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Sentencia AC-321-15 — Registro 8716

Resumen

Resolución impugnada que deniega recurso de apelación y declaró sin lugar proceso de ejecución con relación a la demanda de ejecución de titulo extrajudicial interpuesta por impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su Artículo 46 expresa: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; y, 9)…. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Choluteca, en fecha seis de junio del año dos mil catorce, con relación a la demanda de ejecución de titulo extrajudicial promovida por la Sociedad Mercantil denominada CASA COMERCIAL MATHEWS S. A. DE C. V. (CEMCOL) contra los señores RICARDO EMILIO PACHECO MORALES y LIDIA ARGENTINA SIERRA MARTINEZ; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de mayo de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, a favor de la Sociedad Mercantil denominada CASA COMERCIAL MATHEWS S. A. DE C. V. (CEMCOL), contra la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha dieciséis de octubre del año dos mil catorce, que declaró sin Lugar Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Choluteca, en fecha seis de junio del año dos mil catorce, con relación a la demanda de ejecución de titulo extrajudicial promovida por la Sociedad Mercantil denominada CASA COMERCIAL MATHEWS S. A. DE C.V. (CEMCOL) contra los señores RICARDO EMILIO PACHECO MORALES y LIDIA ARGENTINA SIERRA MARTINEZ.- Estima el recurrente que la resolución reclamada viola al debido proceso garantizados por los Artículos 82, 90, 321, 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que según resulta de los antecedentes contenidos en la primera pieza, en fecha veintitrés de agosto del año dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, en su condición de apoderado legal de La Sociedad Mercantil CEMCOL COMERCIAL, S. A. DE C. V., promoviendo demanda para la ejecución de titulo extra judicial a fin que se condene y obligue a los demandados a pagar a La Sociedad Mercantil CEMCOL COMERCIAL, S. A. DE C.V., la suma de Seiscientos Cuarenta y Cuatro mil Trescientos Sesenta y seis Lempiras con cincuenta y tres centavos (L.644,366.53) de los cuales seiscientos veintinueve mil seiscientos setenta y cuatro Lempiras con trece centavos (L.629,674.13) corresponden a Capital y catorce mil seiscientos noventa y dos con cuarenta centavos (L.14,692.40) a intereses legales mercantiles, calculados hasta el día 15 de agosto de 2012, más los intereses que se produzcan hasta que se pague la obligación, y las costas de juicio. (Folios 1 al 7 primera pieza antecedentes). 2) Que en fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, el Abogado FREDY OMAR PINEL FLORES, actuando en su condición de Apoderado Judicial de los señores RICARDO EMILIO PACHECO MORALES y LIDIA ARGENTINA SIERRA MARTINEZ, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, presentando oposición a la Ejecución de Titulo Extrajudicial, por haberse efectuado el pago, nulidad de mandamiento por no cumplir el titulo ejecutivo los requisitos legales exigidos y falta de representación o legitimación del demandante.- En consecuencia, el Juzgado antes citado dictó Sentencia en fecha seis de junio del año dos mil catorce, mediante la cual falló: “… PRIMERO: ESTIMAR PARCIALMENTE la Oposición a la Ejecución de un Titulo Extrajudicial, presentada por el Abogado FREDY OMAR PINEL FLORES, en su condición de Representante Procesal de los señores RICARDO EMILIO PACHECO MORALES y LIDIA ARGENTINA SIERRA MARTINEZ, en la Demanda de Titulo extrajudicial promovida por el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil CEMCOL COMERCIAL, S. A. de C. V., en contra del señor RICARDO EMILIO PACHECO MORALES, ambos de generales conocidas en el preámbulo de esta Sentencia.- SEGUNDO: Se DECLARA SIN LUGAR el presente proceso de ejecución en contra de los señores RICARDO EMILIO PACHECO MORALES y LIDIA ARGENTINA SIERRA MARTINEZ.- TERCERO: Se deja sin valor y efecto la medida la medida de prohibición de celebrar actos y contratos decretada en fecha 03 de octubre del año 2012 (f.44) sobre el inmueble inscrito bajo Asiento No. 13 del tomo 1782 del Instituto de la Propiedad del Departamento de Choluteca a nombre de los señores RICARDO EMILIO PACHECHO MORALES y LIDIA ARGENTINA SIERRA MARTINEZ.- …” (Folio 108 al 111 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo del recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RAUL FUENTES CASTRO, actuando en su condición de Apoderado legal de la sociedad Mercantil, CEMCOL COMERCIAL, S. A. DE C. V., contra la resolución emitida por el A-quo en fecha seis de junio de dos mil catorce, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, dictó sentencia en fecha dieciséis de octubre del año dos mil catorce, mediante la cual falló “… PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por el Abogado RAUL FUENTES CASTRO, contra la sentencia incidental de fecha seis (6) de junio del año dos mil catorce (2014), dictado por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Departamento de Choluteca, en la DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL, promovida por la Sociedad Mercantil CEMCOL COMERCIAL S. A. DE C. V., contra los señores RICARDO EMILIO PACHECO MORALES y LIDIA ARGENTINA SIERRA MARTINEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia.- SEGUNDO: CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA.- …” (Folios 18 AL 22 de la segunda pieza de antecedentes). 4) El Recurrente Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, compareció ante este Tribunal, en fecha nueve de abril del año dos mil quince, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada CASA COMERCIAL MATHEWS S. A. DE C. V. (CEMCOL), contra la sentencia de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, relacionada en el numeral que antecede, por estimar el recurrente que la misma es violatoria de las garantías constitucionales contenidas en los Artículos 82, 90, 321, 323 de la Constitución de la República. 5) Que la Sala tuvo por formalizada en tiempo y forma la acción constitucional en fecha once de agosto del año dos mil quince, ordenándose dar vista de los autos al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emitiera su dictamen. 6) Que con fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, se tuvo por emitido el dictamen presentado por la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCIÒN DE AMPARO PENAL interpuesto. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha dieciséis de octubre del año dos mil catorce, que declaró sin Lugar Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Choluteca, en fecha seis de junio del año dos mil catorce, con relación a la demanda de ejecución de titulo extrajudicial promovida por la Sociedad Mercantil denominada CASA COMERCIAL MATHEWS S. A. DE C. V. (CEMCOL) contra los señores RICARDO EMILIO PACHECO MORALES y LIDIA ARGENTINA SIERRA MARTINEZ. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se le han violentado a su representada los derechos contenidos en el Artículos 82, 90, 321, 323 de la Constitución de la República; la violación al debido proceso cuando la Corte de Apelaciones declara que las excepciones oponibles en los juicios especiales sobre Títulos Valores, no solamente son las que establece el Artículo 465 del Código de Comercio, si no que además pueden basarse en cualquier motivo, ya que el Artículo 1° del Código de Comercio refiere a que los actos mercantiles se rigen por los usos y costumbres. Asimismo utilizó como fundamento legal para estimar el pago, el Artículo 1421 del Código Civil, es decir, la norma genérica, a pesar de que el pago en materia de Títulos Valores tiene su regulación especialísima en los Artículo 534 y subsiguientes del Código de Comercio; la violación es clara e innegable. CONSIDERANDO CINCO (5): Que con fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, se tuvo por emitido el dictamen presentado por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta; en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha dieciséis de octubre del año dos mil catorce, declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Choluteca, en fecha seis de junio del año dos mil catorce, con relación a la demanda de ejecución de titulo extrajudicial promovida por la Sociedad Mercantil denominada CASA COMERCIAL MATHEWS S. A. DE C. V. (CEMCOL) contra los señores RICARDO EMILIO PACHECO MORALES y LIDIA ARGENTINA SIERRA MARTINEZ, al concluir que en materia mercantil; y, propiamente en las negociaciones mercantiles, estas no solo se rigen por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio y demás leyes mercantiles; sino que también por los usos y costumbres mercantiles; en tal sentido los usos y costumbres mercantiles que se dan en la realidad en esta clase de negociaciones por parte de las sociedades Mercantiles que se dedican a este rubro, es que generalmente los pagos parciales se hacen en un medio electrónico donde se van deduciendo dichos pagos; pero no lo hacen constar en el texto del documento (Titulo Valor); y, algunos incluso, habiéndose cancelado la deuda no devuelven los títulos valores. Y en el caso de estudio, al no haberse acreditado que los pagos hechos por el ejecutado obedezcan a otra obligación pendiente con la demandante; la sana critica y el razonamiento lógico de la valoración de la prueba aportada, indica que dichos pagos hechos por el ejecutado, según los recibos que presenta y que fueron debidamente verificados como recibidos por la ejecutante según la prueba de reconocimiento judicial; indican que los citados pagos obedecen a la obligación reclamada por el ejecutante. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo, no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su Artículo 46 expresa: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; y, 9)…. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, Choluteca, en fecha seis de junio del año dos mil catorce, con relación a la demanda de ejecución de titulo extrajudicial promovida por la Sociedad Mercantil denominada CASA COMERCIAL MATHEWS S. A. DE C. V. (CEMCOL) contra los señores RICARDO EMILIO PACHECO MORALES y LIDIA ARGENTINA SIERRA MARTINEZ; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes junio del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha nueve de mayo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-321-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL