Sentencia AC-234-16 — Registro 10242
Resumen
Sentencia declaró invalidar de oficio fallo dictado por juzgado de primera instancia que declaró con lugar demanda de nulidad absoluta de actos y contratos contenidos en instrumentos públicos; el Tribunal de Alzada indicó devolver actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir el fondo de la demanda promovida por recurrente contra demandados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, los que han sido debidamente motivados, respetándose en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley, mismas que hoy se alegan violentadas por el recurrente..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, los que han sido debidamente motivados, respetándose en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley, mismas que hoy se alegan violentadas por el recurrente..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de Septiembre de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, a favor del señor JOSE RUBIO SUAZO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, con relación a la demanda ordinaria de nulidad absoluta de actos y contratos promovida por el señor JOSE RUBIO SUAZO, contra los señores JOSE REYNALDO TEJEDA, MARIA ISABEL CASTILLO, ARMANDO BECELIN INESTROZA ALVARADO Y JOSE FRANCISCO VELASQUEZ SALINAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República.A N T E C E D E N T E S.1) Que en fecha ocho de noviembre del año dos mil once, compareció ante Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, los Abogados ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO Y RITZA YOLANDA ANTUNES REYES, en su condición de Apoderados Legales del señor JOSE RUBIO SUAZO, promoviendo DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ANSOLUTA DE ACTOS O CONTRATOS CONTENIDOS EN LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS NUMEROS 838, 308, 354 Y 382 INSCRITOS EN LE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE COMAYAGUA, SE SOLICITA LA CANCELACION DE SU INSCRIPCION REGISTRAL. INDENMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, contra los señores MARIA ISABEL CASTILLO, ARMANDO BECELIN INESTROZA ALVARADO Y JOSE FRANCISCO VELASQUEZ SALINAS. (Folios uno (01) al once (20) de la primera pieza de antecedentes).2) Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha diecinueve de agosto del año dos mil quince, el Juzgado antes referido “FALLA.- PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda de Nulidad Absoluta de Actos y Contrato contenidos en los Instrumentos Públicos numero Ochocientos Treinta y Ocho, Trescientos ocho, Trescientos cincuenta y cuatro y Trescientos ochenta y dos inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Comayagua, Cancelación Registral, indemnización de Daños y Perjuicio presentada ante este Tribunal por los Abogados Alex Javier Carranza Polanco y Ritza Yolanda Antúnez Reyes en su condición de representantes procesales del señor Jose Rubio Suazo. SEGUNDO: DECLARANDO CON LUGAR la Pretensión de Indemnización de Daños y Perjuicios presentada por el señor Jose Rubio Suazo en contra los señores JOSE REYNALDO TEJEDA, MARIA ISABEL CASTILLO MARTINEZ, ARMANDO BECELIN INESTROZA ALVARADO Y JOSE FRANCISCO VELASQUEZ SALINAS. TERCERO: CONDENA a los demandados al pago de la cantidad de $500,00 o su equivalente en lempiras que es la moneda de circulación legal en Honduras por concepto de Daños. CUARTO: DECLARANDO SIN LUGAR la demanda por vía de Reconvención presentada en contra de los señores Jose Rubio Suazo y Maria Isabel Castillo Martínez, Demandado que se declaren la prescripción de todo derecho o dominio así como todo derecho real que pudiera pretender el señor Jose Rubio Suazo sobre el inmueble del señor Jose Francisco Velásquez Salinas, e indemnización de daños y perjuicios asimismo la pretensión en contra de la señora MARIA ISABEL CASTILLO MARTINEZ, en consecuencia, Declara ABSOLVER al señor Jose Rubio Suazo y Maria Isabel Castillo Martínez por esta pretensión. QUINTO: SE ORDENA la cancelación Registral de las Matriculas 584077 asiento 1; 584077 asiento 2; 584077 asiento 3; 592428 Asiento 1; 592428 asiento 2. (Folios 532 al 541 de la primera pieza de antecedentes).3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por los Abogados JOSE LUIS AREVALO SANDOVAL Y EDUARDO DUARTE SALGADO, la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha cinco de febrero del año dos mil dieciséis, dicto sentencia mediante la cual: FALLA: PRIMERO: INVALIDAR DE OFICIO LA SENTENCIA de fecha Diecinueve de Agosto del año Dos Mil Quince, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, promovida por los Abogados ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO Y RITZA YOLANDA ANTUNES REYES, Apoderados Legales en su momento del señor JOSE RUBIO SUAZO en LA DEMANDA DE NULIDAD ABSOLUTADE ACTOS Y CONTRATOS CONTENIDOS EN LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS 838, 308, 354, Y 382 INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SE SOLICITA LA CANCELACION DE SU INSCRIPCION REGISTRAL.- INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS.-CONDENA DE COSTAS. Interpuesta por el señor JOSE RUBIO SUAZO, contra los señores JOSE REYNALDO TEJEDA, MARIA ISABEL CASTILLO, ARMANDO BECELIN INESTROZA ALVARADO Y JOSE FRANCISCO VELASQUEZ SALINAS, todos de generales conocida en la instrucción.- (Folios 09 al 15 de la segunda pieza de antecedentes). 4) el Abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, compareció ante este Tribunal, en fecha quince de marzo del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor del señor JOSE RUBIO SUAZO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha cinco de febrero del año dos mil dieciséis, de que se ha hecho referencia en el considerando que antecede, la cual considera violatoria de los dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha tres de junio del año dos mil quince.5) Que en fecha veinte de junio del año dos mil quince, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE, el amparo solicitado.CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la sentencia de fecha cinco (05) de febrero de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, declaró invalidar de oficio el fallo dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, para efectos de devolver las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir el fondo; la Corte de Apelaciones recurrida motivo su decisión señalando que “CUARTO: Del acápite segundo y tercero que antecede no es congruente con el hecho probado séptimo de la Juez A-Quo todo queda por probado que JOSE REYNALDO TEJADA, MARIA ISABEL CASTILLO MARTINEZ, ARMANDO BECELIN INESTROZA ALVARADO y JOSE FRANCISCO VELASQUEZ SALINAS no tienen clave catastral independiente y que la de ellos depende de la clave 01058 que pertenece al Señor JOSE RUBIO SUAZO, señalando como medio de valoración el folio 89 frente el cual no determina el todo; sino fracción de estos predios, la lógica indica que si los Demandados ARMANDO BECELIN INESTROZA y JOSE FRANCISCO VELASQUEZ adquirieron su propiedad, el primero de venta directa de primer comprador del Liquidador de la Cooperativa Cañas; Y el segundo de la Señora MARIA ISABEL CASTILLO MARTINEZ, es lógico que la afectación de derechos de propiedad del Señor JOSE RUBIO SUAZO devienen del Instrumento 838 otorgado del Liquidador de la Cooperativa Cañas número Uno, el Señor JOSE HUMBERTO ESTRADA CALIX no obstante en el sentido de declarar nulo el antecedente de venta del Instrumento 838 y los sucesivos a el los Instrumentos 308, 354 y 382, se determina duda en relación en la venta, todo que según el documento que aparece a folio 89 de los autos y que refiere como hecho probado la Juez A-Quo determina la nulidad parcial indeterminada; con ello estamos claros que si existe afectación al Demandante en su derecho; pero para el saneamiento debe existir un panorama más preciso, mismo que se puede demostrar de los planos originales extendidos por el Instituto Nacional Agrario el deslinde y amojonamiento si las partes lo hiciesen en forma voluntaria o conciliatoria; todo que como ellos mismos expresan son compradores de buena fe; sin embargo existe evicción en la venta, acto que no puede ser ignorado, además la Juez A-Quo debe considerar en su próximo fallo si existe daño y perjuicio para declararlo ante la contravención que existe del error del liquidador de vender gran parte de la propiedad que ya tenía dominio del Demandante, sin embargo, la prueba técnica fue pobre a determinar el todo de la afectación a efecto de anular los instrumentos o modificarlos por haber recibido más que lo que compraron o en su defecto compraron propiedades que sus otorgantes no poseían en dominio.” CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la presente acción de amparo, se aprecia que el recurrente alega que con este acto se ha violentado en perjuicio de su representado, el debido proceso contenido en el artículo 90 de nuestro texto fundamental.CONSIDERANDO: Que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. CONSIDERANDO: Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO: Que en este sentido, esta Sala ha dejado establecido también que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[2] CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 715.3 del Código Procesal Civil, “Si se apreciara alguna infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración, pero no afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, el tribunal revocará la sentencia apelada y resolverá directamente. Si afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo.” CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación del Tribunal de Alzada, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de declarar la nulidad de la sentencia apelada, al señalar en su numeral cuarto de los fundamentos de derecho de su sentencia las razones que conllevaron a dictar dicho fallo. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite ordinario a ser observado en el caso controvertido. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, los que han sido debidamente motivados, respetándose en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley, mismas que hoy se alegan violentadas por el recurrente. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior en que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe procederse al sobreseimiento de la acción de amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales 1) y 9), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas, advirtiéndose además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del juicio principal. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional: SE FALLO: SOBRESEER el amparo interpuesto por el Abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, a favor del señor JOSE RUBIO SUAZO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, con relación a la demanda ordinaria de nulidad absoluta de actos y contratos promovida por el señor JOSE RUBIO SUAZO, contra los señores JOSE REYNALDO TEJEDA MARIA ISABEL CASTILLO, ARMANDO BECELIN INESTROZA ALVARADO Y JOSE FRANCISCO VELASQUEZ SALINAS, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por el recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-234-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de Septiembre de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, a favor del señor JOSE RUBIO SUAZO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, con relación a la demanda ordinaria de nulidad absoluta de actos y contratos promovida por el señor JOSE RUBIO SUAZO, contra los señores JOSE REYNALDO TEJEDA, MARIA ISABEL CASTILLO, ARMANDO BECELIN INESTROZA ALVARADO Y JOSE FRANCISCO VELASQUEZ SALINAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República.A N T E C E D E N T E S.1) Que en fecha ocho de noviembre del año dos mil once, compareció ante Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, los Abogados ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO Y RITZA YOLANDA ANTUNES REYES, en su condición de Apoderados Legales del señor JOSE RUBIO SUAZO, promoviendo DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ANSOLUTA DE ACTOS O CONTRATOS CONTENIDOS EN LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS NUMEROS 838, 308, 354 Y 382 INSCRITOS EN LE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE COMAYAGUA, SE SOLICITA LA CANCELACION DE SU INSCRIPCION REGISTRAL. INDENMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, contra los señores MARIA ISABEL CASTILLO, ARMANDO BECELIN INESTROZA ALVARADO Y JOSE FRANCISCO VELASQUEZ SALINAS. (Folios uno (01) al once (20) de la primera pieza de antecedentes).2) Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha diecinueve de agosto del año dos mil quince, el Juzgado antes referido “FALLA.- PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda de Nulidad Absoluta de Actos y Contrato contenidos en los Instrumentos Públicos numero Ochocientos Treinta y Ocho, Trescientos ocho, Trescientos cincuenta y cuatro y Trescientos ochenta y dos inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Comayagua, Cancelación Registral, indemnización de Daños y Perjuicio presentada ante este Tribunal por los Abogados Alex Javier Carranza Polanco y Ritza Yolanda Antúnez Reyes en su condición de representantes procesales del señor Jose Rubio Suazo. SEGUNDO: DECLARANDO CON LUGAR la Pretensión de Indemnización de Daños y Perjuicios presentada por el señor Jose Rubio Suazo en contra los señores JOSE REYNALDO TEJEDA, MARIA ISABEL CASTILLO MARTINEZ, ARMANDO BECELIN INESTROZA ALVARADO Y JOSE FRANCISCO VELASQUEZ SALINAS. TERCERO: CONDENA a los demandados al pago de la cantidad de $500,00 o su equivalente en lempiras que es la moneda de circulación legal en Honduras por concepto de Daños. CUARTO: DECLARANDO SIN LUGAR la demanda por vía de Reconvención presentada en contra de los señores Jose Rubio Suazo y Maria Isabel Castillo Martínez, Demandado que se declaren la prescripción de todo derecho o dominio así como todo derecho real que pudiera pretender el señor Jose Rubio Suazo sobre el inmueble del señor Jose Francisco Velásquez Salinas, e indemnización de daños y perjuicios asimismo la pretensión en contra de la señora MARIA ISABEL CASTILLO MARTINEZ, en consecuencia, Declara ABSOLVER al señor Jose Rubio Suazo y Maria Isabel Castillo Martínez por esta pretensión. QUINTO: SE ORDENA la cancelación Registral de las Matriculas 584077 asiento 1; 584077 asiento 2; 584077 asiento 3; 592428 Asiento 1; 592428 asiento 2. (Folios 532 al 541 de la primera pieza de antecedentes).3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por los Abogados JOSE LUIS AREVALO SANDOVAL Y EDUARDO DUARTE SALGADO, la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha cinco de febrero del año dos mil dieciséis, dicto sentencia mediante la cual: FALLA: PRIMERO: INVALIDAR DE OFICIO LA SENTENCIA de fecha Diecinueve de Agosto del año Dos Mil Quince, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, promovida por los Abogados ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO Y RITZA YOLANDA ANTUNES REYES, Apoderados Legales en su momento del señor JOSE RUBIO SUAZO en LA DEMANDA DE NULIDAD ABSOLUTADE ACTOS Y CONTRATOS CONTENIDOS EN LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS 838, 308, 354, Y 382 INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SE SOLICITA LA CANCELACION DE SU INSCRIPCION REGISTRAL.- INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS.-CONDENA DE COSTAS. Interpuesta por el señor JOSE RUBIO SUAZO, contra los señores JOSE REYNALDO TEJEDA, MARIA ISABEL CASTILLO, ARMANDO BECELIN INESTROZA ALVARADO Y JOSE FRANCISCO VELASQUEZ SALINAS, todos de generales conocida en la instrucción.- (Folios 09 al 15 de la segunda pieza de antecedentes). 4) el Abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, compareció ante este Tribunal, en fecha quince de marzo del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor del señor JOSE RUBIO SUAZO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha cinco de febrero del año dos mil dieciséis, de que se ha hecho referencia en el considerando que antecede, la cual considera violatoria de los dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha tres de junio del año dos mil quince.5) Que en fecha veinte de junio del año dos mil quince, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE, el amparo solicitado.CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la sentencia de fecha cinco (05) de febrero de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, declaró invalidar de oficio el fallo dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, para efectos de devolver las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir el fondo; la Corte de Apelaciones recurrida motivo su decisión señalando que “CUARTO: Del acápite segundo y tercero que antecede no es congruente con el hecho probado séptimo de la Juez A-Quo todo queda por probado que JOSE REYNALDO TEJADA, MARIA ISABEL CASTILLO MARTINEZ, ARMANDO BECELIN INESTROZA ALVARADO y JOSE FRANCISCO VELASQUEZ SALINAS no tienen clave catastral independiente y que la de ellos depende de la clave 01058 que pertenece al Señor JOSE RUBIO SUAZO, señalando como medio de valoración el folio 89 frente el cual no determina el todo; sino fracción de estos predios, la lógica indica que si los Demandados ARMANDO BECELIN INESTROZA y JOSE FRANCISCO VELASQUEZ adquirieron su propiedad, el primero de venta directa de primer comprador del Liquidador de la Cooperativa Cañas; Y el segundo de la Señora MARIA ISABEL CASTILLO MARTINEZ, es lógico que la afectación de derechos de propiedad del Señor JOSE RUBIO SUAZO devienen del Instrumento 838 otorgado del Liquidador de la Cooperativa Cañas número Uno, el Señor JOSE HUMBERTO ESTRADA CALIX no obstante en el sentido de declarar nulo el antecedente de venta del Instrumento 838 y los sucesivos a el los Instrumentos 308, 354 y 382, se determina duda en relación en la venta, todo que según el documento que aparece a folio 89 de los autos y que refiere como hecho probado la Juez A-Quo determina la nulidad parcial indeterminada; con ello estamos claros que si existe afectación al Demandante en su derecho; pero para el saneamiento debe existir un panorama más preciso, mismo que se puede demostrar de los planos originales extendidos por el Instituto Nacional Agrario el deslinde y amojonamiento si las partes lo hiciesen en forma voluntaria o conciliatoria; todo que como ellos mismos expresan son compradores de buena fe; sin embargo existe evicción en la venta, acto que no puede ser ignorado, además la Juez A-Quo debe considerar en su próximo fallo si existe daño y perjuicio para declararlo ante la contravención que existe del error del liquidador de vender gran parte de la propiedad que ya tenía dominio del Demandante, sin embargo, la prueba técnica fue pobre a determinar el todo de la afectación a efecto de anular los instrumentos o modificarlos por haber recibido más que lo que compraron o en su defecto compraron propiedades que sus otorgantes no poseían en dominio.” CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la presente acción de amparo, se aprecia que el recurrente alega que con este acto se ha violentado en perjuicio de su representado, el debido proceso contenido en el artículo 90 de nuestro texto fundamental.CONSIDERANDO: Que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. CONSIDERANDO: Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[3], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO: Que en este sentido, esta Sala ha dejado establecido también que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[4] CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 715.3 del Código Procesal Civil, “Si se apreciara alguna infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración, pero no afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, el tribunal revocará la sentencia apelada y resolverá directamente. Si afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo.” CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación del Tribunal de Alzada, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de declarar la nulidad de la sentencia apelada, al señalar en su numeral cuarto de los fundamentos de derecho de su sentencia las razones que conllevaron a dictar dicho fallo. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite ordinario a ser observado en el caso controvertido. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, los que han sido debidamente motivados, respetándose en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley, mismas que hoy se alegan violentadas por el recurrente. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior en que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe procederse al sobreseimiento de la acción de amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales 1) y 9), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas, advirtiéndose además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del juicio principal. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional: SE FALLO: SOBRESEER el amparo interpuesto por el Abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, a favor del señor JOSE RUBIO SUAZO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, con relación a la demanda ordinaria de nulidad absoluta de actos y contratos promovida por el señor JOSE RUBIO SUAZO, contra los señores JOSE REYNALDO TEJEDA MARIA ISABEL CASTILLO, ARMANDO BECELIN INESTROZA ALVARADO Y JOSE FRANCISCO VELASQUEZ SALINAS, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por el recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-234-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
[1] APC 631-12:AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11
[2] Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
[3] APC 631-12:AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11
[4] Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA