Sentencia AC-147-16 — Registro 8680
Resumen
En relación a la demanda de proceso declarativo ordinario por oposición a la solicitud de posesión efectiva de herencia testamentaria por nulidad absoluta de instrumento público y su inscripción registral de testamento abierto
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."O: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.-CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.-"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, NUMERAL 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil diecisiete.- VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ELSA REYES QUIÑONEZ a favor de la señora TRÁNSITO ERAZO PINEDA, en su condición personal y en representación de sus menores hijas DINORA, BLANCA ISABEL y ADELINA todas de apellidos MERCADO ERAZO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDR SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, el once de septiembre de dos mil quince; en relación a la demanda de proceso declarativo ordinario por oposición a la solicitud de posesión efectiva de herencia testamentaria por nulidad absoluta de instrumento público y su inscripción registral del testamento abierto otorgado por el causante JOSE HERMÓGENES MERCADO MEJÍA, promovida por el Abogado OMAR ANTONIO CHAVEZ GARCÍA, en su condición de apoderado legal de las señoras DINNA PASTORA MEJÍA MERCADO, ROSA DELIA MERCADO MEJÍA y JOSÉ HERMÓGENES MERCADO MEJIA contra las señoras MARÍA MÉLIDA MERCADO ERAZO Y TRÁNSITO ERAZO PINEDA, quien actúa en su condición personal y en representación de sus menores hijas DINORA, BLANCA ISABEL y ADELINA todas de apellidos MERCADO ERAZO.- CONSIDERANDO: Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que ésta viola los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90, 119 y 127, pues el hecho de no haber consignado la hora en el testamento no lo anula, porque lo que hace válido el testamento es la voluntad del causante, ocasionado con ellos daños y perjuicios a los menores a favor de quien fue otorgado el testamento y de la madre de los menores.-CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-quem, declaró con lugar el recurso de apelación de que se ha hecho mérito, revocó la sentencia definitiva apelada, estimó la demanda de proceso declarativo ordinario por oposición a la solicitud de posesión efectiva de herencia testamentaria y decretó la nulidad absoluta del Instrumento Público Número quinientos cuarenta y ocho (548) y su inscripción registral, contentivo del testamento abierto otorgado por el causante José Hermógenes Mercado Mejía, inscrito bajo el número 77 del Tomo 328 del Libro de registro de Sentencias, del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de San Pedro Sula, dependencia del Instituto de la Propiedad, al considerar que se apreció de la valoración y análisis del referido testamento, que no se consignó la hora en que fue otorgado, siendo esta una de las formalidades exigidas por el artículo 16 del Código del Notariado, el cual determina que los instrumentos públicos deberán contener el número de orden que les corresponde escrito en letras y números; así como el lugar, día, mes y año del otorgamiento y en su caso, la hora, cuando así se exija, estableciendo asimismo el artículo 18 del mismo cuerpo legal, que será nulo el instrumento en que no se designe el lugar, fecha y hora en actas notariales y testamentos en que fueron otorgados, convirtiéndose dicho requisito en un precepto imperativo cuyo cumplimiento acarrea nulidad del mismo.-CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.-CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ELSA REYES QUIÑONEZ a favor de la señora TRÁNSITO ERAZO PINEDA, en su condición personal y en representación de sus menores hijas DINORA, BLANCA ISABEL y ADELINA todas de apellidos MERCADO ERAZO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Resolución de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0147-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil diecisiete.- VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ELSA REYES QUIÑONEZ a favor de la señora TRÁNSITO ERAZO PINEDA, en su condición personal y en representación de sus menores hijas DINORA, BLANCA ISABEL y ADELINA todas de apellidos MERCADO ERAZO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDR SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, el once de septiembre de dos mil quince; en relación a la demanda de proceso declarativo ordinario por oposición a la solicitud de posesión efectiva de herencia testamentaria por nulidad absoluta de instrumento público y su inscripción registral del testamento abierto otorgado por el causante JOSE HERMÓGENES MERCADO MEJÍA, promovida por el Abogado OMAR ANTONIO CHAVEZ GARCÍA, en su condición de apoderado legal de las señoras DINNA PASTORA MEJÍA MERCADO, ROSA DELIA MERCADO MEJÍA y JOSÉ HERMÓGENES MERCADO MEJIA contra las señoras MARÍA MÉLIDA MERCADO ERAZO Y TRÁNSITO ERAZO PINEDA, quien actúa en su condición personal y en representación de sus menores hijas DINORA, BLANCA ISABEL y ADELINA todas de apellidos MERCADO ERAZO.- CONSIDERANDO: Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que ésta viola los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90, 119 y 127, pues el hecho de no haber consignado la hora en el testamento no lo anula, porque lo que hace válido el testamento es la voluntad del causante, ocasionado con ellos daños y perjuicios a los menores a favor de quien fue otorgado el testamento y de la madre de los menores.-CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-quem, declaró con lugar el recurso de apelación de que se ha hecho mérito, revocó la sentencia definitiva apelada, estimó la demanda de proceso declarativo ordinario por oposición a la solicitud de posesión efectiva de herencia testamentaria y decretó la nulidad absoluta del Instrumento Público Número quinientos cuarenta y ocho (548) y su inscripción registral, contentivo del testamento abierto otorgado por el causante José Hermógenes Mercado Mejía, inscrito bajo el número 77 del Tomo 328 del Libro de registro de Sentencias, del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de San Pedro Sula, dependencia del Instituto de la Propiedad, al considerar que se apreció de la valoración y análisis del referido testamento, que no se consignó la hora en que fue otorgado, siendo esta una de las formalidades exigidas por el artículo 16 del Código del Notariado, el cual determina que los instrumentos públicos deberán contener el número de orden que les corresponde escrito en letras y números; así como el lugar, día, mes y año del otorgamiento y en su caso, la hora, cuando así se exija, estableciendo asimismo el artículo 18 del mismo cuerpo legal, que será nulo el instrumento en que no se designe el lugar, fecha y hora en actas notariales y testamentos en que fueron otorgados, convirtiéndose dicho requisito en un precepto imperativo cuyo cumplimiento acarrea nulidad del mismo.-CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.-CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ELSA REYES QUIÑONEZ a favor de la señora TRÁNSITO ERAZO PINEDA, en su condición personal y en representación de sus menores hijas DINORA, BLANCA ISABEL y ADELINA todas de apellidos MERCADO ERAZO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Resolución de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0147-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL