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Sentencia AC-193-15 — Registro 8682

Resumen

Acto recurrido que declara no ha lugar apelación, con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo Judicial con pronunciamiento de condena en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que, por lo tanto, escuchado el parecer del Fiscal de la Constitución, resulta acorde a derecho la causal de inadmisibilidad por él esgrimida, consistente en no haberse impugnado la sentencia emitida por la Corte Ad Quem en fecha catorce (14) de enero de dos mil quince (2015) en el tiempo y forma prescrita por la ley procesal; por lo cual resulta claro que la misma adquirió carácter de firme, no cabiendo contra la misma recurso alguno. Además de encontrarnos a la vista de un recurso caracterizado por alegaciones de instancia o de mera legalidad, las cuales procuran impugnar una sentencia ya firme y, con ello, su ejecutoriedad constitucional y legalmente establecida. Lo anterior al tenor de lo prescrito en el artículo 46 numerales 1) y 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contentivo de las referidas causales de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento de la presente acción de amparo..."

Jerarquía: Reiterativa

…" Que, por lo tanto, escuchado el parecer del Fiscal de la Constitución, resulta acorde a derecho la causal de inadmisibilidad por él esgrimida, consistente en no haberse impugnado la sentencia emitida por la Corte Ad Quem en fecha catorce (14) de enero de dos mil quince (2015) en el tiempo y forma prescrita por la ley procesal; por lo cual resulta claro que la misma adquirió carácter de firme, no cabiendo contra la misma recurso alguno. Además de encontrarnos a la vista de un recurso caracterizado por alegaciones de instancia o de mera legalidad, las cuales procuran impugnar una sentencia ya firme y, con ello, su ejecutoriedad constitucional y legalmente establecida. Lo anterior al tenor de lo prescrito en el artículo 46 numerales 1) y 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contentivo de las referidas causales de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento de la presente acción de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: ”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril del dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO TULIO ARRIOLA a favor de LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, en fecha catorce de enero de dos mil quince, que declaró NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, COLÓN, en fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo Judicial con pronunciamiento de condena promovida por el Abogado JOSÉ ANTONIO RIVERA DOMINGUEZ en contra de LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha diez (10) de agosto de dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, el Abogado JOSÉ ANTONIO RIVERA DOMINGUEZ, actuando en causa propia, promoviendo solicitud de EJECUCIÓN FORZOSA DE TITULO JUDICIAL CON PRONUNCIAMIENTO DE CONDENA contra LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, para que mediante sentencia definitiva la referida corporación municipal le haga efectiva la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS (L. 10,508,205.00); cuantía, según el demandante, aprobada por la Corte de Apelaciones en fecha quince (15) de agosto de dos mil once (2011), en virtud de haber declarado con lugar una liquidación y tasación de costas a favor de este. Posteriormente, en fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil trece (2013) se presentó oposición a la Solicitud de Ejecución de Titulo Judicial por parte del Abogado WALTER JOCKSAN DIAZ PADILLA (Q.D.D.G), asimismo en fecha seis (6) de junio se llevó a cabo la audiencia de oposición en la que el referido Juzgado resolvió: “Después de haber escuchado la participación del Abogado JOSE ANTONIO RIVERA el cual ha solicitado se declare Sin Lugar la oposición la cual ha hecho una relación sucinta, y cedida que fue la palabra a la parte demandada la cual solicita se declare Sin Lugar la oposición. Es por tal situación este Juzgado resolverá en el término de ley…”. (Ver folios 01-03/36-37/70 del expediente 206-12 del A-Quo).2) Que en fecha treinta (30) de septiembre de dos mil catorce (2014), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Trujillo, colón, dictó auto en el que dispuso: “1.-Declarar SIN LUGAR la Oposición a la Ejecución Forzosa de Titulo Judicial con pronunciamiento de Condena. Requerimiento de Pago. Que se ordene la presentación de la declaración de bienes junto con sus anexos, promovida por el Abogado MARCO TULIO ARRIOLA en representación de la Municipalidad de Trujillo, Departamento Colón. -2) en virtud de denegar la oposición se ordena reanudar la ejecución.-3)…”. (Ver folios 73 frente y vuelto del expediente 206-12 del A-Quo).3) Que en fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil catorce (2014), el Abogado MARCO TULIO ARRIOLA interpuso recurso de apelación contra el auto relacionado, y una vez seguido el procedimiento de ley, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014), resolvió admitir el recurso de apelación y conceder el término de diez (10) días hábiles a la parte contraria para que conteste los agravios correspondientes, diligencias realizadas oportunamente por el Abogado JOSE ANTONIO RIVERA DOMINGUEZ, razón por la cual el Tribunal A-Quo mediante resolución de fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil catorce (2014), admitió la contestación de agravios, ordenó la remisión de antecedentes al Tribunal Ad-Quem y emplazó a las partes para que se personaran en un plazo de cinco (5) días. (Ver folios 77-82 del expediente 206-12 del A-Quo).4) Que en fecha once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014), los Abogados MARCO TULIO ARRIOLA SUAZO Y JOSE ANTONIO RIVERA DOMINGUEZ, actuando en su condición arriba relacionadas, comparecieron ante la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, presentando escritos de personamientos de conformidad a lo ordenado en la resolución del Tribunal A-Quo de fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil catorce (2014). (Ver folios 02 y 03 del expediente 72-15 del Ad-Quem).5) Que la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, mediante sentencia de fecha catorce (14) de enero de dos mil quince (2015), falló: “1.- No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Arriola Suazo contra auto de fecha treinta de septiembre del dos mil catorce dictado por el Juzgado de Letras de Trujillo, departamento de Colón, en la presente solicitud de Ejecución. 2.- Confirmar el auto de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce dictado por el Juzgado de Letras de Trujillo en la presente solicitud de Ejecución…”. (Ver folios 6-7 del expediente 72-15 del Tribunal Ad-Quem).6) Que el Abogado MARCO TULIO ARRIOLA SUAZO, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón, en fecha cuatro (4) de febrero de dos mil quince (2015) presentando recurso de amparo, procediendo dicho órgano judicial a remitir a esta Sala dicha acción constitucional de amparo, siendo recibida en fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil quince (2015), en virtud de que la acción de amparo se dirigió contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, en fecha catorce (14) de enero de dos mil quince (2015), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria a lo dispuesto en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República.7) Que en fecha de ocho (8) de septiembre de dos mil quince (2015), se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Ministerio Público, Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, quien en su dictamen fue de la opinión porque “SE SOBRESEAN” las diligencias en el recurso de mérito acorde lo estipulado en el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, con relación al ultimo párrafo del referido artículo, en vista a tratarse en el presente amparo un acto consentido por el amparista; porque de no estar de acuerdo a lo resuelto mediante resolución de fecha catorce (14) de enero de dos mil quince (2015) dictado por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida, se hubiere interpuesto recurso de reposición – que era lo procedente en dicho caso -, por tratarse de un auto que no pone fin al pleito, sino que resuelve el incidente de costas interpuesto (Artículo 721 del Código Procesal Civil).CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida en fecha catorce (14) de enero de dos mil quince (2015), por la Corte Segunda de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, la cual resolvió en su oportunidad: “1.- No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Arriola Suazo contra auto de fecha treinta de septiembre del dos mil catorce dictado por el Juzgado de Letras de Trujillo, departamento de Colón, en la presente solicitud de Ejecución. 2.- Confirmar el auto de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce dictado por el Juzgado de Letras de Trujillo en la presente solicitud de Ejecución…”; lo cual se fundamenta y motiva, entre otras, en que la resolución del Ad-Quem declaró SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la parte Ejecutada con plausibilidad jurídica, respecto a los razonamientos vertidos en su oportunidad por el Juzgado A-Quo, en el sentido que el asunto tratado refiere a sentencias judiciales de condena, en tanto títulos de ejecución, haciendo notar que la parte ejecutada no pudo acreditar la ausencia de ningún requisito legal en la Certificación Judicial de mérito, ni iuspetición alguna del Ejecutante al presentar su respectiva demanda. Fundó la Corte Ad-Quem su resolución en los artículos 65 y 742 del Código Procesal Civil, inter alia. CONSIDERANDO (4): Que en la formalización de su recurso de amparo contra la sentencia proferida en fecha catorce (14) de enero de dos mil quince (2015) por la Corte Segunda de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Atlántida, manifiesta el Abogado MARCO TULIO ARRIOLA SUAZO, que la sentencia en mención violenta el derecho aplicable por vulnerar el derecho a la defensa, al no tener representación la municipalidad del Trujillo, Colón al momento del fallo en fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil siete (2007), lo cual devenía en la obligación judicial de requerir a la persona jurídica demandada para que nombrara el respectivo representante judicial. Asimismo, refirió que a la indefensión señalada se aúnan los extremos declarados en escrito de nulidad, pues donde se origina la violación continúa siendo propiedad privada de las demandantes ZOILA ESPERANZA PORTOCARRERO VIUDA DE CASTILLO y MIREYA EMPERATRIZ CASTILLO DE CASTAÑO, por lo cual resulta inconcebible que su representada haya sido condenada a pago alguno. CONSIDERANDO (5): Que sigue considerando el amparista, en formalización de su recurso, que tal proceder de parte de la Alzada resulta lesivo para los derechos fundamentales de la persona jurídica agraviada, en lo concerniente a guarnecer su derecho de defensa y debido proceso, por todo lo cual solicita de la Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, se otorgue amparo por las infracciones constitucionales denunciadas con el debido mérito en perjuicio de la Corporación Municipal de Trujillo, departamento de Colón. CONSIDERANDO (6): Que vistos los antecedentes de la presente acción de amparo encuentra esta Sala de lo Constitucional que la formalización abunda en consideraciones de instancia o de mera legalidad, como por ejemplo disputar la nulidad de un auto que resuelve ordenar audiencia de oposición para ulterior fecha, la cual fuera después reprogramada y llevada a cabo, según se desprende del auto de fecha treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015), que declara SIN LUGAR dicha Oposición; desprendiéndose más bien de la foliada, que la confirmatoria del auto fue impugnado mediante un recurso extraordinario que cabe legalmente contra las sentencias definitivas, como es el recurso de Casación, mas no el recurso devolutivo de reposición, como corresponde a ese tipo de resoluciones que no ponen fin al juicio, obviando con ello el interesado franquear el recurso ordinario que la ley le franqueaba. CONSIDERANDO (7): Que por lo tanto, escuchado el parecer del Fiscal de la Constitución, resulta acorde a derecho la causal de inadmisibilidad por él esgrimida, consistente en no haberse impugnado la sentencia emitida por la Corte Ad Quem en fecha catorce (14) de enero de dos mil quince (2015) en el tiempo y forma prescrita por la ley procesal; por lo cual resulta claro que la misma adquirió carácter de firme, no cabiendo contra la misma recurso alguno. Además de encontrarnos a la vista de un recurso caracterizado por alegaciones de instancia o de mera legalidad, las cuales procuran impugnar una sentencia ya firme y, con ello, su ejecutoriedad constitucional y legalmente establecida. Lo anterior al tenor de lo prescrito en el artículo 46 numerales 1) y 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contentivo de las referidas causales de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento de la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (8): Que abundando en consideraciones conclusivas, resulta finalmente que el alegato de indefensión y consiguiente infracción al debido proceso formulado por el garantista, no tiene sustento en situaciones comprobadas de vulneración a la tutela judicial efectiva, pues nada le impedía al recurrente la posibilidad real y efectiva de efectuar su defensa contra la resolución mencionada mediante la presentación en el tiempo y forma de la impugnación que dispone la ley. Asimismo, cabe recordar aquí, consistente jurisprudencia constitucional en el sentido que la violación al debido proceso no deviene necesariamente de resolverse en denegatoria las peticiones formuladas por las partes concernidas al proceso, sino que únicamente respecto a aquellas que entrañen un carácter de gravedad o irrevocabilidad y que impliquen un impedimento radical y arbitrario al ejercicio del derecho de acción y de defensa como derechos fundamentales, lo cual señaladamente, no es el caso. - De todo lo cual se colige claramente la improcedencia de la garantía constitucional impetrada y su consiguiente desestimatoria, lo cual así deberá ser declarado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 60, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numerales 1) y 3), y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEYENDO la presente Garantía Constitucional de Amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firma y Sello Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDAIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.-

Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017) Certificación del fallo de fecha cuatro (04) de abril de dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil registrado en este Tribunal bajo el Numero 0193=2015

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL