Sentencia AC-232-16 — Registro 8667
Resumen
Acto recurrido que confirmó la decisión del A-quo con relación a la demanda vía proceso abreviado dispositivo de prescripción adquisitiva de un bien inmueble en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que ésta Sala aprecia que conforme lo dispuesto en el Decreto 205-2012[2], se restituyó la vigencia de los artículos 91 y 92 de la Ley de Propiedad que fueron derogados por el artículo 921 numeral 4) del Código Procesal Civil, que regulan la prescripción adquisitiva de derechos reales sobre inmuebles privados, estableciendo el artículo 92 ya relacionado que si existe oposición al trámite instado ante el Instituto de la Propiedad, éste[3] remitirá copia certificada del expediente al Juzgado de lo Civil competente para dirimir la controversia, para lo cual no media confusión en la literalidad de dicho articulado y por ende no se desprende la limitación a los derechos referidos por el suplicante..." Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., diecinueve de junio del año dos mil diecisiete. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RAFAEL HUMBERTO GONZALES THIEBAUD, a favor de SI MISMO, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil quince, que confirma la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil quince, con relación a la demanda vía proceso abreviado dispositivo de prescripción adquisitiva de un bien inmueble, promovida por el Abogado RAFAEL HUMBERTO GONZALES THIEBAUD, en causa propia. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recuso de amparo se desprende que el recurrente considera que la Alzada con la emisión del acto reclamado ha disminuido, restringido y tergiversado en su perjuicio el derecho preceptuado en el artículo 70 del Decreto 390-2013[1], de la Ley de Propiedad referente a los procedimientos de regularización de la propiedad, afirmando el quejoso que con dicha decisión se le niega el procedimiento de regularización por la vía pacífica, al exigirle el Ad-quem formalidades inexistentes que limitan sus derechos. CONSIDERANDO: Que el recurrente señala que con el acto reclamado se vulneran las declaraciones y derechos contenidos en los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que la Alzada confirmó la decisión del A-quo, toda vez que el reclamante no cumplió con los requisitos generales ni especiales exigidos para la interposición de las demandas establecidos en los artículos 583 y 625 del Código Procesal Civil, desprendiéndose del acto reclamado que la Alzada señala que la mera publicación de un extracto de la demanda a efectos de garantizar la publicidad para que puedan personarse en autos terceros interesados no exime al demandante de interponer la acción contra quien se supone dueño del inmueble que pretende adquirir vía prescripción adquisitiva, determinado además la Alzada que el recurrente confunde los términos de regulación predial y el de prescripción adquisitiva, mismos que se siguen en procesos diferentes, el primero conforme a los artículos 91 y 92 de la Ley de Propiedad y el segundo a lo estipulado en el Código Procesal Civil como ya fue referido. CONSIDERANDO: Que el artículo 64 de nuestra carta magna que establece: "No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos, y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan", declaración constitucional que aprecia esta Sala, no ha sido contravenida con el acto reclamado. CONSIDERANDO: Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que ésta Sala aprecia que conforme lo dispuesto en el Decreto 205-2012[2], se restituyó la vigencia de los artículos 91 y 92 de la Ley de Propiedad que fueron derogados por el artículo 921 numeral 4) del Código Procesal Civil, que regulan la prescripción adquisitiva de derechos reales sobre inmuebles privados, estableciendo el artículo 92 ya relacionado que si existe oposición al tramite instado ante el Instituto de la Propiedad, éste[3] remitirá copia certificada del expediente al Juzgado de lo Civil competente para dirimir la controversia, para lo cual no media confusión en la literalidad de dicho articulado y por ende no se desprende la limitación a los derechos referidos por el suplicante. CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.
CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto el Abogado RAFAEL HUMBERTO GONZALES THIEBAUD, a favor de SI MISMO, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil quince, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto de dos mil diecisiete, certificación de la resolución de fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-232-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., diecinueve de junio del año dos mil diecisiete. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RAFAEL HUMBERTO GONZALES THIEBAUD, a favor de SI MISMO, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil quince, que confirma la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil quince, con relación a la demanda vía proceso abreviado dispositivo de prescripción adquisitiva de un bien inmueble, promovida por el Abogado RAFAEL HUMBERTO GONZALES THIEBAUD, en causa propia. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recuso de amparo se desprende que el recurrente considera que la Alzada con la emisión del acto reclamado ha disminuido, restringido y tergiversado en su perjuicio el derecho preceptuado en el artículo 70 del Decreto 390-2013[4], de la Ley de Propiedad referente a los procedimientos de regularización de la propiedad, afirmando el quejoso que con dicha decisión se le niega el procedimiento de regularización por la vía pacífica, al exigirle el Ad-quem formalidades inexistentes que limitan sus derechos. CONSIDERANDO: Que el recurrente señala que con el acto reclamado se vulneran las declaraciones y derechos contenidos en los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que la Alzada confirmó la decisión del A-quo, toda vez que el reclamante no cumplió con los requisitos generales ni especiales exigidos para la interposición de las demandas establecidos en los artículos 583 y 625 del Código Procesal Civil, desprendiéndose del acto reclamado que la Alzada señala que la mera publicación de un extracto de la demanda a efectos de garantizar la publicidad para que puedan personarse en autos terceros interesados no exime al demandante de interponer la acción contra quien se supone dueño del inmueble que pretende adquirir vía prescripción adquisitiva, determinado además la Alzada que el recurrente confunde los términos de regulación predial y el de prescripción adquisitiva, mismos que se siguen en procesos diferentes, el primero conforme a los artículos 91 y 92 de la Ley de Propiedad y el segundo a lo estipulado en el Código Procesal Civil como ya fue referido. CONSIDERANDO: Que el artículo 64 de nuestra carta magna que establece: "No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos, y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan", declaración constitucional que aprecia esta Sala, no ha sido contravenida con el acto reclamado. CONSIDERANDO: Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que ésta Sala aprecia que conforme lo dispuesto en el Decreto 205-2012[5], se restituyó la vigencia de los artículos 91 y 92 de la Ley de Propiedad que fueron derogados por el artículo 921 numeral 4) del Código Procesal Civil, que regulan la prescripción adquisitiva de derechos reales sobre inmuebles privados, estableciendo el artículo 92 ya relacionado que si existe oposición al tramite instado ante el Instituto de la Propiedad, éste[6] remitirá copia certificada del expediente al Juzgado de lo Civil competente para dirimir la controversia, para lo cual no media confusión en la literalidad de dicho articulado y por ende no se desprende la limitación a los derechos referidos por el suplicante. CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto el Abogado RAFAEL HUMBERTO GONZALES THIEBAUD, a favor de SI MISMO, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil quince, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto de dos mil diecisiete, certificación de la resolución de fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-232-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Publicado en Diario Oficial La Gaceta Número 33´420, en fecha siete de mayo del año dos mil catorce.
[2]Publicado en Diario Oficial La Gaceta Número 33´083, en fecha de fecha veintitrés de marzo del año dos mil trece.
[3] El Instituto de la Propiedad.
[4]Publicado en Diario Oficial La Gaceta Número 33´420, en fecha siete de mayo del año dos mil catorce.
[5]Publicado en Diario Oficial La Gaceta Número 33´083, en fecha de fecha veintitrés de marzo del año dos mil trece.
[6] El Instituto de la Propiedad.