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Sentencia AC-336-17 — Registro 9518

Resumen

Sentencia declaró inadmisible recurso de apelación de hecho contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que según recurrente resuelve en el sentido que se ponga en conocimiento a un tercero efectado la sentencia recaida en la demanda, a fin de que deduzcan sus pretensiones, con relación a denuncia de obra nueva promovida contra recurrente; en apelación se confirmó resolución impugnada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."se aprecia que la Alzada declaró inadmisible el recurso de apelación de hecho interpuesto contra la resolución de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el A-Quo; el estimar que habiéndose emitido sentencia en la demanda de mérito, el recurrente pretendía que se efectuara un trámite señalado en una ley derogada para prescindir de la aplicación de la normativa vigente que le franqueaba la promoción de un ulterior proceso..."..."este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. VISTOS: los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LEONEL ENRIQUE PAVÓN a favor de la señora CANDIDA VELASQUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, que confirma la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis; con relación a la Denuncia de Obra Nueva promovida por el Abogado WILFREDO ZAVALA VALLADARES en su condición de apoderado legal de LA CONSTANCIA ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO, S.A., contra la señora CANDIDA VELASQUEZ. CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la resolución de fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, mediante la cual la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, declaró inadmisible el recurso de apelación de hecho interpuesto contra la resolución de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO: Que del escrito de la interposición del recurso de amparo se aprecia que el recurrente es del criterio que con la resolución recurrida se vulneran en perjuicio de su representada los derechos defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República, en virtud de que se ha tratado de que el Juzgado ponga en conocimiento a un tercero afectado, la sentencia recaída en la demanda de mérito a fin de que deduzcan sus pretensiones.CONSIDERANDO: Que analizada la sentencia ya referida, se aprecia que la Alzada declaró inadmisible el recurso de apelación de hecho interpuesto contra la resolución de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el A-Quo; el estimar que habiéndose emitido sentencia en la demanda de mérito, el recurrente pretendía que se efectuara un trámite señalado en una ley derogada para prescindir de la aplicación de la normativa vigente que le franqueaba la promoción de un ulterior proceso. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 913 Código Procesal Civil: RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LEONEL ENRIQUE PAVÓN a favor de la señora CANDIDA VELASQUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete de marzo de dos mil diecisiete; por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, certificación de la resolución de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-336-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL