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Sentencia AC-1360-14 — Registro 12095

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra de la resolución que resuelve la preclusión y pérdida irrevocable del término concedido por la ley para la interposición del recurso de casación en contra de la sentencia de segunda instancia. La presente garantía constitucional de amparo se relaciona con la demanda ordinaria para que se declare el reconocimiento de una obligación consistente en la suscripción de un instrumento público; y además la condena para el pago de daños y perjuicios ocasionados por negligencia. Estima el garantista que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 61, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por el amparista. La Sala de lo Constitucional, luego de analizar las presentes diligencias, mira la necesidad de aclarar que existe una diferencia marcada entre alegar: a) inexistencia de la notificación y; b) notificación defectuosa. Vale señalar que el alegato de la inexistencia de la notificación, es un hecho que debe ser probado, porque el acto de notificación registrado en el expediente por el secretario es un acto iuris tantum, tomando en cuenta que el secretario es un funcionario que ostenta fe pública; por lo qué, quien alega algo en contra de lo manifestado por dicho funcionario judicial, tiene la carga procesal (onus probandi) de desacreditarlo y demostrar su falsedad. En el supuesto del alegato de la notificación defectuosa es distinto, porque existe un reconocimiento de que hubo notificación, pero que en su ejecución se cometieron vicios que provocan la indefensión de la parte que fue notificada. En el caso bajo examen, puede constatarse que el petente al formalizar la garantía constitucional de amparo impugna la veracidad de que el secretario haya notificado realmente la sentencia del dos de junio de dos mil catorce, en la fecha y hora que se consignó en la constancia de fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, al abogado José Antonio Barahona Zelaya. De manera que resulta evidente de que el alegato del amparista no se encausa por la vía de la notificación defectuosa, sino en la inexistencia del acto de notificación. La Sala observa que la posición del petente se fundamenta en que el secretario consignó que dicho acto se realizó el veinticinco de julio a las diez con quince minutos de la mañana, pero que esto no ocurrió en realidad porque en esa fecha y hora, él presentó un escrito solicitando que se le extendiera copia íntegra del expediente en sus piezas de primera y segunda instancia, agregando que: “NO EXISTIÓ EN TAL MOMENTO NINGUNA OTRA ACTUACIÓN NI DILIGENCIA JUDICIAL.”[4] Asimismo que el petente expresa también que no pudo haberse dado la notificación en ese instante en que presentó el aludido escrito, porque es: “una situación materialmente imposible que un secretario con el sinnúmero de expedientes que tiene la Corte de Apelaciones… en su conocimiento haya tenido a la mano el expediente y que global y simultáneamente esté recibiéndome el escrito y notificándome de una resolución” [5] En el numeral sexto de la formalización de la garantía constitucional de amparo, el petente manifiesta, que pasado un tiempo después de la fecha que presentó el escrito solicitando fotocopia de los expedientes, o sea el veinticinco de julio de dos mil catorce, el secretario del despacho le expresó al abogado José Antonio Andino que cuando regresara el petente o sea el abogado José Antonio Barahona Zelaya a la corte de apelaciones, le: “…iba a notificar personalmente del fallo de la corte y que [le] iba a entregar las fotocopias antes aludidas.”[6] Con todos estos elementos, para este alto tribunal de justicia, queda claro que la intención del petente es dejar establecido que no hubo acto de notificación el día veinticinco de julio de dos mil catorce a las diez con quince minutos de la mañana de la sentencia de fecha dos de junio de ese mismo año, tal como lo dejó registrado el secretario del despacho. En el numeral octavo de la formalización, el petente agrega otros elementos. En esta parte concretamente se refiere a la constancia que aparece en el folio diecinueve de la segunda pieza, que contiene el registro de la notificación que dio paso a la posterior preclusión de su derecho a interponer casación. En contra de esta constancia hace varios señalamientos; sin embargo estos no se encaminan a la alegación del supuesto de notificación defectuosa, sino que con ellos pretende abonar al hecho de que no existió el acto de notificación consignado en ella. De otra forma habría sido contradictoria la motivación de la formalización de la garantía; puesto que no es posible que una misma notificación sea inexistente y defectuosa a la vez, debido a que ambos supuestos son excluyentes entre sí. Pues bien, en el asunto de marras, el petente reclama que la constancia antes mencionada contiene varios vicios, a la sazón: a) indica que incurre en violación a lo dispuesto por el artículo 138.1 del Código Procesal Civil, en virtud de que en dicha constancia no existe firma del notificado; b) indica además que el secretario se equivocó al señalar que el abogado José Antonio Barahona Zelaya es apoderado procesal de la parte demandante-apelante, cuando en realidad es demandado-apelado; c) establece que la notificación es en el expediente registrado bajo el número 79-14, como si se tratara de otro expediente; d) establece que no se cumplió con lo prescrito en el artículo 137.1 literal c, porque no se le hizo entrega de la copia literal de la resolución que se le notificó. En la formalización del escrito, se observa que el petente no reclama la nulidad del acta debido a los vicios señalados[7], como hubiera sido el caso si reclamara notificación defectuosa; sino que su pretensión radica en que se le ampare en virtud de la indefensión que le produjo el no haber sido notificado, o sea por inexistencia de la notificación. Teniendo claro el planteamiento del problema jurídico en el caso sub examine, habrá que preguntarse, ¿Con los elementos aportados por el amparista, es posible desvirtuar la presunción iuris tantum de su existencia, sustentada en la fe pública que ostenta el secretario del despacho? La Sala de lo Constitucional estima que el cargo o censura que hace el petente en contra de la existencia de la notificación, basada en la imposibilidad material de que se le haya notificado la sentencia de fecha dos de junio de dos mil catorce en forma simultánea al recibimiento del escrito, no es de recibo. Al respecto es del parecer que es posible notificar al apoderado procesal de la resolución, permitiéndole a él su lectura por su cuenta, a fin de que se entere o imponga personalmente del contenido de dicha resolución mientras, el secretario recibe el escrito, y luego consignar ambos actos procesales, dejando el registro en el expediente. En la constancia que registra el acto de notificación que se encuentra en el folio diecinueve del expediente de la pieza de segunda instancia, el secretario da fe de lo siguiente: “CONSTANCIA: El infrascrito secretario de esta Corte de Apelaciones Civil, San Pedro Sula, Cortés en base a lo establecido en el artículo 137 del Código Procesal Civil. HACE CONSTAR: Que en esta fecha siendo las diez de a mañana con quince minutos (10:15 A.M.), notifiqué personalmente el fallo de fecha dos de junio del año en curso (2014), abogado José Antonio Barahona Zelaya en su condición de apelante-demandante en el expediente registrado número 79.14 CV. San Pedro Sula, Cortés, 25 de julio de 2014. Sello de la Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés. Firma ilegible, Lic. Luis Álvarez. Secretario.” De lo anterior, cabe señalar que la fe pública del secretario establece que el abogado José Antonio Barahona Zelaya estuvo presente en el despacho judicial el veinticinco de julio de dos mil catorce a las diez con quince de la mañana y que el secretario le notificó en forma personal la sentencia dictada en esa instancia. Dicha diligencia para estar acreditada bastaría con la constancia del secretario, en virtud de constituirse una presunción iuris tantum, o sea siempre que no se pruebe lo contrario; pero ésta se ve ratificada con el hecho de que consta en autos que el abogado José Antonio Barahona Zelaya presentó un escrito en ese expediente a esa misma hora y fecha; de igual manera esta última diligencia es reconocida por el mismo abogado José Antonio Barahona Zelaya en la formalización de la garantía de amparo. De manera concluyente para este alto tribunal de justicia, no existe duda de que el abogado José Antonio Barahona Zelaya estuviera presente en el despacho del tribunal de apelación el día y hora consignada por el secretario, existiendo además una presunción iuris tantum sin desvirtuar, que acredita que ese día y hora fue notificado por el funcionario judicial investido de fe pública. Sumado a esto, como un juicio subjetivo pero que parte desde los elementos objetivos anteriores, no es creíble que proferida la sentencia, un abogado diligente se presente al despacho sin el ánimo de enterarse del resultado de la apelación y de la sentencia. Para entender el alcance de este señalamiento es importante tomar en consideración que el término “notificación”, refiere al objeto de dar noticia de una resolución. Es por ello para que el que opine mantenga la tesis de que el abogado José Antonio Barahona Zelaya si fue notificado el día y la hora registrada por el secretario. Dejando esto claro, ahora se aborda lo siguiente. Con el ánimo de acreditar la inexistencia de la notificación, el petente además del alegato de imposibilidad material de que pudiera darse dos actos judiciales simultáneos, existe el alegato de la comisión de los vicios incurridos en la constancia, ya relacionados ut supra. Al hacer el ejercicio de contraste entre estos y la presunción iuris tantum de que la notificación se produjo, se estima que estos no enervan esta última. Es decir, ninguno de estos vicios conduce a la convicción de que no se produjo el acto de notificación. El vicio más relevante, es la falta de firma; sin embargo esta nada más podría producir una duda de que existió la notificación, nunca una acreditación plena de lo contrario establecida por el secretario como funcionario de fe pública.

Distinto para el caso, sería demostrar que el secretario o que el notificado a esa hora y fecha, se encontrare en otro lugar o que estaba imposibilitado de alguna forma para la realización del acto. Una cuestión más. El petente reclama que no hubo cumplimiento de lo establecido en el artículo 137.1 literal c) del Código Procesal Civil. En relación con este punto habrá de aclarar que la forma en que se notificó la sentencia de fecha dos de junio de dos mil catorce, fue otra distinta a la contenida en dicho artículo. Es decir que no se hizo mediante la entrega personal de una copia literal de la resolución, sino que se hizo por medio del abogado José Antonio Barahona Zelaya. Ambas formas son muy diferentes como válidas, de manera que si no se hizo entrega de la copia de la resolución a la parte, no significa que hubo vicio o error en la notificación, porque se hizo por medio de su apoderado procesal en la sede del tribunal. CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7): Determinación ex officio de vicios que podrían producir nulidad de actuaciones. En fin, tal como queda establecido, ninguno de los argumentos esgrimidos en la garantía constitucional de amparo destruyen la presunción iuris tantum de que el secretario del despacho en fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, siendo las diez con quince minutos de la mañana, notificó al abogado José Antonio Barahona Zelaya la sentencia de fecha dos de junio de dos mil catorce en el lugar que ocupa la sede del tribunal. Sin embargo de oficio se observa que en las presentes diligencias resulta indudable la falta de cuidado en las actuaciones del tribunal, especialmente del secretario del despacho, en la forma de despachar y documentar las actuaciones. Para comenzar el secretario del despacho no dio fiel cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 197.2 del Código Procesal Civil, que literalmente reza: “CONTENIDO FORMAL DE LAS RESOLUCIONES… 2. Al notificarse la resolución a las partes se indicará si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir.” De su lectura, se constata que dicha norma le impone al secretario como obligación, que al momento de notificar las resoluciones le informe a las partes que la ley les provee la oportunidad de impugnar dicha resolución, indicándoles el recurso y el plazo para interponerlo. Dicha disposición legal tiene como objetivo garantizar el pleno ejercicio del derecho a recurso ante el tribunal superior competente para que revise las actuaciones del inferior, el cual es una parte esencial del derecho de defensa y por ende del debido proceso legal. En el presente caso consta que el secretario no dio fiel cumplimiento a la obligación de señalar a las partes, especialmente a la que le afectaba la resolución que tenía los veinte días siguientes a la notificación para interponer el recurso de casación, tal como lo dispone el artículo 721 del Código Procesal Civil. De manera que en este caso se incumplió con una disposición dirigida al aseguramiento del derecho de defensa y siendo este un derecho inviolable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 82 constitucional, vincula a la Sala de lo Constitucional para que de oficio ampare a las partes en el proceso y en consecuencia le ordene a la corte de apelaciones que de oficio proceda a dictar nulidad de las notificaciones en relación con la sentencia dictada en fecha veinticinco de julio de dos mil catorce. Por otra parte el hecho de no consignar la prevención contenida en el artículo 197.2 citado, si es proporcional y correspondiente al evento de no hacer uso del derecho a recurrir, por ende su contravención puede considerarse de aquellas que pueden producir indefensión y por tanto el acto que se hace sin su cumplimiento deben ser anuladas inclusive de oficio tal como lo manda el artículo 212.4 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 148 del mismo código. No obstante, en este caso consta en autos, específicamente en el numeral sexto de la formalización de la garantía constitucional de amparo, que el abogado José Antonio Barahona Zelaya, aunque no fue prevenido en el acto de la notificación, ya conocía su derecho de impugnar la sentencia de la corte de apelaciones, al señalar que necesitaba las fotocopias de los expedientes para interponer el recurso de casación. De manera que en este caso específico la comisión del vicio apuntado, no conduce a indefensión y tampoco a nulidad alguna. Otro vicio cometido por el secretario es que no cumple con la obligación de notificar las resoluciones en el mismo día o al día siguiente, tal como lo ordena el artículo 136.4 del Código Procesal Civil. Asimismo consta que dicho funcionario judicial aparentemente es descuidado en sus obligaciones al observarse en el folio catorce del expediente de la garantía de amparo, que el abogado José Antonio Barahona Zelaya, presentó escrito el once de septiembre de dos mil catorce, impugnando la sentencia de fecha dos de junio de ese mismo año, mediante el recurso de casación, el cual fue recibido por el secretario del despacho; sin embargo su original no fue agregado al expediente de segunda instancia, incurriendo en violación del artículo 153 del Código Procesal Civil. En relación con estas irregularidades cometidas por el secretario, lo que procede es dar noticia a la Inspectoría de Tribunales para que en un proceso debido con todas las garantías de defensa y demás derechos fundamentales, sean investigados los hechos; y si diere lugar, se deduzca la responsabilidad que en derecho corresponda en caso de comprobársele responsabilidad administrativa o penal, si fuere el caso. En virtud de todo lo anterior, la Sala de lo Constitucional estima que procede denegar la presente garantía constitucional de amparo. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 59, 64, 80, 82, 183, 303, 313 Nº 5, 316 Nº 1 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2, 4, 5, 7, 9 Nº 2, 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1. DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado JOSÉ ANTONIO BARAHONA ZELAYA, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL URBANIZACIONES PROGRESEÑAS, S.A. de C.V. (URPRO), en contra de la resolución dictada en fecha dos de septiembre de dos mil catorce por la honorable CORTE DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Esto en relación con la demanda ordinaria interpuesta para que se declare el reconocimiento de una obligación consistente en la suscripción de un instrumento público; y además la condena para el pago de daños y perjuicios ocasionados por negligencia, la cual fue promovida por el señor FERNANDO ENRIQUE GÁMEZ PANCHAMÉ en contra de la SOCIEDAD MERCANTIL URBANIZACIONES PROGRESEÑAS, S.A de C.V. (URPRO). 2. Que la honorable CORTE DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, proceda a dar noticia a la Inspectoría General de Tribunales, de los vicios cometidos por el secretario del despacho, a fin de que se proceda a la investigación respectiva y en su caso la deducción de responsabilidad.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, cuatro de abril del dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado JOSÉ ANTONIO BARAHONA ZELAYA, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL URBANIZACIONES PROGRESEÑAS, S.A. de C.V. (URPRO), en contra de la resolución dictada en fecha dos de septiembre de dos mil catorce por la honorable CORTE DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, mediante la cual resuelve la preclusión y pérdida irrevocable del término concedido por la ley para la interposición del recurso de casación en contra de la sentencia de segunda instancia. La presente garantía constitucional de amparo se relaciona con la demanda ordinaria para que se declare el reconocimiento de una obligación consistente en la suscripción de un instrumento público; y además la condena para el pago de daños y perjuicios ocasionados por negligencia, la cual fue promovida por el señor FERNANDO ENRIQUE GÁMEZ PANCHAMÉ en contra de la SOCIEDAD MERCANTIL URBANIZACIONES PROGRESEÑAS, S.A de C.V. (URPRO). Estima el garantista que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 61, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1) En fecha trece de agosto del año dos mil ocho, compareció ante el honorable Juzgado de Letras seccional de El Progreso, departamento de Yoro, la abogada KENYA JEANNETTE PERELLO PARANKY, en su condición de apoderada legal del señor FERNANDO ENRIQUE GÁMEZ PANCHAMÉ, promoviendo la demanda ordinaria para que se declare el reconocimiento de una obligación consistente en la suscripción de un instrumento público; y además la condena para el pago de daños y perjuicios ocasionados por negligencia, en contra de la SOCIEDAD MERCANTIL URBANIZACIONES PROGRESEÑAS, S.A DE C.V. (URPRO). (Folios uno al seis de la pieza de primera instancia). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, con fecha dieciocho de noviembre del año dos mil trece, el honorable Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, dictó sentencia mediante la cual FALLA: “1) DECLARANDO SIN LUGAR, la excepción perentoria de prescripción promovida en las presentes diligencias por el representante judicial de la empresa denominada URBANIZACIONES PROGRESEÑAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada legalmente por la señora ELA FRANCISCA RODRÍGUEZ PERDOMO, en la demanda instada para reconocimiento de una obligación promovida por el señor FERNANDO ENRIQUE GÁMEZ PANCHAMÉ contra de la sociedad denominada URBANIZACIONES PROGRESEÑAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada legalmente por la señora ELA FRANCISCA RODRÍGUEZ PERDOMO, ambos de generales ya expresadas. 2) Con costas. 3) DECLARANDO CON LUGAR: De forma parcial la tacha opuesta por el representante de la parte demandada a la prueba testifical.” (Folio doscientos noventa y ocho al trescientos tres.) 3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por la abogada KENYA JEANNETTE PERELLO PARANKY, en su condición de apoderada legal del señor FERNANDO ENRIQUE GÁMEZ PANCHAMÉ, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha dos de junio del año dos mil catorce, mediante la cual FALLA: “PRIMERO: DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada KENYA JEANNETTE PERELLO PARANKY en su condición de apoderada judicial del señor FERNANDO ENRIQUE GÁMEZ PANCHAMÉ, contra la sentencia definitiva de fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece (F. 298), en la demanda ordinaria para el reconocimiento de una obligación consistente en la suscripción de un instrumento público contra la sociedad URBANIZACIONES PROGRESEÑAS S.A de C.V. dictada por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece (F 298), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro, y que se encuentra agregada al expediente de merito. En base a la consideración antes expuesta, resulta oportuno dictar nuevamente la sentencia en los términos siguientes: TERCERO: DECLARAR CON LUGAR la demanda ordinaria para el reconocimiento de una obligación consistente en la suscripción de un instrumento público y pago de daños y perjuicios, promovida por el señor FERNANDO ENRIQUE GÁMEZ PANCHAMÉ contra la sociedad denominada URBANIZACIONES PROGRESEÑAS S.A de C.V. representada legalmente por al señora ELA FRANCISCA RODRÍGUEZ PERDOMO. CUARTO: DECLARAR SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción promovida en las presentes diligencias por el representante judicial de la empresa denominada URBANIZACIONES PROGRESEÑAS S.A DE C.V. representada legalmente por la señora ELA FRANCISCA RODRÍGUEZ PERDOMO, en la demanda instada para el reconocimientote una obligación promovida por el señor FERNANDO ENRIQUE GÁMEZ PANCHAMÉ. QUINTO: Se ordena la suscripción de los contratos de compraventa de catorce lotes de terreno ubicados en la residencial Quintas del Sol, El Progreso, Yoro a favor del señor FERNANDO ENRIQUE GÁMEZ PANCHAMÉ. SEXTO: Condenando a la entidad mercantil URBANIZACIONES PROGRESEÑAS S.A de C.V. al pago de los daños y perjuicios, que consistirán en el interés legal civil que es del seis por ciento (6%) anual…” (Folios quince al dieciocho de la pieza de segunda instancia. 4) En fecha dos de septiembre de año dos mil catorce, la referida corte dictó el auto mediante el cual se declara la preclusión y la pérdida irrevocable del término que la ley le concede al abogado JOSÉ ANTONIO BARAHONA ZELAYA, para interponer el recurso de casación en contra de la sentencia dictada en fecha dos de junio del año dos mil catorce, por la honorable Corte de Apelaciones Civil del departamento de Cortés. 5) El amparista, abogado JOSÉ ANTONIO BARAHONA ZELAYA, compareció en fecha nueve de diciembre del año dos mil catorce ante este alto tribunal de justicia, reclamando amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL URBANIZACIONES PROGRESEÑAS, S.A de C.V. (URPRO), en contra de la sentencia, dictada en fecha dos de septiembre de dos mil catorce por la honorable Corte de Apelaciones Civil del departamento de Cortés, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 61, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. 6) En virtud de haberse presentado el escrito de formalización en forma extemporánea, la Sala de lo Constitucional dictó la resolución de fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, declarando caducado el derecho y perdido irrevocablemente el término que la ley concede para dicho propósito; sin embargo al apreciarse que el impetrante en su escrito de interposición, desarrolló la garantía constitucional de amparo de manera puntual el concepto de la violación, la Sala consideró procedente continuar con el procedimiento correspondiente. 7) En fecha ocho de junio del año dos mil quince, el abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de fiscal del despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE, el amparo solicitado. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 61, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. Básicamente el petente refiere que el ad quem le vedó la posibilidad de acudir en casación ante la Corte Suprema de Justicia, para impugnar la sentencia de fecha dos de septiembre de dos mil catorce, dictada en segunda instancia por la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés; y con ella se le han violentando los artículos 61, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República, Señala que dicho tribunal de apelación dictó una resolución mediante la cual le declaro precluido el derecho de interponer el recurso de casación, en virtud de que ya había transcurrido el tiempo que prevé la ley para poder hacerlo. En ese sentido señala que lo anterior tiene como origen el hecho de que resulta una falsedad de que la secretaría del despacho le haya notificado en fecha veinticinco de julio de dos mil catorce a las diez con quince de la mañana, la sentencia de segunda instancia, dictada en fecha dos de julio de ese mismo año. Para llegar a la anterior conclusión, el amparista relata que se presentó en fecha quince de agosto de dos mil catorce ante el secretario de la corte de apelaciones, el cual le notificó el fallo de fecha dos de junio de ese mismo año, siendo en ese momento las ocho de la mañana; el dicente aseveró haber firmado el acta respectiva para constancia, manifestando a su vez no estar conforme con la mencionada resolución. El amparista agrega, que no obstante lo anterior, el dos de septiembre de ese mismo año, recibió la sorpresa de que dicha corte de apelaciones dispuso a petición de la parte contraria, declarar precluido y perdido irrevocablemente el plazo para recurrir en casación el fallo de segunda instancia. El petente reclama que la base para tal decisión es una constancia en la que se consigna que la resolución que pretendía recurrir en casación le fue notificada antes, o sea el veinticinco de julio de dos mil catorce, a las diez con quince minutos de la mañana. Sin embargo, el petente aclara que en la fecha y hora que indica la constancia, no pudo haber notificación en virtud de que en ese mismo instante, él presentó un escrito solicitando que se le diera copia de las piezas del juicio, siendo por tanto materialmente imposible para el secretario realizar ambas actuaciones en forma simultánea, es decir notificar y recibir un escrito; además esto se vuelve aun más difícil, por el sinnúmero de expedientes que circulan en dicha corte, debiendo por tanto, para hacer posible lo que dicho secretario consignó, haber tenido el expediente a mano. En ese sentido ratifica que en esa misma hora y fecha no hubo más actuación judicial que la presentación del escrito solicitando fotocopias. Indica también que en la constancia mencionada, el secretario incurrió en un error al consignar que la notificación de la sentencia definitiva se hizo en su condición de apelante-demandante, cuando en realidad él representa procesalmente a la parte apelada-demandada. Señala además que el secretario no dio cumplimiento a las diligencias que la ley manda a hacer cuando se produce la notificación personal. Eso lo explica citando lo que establece el artículo 138.1 del Código Procesal Civil, el cual dispone que el profesional del derecho, al ser notificado, firmará la notificación. El petente además establece que si el notificado no quisiere hacerlo deberá insertarse tal situación, debiéndosele entregar copia literal de la resolución y dejar constancia de dicha situación, tal como lo establece el artículo 137.1 literal c del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. Consta en autos que la corte de apelaciones dictó la resolución del dos de septiembre de dos mil catorce, mediante la cual se tiene por precluido y perdido irrevocablemente el término de veinte días que la ley concede en el artículo 721 del Código Procesal Civil para interponer el recurso de casación. Consta además que dicha decisión fue precedida por el informe rendido por la secretaría del despacho, en el que se establece que en fecha veinticinco de julio de dos mil catorce se le notificó al abogado José Antonio Barahona Zelaya la sentencia de fecha dos de junio del mismo año. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del garantista. El agente de tribunales, abogado Jorge Ludovico Matus Zelaya al emitir su dictamen fue de la opinión porque no se otorgue la garantía de amparo de mérito. Sin abordar las peculiaridades del presente asunto el fiscal fue de la opinión anterior, limitándose a expresar que el plazo para la interposición del recurso de casación precluyó en virtud de que no se hizo uso del mismo, quedando firme la sentencia adquiriendo fuerza de cosa juzgada. De esa manera concluye que no se violentaron los derechos constitucionales invocados. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por el amparista. La Sala de lo Constitucional, luego de analizar las presentes diligencias, mira la necesidad de aclarar que existe una diferencia marcada entre alegar: a) inexistencia de la notificación y; b) notificación defectuosa. Vale señalar que el alegato de la inexistencia de la notificación, es un hecho que debe ser probado, porque el acto de notificación registrado en el expediente por el secretario es un acto iuris tantum, tomando en cuenta que el secretario es un funcionario que ostenta fe pública; por lo qué, quien alega algo en contra de lo manifestado por dicho funcionario judicial, tiene la carga procesal (onus probandi) de desacreditarlo y demostrar su falsedad. En el supuesto del alegato de la notificación defectuosa es distinto, porque existe un reconocimiento de que hubo notificación, pero que en su ejecución se cometieron vicios que provocan la indefensión de la parte que fue notificada. En el caso bajo examen, puede constatarse que el petente al formalizar la garantía constitucional de amparo impugna la veracidad de que el secretario haya notificado realmente la sentencia del dos de junio de dos mil catorce, en la fecha y hora que se consignó en la constancia de fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, al abogado José Antonio Barahona Zelaya. De manera que resulta evidente de que el alegato del amparista no se encausa por la vía de la notificación defectuosa, sino en la inexistencia del acto de notificación. La Sala observa que la posición del petente se fundamenta en que el secretario consignó que dicho acto se realizó el veinticinco de julio a las diez con quince minutos de la mañana, pero que esto no ocurrió en realidad porque en esa fecha y hora, él presentó un escrito solicitando que se le extendiera copia íntegra del expediente en sus piezas de primera y segunda instancia, agregando que: “NO EXISTIÓ EN TAL MOMENTO NINGUNA OTRA ACTUACIÓN NI DILIGENCIA JUDICIAL.”[4] Asimismo que el petente expresa también que no pudo haberse dado la notificación en ese instante en que presentó el aludido escrito, porque es: “una situación materialmente imposible que un secretario con el sinnúmero de expedientes que tiene la Corte de Apelaciones… en su conocimiento haya tenido a la mano el expediente y que global y simultáneamente esté recibiéndome el escrito y notificándome de una resolución” [5] En el numeral sexto de la formalización de la garantía constitucional de amparo, el petente manifiesta, que pasado un tiempo después de la fecha que presentó el escrito solicitando fotocopia de los expedientes, o sea el veinticinco de julio de dos mil catorce, el secretario del despacho le expresó al abogado José Antonio Andino que cuando regresara el petente o sea el abogado José Antonio Barahona Zelaya a la corte de apelaciones, le: “…iba a notificar personalmente del fallo de la corte y que [le] iba a entregar las fotocopias antes aludidas.”[6] Con todos estos elementos, para este alto tribunal de justicia, queda claro que la intención del petente es dejar establecido que no hubo acto de notificación el día veinticinco de julio de dos mil catorce a las diez con quince minutos de la mañana de la sentencia de fecha dos de junio de ese mismo año, tal como lo dejó registrado el secretario del despacho. En el numeral octavo de la formalización, el petente agrega otros elementos. En esta parte concretamente se refiere a la constancia que aparece en el folio diecinueve de la segunda pieza, que contiene el registro de la notificación que dio paso a la posterior preclusión de su derecho a interponer casación. En contra de esta constancia hace varios señalamientos; sin embargo estos no se encaminan a la alegación del supuesto de notificación defectuosa, sino que con ellos pretende abonar al hecho de que no existió el acto de notificación consignado en ella. De otra forma habría sido contradictoria la motivación de la formalización de la garantía; puesto que no es posible que una misma notificación sea inexistente y defectuosa a la vez, debido a que ambos supuestos son excluyentes entre sí. Pues bien, en el asunto de marras, el petente reclama que la constancia antes mencionada contiene varios vicios, a la sazón: a) indica que incurre en violación a lo dispuesto por el artículo 138.1 del Código Procesal Civil, en virtud de que en dicha constancia no existe firma del notificado; b) indica además que el secretario se equivocó al señalar que el abogado José Antonio Barahona Zelaya es apoderado procesal de la parte demandante-apelante, cuando en realidad es demandado-apelado; c) establece que la notificación es en el expediente registrado bajo el número 79-14, como si se tratara de otro expediente; d) establece que no se cumplió con lo prescrito en el artículo 137.1 literal c, porque no se le hizo entrega de la copia literal de la resolución que se le notificó. En la formalización del escrito, se observa que el petente no reclama la nulidad del acta debido a los vicios señalados[7], como hubiera sido el caso si reclamara notificación defectuosa; sino que su pretensión radica en que se le ampare en virtud de la indefensión que le produjo el no haber sido notificado, o sea por inexistencia de la notificación. Teniendo claro el planteamiento del problema jurídico en el caso sub examine, habrá que preguntarse, ¿Con los elementos aportados por el amparista, es posible desvirtuar la presunción iuris tantum de su existencia, sustentada en la fe pública que ostenta el secretario del despacho? La Sala de lo Constitucional estima que el cargo o censura que hace el petente en contra de la existencia de la notificación, basada en la imposibilidad material de que se le haya notificado la sentencia de fecha dos de junio de dos mil catorce en forma simultánea al recibimiento del escrito, no es de recibo. Al respecto es del parecer que es posible notificar al apoderado procesal de la resolución, permitiéndole a él su lectura por su cuenta, a fin de que se entere o imponga personalmente del contenido de dicha resolución mientras, el secretario recibe el escrito, y luego consignar ambos actos procesales, dejando el registro en el expediente. En la constancia que registra el acto de notificación que se encuentra en el folio diecinueve del expediente de la pieza de segunda instancia, el secretario da fe de lo siguiente: “CONSTANCIA: El infrascrito secretario de esta Corte de Apelaciones Civil, San Pedro Sula, Cortés en base a lo establecido en el artículo 137 del Código Procesal Civil. HACE CONSTAR: Que en esta fecha siendo las diez de a mañana con quince minutos (10:15 A.M.), notifiqué personalmente el fallo de fecha dos de junio del año en curso (2014), abogado José Antonio Barahona Zelaya en su condición de apelante-demandante en el expediente registrado número 79.14 CV. San Pedro Sula, Cortés, 25 de julio de 2014. Sello de la Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés. Firma ilegible, Lic. Luis Álvarez. Secretario.” De lo anterior, cabe señalar que la fe pública del secretario establece que el abogado José Antonio Barahona Zelaya estuvo presente en el despacho judicial el veinticinco de julio de dos mil catorce a las diez con quince de la mañana y que el secretario le notificó en forma personal la sentencia dictada en esa instancia. Dicha diligencia para estar acreditada bastaría con la constancia del secretario, en virtud de constituirse una presunción iuris tantum, o sea siempre que no se pruebe lo contrario; pero ésta se ve ratificada con el hecho de que consta en autos que el abogado José Antonio Barahona Zelaya presentó un escrito en ese expediente a esa misma hora y fecha; de igual manera esta última diligencia es reconocida por el mismo abogado José Antonio Barahona Zelaya en la formalización de la garantía de amparo. De manera concluyente para este alto tribunal de justicia, no existe duda de que el abogado José Antonio Barahona Zelaya estuviera presente en el despacho del tribunal de apelación el día y hora consignada por el secretario, existiendo además una presunción iuris tantum sin desvirtuar, que acredita que ese día y hora fue notificado por el funcionario judicial investido de fe pública. Sumado a esto, como un juicio subjetivo pero que parte desde los elementos objetivos anteriores, no es creíble que proferida la sentencia, un abogado diligente se presente al despacho sin el ánimo de enterarse del resultado de la apelación y de la sentencia. Para entender el alcance de este señalamiento es importante tomar en consideración que el término “notificación”, refiere al objeto de dar noticia de una resolución. Es por ello para que el que opine mantenga la tesis de que el abogado José Antonio Barahona Zelaya si fue notificado el día y la hora registrada por el secretario. Dejando esto claro, ahora se aborda lo siguiente. Con el ánimo de acreditar la inexistencia de la notificación, el petente además del alegato de imposibilidad material de que pudiera darse dos actos judiciales simultáneos, existe el alegato de la comisión de los vicios incurridos en la constancia, ya relacionados ut supra. Al hacer el ejercicio de contraste entre estos y la presunción iuris tantum de que la notificación se produjo, se estima que estos no enervan esta última. Es decir, ninguno de estos vicios conduce a la convicción de que no se produjo el acto de notificación. El vicio más relevante, es la falta de firma; sin embargo esta nada más podría producir una duda de que existió la notificación, nunca una acreditación plena de lo contrario establecida por el secretario como funcionario de fe pública.

Distinto para el caso, sería demostrar que el secretario o que el notificado a esa hora y fecha, se encontrare en otro lugar o que estaba imposibilitado de alguna forma para la realización del acto. Una cuestión más. El petente reclama que no hubo cumplimiento de lo establecido en el artículo 137.1 literal c) del Código Procesal Civil. En relación con este punto habrá de aclarar que la forma en que se notificó la sentencia de fecha dos de junio de dos mil catorce, fue otra distinta a la contenida en dicho artículo. Es decir que no se hizo mediante la entrega personal de una copia literal de la resolución, sino que se hizo por medio del abogado José Antonio Barahona Zelaya. Ambas formas son muy diferentes como válidas, de manera que si no se hizo entrega de la copia de la resolución a la parte, no significa que hubo vicio o error en la notificación, porque se hizo por medio de su apoderado procesal en la sede del tribunal. CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7): Determinación ex officio de vicios que podrían producir nulidad de actuaciones. En fin, tal como queda establecido, ninguno de los argumentos esgrimidos en la garantía constitucional de amparo destruyen la presunción iuris tantum de que el secretario del despacho en fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, siendo las diez con quince minutos de la mañana, notificó al abogado José Antonio Barahona Zelaya la sentencia de fecha dos de junio de dos mil catorce en el lugar que ocupa la sede del tribunal. Sin embargo de oficio se observa que en las presentes diligencias resulta indudable la falta de cuidado en las actuaciones del tribunal, especialmente del secretario del despacho, en la forma de despachar y documentar las actuaciones. Para comenzar el secretario del despacho no dio fiel cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 197.2 del Código Procesal Civil, que literalmente reza: “CONTENIDO FORMAL DE LAS RESOLUCIONES… 2. Al notificarse la resolución a las partes se indicará si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir.” De su lectura, se constata que dicha norma le impone al secretario como obligación, que al momento de notificar las resoluciones le informe a las partes que la ley les provee la oportunidad de impugnar dicha resolución, indicándoles el recurso y el plazo para interponerlo.[8] Dicha disposición legal tiene como objetivo garantizar el pleno ejercicio del derecho a recurso ante el tribunal superior competente para que revise las actuaciones del inferior, el cual es una parte esencial del derecho de defensa y por ende del debido proceso legal. En el presente caso consta que el secretario no dio fiel cumplimiento a la obligación de señalar a las partes, especialmente a la que le afectaba la resolución que tenía los veinte días siguientes a la notificación para interponer el recurso de casación, tal como lo dispone el artículo 721 del Código Procesal Civil. De manera que en este caso se incumplió con una disposición dirigida al aseguramiento del derecho de defensa y siendo este un derecho inviolable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 82 constitucional, vincula a la Sala de lo Constitucional para que de oficio ampare a las partes en el proceso y en consecuencia le ordene a la corte de apelaciones que de oficio proceda a dictar nulidad de las notificaciones en relación con la sentencia dictada en fecha veinticinco de julio de dos mil catorce. Por otra parte el hecho de no consignar la prevención contenida en el artículo 197.2 citado, si es proporcional y correspondiente al evento de no hacer uso del derecho a recurrir, por ende su contravención puede considerarse de aquellas que pueden producir indefensión y por tanto el acto que se hace sin su cumplimiento deben ser anuladas inclusive de oficio tal como lo manda el artículo 212.4 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 148 del mismo código. No obstante, en este caso consta en autos, específicamente en el numeral sexto de la formalización de la garantía constitucional de amparo, que el abogado José Antonio Barahona Zelaya, aunque no fue prevenido en el acto de la notificación, ya conocía su derecho de impugnar la sentencia de la corte de apelaciones, al señalar que necesitaba las fotocopias de los expedientes para interponer el recurso de casación. De manera que en este caso específico la comisión del vicio apuntado, no conduce a indefensión y tampoco a nulidad alguna. Otro vicio cometido por el secretario es que no cumple con la obligación de notificar las resoluciones en el mismo día o al día siguiente, tal como lo ordena el artículo 136.4 del Código Procesal Civil. Asimismo consta que dicho funcionario judicial aparentemente es descuidado en sus obligaciones al observarse en el folio catorce del expediente de la garantía de amparo, que el abogado José Antonio Barahona Zelaya, presentó escrito el once de septiembre de dos mil catorce, impugnando la sentencia de fecha dos de junio de ese mismo año, mediante el recurso de casación, el cual fue recibido por el secretario del despacho; sin embargo su original no fue agregado al expediente de segunda instancia, incurriendo en violación del artículo 153 del Código Procesal Civil. En relación con estas irregularidades cometidas por el secretario, lo que procede es dar noticia a la Inspectoría de Tribunales para que en un proceso debido con todas las garantías de defensa y demás derechos fundamentales, sean investigados los hechos; y si diere lugar, se deduzca la responsabilidad que en derecho corresponda en caso de comprobársele responsabilidad administrativa o penal, si fuere el caso.[9] En virtud de todo lo anterior, la Sala de lo Constitucional estima que procede denegar la presente garantía constitucional de amparo. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 59, 64, 80, 82, 183, 303, 313 Nº 5, 316 Nº 1 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2, 4, 5, 7, 9 Nº 2, 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1. DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado JOSÉ ANTONIO BARAHONA ZELAYA, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL URBANIZACIONES PROGRESEÑAS, S.A. de C.V. (URPRO), en contra de la resolución dictada en fecha dos de septiembre de dos mil catorce por la honorable CORTE DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Esto en relación con la demanda ordinaria interpuesta para que se declare el reconocimiento de una obligación consistente en la suscripción de un instrumento público; y además la condena para el pago de daños y perjuicios ocasionados por negligencia, la cual fue promovida por el señor FERNANDO ENRIQUE GÁMEZ PANCHAMÉ en contra de la SOCIEDAD MERCANTIL URBANIZACIONES PROGRESEÑAS, S.A de C.V. (URPRO). 2. Que la honorable CORTE DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, proceda a dar noticia a la Inspectoría General de Tribunales, de los vicios cometidos por el secretario del despacho, a fin de que se proceda a la investigación respectiva y en su caso la deducción de responsabilidad. 3. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes mayo del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-1360-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] Vid. numeral quinto del escrito de formalización de la garantía constitucional de amparo.

[5] Vid. numeral octavo del escrito de formalización de la garantía constitucional de amparo.

[6] La garantía constitucional de amparo no se abrió a pruebas y no consta el testimonio del abogado José Antonio Andino para acreditar este extremo expuesto por el amparista.

[7] Esto es concordante con lo dispuesto en los artículos del Código Procesal Civil, siguientes: (1) Artículo 215. “NULIDAD DE ACTUACIONES. 1. Quienes sean parte legítima podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en defectos de forma que hayan causado indefensión en el momento en que se advierta…” (2) Artículo 148. “NULIDAD Y SUBSANACIÓN DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN. 1. Serán nulos los actos de comunicación que no se practicaren con arreglo a lo dispuesto en este Código y pudieren causar indefensión. 2. Sin embargo, cuando la persona notificada, citada, emplazada o requerida se hubiera dado por enterada en el asunto, y no denunciase la nulidad de la diligencia en su primera actuación, surtirá ésta desde entonces todos sus efectos, como si se hubiere hecho con arreglo a las disposiciones de este Código.”

[8] En ocasiones se cumple con esta disposición, cuando en la misma resolución el juez o tribunal expresa los medios de impugnación de la que es susceptible y el plazo para ejercitar su derecho a recurso. De manera que cuando se notifica va implícito el cumplimiento a la obligación descrita.

[9] Vid artículo 150.1 del Código Procesal Civil.