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Sentencia AC-177-16 — Registro 8681

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirma resolución dictada por juzgado de primera instancia que basado en actuaciones anteriores ordenó proceder a la restitución del inmueble en disputa a la parte demandada y ordena el lanzamiento correspondiente con relación a solicitud de ejecución provisional de sentencia promovida por recurrente contra demandada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta sala aprecia que el Derecho de Defensa en el caso que nos ocupa NO se quebranta, pues las partes se han encontrado en igualdad de condiciones procesales, y han tenido las mismas oportunidades, obligaciones y cargas procesales así como de poder hacer uso de la acción recursiva cuando han considerado quebrantados sus derechos, todo ello de acuerdo a la posición procesal que ocupan..."..."En consecuencia en ningún momento al recurrente se le ha restringido de ninguna manera el ejercicio de sus derechos y menos el de defensa. Por todo ello no se ha vulnerado la tutela judicial efectiva de las partes en el proceso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada JOCELYNE PAOLA AGUILAR OLIVA, a favor de ALMACENES DE DEPOSITO S.A, contra la Sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil quince (2015), que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho (8) de mayo del año dos mil quince (2015), con relación a la solicitud de ”Ejecución Provisional de Sentencia” promovido por la Sociedad Mercantil ALMACENES DE DEPOSITO S.A contra VILMA MERCEDES CALIX AVILA..- Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado lo establecido en los artículos 1, 80, 82 90 y 103 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil catorce (2014), compareció ante Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, actuando en su condición de Representante de ALMACENES DE DEPOSITO S.A (ALDESA), promoviendo Solicitud de Ejecución Provisional de Sentencia Definitiva de condena para la restitución de un inmueble, en contra de la señora VILMA MERCEDES CALIX AVILA.- (Folios uno (01) al cinco (05) de la primera pieza de Juzgado). 2) Que en fecha ocho (8) de mayo del año dos mil quince (2015) el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, dicto Sentencia mediante la cual “RESOLVIO: PRIMERO: Admítase el escrito que antecede junto con los documentos que acompaña.- SEGUNDO: Como se solicita téngase por personado al Abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR, en su condición de representante procesal de INVERSIONES DAMER S.A. con las facultades que le son otorgadas, con la dirección y medios técnicos señalados para recibir actos de comunicación.-TERCERO: En vista que el expediente 0801-2013-06663-CPTS, el cual es el juicio principal de donde se deriva la presente ejecución, se pronuncio la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DAMER S.A contra la Sentencia definitiva de fecha cinco de febrero del año dos mil catorce y decretando la nulidad de actuaciones desde el auto de admisión de fecha tres de octubre del dos mil trece; asimismo en el expediente principal en fecha treinta de abril del dos mil quince el Abogado CARONTE ROJAS ZAVALA en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil ALMACENES DE DEPOSITO S.A DE C.V. Solicito el desistimiento del juicio el cual fue resuelto con lugar por este Juzgado, En consecuencia y de acuerdo a los hechos anteriormente narrados, que de manera inmediata se proceda a la restitución del inmueble en disputa a INVERSIONES DAMER S.A. y que se proceda a la práctica del lanzamiento por medio del funcionario judicial correspondiente, quien deberá prestar juramento o promesa de actuar con la mayor objetividad posible…” (Folios 32 de la pieza del Juzgado). 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil quince (2015), dicto sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación del que se ha hecho mérito; SEGUNDO: CONFIRMA, el AUTO recurrido de fecha ocho (8) de mayo del año dos mil quince (2015) dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la “ “SOLICITUD DE EJECUCIÓN PROVISIONAL DE SENTENCIA” promovida por el Abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, en su condición de representante de ALMACENES DE DEPOSITO S.A (ALDESA).- Contra la señora VILMA MERCEDES CALIX AVILA, en su condición de presidente de Consejo de Administración y representante legal de la SOCIEDAD MERCANTIL, INVERSIONES DAMER S.A.- TERCERO : CON COSTAS…” (Folios 11 al 15 de la pieza de Corte de Apelaciones). 4) Que la recurrente Abogada JOCELYNE PAOLA AGUILAR OLIVA, compareció ante este Tribunal, en fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL ALMACENES DE DEPOSITO S.A, contra la sentencia dictada por la Corte segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil quince (2015), que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 80, 82 90 y 103 de la Constitución de la República. 5) Que el termino de cuarenta y ocho (48) horas concedidos a la Abogada JOCELYNE PAOLA AGUILAR OLIVA, para que formalizara su acción de amparo venció sin que la recurrente hiciera uso del mismo, en consecuencia se declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar, asimismo conforme se desprende del escrito de interposición se aprecia que la recurrente desarrollo de manera puntual el concepto de la violación por lo cual es procedente continuar con el procedimiento, dando vista de los antecedentes por el termino de cuarenta y ocho horas al Fiscal del Despacho para que emita su dictamen en el presente asunto. (Folio 61 de la pieza de amparo) 6) Que en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE DENIEGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 1, 80, 82 90 y 103 de la Constitución de la República. (Pagina 64 a la 69 de la pieza de amparo) CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce la acción de Amparo Civil interpuesta por la Abogada JOCELYNE PAOLA AGUILAR OLIVA, a favor de la sociedad mercantil ALMACENES DE DEPÓSITO, S.A., admitida por la Sala de lo Constitucional, únicamente en cuanto a la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecisiete de noviembre del dos mil quince, que confirma el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha ocho de mayo de dos mil quince (EXP 0801 – 2014 -002445 CPEJ). CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente expone que su representada la sociedad Almacenes de Depósito, S.A., presentó ante el Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial: 1) Un incidente de Derecho Legal de Retención en fecha 11 de mayo del 2015 en la pieza principal del Interdicto Posesorio. Exp. No. 0801-2013-06663. 2) En la pieza separada de Ejecución Provisional del Exp.No.0801-2014-002445 CPEJ. Con el objeto de garantizar sus mejoras necesarias y útiles en un inmueble en disputa que asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (l.4,321,102.11).Sigue manifestando que el auto de fecha veinticinco de mayo del año dos mil quince, contenido en la pieza principal del expediente 0801-2013-06663, CPCO= en su parte dispositiva inadmite a trámite el incidente de Derecho Legal de Retención, auto que fue confirmado por la Corte Segunda de Apelaciones. Igualmente, en el Exp.No.0801-2014-002445 CPEJ. Inadmite a trámite el incidente de Derecho Legal de Retención, igualmente fue confirmado por la misma Corte Segunda de Apelaciones. Señala que la parte contraria solicita y se ordena por el Juzgado en dichos autos la restitución del bien objeto del juicio principal y entregado por ejecución provisional a ALMACENES DE DEPÓSITOS, S.A., restitución que no procedía hasta que no se evacuar a el incidente de previo y especial pronunciamiento incoado para ejercer el derecho legal de retención, mismo que sin más se dejó sin juzgar. La impetrante considera que se ha vulnerado el Debido Proceso por violación al principio de tutela judicial efectiva señalando la normativa procesal civil que considera atinente al caso concreto. Manifestando que dichas normas procesales no fueron observadas por el A quo, quien dejó sin juzgar el incidente, causando indefensión absoluta a su representada quien será desalojada del inmueble sin poder ejercer su derecho legal de retención, ni asegura el pago de las mejoras necesarias invertidas en el inmueble, por un tecnicismo jurídico y falta de tramitación del incidente en una flagrante violación al debido proceso consignado en el artículo 90 Constitucional. La recurrente considera violados y amenazados la Tutela Judicial Efectiva, el Debido Proceso y Derecho a la Defensa. CONSIDERANDO: (5) Que de acuerdo a la resolución dictada por el Ad quem la sociedad mercantil ALMACENES DE DEPOSITO ALDESA, está representada por el abogado CARONTE ROJAS ZAVALA (DEMANDANTE - APELANTE). La sociedad mercantil INVERSIONES DAMER S.A., está representada por el abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR (DEMANDADA - APELADO). En los fundamentos de Derecho expresa la Corte de Apelaciones impugnada en su numeral tercero: que el auto recurrido de fecha ocho (8) de mayo del año dos mil quince (2015) recaído en la presente solicitud de “Ejecución Provisional de una Sentencia” fue motivado literalmente bajo los siguientes argumentos: “Tercero: En vista que en el expediente 0801-2013-06663-CPTS, el cual es juicio principal de donde deriva la presente ejecución, se pronunció la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR su condición de representante procesal de la sociedad mercantil INVERSIONES DAMER, S. A., contra la sentencia definitiva de fecha cinco de febrero del año dos mil catorce y decretando nulidad de actuaciones desde el auto de admisión de fecha tres de octubre del dos mil trece, así mismo en el expediente principal en fecha treinta de abril del dos mil quince el abogado CARONTE ROJAS ZAVALA en su condición de representante de la sociedad mercantil ALMACENES DE DEPOSITOS S.A., solicitó el desistimiento del juicio el cual fue declarado con lugar. Señala en el numeral Cuarto que a verificado a plenitud y sin lugar a dudas cada uno de los argumentos tenidos en cuenta por el A- Quo para dictar la resolución recurrida en el presente proceso, ya que efectivamente como Tribunal de alzada conocieron del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado FRANCISCO TICAS AGUILAR, en su condición de representante de INVERSIONES DAMER S.A., contra la sentencia definitiva de fecha cinco de febrero del año dos mil catorce dictada por el Juzgado de primera instancia en el denominado” Juicio Principal” que corre bajo el número 0801-2013-06663-CPTS, y así mismo hemos comprobado que el abogado CARONTE ROJAS ZAVALA en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil ALMACENES DE DEPOSITO, S.A. DE C.V., desistió voluntariamente de este mismo “Juicio Principal”, el cual fue resuelto con lugar en primera instancia, produciendo consecuentemente los efectos legales y jurisdiccionales que ello genera. Señala que la resolución impugnada no infringe ni violenta el debido proceso, el derecho a la tutela judicial efectiva el derecho a la defensa ni los principios de aportación de parte que menciona el recurrente Abogado Rojas Zavala. En consecuencia declaró sin lugar el Recurso de apelación de que se hizo mérito. CONSIDERANDO: (6) Que consta en autos que la Sala de lo Constitucional en su resolución de fecha veinticinco de mayo del año dos mil dieciséis en el párrafo que corresponde a la resolución dice: RESUELVE 1) Admitir el presente recurso de amparo, únicamente en cuanto a la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecisiete de noviembre del dos mil quince, que confirma el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha ocho de mayo de dos mil quince (EXP 0801 – 2014 -002445 CPEJ). En consecuencia esta Sala se pronuncia solamente en cuanto al contenido de la resolución admitida en amparo. CONSIDERANDO: (7) Que del estudio de la foliada se aprecia que en la DEMANDA POR LA VÍA DEL PROCESO ABREVIADO DE TUTELA SUMARIA PARA RECOBRAR LA POSESIÓN (INTERDICTO DE RECOBRAR) POR DESPOJO VIOLENTO SUBSIDIARIAMENTE POR ESTRICTO DESPOJO, se dictó sentencia definitiva favorable al DEMANDANTE, y apelada por el DEMANDADO, el Tribunal de alzada declaró con lugar la apelación y declaró nulidad de actuaciones a partir e inclusive desde el auto de fecha tres (03) de octubre del año dos mil trece (2013) del que se anula el numeral segundo, dejando subsistentes los demás. En fecha ocho de mayo del año dos mil quince el A quo, dicta auto resolviendo el escrito presentado en Fecha cinco (05) de mayo del año dos mil quince (2015), por el representante de la parte Demandada INVERSIONES DAMER, S. A., quien se personó ante el A quo, solicitando se le diera cumplimiento a la resolución antes señalada dictada por la Corte de Apelaciones. El A quo acorde a la resolución dictada por la Referida Corte de Apelaciones señala la nulidad de actuaciones declarada. Además el A quo deja establecido que en el expediente principal en fecha 30 de abril del 2015 el representante procesal de la Sociedad Mercantil ALMACENES DE DEPOSITO, S., A, DE C.V., solicitó desistimiento del juicio que fue resuelto con lugar por ese Juzgado. En consecuencia y de acuerdo a los hechos narrados ordenó que de inmediato se restituyera el inmueble en disputa a INVERSIONES DAMER, S.A., CONSIDERANDO: (8) Que la nulidad absoluta tiene un vicio estructural que priva a los actos procesales lograr sus efectos normales, “se produce siempre que un acto procesal adolezca de una circunstancia esencial fijada en las leyes procesales como necesaria para que el acto produzca sus efectos normales[1]”. Además la nulidad absoluta es insubsanable, y procede de oficio o a pedido de parte, y, doctrinariamente, en cualquier estado del proceso, mientras que éste no haya terminado, no puede ser convalidada, pero requiere que sea declarada su invalidez, como ocurre en el caso de autos, por todo ello siendo que los autos fueron anulados estos no tienen ninguna eficacia, tal como si nunca hubieran sido dictados. CONSIDERANDO: (9) Que “El desistimiento se define como un acto procesal del demandante, en virtud del cual abandona o hace dejación del proceso comenzado a su instancia, provocando su terminación sin pronunciamiento sobre la pretensión procesal que, al quedar imprejuzgada, puede ser interpuesta como objeto en un proceso posterior[2]. El desistimiento no debe confundirse con la renuncia. La renuncia tiene por objeto el derecho a la tutela jurisdiccional concreta, por lo que se dicta una sentencia de fondo absolutoria que, al producir los efectos de cosa juzgada, impide el ejercicio de la misma pretensión en un proceso posterior. Mediante el desistimiento se renuncia o hace dejación del concreto proceso promovido por el actor, lo que provoca su extinción sin emitirse pronunciamiento sobre el objeto de la pretensión y, por ello, no impide que el mismo objeto pueda ser propuesto en un proceso posterior”[3]. (Las negritas son nuestras). En el caso sub judice el representante procesal de la parte Demandante ALMACENES DE DEPÓSITO, S.A. DE C.V., presentó Desistimiento de la Demanda Principal, en fecha treinta (30) de abril del año dos mil quince (2015), mismo que le fue admitido por el A quo; lo que no le impide a la recurrente que en un proceso posterior pueda instar las acciones que correspondan. CONSIDERANDO:(10) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existirá una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas el Ad quem ha observado las exigencias previamente establecidas en la ley, sujetándose al principio de legalidad inherente al debido proceso. CONSIDERANDO: (11) Que el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, es un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala aprecia que el Derecho de Defensa en el caso que nos ocupa NO se quebranta, pues las partes se han encontrado en igualdad de condiciones procesales, y han tenido las mismas oportunidades, obligaciones y cargas procesales así como de poder hacer uso de la acción recursiva cuando han considerado quebrantados sus derechos, todo ello de acuerdo a la posición procesal que ocupan. En consecuencia en ningún momento al recurrente se le ha restringido de ninguna manera el ejercicio de sus derechos y menos el de defensa. Por todo ello no se ha vulnerado la tutela judicial efectiva de las partes en el proceso.

CONSIDERANDO: (12) Que el Ministerio Público en fecha veinticuatro de octubre emitió su opinión, considerando que no existe vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por lo que fue del parecer por que SE DENIEGUE la acción de amparo

CONSIDRANDO: (13) Que esta Sala como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 60, 61, 90, 177, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5, 249, 256, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, Y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por la Abogada JOCELYNE PAOLA AGUILAR OLIVA a FAVOR DE ALMACENES DE DEPOSITO S.A., contra la sentencia de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil quince, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes febrero del año dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0177-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Serra Domínguez, Manuel: Nulidad procesal, en Revista peruana de derecho de procesal, Nro. II, Lima, 1998, p. 563.

[2] ORTELLS RAMOS, M.: “Derecho Procesal Civil”. Ed. Aranzadi. 2000. Pgs. 484-485.

[3] Código Procesal Civil Comentado. Sección III desistimiento. Art. 384.