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Sentencia AC-1349-14 — Registro 12094

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró inadmisible el Recurso de Apelación con relación a la demanda ordinaria. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (10): Que se aprecia del estudio de las piezas del proceso que el Juez A-Quo en completa desobediencia a los fallos emitidos tanto de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortés, como de esta Sala, ha vulnerado garantías constitucionales como el derecho de defensa y el debido proceso al recurrente, con la emisión de un auto que altera la sustanciación regular del proceso, al no retrotraerse al momento procesal oportuno, en el que, el Juez debió dictar una resolución judicial motivada y estructurada, restituyendo los derechos vulnerados al impetrante, a partir de la apertura del segundo periodo probatorio, -ejecución de la prueba admitida-, impulsando el procedimiento de ley conforme a derecho, omisión que ha ocasionado la presentación de nueva acción de amparo contra la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, al fallar la inadmisión del Recurso de Apelación, fundado en que no es apelable el auto recurrido de conformidad al artículo 202 del Código de Procedimientos Civiles, sin embargo el precitado articulo también expresa literalmente “...dichos autos si son apelables cuando alteran la substanciación del procedimiento”, lo que es evidente en el presente caso, por los antecedentes ya relacionados, con este fallo se vulneran garantías constitucionales, por cuanto este auto deja en clara indefensión al recurrente (DEMANDANTE) al no permitirle que ejecute la prueba, la simple proposición y admisión de la prueba no restablece su derecho de legítima defensa y debido proceso, lo que no se ajusta a las disposiciones legales aplicables. Tito Livio en su Obra, Antecedentes y Comentarios del Código Civil Tomo Primero, claramente expresa que los “Autos o Decreto Inapelables son aquellos que ordenan trámites necesarios para la sustanción regular del juicio”,si bien es cierto con el precitado auto el juez ordenó un trámite necesario en el proceso, igualmente se vulneró el derecho al debido proceso, por no acatar los fallos emitidos con anterioridad, para que las partes en el juicio dispongan de igualdad y equidad con respecto a sus pretensiones, a fin de que el juzgador al momento de emitir sentencia, disponga de todos los elementos que le permitan dictar un fallo apegado a derecho. CONSIDERANDO (11): Que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, igualmente corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes al caso concreto, juzgar y ejecutar lo juzgado. Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley y todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad y en el presente caso, la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés con conocimiento de causa en el presente juicio dictó sentencia (Sent.14/8/2013), respetando el fallo de la Sala de lo Constitucional (sent.13/5/2013)que amparó la sentencia recurrida en su momento, antecedente relevante para motivar su fallo de manera congruente, responder de conformidad a lo peticionado por el recurrente y los fundamentos planteados, basándose en la estricta aplicación de la ley al caso concreto, considerando lo establecido en el artículo 3 del Código de Procedimientos Civiles, sobre el debido proceso, así como el respeto de los derechos procesales consagrados en la Constitución de la República y las leyes ordinarias vigentes en el país, dictando resoluciones de forma independiente e imparcial de manera justa y motivada, por lo que, la Sala arriba a la Conclusión que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de lo Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, no se ajusta a las disposiciones legales aplicables por constar la vulneración de los derechos invocados por el impetrante así como las motivaciones que preceden, cabe otorgar el Amparo Demandado.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

EL Infrascrito secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Certifica: El fallo que literalmente dice CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de enero de dos mil diecisiete. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la AbogadaMARIA ELENA FERNANDEZ ORDOÑEZ a favor del Señor ANGEL SANDOVAL ESCOTO, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha once de noviembre del dos mil catorce, que declaró inadmisible el Recurso de Apelación interpuesto contra el Auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de abril del año dos mil catorce, con relación a la demanda ordinaria promovida por el Señor ANGEL SANDOVAL ESCOTO contra los Señores IRMA LETICIA NOLASCO CRUZ Y JUAN ANGEL SANDOVAL NOLASCO. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1)Que en fecha veinte de febrero del año dos mil cuatro, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, ahora Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado ITALO GODOY MENDIETA en su condición de Apoderado Legal del Señor ANGEL SANDOVAL ESCOTO, promoviendo demanda ordinaria de nulidad absoluta de actuaciones de una Compra Venta Simulada en Fraude del Mandatario, la cancelación de su Asiento de Inscripción, Restitución de Copropiedad, daños y perjuicios por rentas dejadas de percibir en contra de los Señores IRMA LETICIA NOLASCO CRUZ Y JUAN ANGEL SANDOVAL NOLASCO.2) Que en fecha nueve de diciembre de dos mil once, el referido Juzgado ordenó conferir traslado de los autos por el término de seis días al Abogado SERGIO ENRIQUE RIVERA, en su condición de apoderado legal los señores IRMA LETICIA NOLASCO CRUZ y JUAN ANGEL SANDOVAL, a efecto de que formulara sus conclusiones. (Folio 291 de la primera pieza).3) Que en fecha veinticinco de febrero de dos mil doce, el Juzgado declaró caducado y vencido el término de seis días concedido al abogado SERGIO ENRIQUE RIVERA, para que formulara sus conclusiones, en virtud de haberse vencido dicho término, ordenando citar a la partes para dictar sentencia. (Folio 301 de la primera pieza de antecedentes).4) Que el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de abril del año dos mil catorce, dictó auto mediante el cual resolvió: “…CONSIDERANDO: Que en el caso que nos ocupase desprende que en fecha nueve de diciembre del año dos mil once este Juzgado ordeno darle traslado a la parte demandada el término de seis días para que formulara sus conclusiones por escrito, por lo que en fecha veinticinco de febrero del año dos mil once este Juzgado decreto la caducidad del término de seis días concedidos al demandado para que formulara sus conclusiones, y del estudio de las presentes diligencias se desprende que no hay constancia de que se puso a la orden el traslado al demandado el término de seis días por medio de la Secretaria del despacho; En consecuencia de lo anterior, de oficio declárese nulidad únicamente del auto de fecha de fecha veinticinco de febrero del año dos mil doce folio (trescientos uno) reverso por las razones antes expuestas, en consecuencia que la Secretaria de despacho proceda a dar estricto cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha nueve de diciembre del año dos mil once.” (Folio trescientos cincuenta y tres (353) de la pieza de primera instancia).5) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por la Abogada LUCY GISELA VALLADARES BARDALES en su condición de Apoderada Legal del Señor ANGEL SANDOVAL ESCOTO,la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha once de noviembre del año dos mil catorce, dictó Resolución mediante la cual falló: “PRIMERO: DECLARANDO INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la abogada LUCY GISELA VALLADARES BARDALES contra el auto de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce (F.-353), dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes por ser inapelable.- SIN COSTAS.-” (Folios nueve (09) y diez (10) de la pieza de segunda instancia).6) Que la recurrente AbogadaMARIA ELENA FERNANDEZ ORDOÑEZ compareció ante este alto Tribunal, en fecha cuatro de diciembre del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del Señor ANGEL SANDOVAL ESCOTO, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha once de noviembre del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha once de mayo del año dos mil quince.7) Que en fecha veintiséis de mayo del año dos mil quince, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE el Recurso de Amparo de mérito. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo de conformidad a lo establecido en el articulo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en Decreto Legislativo No.244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de esta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución otorga. Igualmente el artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no se obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitucional interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la Resolución proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha once (11) de noviembre del Dos mil catorce (2014), con la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil catorce (2014), relativo a la demanda civil ordinaria promovida por Ángel Sandoval Escoto contra Irma Leticia No lasco y Juan Ángel Sandoval No lasco, para que se decretara mediante sentencia la nulidad de una compra-venta simulada en fraude del mandatario, cancelación de su asiento de inscripción, restitución de co-propiedad, daños y perjuicios por rentas dejadas de percibir y la prohibición de celebrar actos y contratos, embargos de rentas… del bien objeto de la demanda; y que durante la secuela del juicio, el juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, emitió el recitado auto que literalmente expresa:“CONSIDERANDO:………-CONSIDERANDO:…….CONSIDERANDO: Que el caso que nos ocupa se desprende que en fecha nueve de diciembre del año dos mi once este juzgado ordenó darle traslado a la parte demandada el termino de seis días para formulara sus conclusiones por escrito, por loque en fecha veinticinco de febrero del año dos mil once este juzgado decretó la caducidad del término de seis días concedidos al demandado para que formulara sus conclusiones, y del estudio de las presentes diligencias se desprende que no hay constancia de que se puso a la orden el traslado al demandado el término de seis días por medio de la Secretaría del Despacho; en consecuencia de lo anterior, de oficio declárese nulidad únicamente del auto de fecha veinticinco de febrero del año dos mil doce folio (trescientos uno) reverso por las razones antes expuestas, en consecuencia que la Secretaría del Despacho proceda a dar estricto cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha nueve de diciembre del año Dos mil once.- Articulo 90 y 321 de la Constitución de la República.- 80, 93 y 98 del Código de Procedimientos Civiles, NOTIFIQUESE….”.CONSIDERANDO (4): Que en fecha once (11) de Noviembre del año dos mil catorce (2014), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, resolvió el Recurso de Apelación interpuesto contra el auto de fecha 29 de abril del mismo año, emitido por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, estimó declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS: FALLO: PRIMERO DECLARANDO INADMISIBLE el Recurso de apelación interpuesto por la abogada LUCY GISELA VALLADARES, fundamentando que el auto recurrido es de las resoluciones comprendidas dentro del artículo 202 del Código de Procedimientos Comunes que establece lo siguiente: “Los autos o decretos no son apelables cuando ordenan trámites necesarios para la substanciación regular del juicio; pero son apelables cuando alteran dicha substanciación o recaen sobre trámites que no están expresamente ordenados por la ley”.CONSIDERANDO (5):Que la Abogada MARIA ELENA FERNANDEZ ORDOÑEZ, en su condición de Recurrente, formaliza la Acción de Amparo en fecha ocho (08) de mayo del año dos mil quince (2015), por considerar que se han violado derechos y garantías contenidas en los Artículos 61, 82 y 90 de la Constitución de la República, manifestado que la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, ha vulnerado con su decisión, derechos establecidos en la Constitución de la República a favor de su patrocinado, relativos a la igualdad de las partes ante la ley en el proceso, el legitimo Derecho a la Defensa al proferir en su fallo la Inadmisión de un Recurso de Apelación, atropellando derechos consagrados en la Constitución a favor de su representado, porque a pesar de la existencia de una Acción de Amparo, que se admitió sin suspensión del acto reclamado, la Sala de lo Constitucional Otorgó Amparo, y es precisamente de donde se origina la admisión de una prueba presentada por la parte demandante, sin embargo a la fecha se sigue privando a su representado de probar sus argumentos, ya que no se ha podido ejecutar la misma, dejando en indefensión a su patrocinado en esta etapa del proceso, porque el juicio se siguió conociendo a partir de las conclusiones. CONSIDERANDO (6):Que el auto emitido por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintinueve (29) de abril del dos mil catorce (2014), que motivó la interposición del Recurso, se retrotrae a una actuación de fecha 9 de diciembre del 2011, donde el Juez ordena conferir traslado a una de las partes (demandada), para que en el término de ley presente conclusiones, y posteriormente el mismo Juzgado hace estudio del expediente y determinó que no había constancia de haber puesto a la orden el traslado y declaró nulidad únicamente del auto con fecha 25 de febrero del 2012, considerándolo como un auto de mero trámite, obviando que durante la secuela del juicio la Sala de lo Constitucional en fecha catorce (14) de mayo del dos mil trece (2013) había resuelto un Recurso de Amparo a la parte (Demandante) y por UNANIMIDAD DE VOTOS, FALLO:1) Otorgando el Recurso de Amparo a efecto de que la Corte de Apelaciones Civil de la Sección de San Pedro Sula dictara un fallo apegado a los principios constitucionales y, 2) Haciendo un Severo Llamado de Atención ante el atropello y desconocimiento de la fe pública judicial. CONSIDERANDO (7): Que el Ad-Quem atendiendo en todo su contexto el fallo proferido por la Sala de lo Constitucional, dicto nueva sentencia con fecha catorce (14) de agosto del dos mil trece (2013), DECLARANDO SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte (demandada) contra los autos de fecha siete (7) de octubre del año dos mil diez y confirma los autos apelados, con lo que restituyó todos los derechos constitucionales violados al recurrente y que se contraían al momento procesal oportuno en el juicio (primer periodo probatorio), o sea la proposición de medios de prueba por las partes en el proceso, sentencia con la cual se dio por admitida la prueba presentada en tiempo y forma por la parte demandante, la que sería ejecutada en el transcurso del procedimiento en el momento procesal oportuno. CONSIDERANDO (8): Que al estudiar y analizar el procedimiento incoado y los fallos emitidos en el transcurro del procedimiento, tanto del Juez A-quo como del Tribunal de Alzada, de igual forma el fallo proferido en sentencia de Acción de Amparo de fecha 14 de mayo del 2013, se aprecia que el Juez A-Quo en completa desobediencia a los fallos emitidos siguió conociendo del juicio a partir de la etapa de conclusiones, sin acatar lo ordenado, en cuanto al restablecimiento de los derechos lesionados a favor del recurrente, cuyo objetivo primordial es garantizar el legitimo derecho a la defensa y el debido proceso, derechos que quedaron tutelados a través del fallo de la Sala de lo Constitucional en cuanto a la admisión de los medios de prueba para que se continuara con el juicio respetando el debido proceso. CONSIDERANDO (9) : Que al analizar las argumentaciones del impetrante, al examinar las motivaciones y fundamentación jurídica tanto del Juez A-Quo como del Tribunal de Alzada en los fallos enunciados, objeto del Recurso de Amparo, entran en aparente controversia la aplicación del Artículo 202 del Código de Procedimientos Comunes en relación con los artículos 61, 82 y 90 de la Constitución de la República y la emisión de los autos de fecha nueve de diciembre del 2011 donde el Juzgado ordena dar traslado a la parte demandada por el termino de seis días para formular conclusiones y posteriormente, en auto de fecha 25 de febrero del 2012 (vuelto), se da por caducado y vencido el termino para formular conclusiones a la parte demandada, sin embargo, en auto de fecha 29 de abril del 2014, el Juzgado resolvió entre otros aspectos”….de oficio declárese nulidad únicamente del auto de fecha veinticinco de febrero del año dos mil doce”, por no constar en las diligencias que se puso a la orden el traslado a la parte demandada por el termino de seis días por medio de la Secretaría del Despacho”; a lo que la parte demandante interpuso motivado recurso de reposición y solicito en el mismo escrito cierre del primero periodo probatorio y apertura del segundo periodo probatorio, que se dejara sin valor y efecto todas las actuaciones posteriores al 7 de octubre del 2010, lo que fue resuelto con auto de fecha 6 de agosto del 2014, que entre otros asuntos resolvió concretamente “… que se de cumplimiento al auto de fecha 7 de noviembre del 2011, donde se ordena darle traslado a las partes en su orden para que formulen sus conclusiones en el término de seis días…”, a lo que la parte demandante solicitó nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha 6 de agosto del 2014,resolviendo el juzgado mediante auto motivado en fecha 6 de octubre del 2014 lo siguiente:“…. CONSIDERANDO: Que por un error involuntario al momento de redactarlo, el auto de fecha seis (6) de agosto del año en curso (2014) no contiene un pronunciamiento concreto sobre los recursos antes indicados, siendo procedente pronunciarse al respecto previo continuar con el presente proceso.- En consecuencia de lo anterior y habiéndose admitido el escrito presentado el uno de agosto del dos mil catorce (2014), por la abogado LUCY GISELA VALLDARES BARDALES en su condición de apoderado de ANGEL SANDOVAL ESCOTO, este juzgado resuelve: 1. En virtud de constar de los autos y como se pide, de oficio, se declara la nulidad absoluta de actuaciones a partir inclusive del auto de fecha seis (6) de agosto del dos mil catorce (2014) y demás actuaciones posteriores; 2. En virtud de los recursos de reposición y subsidiara apelación contra el auto de fecha veintinueve (29) de abril del mismo año interpuesto por la abogada LUCY GISELA BARDALES en el acto de la notificación, deniéguese el recurso de reposición y en ambos efectos concédase el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto contra el auto de fecha veintinueve (29) de abril del dos mil catorce (2014); 3.- Concédase a la partes el termino de tres (3) días para que comparezcan ante la Honorable Corte de Apelaciones Civil a mejorar dicho recurso… NOTIFIQUESE”, dictando sentencia el tribunal de Alzada en fecha once (11) de noviembre del dos mil catorce (2014), sin embargo, esta nulidad deja plena vigencia del auto de fecha siete (7) de noviembre del dos mil once (2011), (folio 138 v.), donde se declara caducado de derecho y vencido irrevocablemente el segundo periodo probatorio para evacuar prueba para la parte que no hizo uso de dicho termino, (demandante) y cerrado definitivamente para la parte demandada quien si lo utilizó, ordenando los traslados de ley a las partes por su orden para que formulen sus respectivas conclusiones dentro del término de ley. CONSIDERANDO (10): Que se aprecia del estudio de las piezas del proceso que el Juez A-Quo en completa desobediencia a los fallos emitidos tanto de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortés, como de esta Sala, ha vulnerado garantías constitucionales como el derecho de defensa y el debido proceso al recurrente, con la emisión de un auto que altera la sustanciación regular del proceso, al no retrotraerse al momento procesal oportuno, en el que, el Juez debió dictar una resolución judicial motivada y estructurada, restituyendo los derechos vulnerados al impetrante, a partir de la apertura del segundo periodo probatorio, -ejecución de la prueba admitida-, impulsando el procedimiento de ley conforme a derecho, omisión que ha ocasionado la presentación de nueva acción de amparo contra la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, al fallar la inadmisión del Recurso de Apelación, fundado en que no es apelable el auto recurrido de conformidad al artículo 202 del Código de Procedimientos Civiles, sin embargo el precitado articulo también expresa literalmente “...dichos autos si son apelables cuando alteran la substanciación del procedimiento”, lo que es evidente en el presente caso, por los antecedentes ya relacionados, con este fallo se vulneran garantías constitucionales, por cuanto este auto deja en clara indefensión al recurrente (DEMANDANTE) al no permitirle que ejecute la prueba, la simple proposición y admisión de la prueba no restablece su derecho de legítima defensa y debido proceso, lo que no se ajusta a las disposiciones legales aplicables. Tito Livio en su Obra, Antecedentes y Comentarios del Código Civil Tomo Primero, claramente expresa que los “Autos o Decreto Inapelables son aquellos que ordenan trámites necesarios para la sustanción regular del juicio”,si bien es cierto con el precitado auto el juez ordenó un trámite necesario en el proceso, igualmente se vulneró el derecho al debido proceso, por no acatar los fallos emitidos con anterioridad, para que las partes en el juicio dispongan de igualdad y equidad con respecto a sus pretensiones, a fin de que el juzgador al momento de emitir sentencia, disponga de todos los elementos que le permitan dictar un fallo apegado a derecho. CONSIDERANDO (11): Que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, igualmente corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes al caso concreto, juzgar y ejecutar lo juzgado. Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley y todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad y en el presente caso, la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés con conocimiento de causa en el presente juicio dictó sentencia (Sent.14/8/2013), respetando el fallo de la Sala de lo Constitucional (sent.13/5/2013)que amparó la sentencia recurrida en su momento, antecedente relevante para motivar su fallo de manera congruente, responder de conformidad a lo peticionado por el recurrente y los fundamentos planteados, basándose en la estricta aplicación de la ley al caso concreto, considerando lo establecido en el artículo 3 del Código de Procedimientos Civiles, sobre el debido proceso, así como el respeto de los derechos procesales consagrados en la Constitución de la República y las leyes ordinarias vigentes en el país, dictando resoluciones de forma independiente e imparcial de manera justa y motivada, por lo que, la Sala arriba a la Conclusión que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de lo Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, no se ajusta a las disposiciones legales aplicables por constar la vulneración de los derechos invocados por el impetrante así como las motivaciones que preceden, cabe otorgar el Amparo Demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre; 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 61, 82, 90,303, 304,313 No.5.,316 Y 319; 1 y 78 atribución 5ta. De la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3,5,6,7,9,41,42, 45 y 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 193 y 202 del Código de Procedimientos Comunes. FALLA: OTORGANDO el presente Recurso de Amparo interpuesto por la abogada MARIA ELENA FERNANDEZ ORDOÑEZ a favor del señor ANGEL SANDONAL ESCOTO contra la Resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, de fecha once (11) de noviembre del año dos mil catorce (2014), emitiendo nueva resolución en la que se garanticen los derechos violados al agraviado respetando el debido proceso y legítima defensa, retrotrayéndose al momento procesal de donde parte la vulneración de derechos a la parte recurrente, consiste en la no evacuación de los medios de prueba admitidos de la parte demandante, debiendo la Corte de Apelaciones en su sentencia determinar la conducta precisa que el Juez debe cumplir para su debida ejecución. Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Firma y sello: LIDIA ALVAREZ SAGASTUME MAGISTRADA PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL.-. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA -EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.-JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- firma y sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), certificación del fallo de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1349=14.

Carlos Alberto Almendarez Calix

Secretario de la Sala Constitucional