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Sentencia AC-180-17 — Registro 10304

Resumen

Sentencia en consulta otorgó acción de amparo a favor de recurrente contra auto resolutivo dictado por juzgado de primera instancia que declaró con lugar incidente de nulidad de actuaciones a partir del auto de admisión en demanda ordinaria para que se condene al reembolso o devolución de valores pagados por maquinaria y equipo vendido promovida por recurrente contra Comercial Laeisz Honduras S A; Volvo Construction Equipment Latin America y De equipos S A de C V; La Autoridad recurrida concluyó que la A-Quo dictó auto incidental mediante el cual volvió a conceder emplazamiento en legal y debida forma a una de las empresas co-demandadas, situación antes resuelta por lo que existe vulneración de derechos fundamentales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala haciendo una estudio de los antecedentes encuentra que el veintisiete de junio de dos mil catorce, el abogado Chávez García actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil De equipos presentó un recurso de nulidad parcial de actuaciones en vista de haberse ordenado por parte de la A-Quo el emplazamiento de su representante en una doble condición, siendo la adicional la representación legal de la empresa Volvo (ya antes referida), situación que fue resuelta mediante auto incidental en fecha dos de febrero de dos mil quince, ordenando la juzgadora de primera instancia en esa ocasión que: se declara Sin Lugar el incidente de nulidad, pero que respetando el derecho de defensa y para no producir indefensión a algunas de las partes en dicho proceso, se emplazará en legal y debida forma al señor Mario Fernando Granizo Granja en su condición de representante legal de la sociedad De equipos y también de Volvo, haciéndoles todas las advertencias de su falta de comparecencia..."..."el acto judicial in examine tiene su origen en el incidente de nulidad interpuesto en fecha nueve de abril de dos mil quince por el abogado Ulises Mejía León-Gómez, solicitando en su petición que se anule parcialmente la resolución de 20 de mayo de dos mil catorce, volviéndose a conceder un emplazamiento en legal y debida forma, situación que ya había sido resuelva por la juzgadora en el incidente antes mencionando, por lo que se observa que existe una vulneración a los derechos invocados por el quejoso..."..."la Sala es del criterio porque se Confirme la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de esta Sección Judicial, de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciséis, que Otorga la Acción de Amparo interpuesta por el señor Jorge Roberto Facusse Salomón, en su condición de gerente propietario de Inversiones Comerciales (INCOME), contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, de fecha quince de octubre del año dos mil quince..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso el cual implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO (7): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte.- CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional toma suyos los postulados dados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer que el derecho a ser oído “exige que toda persona pueda tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones”[1]; a la luz de lo anterior de observa que los principios establecidos en el Código Procesal Civil, los cuales indican que en ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso, además de esto, la normativa procesal en materia civil siguiendo los parámetros constitucionales, se establece que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle en condiciones de igualdad, con los trámites previstos legalmente, que en este caso es el derecho de petición y de defensa, ya que el Tribunal de primera instancia actúa en nombre del Estado de Honduras, el cual tiene la obligación de tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto[2].."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de agosto del dos mil diecisiete. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, que otorga el recurso presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de octubre del dos mil quince, en relación a la demanda ordinaria promovida por el señor Jorge Roberto Facusse Salomón, en su condición de gerente propietario de Inversiones Comerciales (INCOME), contra las Sociedades mercantiles denominadas como Comercial Laeisz Honduras, S.A. De C.V.; Volvo Construction Equipment Latin America Y Dequipos S.A. de C.V.. Estimando el recurrente que se le violentaron los derechos contenidos en los artículos 60, 82, 90, 95, 321 y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez de abril de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el abogado Ramiro Alejandro Ramírez A., promoviendo Demanda Ordinaria Para Que Se Condene Al Reembolso O Devolución De Valores Pagados Por Maquinaria Y Equipo Vendido a favor del señor Jorge Roberto Facusse Salomón, en su condición de gerente propietario de Inversiones Comerciales (INCOME), siendo esta admitida en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014). (Folios No. 1–263 de los antecedentes de Primera Instancia).-2) Que en fecha quince (15) de octubre del año dos mil quince (2015) el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dicto auto resolutivo en el Incidente de Nulidad que en su parte Dispositiva dice: “PRIMERO: CON LUGAR el incidente de Nulidad…; SEGUNDO: En consecuencia respetando el derecho a la defensa y para no producir indefensión a alguna de las partes en este proceso, ANULESE a partir del auto de admisión de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce…”. (Folio No. 148 al 152 de la segunda pieza del Incidente de Nulidad).- 3) Que en fecha tres (03) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el abogado Ramiro Alejandro Ramírez A., en su condición de representante procesal del señor Jorge Roberto Facusse Salomón, en su condición de gerente propietario de Inversiones Comerciales (INCOME), promoviendo Demanda de Amparo contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha quince (15) de octubre del año dos mil quince (2015). (Folios No. 01 al 05 de la pieza de Amparo). 4) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, mediante la cual falló OTORGANDO el recurso de amparo de mérito, interpuesto por el abogado Ramiro Alejandro Ramírez A., en su condición de representante procesal del señor Jorge Roberto Facusse Salomón, en su condición de gerente propietario de Inversiones Comerciales (INCOME), y ordenó remitir en consulta las diligencias ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (Folio No. 23 al 26 de la pieza de la Corte de Apelaciones).- 5) Que en fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado Ramiro Alejandro Ramírez A., en su condición de representante procesal del señor Jorge Roberto Facusse Salomón, en su condición de gerente propietario de Inversiones Comerciales (INCOME), en virtud de la petición de estudio solicitada en base al artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que manda la Constitución de la República que la Acción de Amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al Recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciséis, que otorga la Garantía de Amparo interpuesta por el abogado Ramiro Alejandro Ramírez A. a favor del señor Jorge Roberto Facusse Salomón, con relación a la demanda declarativa ordinaria para que se condene al reembolso de valores pagados por una maquinaria, por adolecer de vicios o defectos ocultos, más el pago de daños y perjuicios, promovida por el mismo abogado actor del presente acto, en su condición de representante procesal de INCOME, contra las Sociedades mercantiles denominadas como Comercial Laeisz Honduras, S.A. De C.V.; Volvo Construction Equipment Latin America Y De quipos S.A. de C.V. CONSIDERANDO (3): Que el reclamante sustentó su recurso de Amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones; manifestando que en el incidente de nulidad, la A-Quo no dirigió adecuadamente la misma, realizando una violación al debido proceso, derecho de defensa, al principio de igualdad y realizando un doble juzgamiento sobre un aspecto ya juzgado por la misma A-Quo, todo esto en vista de su fallo que resuelve declarar la nulidad de parte de las actuaciones, volviendo a otorgar el plazo para contestar la demanda a uno de los demandantes.-CONSIDERANDO (4): Que la Corte de Apelaciones manifestó en su sentencia que resolvió el presente recurso de amparo, una escueta argumentación, haciendo referencia a que ya la A-Quo no se pronuncio de la sentencia anterior de fecha dos (2) de febrero de dos mil quince, con respecto al incidente de nulidad promovido por el abogado Omar Antonio Chávez Díaz, como representante procesal de la empresa De equipos, S.A. de C.V., declarando ese incidente sin lugar por lo que tiene carácter de firme para los efectos que se tiene por emplazada en legal y debida forma a la parte demandada.- CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso el cual implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO (7): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte.- CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional toma suyos los postulados dados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer que el derecho a ser oído “exige que toda persona pueda tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones”[1]; a la luz de lo anterior de observa que los principios establecidos en el Código Procesal Civil, los cuales indican que en ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso, además de esto, la normativa procesal en materia civil siguiendo los parámetros constitucionales, se establece que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle en condiciones de igualdad, con los trámites previstos legalmente, que en este caso es el derecho de petición y de defensa, ya que el Tribunal de primera instancia actúa en nombre del Estado de Honduras, el cual tiene la obligación de tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto[2].- CONSIDERANDO (9): Que esta Sala haciendo una estudio de los antecedentes encuentra que el veintisiete de junio de dos mil catorce, el abogado Chávez García actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil De equipos presentó un recurso de nulidad parcial de actuaciones en vista de haberse ordenado por parte de la A-Quo el emplazamiento de su representante en una doble condición, siendo la adicional la representación legal de la empresa Volvo (ya antes referida), situación que fue resuelta mediante auto incidental en fecha dos de febrero de dos mil quince, ordenando la juzgadora de primera instancia en esa ocasión que: se declara Sin Lugar el incidente de nulidad, pero que respetando el derecho de defensa y para no producir indefensión a algunas de las partes en dicho proceso, se emplazará en legal y debida forma al señor Mario Fernando Granizo Granja en su condición de representante legal de la sociedad De equipos y también de Volvo, haciéndoles todas las advertencias de su falta de comparecencia.- CONSIDERANDO (10): Que el acto judicial in examine tiene su origen en el incidente de nulidad interpuesto en fecha nueve de abril de dos mil quince por el abogado Ulises Mejía León-Gómez, solicitando en su petición que se anule parcialmente la resolución de 20 de mayo de dos mil catorce, volviéndose a conceder un emplazamiento en legal y debida forma, situación que ya había sido resuelva por la juzgadora en el incidente antes mencionando, por lo que se observa que existe una vulneración a los derechos invocados por el quejoso.- CONSIDERANDO (11): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se Confirme la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de esta Sección Judicial, de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciséis, que Otorga la Acción de Amparo interpuesta por el señor Jorge Roberto Facusse Salomón, en su condición de gerente propietario de Inversiones Comerciales (INCOME), contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, de fecha quince de octubre del año dos mil quince.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 1, 59, 63, 64, 80, 90, 303, 304, 313, 316 y 321 de la Constitución de la República; artículos 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 46 numerales 4) y 9); 48, 67, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y; artículos 1, 3, 6, 7 y 12 del Código Procesal Civil. FALLA: CONFIRMAR la Sentencia venida en consulta obligada.- Y MANDA: Que con certificación del presente Fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVÁREZ SAGASTUME.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número 0180-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Furlan y Familiares vs. Argentina. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párr.. 228.

[2] Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 29.