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Sentencia AC-336-15 — Registro 10296

Resumen

Sentencia declaró sin lugar los recursos de apelación contra resolución deictada en demanda de separación de hecho promovida contra recurrente; se concluyó que las pates estuvieron en igualdad de condiciones en libre ejercicio de sus derechos y actividad recursiva no vulnerando derechos fundamentales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del Estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala encuentra que ciertamente la resolución motivo de la impugnación dictada por el A quo, ha seguido el procedimiento previamente establecido en la ley respetando el principio de Legalidad, y por ende conforme el Debido Proceso. La demandante solicitó la Separación de Hecho, de acuerdo a lo sucedido en la celebración de la audiencia para dilucidar tal petición, la parte demandada estuvo de acuerdo en tal separación, manifestando “que si el afán de la señora RAQUEL BEATRIZ VALLADARES GUTIERREZ es divorciarse está en la disponibilidad en disolver el vínculo por el trámite del mutuo consentimiento ya que entre ellos no hay reconciliación hasta el momento”. Se observa que las partes estuvieron en igualdad de condiciones, interviniendo activamente en dicha audiencia, así como que han tenido el libre ejercicio de todos sus derechos entre ellos el de la actividad recursiva;..."Habiendo sido apelada tal resolución el Ad quem comparte el criterio de la A quo..."..."el recurrente en la formalización del recurso, no desarrolla los derechos que considera se han vulnerado con la resolución impugnada, detallando las actuaciones procesales desde el momento de presentación de la demanda hasta que se dicta sentencia, haciendo una exposición sobre el fondo de la cuestión litigiosa, que obviamente corresponde a los Jueces de instancia resolver, tal como sucedió, en ese orden de ideas, la Sala de lo Constitucional una de sus funciones es mantener el orden constitucional, promoviendo, respetando garantizando el libre ejercicio de los Derechos reconocidos en la Constitución de la República, de tal manera que cuando uno de ellos seas quebrantado, la Justicia Constitucional velará porque se le mantenga o restituya el goce de sus derechos al ciudadano, sin embargo el caso que nos ocupa no se aprecia el quebrantamiento de los derechos del recurrente, por otra parte la resolución que se impugna ha sido dictada conforme a derecho, tal como se aprecia del estudio de los antecedentes. En ese orden de ideas esta Sala concluye que no se han quebrantado el Debido proceso, encontrando que la resolución ha sido dictada, cumpliendo las exigencias, requisitos y solemnidades que exige la ley. Con respecto al derecho de Defensa del recurrente, se aprecia que el mismo ha tenido las mismas oportunidades procesales que su contraparte, tal como se aprecia en los antecedentes del proceso, haciendo efectivo su derecho a la defensa y a la actividad recursiva..."..."Todo ello en aplicación a la ley previamente establecida y que debe aplicarse al caso concreto, materializando de esta manera el principio de legalidad inherente al Debido Proceso y a la tutela judicial efectiva. Por todo ello se concluye que no se han violentado derechos fundamentales del recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de septiembre de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, a favor del señor PETER ERIC RITTER ARITA, contra La resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince, que declaró Sin Lugar los recursos de apelación interpuestos contra la resolución de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de Familia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, con relación a la Demanda de separación de hecho por vía proceso declarativo abreviado no dispositivo promovida por la señora RAQUEL BEATRIZ VALLADARES GUTIERREZ, contra el señor PETER ERIC RITTER ARITA. Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenidos en los artículos 82 y 92 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciséis de enero del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de Familia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la señora RAQUEL BEATRIZ VALLADARES GUTIERREZ, en su condición personal interponiendo Demanda de Separación de Hecho por la Vía del Proceso Declarativo Abreviado no Dispositivo, en contra de su esposo el señor PETER ERIC RITTER ARITA. Solicitando a la vez, que el demandado le devuelva un bien inmueble que aportó al hogar conyugal, dado que necesitaba ingresos para sostenerse.- 2) Que en fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, el referido Juzgado dictó sentencia mediante la cual: “…FALLA: PRIMERO:Declarando CON LUGAR la Demanda de Separación de Hecho por vía de Proceso Declarativo Abreviado No Dispositivo, presentada por la señora RAQUEL BEATRIZ VALLADARES GUTIERREZ, contra el señor PETER ERIC RITTER ARITA y ambos de generales expresadas en el encabezamiento de esta Sentencia. SEGUNDO: Se declara legalmente Separados de Hecho a los señores PETER ERICK RITTER ARITA y RAQUEL BEATRIZ VALLADARES GUTIERREZ, quienes contrajeron matrimonio Civil el día cuatro de Diciembre del año mil novecientos ochenta y uno (04/12/1981), en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. TERCERO: Y MANDA: 1) Una pensión Alimenticia por el valor de DIECISIETE MIL LEMPIRAS (17,000.00) mensuales 2) Así mismo y en virtud de así haberlo convenido en la audiencia del diez de marzo del año dos mil catorce, tanto la demandante como el demandado comparezcan ante un notario efecto de que el señor PETER ERIC RITTER ARITA cumpla con ceder el bien inmueble: Un lote de terreno ubicado en el llano del potrero a inmediaciones de la colonia Los Ángeles en la Ciudad de Tegucigalpa el cual tiene una extensión superficial de dos mil ciento cinco punto ochenta y cinco metro cuadrados (2,105.85 M.2) equivalente a tres mil veinte punto treinta y uno varas cuadradas (3,020.31) V.2.- …” (Folio 61 al 64 de la pieza del juzgado).- 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, en su condición de Apoderado Legal del señor PETER ERICK RITTER ARITA, y por la Abogada NICIA GERTRUDIS VAQUEDANO, en su condición de Apoderada Legal de la señora RAQUEL BEATRIZ VALLADARES GUTIERREZ, contra la Sentencia Definitiva de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, emitida por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Cortes, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince, mediante la cual: “…RESUELVE 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, contra la Sentencia Definitiva de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de Familia de San Pedro Sula, Cortes; 2)DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE apelación interpuesto por la abogada NICIA GERTRUDIS VAQUEDANO, contra la Sentencia Definitiva de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de Familia de San Pedro Sula, Cortes; 3) CONFIRMAR la Sentencia Definitiva de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce dictada por el Juzgado de Letras de familia de San Pedro Sula, Cortes.- .…” (Folios 103 Y 104 de la pieza de corte de Apelaciones).- 4) El recurrente Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, compareció ante este alto Tribunal en fecha quince de abril del año dos mil quince, interponiendo recurso de amparo a favor del señor PETER ERIC RITTER ARITA, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince, violenta los artículos 82 y 92 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil quince la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito; ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emitiera su dictamen.- 6) Que en fecha dos de octubre del dos mil quince, se tuvo por emitido el dictamen presentado por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que: “NO SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo por no haberse violentado el artículo 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO: (3) Que la resolución que se impugna fue dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Cortés, con relación a la demanda de SEPARACIÓN DE HECHO por la vía del Proceso Declarativo abreviado no dispositivo promovida por la señora RAQUEL BEATRIZ VALLADARES GUTIERRES, contra el señor PETER ERIC RITTER ARITA.- CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente, al formalizar su recurso expone una relación detallada de los actos del proceso y medios de prueba evacuados, señalando argumentos propios de instancia, hasta terminar con la resolución que hoy se impugna, sin embargo no se encuentra a lo largo de su exposición los derechos fundamentales que a su criterio le han sido vulnerados a su representado y menos el desarrollo de tales motivos. Sin embargo en aras de garantizar los derechos de las partes, esta Sala, aprecia que el recurrente aunque de manera totalmente ambigua y alejada de la practica en la acción de amparo considera lesionado el Debido Proceso y el Derecho de Defensa de su representado.- CONSIDERANDO: (5) Que la controversia surge por la resolución dictada por la juez de primera instancia, de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, en la que se aprecian los antecedentes de hechos, desde el momento en que se presentó la demanda de SEPARACIÓN DE HECHO por la vía del Proceso Declarativo abreviado no dispositivo, los diferentes momentos procesales, siendo relevante el numeral UNDÉCIMO, que establece que en fecha diez de marzo del año dos mil catorce se llevó a cabo la audiencia a la que comparecieron ambas partes acompañadas de sus representantes procesales. La parte demandante ratificó la petición planteada en cuanto al bien (inmueble) que constituye la sociedad conyugal, así como una pensión alimenticia por Treinta y Cinco Mil Lempiras (L. 35.000.00) mensual, para sus gastos y un vehículo propiedad del demandado, así como el menaje de casa del hogar que compartió el matrimonio. Cedida la palabra al abogado, representante del Demandado, manifestó tener instrucciones de su representado (Presente en la audiencia) de llegar a una conciliación en relación al inmueble ubicado en Tegucigalpa y de que si el afán de la señora Raquel Beatriz es divorciarse está en la disponibilidad en disolver el vínculo matrimonial por el trámite del mutuo consentimiento ya que entre ellos no hay reconciliación hasta el momento. Al respecto la demandante no estuvo de acuerdo con la pensión ofrecida por valor de diez mil Lempiras, habiendo expuesto las partes sus posiciones, con la intervención del Ministerio Público de cuerdo a lo dispuesto en la ley. En el numeral cuarto el A-quo señala que “en los procesos de familia, por la indisponibilidad del objeto de los procesos No dispositivos, en los cuales se encuentra enmarcado la Separación de Hecho, el allanamiento o la conformidad de las partes no vincula al órgano jurisdiccional, en estos casos el Juez no podrá decidir la cuestión litigiosa basándose únicamente en dicha conformidad si ese fuere el caso, lo que hace ineludible la celebración de una audiencia a la que deberán acudir las partes por si mismas asistidas de sus representantes procesales y el representante del Ministerio Público…”. Dejando establecido que “la pretensión de derecho fijada por los solicitantes se concreta en la declaración de Separación de Hecho para posteriormente solicitar la disolución del vínculo matrimonial y la aprobación de la propuesta del convenio regulador que se adjuntó a la referida petición por lo que procede en derecho declarar la Separación de Hecho entre los señores: PETER ERIC RITTER ARITA Y RAQUEL BEATRIZ VALLADARES GUTIERRES, por no haber existido objeción entre las partes en ese sentido.- CONSIDERANDO: (6) Que el Tribunal de alzada en el párrafo de la Motivación Fáctica Jurídica señala que la diligencias tratan de una Demanda de Separación de Hecho por la vía del proceso abreviado no dispositivo, en la parte conducente del numeral Tercero deja establecido que “en el presente caso se constató que la demandante presentó la documentación requerida para la separación de hecho, con dicha presentación, la misma es procedente, ya que la separación de hecho es una causal para el divorcio; es preciso establecer que la pretensión por parte de la demandante se sintetiza en la separación de hecho tal y como se colige de la lectura de la demanda, por consecuente y como la ley establece poder subsiguientemente solicitar el divorcio y así existir una causal para el mismo. En el numeral cuarto hace referencia a la pensión alimenticia que señala la apelante apelada de otorgar a favor de la demandante la cantidad de Treinta y Cinco Mil Lempiras; la Corte recurrida deja plasmado en su resolución su acuerdo con el A quo en señalar una pensión alimenticia por Diecisiete Mil Lempiras (L.17.000.00),la que considera conforme a derecho y justa para poder cubrir la demandante sus necesidades y siendo que no tiene hijos menores que mantener. Además el Ad quem se pronuncia en relación a la casa de habitación que se encuentra a nombre de las partes, estima que la resolución del A quo es procedente, ya que la demandante necesita una casa de habitación digna donde vivir y siendo que la misma se encuentra a nombre de ambos es procedente que el demandado le otorgue la vivienda para que pueda vivir y como se cotejó en el expediente de mérito que el demandado ya cuenta con una casa de habitación. Por todo ello se declaró sin lugares recurso de apelación interpuesto, confirmando la resolución del A quo”.- CONSIDERANDO: (7) Que del Estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala encuentra que ciertamente la resolución motivo de la impugnación dictada por el A quo, ha seguido el procedimiento previamente establecido en la ley respetando el principio de Legalidad, y por ende conforme el Debido Proceso. La demandante solicitó la Separación de Hecho, de acuerdo a lo sucedido en la celebración de la audiencia para dilucidar tal petición, la parte demandada estuvo de acuerdo en tal separación, manifestando “que si el afán de la señora RAQUEL BEATRIZ VALLADARES GUTIERREZ es divorciarse está en la disponibilidad en disolver el vínculo por el trámite del mutuo consentimiento ya que entre ellos no hay reconciliación hasta el momento”. Se observa que las partes estuvieron en igualdad de condiciones, interviniendo activamente en dicha audiencia, así como que han tenido el libre ejercicio de todos sus derechos entre ellos el de la actividad recursiva; por lo que las exigencias de la ley para realizar este tipo de audiencia fueron cumplidas, dictando resolución la A quo conforme lo peticionado. Habiendo sido apelada tal resolución el Ad quem comparte el criterio de la A quo.- CONSIDERANDO: (8) Que el recurrente en la formalización del recurso, no desarrolla los derechos que considera se han vulnerado con la resolución impugnada, detallando las actuaciones procesales desde el momento de presentación de la demanda hasta que se dicta sentencia, haciendo una exposición sobre el fondo de la cuestión litigiosa, que obviamente corresponde a los Jueces de instancia resolver, tal como sucedió, en ese orden de ideas, la Sala de lo Constitucional una de sus funciones es mantener el orden constitucional, promoviendo, respetando garantizando el libre ejercicio de los Derechos reconocidos en la Constitución de la República, de tal manera que cuando uno de ellos seas quebrantado, la Justicia Constitucional velará porque se le mantenga o restituya el goce de sus derechos al ciudadano, sin embargo el caso que nos ocupa no se aprecia el quebrantamiento de los derechos del recurrente, por otra parte la resolución que se impugna ha sido dictada conforme a derecho, tal como se aprecia del estudio de los antecedentes. En ese orden de ideas esta Sala concluye que no se han quebrantado el Debido proceso, encontrando que la resolución ha sido dictada, cumpliendo las exigencias, requisitos y solemnidades que exige la ley. Con respecto al derecho de Defensa del recurrente, se aprecia que el mismo ha tenido las mismas oportunidades procesales que su contraparte, tal como se aprecia en los antecedentes del proceso, haciendo efectivo su derecho a la defensa y a la actividad recursiva. Todo ello en aplicación a la ley previamente establecida y que debe aplicarse al caso concreto, materializando de esta manera el principio de legalidad inherente al Debido Proceso y a la tutela judicial efectiva. Por todo ello se concluye que no se han violentado derechos fundamentales del recurrente- CONSIDERANDO: (9) Que el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, representada por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA emitió su Dictamen en fecha dos (02) de octubre del año dos mil quince (2015), expone “que la sentencia que se recurre en amparo, resuelve todas las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, bajo los parámetros que señala la norma adjetiva, en consecuencia no existe trasgresión al artículo 90 constitucional, que viene a darle vida al principio del “DEBIDO PROCESO” que establece las formalidades de procedimiento que debe tener todo trámite”. Por lo que fue del parecer porque no se otorgue el recurso de amparo.- CONSIDERANDO: (10)Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 751, 756, 757, 758, 885, 886 del Código Procesal Civil; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, a favor del señor PETER ERIC RITTER ARITA, contra la resolución dictada por el CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0336-2015.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de septiembre de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, a favor del señor PETER ERIC RITTER ARITA, contra La resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince, que declaró Sin Lugar los recursos de apelación interpuestos contra la resolución de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de Familia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, con relación a la Demanda de separación de hecho por vía proceso declarativo abreviado no dispositivo promovida por la señora RAQUEL BEATRIZ VALLADARES GUTIERREZ, contra el señor PETER ERIC RITTER ARITA. Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenidos en los artículos 82 y 92 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciséis de enero del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de Familia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la señora RAQUEL BEATRIZ VALLADARES GUTIERREZ, en su condición personal interponiendo Demanda de Separación de Hecho por la Vía del Proceso Declarativo Abreviado no Dispositivo, en contra de su esposo el señor PETER ERIC RITTER ARITA. Solicitando a la vez, que el demandado le devuelva un bien inmueble que aportó al hogar conyugal, dado que necesitaba ingresos para sostenerse.- 2) Que en fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, el referido Juzgado dictó sentencia mediante la cual: “…FALLA: PRIMERO:Declarando CON LUGAR la Demanda de Separación de Hecho por vía de Proceso Declarativo Abreviado No Dispositivo, presentada por la señora RAQUEL BEATRIZ VALLADARES GUTIERREZ, contra el señor PETER ERIC RITTER ARITA y ambos de generales expresadas en el encabezamiento de esta Sentencia. SEGUNDO: Se declara legalmente Separados de Hecho a los señores PETER ERICK RITTER ARITA y RAQUEL BEATRIZ VALLADARES GUTIERREZ, quienes contrajeron matrimonio Civil el día cuatro de Diciembre del año mil novecientos ochenta y uno (04/12/1981), en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. TERCERO: Y MANDA: 1) Una pensión Alimenticia por el valor de DIECISIETE MIL LEMPIRAS (17,000.00) mensuales 2) Así mismo y en virtud de así haberlo convenido en la audiencia del diez de marzo del año dos mil catorce, tanto la demandante como el demandado comparezcan ante un notario efecto de que el señor PETER ERIC RITTER ARITA cumpla con ceder el bien inmueble: Un lote de terreno ubicado en el llano del potrero a inmediaciones de la colonia Los Ángeles en la Ciudad de Tegucigalpa el cual tiene una extensión superficial de dos mil ciento cinco punto ochenta y cinco metro cuadrados (2,105.85 M.2) equivalente a tres mil veinte punto treinta y uno varas cuadradas (3,020.31) V.2.- …” (Folio 61 al 64 de la pieza del juzgado).- 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, en su condición de Apoderado Legal del señor PETER ERICK RITTER ARITA, y por la Abogada NICIA GERTRUDIS VAQUEDANO, en su condición de Apoderada Legal de la señora RAQUEL BEATRIZ VALLADARES GUTIERREZ, contra la Sentencia Definitiva de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, emitida por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Cortes, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince, mediante la cual: “…RESUELVE 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, contra la Sentencia Definitiva de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de Familia de San Pedro Sula, Cortes; 2)DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE apelación interpuesto por la abogada NICIA GERTRUDIS VAQUEDANO, contra la Sentencia Definitiva de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de Familia de San Pedro Sula, Cortes; 3) CONFIRMAR la Sentencia Definitiva de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce dictada por el Juzgado de Letras de familia de San Pedro Sula, Cortes.- .…” (Folios 103 Y 104 de la pieza de corte de Apelaciones).- 4) El recurrente Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, compareció ante este alto Tribunal en fecha quince de abril del año dos mil quince, interponiendo recurso de amparo a favor del señor PETER ERIC RITTER ARITA, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince, violenta los artículos 82 y 92 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil quince la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito; ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emitiera su dictamen.- 6) Que en fecha dos de octubre del dos mil quince, se tuvo por emitido el dictamen presentado por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que: “NO SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo por no haberse violentado el artículo 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO: (3) Que la resolución que se impugna fue dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Cortés, con relación a la demanda de SEPARACIÓN DE HECHO por la vía del Proceso Declarativo abreviado no dispositivo promovida por la señora RAQUEL BEATRIZ VALLADARES GUTIERRES, contra el señor PETER ERIC RITTER ARITA.- CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente, al formalizar su recurso expone una relación detallada de los actos del proceso y medios de prueba evacuados, señalando argumentos propios de instancia, hasta terminar con la resolución que hoy se impugna, sin embargo no se encuentra a lo largo de su exposición los derechos fundamentales que a su criterio le han sido vulnerados a su representado y menos el desarrollo de tales motivos. Sin embargo en aras de garantizar los derechos de las partes, esta Sala, aprecia que el recurrente aunque de manera totalmente ambigua y alejada de la practica en la acción de amparo considera lesionado el Debido Proceso y el Derecho de Defensa de su representado.- CONSIDERANDO: (5) Que la controversia surge por la resolución dictada por la juez de primera instancia, de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, en la que se aprecian los antecedentes de hechos, desde el momento en que se presentó la demanda de SEPARACIÓN DE HECHO por la vía del Proceso Declarativo abreviado no dispositivo, los diferentes momentos procesales, siendo relevante el numeral UNDÉCIMO, que establece que en fecha diez de marzo del año dos mil catorce se llevó a cabo la audiencia a la que comparecieron ambas partes acompañadas de sus representantes procesales. La parte demandante ratificó la petición planteada en cuanto al bien (inmueble) que constituye la sociedad conyugal, así como una pensión alimenticia por Treinta y Cinco Mil Lempiras (L. 35.000.00) mensual, para sus gastos y un vehículo propiedad del demandado, así como el menaje de casa del hogar que compartió el matrimonio. Cedida la palabra al abogado, representante del Demandado, manifestó tener instrucciones de su representado (Presente en la audiencia) de llegar a una conciliación en relación al inmueble ubicado en Tegucigalpa y de que si el afán de la señora Raquel Beatriz es divorciarse está en la disponibilidad en disolver el vínculo matrimonial por el trámite del mutuo consentimiento ya que entre ellos no hay reconciliación hasta el momento. Al respecto la demandante no estuvo de acuerdo con la pensión ofrecida por valor de diez mil Lempiras, habiendo expuesto las partes sus posiciones, con la intervención del Ministerio Público de cuerdo a lo dispuesto en la ley. En el numeral cuarto el A-quo señala que “en los procesos de familia, por la indisponibilidad del objeto de los procesos No dispositivos, en los cuales se encuentra enmarcado la Separación de Hecho, el allanamiento o la conformidad de las partes no vincula al órgano jurisdiccional, en estos casos el Juez no podrá decidir la cuestión litigiosa basándose únicamente en dicha conformidad si ese fuere el caso, lo que hace ineludible la celebración de una audiencia a la que deberán acudir las partes por si mismas asistidas de sus representantes procesales y el representante del Ministerio Público…”. Dejando establecido que “la pretensión de derecho fijada por los solicitantes se concreta en la declaración de Separación de Hecho para posteriormente solicitar la disolución del vínculo matrimonial y la aprobación de la propuesta del convenio regulador que se adjuntó a la referida petición por lo que procede en derecho declarar la Separación de Hecho entre los señores: PETER ERIC RITTER ARITA Y RAQUEL BEATRIZ VALLADARES GUTIERRES, por no haber existido objeción entre las partes en ese sentido.- CONSIDERANDO: (6) Que el Tribunal de alzada en el párrafo de la Motivación Fáctica Jurídica señala que la diligencias tratan de una Demanda de Separación de Hecho por la vía del proceso abreviado no dispositivo, en la parte conducente del numeral Tercero deja establecido que “en el presente caso se constató que la demandante presentó la documentación requerida para la separación de hecho, con dicha presentación, la misma es procedente, ya que la separación de hecho es una causal para el divorcio; es preciso establecer que la pretensión por parte de la demandante se sintetiza en la separación de hecho tal y como se colige de la lectura de la demanda, por consecuente y como la ley establece poder subsiguientemente solicitar el divorcio y así existir una causal para el mismo. En el numeral cuarto hace referencia a la pensión alimenticia que señala la apelante apelada de otorgar a favor de la demandante la cantidad de Treinta y Cinco Mil Lempiras; la Corte recurrida deja plasmado en su resolución su acuerdo con el A quo en señalar una pensión alimenticia por Diecisiete Mil Lempiras (L.17.000.00),la que considera conforme a derecho y justa para poder cubrir la demandante sus necesidades y siendo que no tiene hijos menores que mantener. Además el Ad quem se pronuncia en relación a la casa de habitación que se encuentra a nombre de las partes, estima que la resolución del A quo es procedente, ya que la demandante necesita una casa de habitación digna donde vivir y siendo que la misma se encuentra a nombre de ambos es procedente que el demandado le otorgue la vivienda para que pueda vivir y como se cotejó en el expediente de mérito que el demandado ya cuenta con una casa de habitación. Por todo ello se declaró sin lugares recurso de apelación interpuesto, confirmando la resolución del A quo”.- CONSIDERANDO: (7) Que del Estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala encuentra que ciertamente la resolución motivo de la impugnación dictada por el A quo, ha seguido el procedimiento previamente establecido en la ley respetando el principio de Legalidad, y por ende conforme el Debido Proceso. La demandante solicitó la Separación de Hecho, de acuerdo a lo sucedido en la celebración de la audiencia para dilucidar tal petición, la parte demandada estuvo de acuerdo en tal separación, manifestando “que si el afán de la señora RAQUEL BEATRIZ VALLADARES GUTIERREZ es divorciarse está en la disponibilidad en disolver el vínculo por el trámite del mutuo consentimiento ya que entre ellos no hay reconciliación hasta el momento”. Se observa que las partes estuvieron en igualdad de condiciones, interviniendo activamente en dicha audiencia, así como que han tenido el libre ejercicio de todos sus derechos entre ellos el de la actividad recursiva; por lo que las exigencias de la ley para realizar este tipo de audiencia fueron cumplidas, dictando resolución la A quo conforme lo peticionado. Habiendo sido apelada tal resolución el Ad quem comparte el criterio de la A quo.- CONSIDERANDO: (8) Que el recurrente en la formalización del recurso, no desarrolla los derechos que considera se han vulnerado con la resolución impugnada, detallando las actuaciones procesales desde el momento de presentación de la demanda hasta que se dicta sentencia, haciendo una exposición sobre el fondo de la cuestión litigiosa, que obviamente corresponde a los Jueces de instancia resolver, tal como sucedió, en ese orden de ideas, la Sala de lo Constitucional una de sus funciones es mantener el orden constitucional, promoviendo, respetando garantizando el libre ejercicio de los Derechos reconocidos en la Constitución de la República, de tal manera que cuando uno de ellos seas quebrantado, la Justicia Constitucional velará porque se le mantenga o restituya el goce de sus derechos al ciudadano, sin embargo el caso que nos ocupa no se aprecia el quebrantamiento de los derechos del recurrente, por otra parte la resolución que se impugna ha sido dictada conforme a derecho, tal como se aprecia del estudio de los antecedentes. En ese orden de ideas esta Sala concluye que no se han quebrantado el Debido proceso, encontrando que la resolución ha sido dictada, cumpliendo las exigencias, requisitos y solemnidades que exige la ley. Con respecto al derecho de Defensa del recurrente, se aprecia que el mismo ha tenido las mismas oportunidades procesales que su contraparte, tal como se aprecia en los antecedentes del proceso, haciendo efectivo su derecho a la defensa y a la actividad recursiva. Todo ello en aplicación a la ley previamente establecida y que debe aplicarse al caso concreto, materializando de esta manera el principio de legalidad inherente al Debido Proceso y a la tutela judicial efectiva. Por todo ello se concluye que no se han violentado derechos fundamentales del recurrente- CONSIDERANDO: (9) Que el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, representada por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA emitió su Dictamen en fecha dos (02) de octubre del año dos mil quince (2015), expone “que la sentencia que se recurre en amparo, resuelve todas las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, bajo los parámetros que señala la norma adjetiva, en consecuencia no existe trasgresión al artículo 90 constitucional, que viene a darle vida al principio del “DEBIDO PROCESO” que establece las formalidades de procedimiento que debe tener todo trámite”. Por lo que fue del parecer porque no se otorgue el recurso de amparo.- CONSIDERANDO: (10)Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 751, 756, 757, 758, 885, 886 del Código Procesal Civil; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, a favor del señor PETER ERIC RITTER ARITA, contra la resolución dictada por el CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0336-2015.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional