó la certificación de dicha sentencia en fecha veintisiete de marzo del presente año, siendo evidente que el presente recurso de reposición ha sido interpuesto de manera extemporánea, pues el plazo para acudir ante esta Sala, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, venció la media noche del día lunes veintisiete de marzo del presente año, en consecuencia, esta Sala dispone: Declarar sin lugar el recurso de reposición de que se ha hecho mérito por extemporáneo y que una vez notificado el presente auto se de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia impugnada por la peticionaria y se extienda certificación a favor de la recurrente.- Artículos 80, 183, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 12 inciso c) del Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete y la resolución de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, recaídas en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número 0383-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2]
Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”