Sentencia AC-352-17 — Registro 10297
Resumen
Resolución resolvió recurso de apelación, en él se decretó nulidad de actuaciones por considerar que se debió solicitar la subsanación de la demanda, en relación a solicitud de partición de bienes inmuebles promovida por recurrente contra demandada, a la cual se acumuló demanda de cesación de comunidad de bienes promovida por ésta última contra los que aparecen como demandantes en la acción de partición de bienes inmuebles; en apelación se considera que no se acompañó resolución de cesación de la comunidad de bienes determinados por demandante, el cual es necesario que se haya decretado previamente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 46 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…”puede apreciarse que el Ad-quem decretó la nulidad de actuaciones a partir inclusive del auto de fecha 4 de septiembre de 2014, a fin de que el A-Quo resolviera conforme a derecho, pues a su criterio se debió solicitar la subsanación de la demanda de mérito, al no haberse acompañado a la misma la resolución de cesación de la comunidad de los bienes determinados por el demandante, documento fundamental para sustentar la misma, ya que para que proceda la admisión de una solicitud de partición de bienes es necesario que se haya decretado anteriormente la cesación de comunidad de bienes; ordenando a la vez la des acumulación de ambos procesos, para que se continuara con el desarrollo procesal debido…”…”este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable…”…”las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio…”…”el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes…”…”es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso…”
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete.- VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada AGUSTINA AGUILERA a favor de los señores MARIA GUADALUPE, TERESA DE JESUS, BLANCA ESTELA Y MARTIN ARTURO todos de apellidos ZÚNIGA MARTINEZ y de la señora SONIA ZÚNIGA OCHOA, contra la resolución emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis; en relación a la solicitud de partición de bienes inmuebles promovida vía proceso abreviado por la Abogada AGUSTINA AGUILERA a favor de los señores MARIA GUADALUPE, TERESA DE JESUS, BLANCA ESTELA Y MARTIN ARTURO todos de apellidos ZÚNIGA MARTINEZ y de la señora SONIA ZÚNIGA OCHOA contra la señora MARIA NICOLASA VARELA PONCE (Exp. No. 0801-2014-07278-CPCA), a la cual se acumuló la demanda de cesación de comunidad de bienes promovida por la Abogada OLGA MARISELA LÓPEZ RODRIGUEZ, en su condición de apoderada legal de la señora MARIA NICOLASA VARELA PONCE, contra los señores MARIA GUADALUPE, TERESA DE JESUS, BLANCA ESTELA Y MARTIN ARTURO todos de apellidos ZÚNIGA MARTINEZ y de la señora SONIA ZÚNIGA OCHOA (Exp. No. 0801-2014-09886-CPCA).- CONSIDERANDO: Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que ésta viola los derechos de propiedad, defensa y debido proceso, así como el principio de legalidad contenidos en los artículos 64, 70, 80, 82, 303 y 321 de la Constitución de la República, al decretar la nulidad de actuaciones a partir inclusive del auto de fecha 4 de septiembre de 2014.- CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-quem decretó la nulidad de actuaciones a partir inclusive del auto de fecha 4 de septiembre de 2014, a fin de que el A-Quo resolviera conforme a derecho, pues a su criterio se debió solicitar la subsanación de la demanda de mérito, al no haberse acompañado a la misma la resolución de cesación de la comunidad de los bienes determinados por el demandante, documento fundamental para sustentar la misma, ya que para que proceda la admisión de una solicitud de partición de bienes es necesario que se haya decretado anteriormente la cesación de comunidad de bienes; ordenando a la vez la des acumulación de ambos procesos, para que se continuara con el desarrollo procesal debido.- CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada AGUSTINA AGUILERA a favor de los señores MARIA GUADALUPE, TERESA DE JESUS, BLANCA ESTELA Y MARTIN ARTURO todos de apellidos ZÚNIGA MARTINEZ y de la señora SONIA ZÚNIGA OCHOA, contra la resolución emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Resolución de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0352-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete.- VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada AGUSTINA AGUILERA a favor de los señores MARIA GUADALUPE, TERESA DE JESUS, BLANCA ESTELA Y MARTIN ARTURO todos de apellidos ZÚNIGA MARTINEZ y de la señora SONIA ZÚNIGA OCHOA, contra la resolución emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis; en relación a la solicitud de partición de bienes inmuebles promovida vía proceso abreviado por la Abogada AGUSTINA AGUILERA a favor de los señores MARIA GUADALUPE, TERESA DE JESUS, BLANCA ESTELA Y MARTIN ARTURO todos de apellidos ZÚNIGA MARTINEZ y de la señora SONIA ZÚNIGA OCHOA contra la señora MARIA NICOLASA VARELA PONCE (Exp. No. 0801-2014-07278-CPCA), a la cual se acumuló la demanda de cesación de comunidad de bienes promovida por la Abogada OLGA MARISELA LÓPEZ RODRIGUEZ, en su condición de apoderada legal de la señora MARIA NICOLASA VARELA PONCE, contra los señores MARIA GUADALUPE, TERESA DE JESUS, BLANCA ESTELA Y MARTIN ARTURO todos de apellidos ZÚNIGA MARTINEZ y de la señora SONIA ZÚNIGA OCHOA (Exp. No. 0801-2014-09886-CPCA).- CONSIDERANDO: Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que ésta viola los derechos de propiedad, defensa y debido proceso, así como el principio de legalidad contenidos en los artículos 64, 70, 80, 82, 303 y 321 de la Constitución de la República, al decretar la nulidad de actuaciones a partir inclusive del auto de fecha 4 de septiembre de 2014.- CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-quem decretó la nulidad de actuaciones a partir inclusive del auto de fecha 4 de septiembre de 2014, a fin de que el A-Quo resolviera conforme a derecho, pues a su criterio se debió solicitar la subsanación de la demanda de mérito, al no haberse acompañado a la misma la resolución de cesación de la comunidad de los bienes determinados por el demandante, documento fundamental para sustentar la misma, ya que para que proceda la admisión de una solicitud de partición de bienes es necesario que se haya decretado anteriormente la cesación de comunidad de bienes; ordenando a la vez la des acumulación de ambos procesos, para que se continuara con el desarrollo procesal debido.- CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada AGUSTINA AGUILERA a favor de los señores MARIA GUADALUPE, TERESA DE JESUS, BLANCA ESTELA Y MARTIN ARTURO todos de apellidos ZÚNIGA MARTINEZ y de la señora SONIA ZÚNIGA OCHOA, contra la resolución emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Resolución de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0352-2017.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional