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Sentencia AC-308-17 — Registro 10469

Resumen

Sobreseimiento de acción de amparo en consulta en relación a recurso de apelación declarado con lugar que resolvió con lugar incidente de nulidad de actuaciones, alegadas en demanda de ejecución de título extrajudicial promovida contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(7): Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, el recurrente ha limitado sus argumentaciones a cuestiones de mera legalidad y dilatar el proceso, y si bien es cierto lleva a cabo la enunciación de los derechos que se afirma han sido transgredidos, lo hace sin presentar argumentos o razonamientos para explicar de qué manera la resolución impugnada conllevó a la violación de las garantías y derechos invocados, con lo cual los argumentos del amparista resultan ser insuficientes para afirmar, sostener o acreditar la existencia de las violaciones invocadas. En tal virtud, al haber sobreseído el amparo, la referida Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones, normas y principios que rigen el proceso, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, ciñéndose a aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce.-CONSIDERANDO (8): Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (9): Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º y 9º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad y cuando la acción tiene por objeto la dilación del proceso.-CONSIDERANDO (10): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.-CONSIDERANDO (11): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. De igual forma se advierte que resolución objeto de la acción de amparo ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece.-CONSIDERANDO (12): Que el pronunciamiento de los órganos de la Justicia Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la transgresión constitucional alegada luego de revisados los antecedentes.-CONSIDERANDO (13): Que esta Sala no encuentra que en el trámite del recurso que se conoce, pueda advertirse violación, lesión o que se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, quedando evidenciado para esta Sala, que tanto el Juez A-quo como la Corte de Alzada se han limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual han hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a los derechos constitucionales que amparan al quejoso, siendo además que la Corte sentenciadora, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, como queda dicho; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de junio de dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecisiete(2017), que sobresee la acción de amparo interpuesto por el abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO; a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL S.A DE C.V, contra actuaciones de fecha doce (12) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, departamento de Cortés, en relación a un incidente de nulidad de actuaciones alegadas en la demanda de ejecución de titulo extrajudicial promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL CARIBE S.A, contra PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A de C.V.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en el artículo 60 Y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES :1)Que en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO, interponiendo recurso de amparo a favor del PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A de C.V, contra actuaciones de fecha doce (12) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, departamento de Cortés, en donde dicho Juzgado resolvió: (Sic))“PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES POR CAUSA DE INDEFENSIÓN A LA PARTE DEMANDADA presentado por el Abogado JOSE RAMON MURILLO, en su condición de apoderado legal de la parte incidentista LA EMPRESA MERCANTIL PARQUE INDUSTRIALÑ REAL S.A DE C.V.- SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de actuaciones a partir del acta de requerimiento de fecha dieciocho de noviembre de 2015 que corre agregado a folio 32 de los autos expedientes 2015-0114 D.E.T.E, inclusive de informe de reclusión hecho por el secretario del despacho en los que informa sobre el plazo de oposición del ejecutado, así como los efectos posteriores que el mismo hubiese producido.- TERCERO: Tiene como parte legitima en el presente proceso a la SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A DE C.V., en su condición de demandada, bajo la representación legal del señor LUIS RAMON MALOFF RAMOS, quien deberá ser notificado y requerido para los efectos del auto de admisión de fecha 08 de septiembre de 2015.- CUARTO:… (Folio 12 al 23 de la pieza de Corte de Apelaciones) .- 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha tres (3) de abril del año dos mil diecisiete (2017) emitió su fallo, mediante el cual FALLA: SOBRESEER el presente recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL S.A DE C.V, contra el auto de fecha doce de octubre del año dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, departamento de Cortés…” (Folio 47 al 49 de la pieza de Corte de apelaciones).-3) Que en fecha veinte (20) de abril del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. -CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con nuestro texto constitucional, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que resulta que el acto reclamado en amparo lo constituye la resolución emitida en fecha doce de octubre de dos mil dieciséis, por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES, mediante el cual determinó declarar, primero, con lugar el incidente de nulidad de actuaciones por causa de indefensión a la parte demandada presentado por el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, en su condición de apoderado legal de la parte incidentista la empresa mercantil PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A DE C.V. ; segundo, declarar la nulidad absoluta de actuaciones a partir del acta de requerimiento de fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince que corre agregada a folio 32 de los autos, expediente 2015-0114 :D.E.T.E., inclusive el informe de preclusión hecho por el secretario del despacho en los que informa sobre el plazo de oposición del ejecutado, tercero, tener como parte legitimada en el presente proceso a la sociedad mercantil Parque Industrial Real S.A. de C.V., en su condición de demandada, bajo la representación del señor LUIS RAMON MALOFF RAMOS, quien deberá ser notificado y requerido para los efectos del auto de admisión de fecha 08 de septiembre de 2015., cuarto, tener por apoderado legal de la sociedad mercantil Parque Industrial Real S.A. de C.V., al abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO,. Excluyéndose para tales efectos de la representación que ostentaba la abogada MARITZA GERALDNA GUEVARA ROMERO sobre la empresa demandada Parque Industrial Real S.A. de C.V.; manda, reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que origino la nulidad absoluta declarada y se siga el procedimiento legalmente establecido en ley quedando reactivado el procedimiento de su pieza principal de autos.-CONSIDERANDO (6): Que en la sentencia que se conoce en consulta y que resolvió la acción de amparo interpuesta en contra de la resolución del A-Quo que ha sido anteriormente relacionada, la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, estableció en sus consideraciones que “TERCERO: Que del estudio del auto de fecha doce de octubre del año dos mil dieciséis, reclamado en amparo y el informe de Juez de instancia se aprecia que se ha seguido el debido proceso ya que al interponerse el incidente de nulidad el Juez lo admitió y ordenó darle traslado al amparista para que contestara el incidente y asimismo se señaló la audiencia correspondiente para que las partes hicieran uso de los derechos que les corresponden en la defensa de los intereses de sus representados, por lo que el auto en referencia no es violatorio del derecho de defensa como pretende hacer creer el amparista a este Tribunal. Y por ende no trasgrede la garantía constitucional establecida en el artículo 90 párrafo primero del debido proceso. Y en lo referente a que se ha violentado el artículo 60 constitucional que establece: Todos los hondureños nacen libres e iguales en derecho. En Honduras no hay clases privilegiadas y todos los hondureños son iguales ante la Ley. Y se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Relacionado con el artículo 3 del Código Procesal Civil; como puede apreciarse el auto de fecha doce de octubre del año dos mil dieciséis, recurrido mediante el recurso extraordinario de amparo no conculca el derecho de igualdad de las partes como alega el amparista, ya que como se ha expuesto el Juez admitió el incidente de nulidad interpuesto, ordenó el traslado al amparista para que contestara y señaló audiencia en donde ambas partes comparecieron a ejercer sus derechos. Que al no constatarse violación al debido proceso siendo este: la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que estas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria de las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo y dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la Ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar medios de prueba pertinentes, a un proceso público, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, al derecho a impugnar las resoluciones judiciales. Asimismo que a lo referente al principio de legalidad, este tribunal observa que lo que alega el recurrente son cuestiones de mera legalidad propias del Juzgado de Instancia y no de esta Alzada.”-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, el recurrente ha limitado sus argumentaciones a cuestiones de mera legalidad y dilatar el proceso, y si bien es cierto lleva a cabo la enunciación de los derechos que se afirma han sido transgredidos, lo hace sin presentar argumentos o razonamientos para explicar de qué manera la resolución impugnada conllevó a la violación de las garantías y derechos invocados, con lo cual los argumentos del amparista resultan ser insuficientes para afirmar, sostener o acreditar la existencia de las violaciones invocadas. En tal virtud, al haber sobreseído el amparo, la referida Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones, normas y principios que rigen el proceso, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, ciñéndose a aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce.-CONSIDERANDO (8): Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (9): Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º y 9º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad y cuando la acción tiene por objeto la dilación del proceso.-CONSIDERANDO (10): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.-CONSIDERANDO (11): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. De igual forma se advierte que resolución objeto de la acción de amparo ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece.-CONSIDERANDO (12): Que el pronunciamiento de los órganos de la Justicia Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la transgresión constitucional alegada luego de revisados los antecedentes.-CONSIDERANDO (13): Que esta Sala no encuentra que en el trámite del recurso que se conoce, pueda advertirse violación, lesión o que se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, quedando evidenciado para esta Sala, que tanto el Juez A-quo como la Corte de Alzada se han limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual han hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a los derechos constitucionales que amparan al quejoso, siendo además que la Corte sentenciadora, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, como queda dicho; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14.1d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 63 y 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha tres de abril de dos mil diecisiete, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO; a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL S.A DE C.V, contra actuaciones de fecha doce (12) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, departamento de Cortés, en relación a un incidente de nulidad de actuaciones alegadas en la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL CARIBE S.A, contra PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A de C.V.-.Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los once (11) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0308-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de junio de dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecisiete(2017), que sobresee la acción de amparo interpuesto por el abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO; a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL S.A DE C.V, contra actuaciones de fecha doce (12) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, departamento de Cortés, en relación a un incidente de nulidad de actuaciones alegadas en la demanda de ejecución de titulo extrajudicial promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL CARIBE S.A, contra PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A de C.V.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en el artículo 60 Y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES :1)Que en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO, interponiendo recurso de amparo a favor del PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A de C.V, contra actuaciones de fecha doce (12) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, departamento de Cortés, en donde dicho Juzgado resolvió: (Sic))“PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES POR CAUSA DE INDEFENSIÓN A LA PARTE DEMANDADA presentado por el Abogado JOSE RAMON MURILLO, en su condición de apoderado legal de la parte incidentista LA EMPRESA MERCANTIL PARQUE INDUSTRIALÑ REAL S.A DE C.V.- SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de actuaciones a partir del acta de requerimiento de fecha dieciocho de noviembre de 2015 que corre agregado a folio 32 de los autos expedientes 2015-0114 D.E.T.E, inclusive de informe de reclusión hecho por el secretario del despacho en los que informa sobre el plazo de oposición del ejecutado, así como los efectos posteriores que el mismo hubiese producido.- TERCERO: Tiene como parte legitima en el presente proceso a la SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A DE C.V., en su condición de demandada, bajo la representación legal del señor LUIS RAMON MALOFF RAMOS, quien deberá ser notificado y requerido para los efectos del auto de admisión de fecha 08 de septiembre de 2015.- CUARTO:… (Folio 12 al 23 de la pieza de Corte de Apelaciones) .- 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha tres (3) de abril del año dos mil diecisiete (2017) emitió su fallo, mediante el cual FALLA: SOBRESEER el presente recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL S.A DE C.V, contra el auto de fecha doce de octubre del año dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, departamento de Cortés…” (Folio 47 al 49 de la pieza de Corte de apelaciones).-3) Que en fecha veinte (20) de abril del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. -CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con nuestro texto constitucional, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que resulta que el acto reclamado en amparo lo constituye la resolución emitida en fecha doce de octubre de dos mil dieciséis, por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES, mediante el cual determinó declarar, primero, con lugar el incidente de nulidad de actuaciones por causa de indefensión a la parte demandada presentado por el Abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO, en su condición de apoderado legal de la parte incidentista la empresa mercantil PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A DE C.V. ; segundo, declarar la nulidad absoluta de actuaciones a partir del acta de requerimiento de fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince que corre agregada a folio 32 de los autos, expediente 2015-0114 :D.E.T.E., inclusive el informe de preclusión hecho por el secretario del despacho en los que informa sobre el plazo de oposición del ejecutado, tercero, tener como parte legitimada en el presente proceso a la sociedad mercantil Parque Industrial Real S.A. de C.V., en su condición de demandada, bajo la representación del señor LUIS RAMON MALOFF RAMOS, quien deberá ser notificado y requerido para los efectos del auto de admisión de fecha 08 de septiembre de 2015., cuarto, tener por apoderado legal de la sociedad mercantil Parque Industrial Real S.A. de C.V., al abogado JOSE RAMON OSORIO MURILLO,. Excluyéndose para tales efectos de la representación que ostentaba la abogada MARITZA GERALDNA GUEVARA ROMERO sobre la empresa demandada Parque Industrial Real S.A. de C.V.; manda, reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que origino la nulidad absoluta declarada y se siga el procedimiento legalmente establecido en ley quedando reactivado el procedimiento de su pieza principal de autos.-CONSIDERANDO (6): Que en la sentencia que se conoce en consulta y que resolvió la acción de amparo interpuesta en contra de la resolución del A-Quo que ha sido anteriormente relacionada, la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, estableció en sus consideraciones que “TERCERO: Que del estudio del auto de fecha doce de octubre del año dos mil dieciséis, reclamado en amparo y el informe de Juez de instancia se aprecia que se ha seguido el debido proceso ya que al interponerse el incidente de nulidad el Juez lo admitió y ordenó darle traslado al amparista para que contestara el incidente y asimismo se señaló la audiencia correspondiente para que las partes hicieran uso de los derechos que les corresponden en la defensa de los intereses de sus representados, por lo que el auto en referencia no es violatorio del derecho de defensa como pretende hacer creer el amparista a este Tribunal. Y por ende no trasgrede la garantía constitucional establecida en el artículo 90 párrafo primero del debido proceso. Y en lo referente a que se ha violentado el artículo 60 constitucional que establece: Todos los hondureños nacen libres e iguales en derecho. En Honduras no hay clases privilegiadas y todos los hondureños son iguales ante la Ley. Y se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Relacionado con el artículo 3 del Código Procesal Civil; como puede apreciarse el auto de fecha doce de octubre del año dos mil dieciséis, recurrido mediante el recurso extraordinario de amparo no conculca el derecho de igualdad de las partes como alega el amparista, ya que como se ha expuesto el Juez admitió el incidente de nulidad interpuesto, ordenó el traslado al amparista para que contestara y señaló audiencia en donde ambas partes comparecieron a ejercer sus derechos. Que al no constatarse violación al debido proceso siendo este: la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que estas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria de las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo y dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la Ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar medios de prueba pertinentes, a un proceso público, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, al derecho a impugnar las resoluciones judiciales. Asimismo que a lo referente al principio de legalidad, este tribunal observa que lo que alega el recurrente son cuestiones de mera legalidad propias del Juzgado de Instancia y no de esta Alzada.”-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, el recurrente ha limitado sus argumentaciones a cuestiones de mera legalidad y dilatar el proceso, y si bien es cierto lleva a cabo la enunciación de los derechos que se afirma han sido transgredidos, lo hace sin presentar argumentos o razonamientos para explicar de qué manera la resolución impugnada conllevó a la violación de las garantías y derechos invocados, con lo cual los argumentos del amparista resultan ser insuficientes para afirmar, sostener o acreditar la existencia de las violaciones invocadas. En tal virtud, al haber sobreseído el amparo, la referida Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones, normas y principios que rigen el proceso, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, ciñéndose a aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce.-CONSIDERANDO (8): Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (9): Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º y 9º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad y cuando la acción tiene por objeto la dilación del proceso.-CONSIDERANDO (10): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.-CONSIDERANDO (11): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. De igual forma se advierte que resolución objeto de la acción de amparo ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece.-CONSIDERANDO (12): Que el pronunciamiento de los órganos de la Justicia Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la transgresión constitucional alegada luego de revisados los antecedentes.-CONSIDERANDO (13): Que esta Sala no encuentra que en el trámite del recurso que se conoce, pueda advertirse violación, lesión o que se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, quedando evidenciado para esta Sala, que tanto el Juez A-quo como la Corte de Alzada se han limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual han hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a los derechos constitucionales que amparan al quejoso, siendo además que la Corte sentenciadora, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, como queda dicho; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14.1d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 63 y 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha tres de abril de dos mil diecisiete, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO; a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL S.A DE C.V, contra actuaciones de fecha doce (12) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, departamento de Cortés, en relación a un incidente de nulidad de actuaciones alegadas en la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL CARIBE S.A, contra PARQUE INDUSTRIAL REAL S.A de C.V.-.Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los once (11) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0308-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL