Sentencia AC-132-15 — Registro 10240
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación, revocó auto definitivo dictado por juzgado de primera instancia que estimó motivo de oposición por considerar la falta de legitimación pasiva de recurrente; se inadmitió a trámite la demanda de ejecución por cantidad de dinero derivada de título judicial promovida contra recurrente; en apelación se desestimó oposición y su motivo por considerar que recurrente si tiene legitimación pasiva requerida para ser ejecutada y quien sin duda debe responder a la demanda de ejecución; Se declaró sin lugar el personamiento de profesional del derecho de recurrente por considerar que no ostentaba la representación de él
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."La Sala de lo Constitucional para determinar si procede el amparo de mérito ha tenido en cuenta, el examen de los argumentos controvertidos entre la autoridad denunciada expuestos en la sentencia impugnada, y las alegaciones del recurrente, más la exposición aportada por el compareciente en calidad de manifestante. Este alto tribunal de justicia, con el examen que hace del escrito de formalización, tiene claridad de que son dos los ataques que se hacen a la sentencia impugnada. El primero de ellos es la violación del derecho al proceso debido legal, basado en el cuestionamiento que se hace a la legitimación que le reconoce el juzgador de segunda instancia a la sociedad denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.; ...el censor pretende que se ampare a su poderdante bajo el argumento de que se violentó el proceso debido legal, sin embargo al hacer el planteamiento de la violación transita por alegatos que son propios de instancia y que conducirían a este alto tribunal de justicia a pronunciarse fuera del ámbito que le permite el artículo 183 constitucional...el cuestionamiento que el petente hace a la motivación del ad quem se basa en que ésta es errónea, de conformidad con la prueba evacuada; de manera que es una inducción a que la Sala se pronuncie, luego de revisar esa misma prueba indicando a quien corresponde demandar o expresando que no existe legitimación pasiva en la persona ejecutada...la Sala de lo Constitucional observa que no existe reproche con relación a ejercitar el derecho de defender sus posiciones en un ambiente de igualdad procesal. Tomando en cuenta esto, para la Sala de lo Constitucional no es de recibo dentro del ámbito de la garantía constitucional de amparo, el cuestionamiento del censor, en virtud de lo cual resulta procedente su denegatoria. El segundo argumento que sustenta la garantía constitucional de amparo es siempre sobre una violación al debido proceso legal, pero en esta ocasión en su vertiente o relativa al derecho de defensa, que consiste en el desamparo y en consecuencia el perjuicio que se le provoca al BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., al declararse sin lugar el personamiento realizado por dicha sociedad por medio de la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS. Siendo necesario en este último caso, determinar si la profesional del derecho en mención, ostentaba la postulación procesal requerida para representar a dicha sociedad. La Sala de lo Constitucional tiene la obligación de examinar, dentro de los alcances de la garantía de amparo, si la decisión del tribunal de segunda instancia, conculca el derecho de defensa de la parte demandada; al respecto observa que el ad quem resolvió declarar sin lugar el personamiento de la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en virtud de que ésta no ostentaba la representación de la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. En su argumentación la corte de apelaciones, dispuso que la abogada Maribel Espinoza Turcios no ostentaba la postulación procesal al momento de personarse, en virtud de que la persona que le confirió el poder de representación, no estaba legitimada para hacerlo, debido a que no era gerente general y por ende representante legal de la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. La Sala de lo Constitucional observa que en relación con este asunto, la persona jurídica denominada BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A. modificó su denominación social por BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., mediante instrumento público número treinta y tres de fecha diez de abril del año dos mil ocho otorgada ante los oficios del notario René López Rodezno e inscrito bajo el número diez del tomo setecientos nueve del Libro registro de comerciantes sociales del registro mercantil del departamento de Francisco Morazán. Con ello, Se declaró sin lugar el personamiento de profesional del derecho de recurrente por considerar que no ostentaba la postulación procesal para personarse en el juicio. Esto incluye el poder otorgado a la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS por la señora GRACIA MARÍA SIERRA MEDINA en su condición de gerente general de la sociedad denominada primero BANCO CUSCATLÁN, S.A. y después BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. Estimando lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Constitucional aprecia que la decisión del tribunal de apelación que declaró sin lugar el personamiento del BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., por medio de la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, es un acto violatorio al derecho de defensa, por cuanto le priva del derecho de participar activamente en el proceso en procura de sus propios y legítimos derechos e intereses. Asimismo le priva de contar con un apoderado procesal y por tanto de una defensa técnica efectiva. Siendo por tanto la presente garantía de amparo de recibo en relación con este extremo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 79 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."La Sala de lo Constitucional para determinar si procede el amparo de mérito ha tenido en cuenta, el examen de los argumentos controvertidos entre la autoridad denunciada expuestos en la sentencia impugnada, y las alegaciones del recurrente, más la exposición aportada por el compareciente en calidad de manifestante. Este alto tribunal de justicia, con el examen que hace del escrito de formalización, tiene claridad de que son dos los ataques que se hacen a la sentencia impugnada. El primero de ellos es la violación del derecho al proceso debido legal, basado en el cuestionamiento que se hace a la legitimación que le reconoce el juzgador de segunda instancia a la sociedad denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.; ...el censor pretende que se ampare a su poderdante bajo el argumento de que se violentó el proceso debido legal, sin embargo al hacer el planteamiento de la violación transita por alegatos que son propios de instancia y que conducirían a este alto tribunal de justicia a pronunciarse fuera del ámbito que le permite el artículo 183 constitucional...el cuestionamiento que el petente hace a la motivación del ad quem se basa en que ésta es errónea, de conformidad con la prueba evacuada; de manera que es una inducción a que la Sala se pronuncie, luego de revisar esa misma prueba indicando a quien corresponde demandar o expresando que no existe legitimación pasiva en la persona ejecutada...la Sala de lo Constitucional observa que no existe reproche con relación a ejercitar el derecho de defender sus posiciones en un ambiente de igualdad procesal. Tomando en cuenta esto, para la Sala de lo Constitucional no es de recibo dentro del ámbito de la garantía constitucional de amparo, el cuestionamiento del censor, en virtud de lo cual resulta procedente su denegatoria. El segundo argumento que sustenta la garantía constitucional de amparo es siempre sobre una violación al debido proceso legal, pero en esta ocasión en su vertiente o relativa al derecho de defensa, que consiste en el desamparo y en consecuencia el perjuicio que se le provoca al BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., al declararse sin lugar el personamiento realizado por dicha sociedad por medio de la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS. Siendo necesario en este último caso, determinar si la profesional del derecho en mención, ostentaba la postulación procesal requerida para representar a dicha sociedad. La Sala de lo Constitucional tiene la obligación de examinar, dentro de los alcances de la garantía de amparo, si la decisión del tribunal de segunda instancia, conculca el derecho de defensa de la parte demandada; al respecto observa que el ad quem resolvió declarar sin lugar el personamiento de la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en virtud de que ésta no ostentaba la representación de la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. En su argumentación la corte de apelaciones, dispuso que la abogada Maribel Espinoza Turcios no ostentaba la postulación procesal al momento de personarse, en virtud de que la persona que le confirió el poder de representación, no estaba legitimada para hacerlo, debido a que no era gerente general y por ende representante legal de la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. La Sala de lo Constitucional observa que en relación con este asunto, la persona jurídica denominada BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A. modificó su denominación social por BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., mediante instrumento público número treinta y tres de fecha diez de abril del año dos mil ocho otorgada ante los oficios del notario René López Rodezno e inscrito bajo el número diez del tomo setecientos nueve del Libro registro de comerciantes sociales del registro mercantil del departamento de Francisco Morazán. Con ello, Se declaró sin lugar el personamiento de profesional del derecho de recurrente por considerar que no ostentaba la postulación procesal para personarse en el juicio. Esto incluye el poder otorgado a la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS por la señora GRACIA MARÍA SIERRA MEDINA en su condición de gerente general de la sociedad denominada primero BANCO CUSCATLÁN, S.A. y después BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. Estimando lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Constitucional aprecia que la decisión del tribunal de apelación que declaró sin lugar el personamiento del BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., por medio de la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, es un acto violatorio al derecho de defensa, por cuanto le priva del derecho de participar activamente en el proceso en procura de sus propios y legítimos derechos e intereses. Asimismo le priva de contar con un apoderado procesal y por tanto de una defensa técnica efectiva. Siendo por tanto la presente garantía de amparo de recibo en relación con este extremo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, doce de Septiembre de dos mil diecisiete.VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado ADOLFO MARCIANO BANEGAS PUERTO, a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., en contra de la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis de noviembre del año dos mil catorce, que declaró con lugar el recurso de apelación y revocó el auto definitivo dictado en fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de ejecución por cantidad de dinero derivada de un título judicial promovida por la empresa denominada SUITES TEPEYAC, contra la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los derechos al debido proceso, de una tutela judicial efectiva y defensa contenidos por su orden en los artículos 90 y 82 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES PROCESALES.1. En fecha quince de mayo de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado ELMER EDMUNDO ENAMORADO CASTELLÓN, actuando en su condición de representante legal de la sociedad mercantil denominada SUITES TEPEYAC, promoviendo demanda de ejecución por cantidad de dinero derivada de un titulo judicial, contra la señora JANETH MARÍA TIRADO PAGER, en su condición de representante legal de la sociedad mercantil denominada CITIBANK HONDURAS, S.A., empresa incorporante que absorbió la sociedad mercantil Banco Uno, S.A; para que pague o consigne a la orden de su representada, SUITES TEPEYAC la cantidad de dinero determinada, a la cual fue condenada en sentencia definitiva de fecha seis de agosto de dos mil doce, más la indemnización por lucro cesante y daño emergente, conforme a la cuantía de la demanda señalada por el juzgado. (Folios uno (1) al cinco (5) de la primera pieza de antecedentes).2. En fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, actuando en representación de la sociedad mercantil CITIBANK DE HONDURAS. S.A., compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, presentando oposición a ejecución y promoviendo incidente de nulidad de actuaciones a partir del auto de fecha dos de agosto de dos mil trece. (Folios ciento veintisiete (127) al ciento treinta y siete (137) de la primera pieza de antecedentes).3. Seguido el trámite de ley correspondiente, con fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual: “…FALLA: PRIMERO: ESTIMAR el motivo de oposición a la ejecución judicial presentado por la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, como representante procesal del banco CITIBANK DE HONDURAS, S.A., consistente en falta de legitimación del ejecutado (falta de legitimación pasiva), en la demanda de ejecución judicial por cantidad de dinero derivada de un titulo judicial, promovida por el abogado, ELMER EDMUNDO ENAMORADO CASTELLÓN, como representante procesal de la sociedad individual SUITES TEPEYAC; en virtud de haberse acreditado el cambio de denominación de la sociedad mercantil AVAL CARD, S.A., persona jurídica como demandada en la sentencia definitiva de fecha seis de agosto de dos mil doce, a sociedad mercantil CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A.; en consecuencia, ANÚLESE las actuaciones procesales a partir e inclusive del auto de fecha dos de agosto de dos mil trece y posteriores actuaciones procesales, por las razones anteriormente expuestas; quedando consecuentemente sin ningún valor ni efecto dichos actor procesales; POR CONSIGUIENTE INADMITASE a trámite la demanda de ejecución por cantidad de dinero derivada de un titulo judicial, en virtud de haberse promovido contra BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., una sociedad mercantil que no tiene la legitimación pasiva que exige la ley procesal civil aplicable, para hacer frente a la condena contenida en la sentencia definitiva de fecha seis de agosto de dos mil doce.- …” (Folios trescientos (303) al trescientos siete (307) de la primera pieza de antecedentes).4. Que conociendo la apelación promovida por el abogado ELMER EDMUNDO ENAMORADO CASTELLÓN, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de noviembre de dos mil catorce, dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación del que se ha hecho mérito.-SEGUNDO: REVOCANDO EL AUTO DEFINITIVO IMPETRADO de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en la DEMANDA DE EJECUCIÓN POR CANTIDAD DE DINERO DERIVADA DE UN TÍTULO JUDICIAL, promovida por el abogado ELMER EDMUNDO ENAMORADO CASTELLÓN accionando en su condición de representante legal de la empresa individual SUITES TEPEYAC, contra la sociedad mercantil denominada CITIBANK DE HONDURAS, S.A.,… TERCERO: Declarando sin lugar el personamiento efectuado ante el a quo, que por parte de la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en virtud de que ésta no ostentó nunca la representación judicial de la sociedad mercantil denominada CITIBANK DE HONDURAS, S.A., por no gozar de la postulación procesal requerida para comparecer en juicio; CUARTO: DESESTIMAR LA OPOSICIÓN ASÍ COMO EL MOTIVO DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN JUDICIAL, entrepuesta por la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A, en virtud de que dicha institución bancaria, si tiene legitimación pasiva requerida como para ser ejecutada, por lo tanto la misma es responsable de los derechos y obligaciones de CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A., denominación que deriva del nombre de su accionista mayoritario que es la Sociedad Mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.; tal como quedó expuesto; …” (Folios treinta y seis (36) al cincuenta y seis (56) de la segunda pieza de antecedentes).5. El recurrente abogado ADOLFO MARCIANO BANEGAS PUERTO, compareció ante este tribunal, en fecha cinco de febrero del año dos mil quince, reclamando amparo a favor la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., contra la sentencia, dictada en fecha seis de noviembre de dos mil catorce, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. El garantista la considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha doce de mayo del año dos mil quince.6. En fecha ocho de junio de dos mil quince, se tuvo por evacuada la vista concedida al fiscal del despacho abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, quien fue de la opinión de que se otorgue la acción de amparo. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los derechos de debido proceso, de una tutela judicial efectiva y defensa contenidos por su orden en los artículos 90 y 82 de la Constitución de la República. I. VIOLACIÓN DEL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO. El garantista al formalizar el amparo de mérito estimó la violación del derecho al debido proceso legal, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la Republica, en virtud de que la autoridad recurrida violenta el derecho a la obtención de decisiones motivadas y fundamentadas en ley, o sea decisiones apegadas al principio de legalidad. Expresa que la corte de apelaciones conculcó dicho derecho en virtud de las razones siguientes:(1) La corte actuó de manera arbitraria e irracional al revocar la decisión del a quo, quien había decidido estimar la oposición por falta de legitimación del ejecutado. El garantista señala que se quebrantó así lo dispuesto en el artículo 13.3 del Código Procesal Civil.[4]En relación con esto, el garantista opina que entre otros supuestos, el debido proceso se quebranta cuando la motivación es sólo aparentemente justa; y en este caso explica que el ad quem en el numeral cuarto, literal E.4) de los fundamentos de derecho de su sentencia, manifestó falsamente lo siguiente: «En el indicado instrumento público, el notario público autorizante dio fe de haber tenido a la vista, aparte de los documentos relacionados en letras anteriores, el documento que transcribe en la letra c) consistente en la certificación extendida por el secretario de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que contiene la resolución número 646/27-05-2008, documento en el que en sendos considerandos, se hace una relación de las causas que motivaron a la SOCIEDAD DE INVERSIONES AVAL CARD, SOCIEDAD ANÓNIMA, para solicitar a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros la autorización para reformar su escritura social por cambio de denominación social, dimanando del quinto considerando contenido en la resolución ut supra mencionada, lo que se transcribe de forma literal: “Que de conformidad, con lo manifestado por la SOCIEDAD DE INVERSIONES AVAL CARD, SOCIEDAD ANÓNIMA en su solicitud, el cambio de denominación social responde al cambio de su estructura accionaría, es decir a la adquisición del control accionario de dicha sociedad por parte del CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (COIC), el cual fue autorizado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante resolución 359/25-03-2008 emitida el 25 de marzo de 2008, con lo que esta sociedad se convirtió en el accionista mayoritario de dicha sociedad.” Con todo ello es claro entonces que CITITARJETAS DE HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA o CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A., ES PARTE INTEGRAL DE CITIBANK, S.A., por lo que éste puede perfectamente responder a la demanda de ejecución que se les ha incoado o en su defecto cualquier otra institución bancaria que absorba a ésta con la que ésta se fusione a futuro.»El petente manifiesta que esto es falso porque de lo transcrito no puede inferirse de que CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (COIC) sea la misma persona jurídica denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., pues son sociedades y personas jurídicas distintas, ni que la hoy denominada CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A. sea parte integral de BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., ya que no existe prueba alguna en los autos de que ambas sociedades hayan sido fusionadas. Luego tras calificar de arbitraria la decisión del ad quem, el garantista dice que es también falsa o errónea la manifestación siguiente: Que debido a que BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., es el supuesto socio mayoritario de la sociedad CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A. (verdadera obligada), debe responder de la demanda de ejecución, porque asumió los derechos y obligaciones, sic: “de todas esas sociedades que ha absorbido o con la que se ha fusionado, ha quedado así plasmado en los diversos instrumentos públicos relacionados.” De esta forma, agrega el petente, dejó de aplicar el artículo 10.2 del Código Procesal Civil.[5] Puesto que ninguna de las pruebas evacuadas acredita que BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., sea la misma persona jurídica denominada CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A., mucho menos que ambas se hayan fusionado y mucho menos que la denominación social CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A. se derive del nombre de BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.Según lo expuesto por el ad quem vale decir que, (sic) “el accionista mayoritario de una sociedad anónima sea quien deba responder por las deudas sociales.” Lo que resulta erróneo, dice el petente porque en Honduras este tipo de sociedades no posibilitan que los socios contraigan responsabilidades de manera personal por las contraídas por las sociedades. Se obligan nada más a pagar las acciones que hubiesen suscrito tal como lo dispone el artículo 90 del Código de Comercio. Es por esta razón que en su opinión el BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., carece de legitimación pasiva en el juicio de mérito, dado que en el título en que se funda la ejecución la obligada es la mencionada AVAL CARD, S.A. de C.V., hoy denominada CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A. Concluye el garantista afirmando que no existe prueba de que ambas sociedades hayan sido fusionadas, por lo que se colige que son personas distintas y por ende la motivación de la sentencia es indebida y falta de razón. Constituye además un error de interpretación y aplicación de la ley.(2) De igual manera el garantista expresa que se ha quebrantado el derecho al debido proceso legal contenido en al artículo 90 constitucional porque se denegó el personamiento de la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, bajo el argumento de que ésta no ostentó nunca la representación de la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., supuestamente “por no gozar de la postulación procesal para comparecer en juicio.” Para el impetrante entonces, la resolución impugnada no se encuentra debidamente motivada y fundada en derecho, siendo además arbitraria e irracional. Al respecto, detalla:a) Cita a la corte de apelación, quien en el numeral quinto de su resolución declaró que la abogada Maribel Espinoza Turcios no ostentaba la postulación procesal al momento de personarse, en virtud de que la persona que le confirió el poder de representación, no estaba legitimada para hacerlo, debido a que no era gerente general y por ende representante legal de la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., en el momento que otorgó dicho poder. De manera que conculcó el artículo 79.2 del Código Procesal Civil.[6] El tribunal de alzada señaló también que a dicha abogada no se le había conferido poder especial o general de representación por parte de la Junta Directiva de BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., tal como quedó recogido en la resolución número 964/05-08-2008, emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; luego dicha circunstancia fue aceptada de forma tácita por la institución bancaria en comento al haber requerido al notario José Antonio Taixés, por medio de la señora Lynet Kawas Bolaños, en su condición de apoderada judicial de la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., inicialmente denominada BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A., para que dejara constancia de lo expresado por el señor Gustavo Álvarez Pineda en su condición de apoderado de la sociedad en referencia, habiendo quedado plasmado dicho requerimiento en el instrumento público número 52 de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil trece, en el que se mencionó entre otras cosas que: “El poder general de administración, que se le confirió en su momento a la señora GRACIA MARÍA SIERRA MEDINA, por parte de BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A., el que posteriormente cambió su denominación social, siendo válidos todos los actos y contratos realizados por la señora GRACIA MARÍA SIERRA MEDINA, en nombre de la sociedad originalmente denominada BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A., y luego BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., especialmente el poder otorgado a favor de la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS…” Circunstancia relacionada que refuerza la tesis de este ad quem, referente a que la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS no ostentaba al momento de personarse en el juicio sub examine, la postulación procesal que se requiere para este tipo de asuntos, al no haberle sido otorgado poder de representación alguno de parte de la entidad mercantil mencionada.”b) El garantista expresa que lo anterior no es cierto porque las sociedades anónimas, por disposición legal tienen el carácter de personas jurídicas, y por ende son sujetos de derechos y obligaciones; las cuales nacen al tráfico jurídico con el acto de su fundación simultanea o por suscripción pública, según sea el caso, en aplicación de los que disponen los artículos 13 romano IV, 14, 15, 90, 91 y 93 del Código de Comercio, relacionados con los artículos 56 No.2, 57, 58 y 59 del Código Civil. En el presente caso la sociedad anónima BANCO CUSCATLÁN, S.A., se organizó mediante fundación simultánea, según instrumento público número ciento ochenta (180) de fecha nueve de septiembre del año dos mil cuatro, ante los oficios del notario Dennis Matamoros Batson, inscrita bajo el número cuarenta y uno del tomo quinientos sesenta y nueve del Libro registro de comerciantes sociales del registro mercantil del departamento de Francisco Morazán; posteriormente dicha persona jurídica modificó su denominación social de BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A. por la denominación social de BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., mediante instrumento público número treinta y tres de fecha diez de abril del año dos mil ocho otorgada ante los oficios del notario René López Rodezno, inscrito bajo el número diez del tomo setecientos nueve del Libro registro de comerciantes sociales del registro mercantil del departamento de Francisco Morazán. Que de lo expuesto, dice el garantista, se infiere claramente que la persona jurídica que originalmente se organizó o nació a la vida jurídica bajo la denominación social de BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A., se trata de la misma persona que actúa en el presente juicio bajo la denominación social de BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., dado que lo único que ha sucedido en la persona jurídica es un cambio de su denominación social, una simple reforma de sus estatutos, y por ende, no se trata de dos sujetos de derecho distintos, consecuentemente tratándose de la misma persona jurídica, son eficaces los actos y contratos realizados en nombre y representación de la sociedad bajo cualquiera de las denominaciones sociales adoptadas de BANCO CUSCATLÁN S.A. o BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., antes indicadas por lo que siempre serán válidas y se tendrán realizadas por la misma persona jurídica como titular de derechos y obligaciones.El garantista refiere que es absurdo como pretende la autoridad recurrida que hace suyo el argumento del ejecutante que por el sólo hecho de cambiar la denominación social de una persona jurídica como ocurrió en el caso de BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., se invaliden los actos y contratos realizados por sus representantes o apoderados legales haciendo uso de los poderes legalmente otorgados por la misma sociedad bajo la anterior denominación social, como el poder con que actuó la señora GRACIA MARÍA SIERRA MEDINA y que le fue otorgado por la misma persona jurídica bajo la denominación social de BANCO CUSCATLÁN, S.A., el día once de diciembre de dos mil siete, en cuyo caso, dice el garantista, será siempre válido por haber sido otorgado a la citada gerente general y apoderada por una sociedad legalmente constituida e inscrita al momento de su otorgamiento, e igualmente es válido el poder otorgado por dicha gerente general a la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS en nombre y representación de la sociedad BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., en ejercicio del poder que le fue otorgado estando en vigencia la anterior denominación, por cuanto se trata de la misma persona jurídica, aunque la modificación de su denominación social haya ocurrido en fecha posterior al poder que le fue conferido. Refiere que asumir la tesis del ad quem, o sea que se invalidan todos los actos y contratos en virtud de cambiar denominación social equivaldría a generar una grave inseguridad jurídica en el tráfico mercantil, especialmente en todos los actos realizados por los representantes de las sociedad mercantiles en el desarrollo de sus giros, y que de pronto todo acto o contrato celebrado hoy por el representante de una entidad mercantil con una denominación determinada, podría llegar a ser inválido después, por el sólo hecho de que en el futuro dicho representante de tal entidad sea sustituida por otra denominación.c) Expresa que es falso que BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., se trata de una persona jurídica distinta y que haya sido fusionada posteriormente a otra persona jurídica ya existente denominada BANCO CUSCATLÁN, S.A., conforme a las reglas de los artículos 344, 348 y 350 del Código de Comercio, relativa a la fusión de sociedad mercantiles. Lo que sucedió fue un cambió de denominación social, procediendo a reformar su escritura de constitución social, sin dejar de ser la misma persona jurídica. No existe prueba de fusión, como lo señala la corte de apelaciones.d) No es dable admitir que por el hecho de que en fecha catorce de mayo de dos mil nueve, se le haya revocado el poder a la señora GRACIA MARÍA SIERRA MEDINA como gerente general y apoderada, son nulos [en forma retroactiva] todos los actos y contratos celebrados haciendo uso de dicho mandato, entre ellos el poder otorgado el día seis de diciembre de dos mil ocho a la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS. Al respecto señala que los actos y contratos realizados durante la vigencia de su mandato se encuentran revestidos de toda eficacia jurídica y perduran aunque dichos representantes o apoderados legales dejen de tener relación con la persona jurídica. e) Tampoco es dable admitir que con la revocatoria del poder otorgado a la señora GRACIA MARIA SIERRA MEDINA, cinco meses con ocho días después de la fecha en que le fue otorgado a la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS el mandato judicial para representar en juicio a dicha sociedad, “ha terminado la personalidad del poderdante” BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., antes BANCO CUSCATLÁN, S.A., dado que el mandato que le fue otorgado a dicha profesional del derecho se realizó en nombre y representación de una sociedad anónima y no se trata de un poder temporal o sujeto a la vigencia de su propio mandato. Asimismo califica a la sentencia que impugna como infundada y contraria a derecho porque no existe prueba que demuestre el cese del mandato otorgado a la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS como procuradora de BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., antes denominado BANCO CUSCATLÁN, S.A., por haber terminado la personalidad del poderdante conforme al presupuesto establecido en el artículo 261 No.5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, porque la sociedad anónima no ha dejado de existir, ya que BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., se encuentra legalmente inscrita y activa en el tráfico jurídico por no haber sido disuelta y liquidada. En este sentido expresa que en el caso de las sociedades mercantiles, de conformidad con los artículos 336 romano VI en relación con el 322, 328, 330, 331, 340 y 341 del Código de Comercio, la personalidad jurídica de una sociedad termina hasta que se inscribe en el registro mercantil correspondiente, por parte del liquidador social el balance final después de aprobado el mismo y obtener del propio registro la cancelación de la inscripción de la escritura social terminando con dicho acto la personalidad de la sociedad legalmente constituida después de haberse acordado previamente su disolución y liquidación social. Esto no concurre, dice el garantista, en el caso del BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., por lo que estima que ésta subsiste como persona jurídica, como también subsiste el poder otorgado a la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS en su momento. Señala que no existe prueba que acredite que el poder fue revocado en forma expresa o tácita. Sin embargo el ad quem consideró que: “la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS no ostentaba al momento de personarse en el juicio sub examine, la postulación procesal que se requiere para este tipo de asuntos, al no haberle sido otorgado poder de representación alguno de parte de la entidad mercantil…” oncluye expresando lo siguiente: “De haberse terminado la personalidad del poderdante BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., el ejecutante NO hubiera podido dirigir una demanda o la presente ejecución en contra de la persona jurídica de BANCO CUSCATLÁN, S.A., por haber terminado su personalidad jurídica, es decir, no existiría en el tráfico jurídico tal persona.”f) El garantista censura que la resolución del ad quem carece de motivación y fundamentación jurídica suficiente. Señala que la decisión de desestimar el personamiento efectuado por la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS ante el a quo, luego de estimar que no ostentó nunca la representación judicial de la sociedad mercantil BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., al considerar que no ostentaba postulación procesal para comparecer en juicio, ya que el BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., antes denominado BANCO CUSCATLÁN, S.A., no ha realizado ninguna actuación en el presente proceso sin la intervención de profesional del derecho debidamente colegiado, tal como lo establece la sentencia. Por el contrario, acota, la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS se encuentra legal y debidamente autorizada por el Colegio de Abogados para ejercer actos de procuración en representación del BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., antes BANCO CUSCATLÁN, S.A., conforme lo disponen los artículos 9, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras; y al efecto le fue otorgado un poder especial para pleitos de conformidad con los artículos 81 y 82 del Código Procesal Civil, relacionados con los artículos 256 y 258 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, sin que conste que le fue revocado. Califica como infundada y carente de motivación la sentencia recurrida, tanto que el propio instrumento público número 52 de fecha 29 de noviembre de dos mil trece autorizado por el notario José Antonio Taixés T., en el que se funda el ad quem para establecer en forma falsa que la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS no ostentaba la postulación procesal necesaria, es un documento en el que se explica y deja constancia de todo lo contrario, por cuanto el mismo Gustavo Alvarez Pineda en su condición de apoderado del BANCO CUSCATLÁN, S.A., hoy BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., establece que el poder otorgado a la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS por la señora GRACIA MARÍA SIERRA MEDINA en representación del BANCO CUSCATLÁN, S.A. fue un acto válido. Es por ello que para el garantista este documento acredita que la señora MARIA GRACIA SIERRA MEDINA en representación de BANCO CUSCATLÁN, S.A. otorgó un poder de representación judicial a la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, y que BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., en virtud de una reforma a sus estatutos sociales, es la misma persona jurídica que BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., y que por tanto, al no haberse revocado este poder ni expresa ni tácitamente, la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS es la representante judicial de BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., y por lo tanto, al actuar dicha profesional del derecho con ese poder, en el presente juicio, la sociedad ejecutada denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., no carece de postulación procesal. g) De manera que la oposición a la ejecución de la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS en representación del BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., fue un acto permitido por la ley, por lo que el haberse declarado sin lugar su personamiento bajo el argumento de que carecía de postulación procesal impide que dicha sociedad tenga acceso a la justicia y a la jurisdicción, hecho que contraviene lo dispuesto en el artículo 1 del Código Procesal Civil[7]; asimismo le deja en indefensión. Luego explica que de haber estado en lo correcto la corte de apelaciones, devenía en la obligación de subsanar en todo caso subsanar, en virtud de estar de por medio el acceso a la justicia y comprometido el derecho de defensa. (3) El garantista por último expresa que se ha quebrantado el derecho al debido proceso legal contenido en al artículo 90 constitucional porque la sentencia recurrida en su parte resolutiva ordena continuar la ejecución contra la sociedad demandada, vulnerando su derecho fundamental a ser juzgada con las formalidades legales esenciales, debido a que este proceso de ejecución no se desarrolló por los trámites previstos legalmente, siendo inclusive nulo el mandamiento de ejecución, por las razones siguientes: a) Porque la sentencia que se pretende ejecutar no obliga al BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., porque no fue la persona condenada, sino las sociedades AVAL CARD, S.A. de C.V. y CENTRAL AUTOMOTRIZ, S.A. de C.V., por lo que la ejecución no se ha llevado a cabo en los propios términos que figuran en la ejecutoria, lo cual vulnera el artículo 743 del Código Procesal Civil. b) Porque la sentencia que sirve de título a ejecutar contiene una condena a pagar daños y perjuicios, cuya cantidad debería ser fijada en la ejecución de la sentencia, es decir conforme a lo dispuesto en los artículos 884.1 y 884.2 del Código Procesal Civil; por lo que el ejecutante debió presentar previamente una solicitud acompañada de una relación detallada de los distintos conceptos, con su respectivo importe y con las justificaciones o informes que considerara procedente, de la cual debió darse copia al ejecutado para que dentro de un plazo de diez días se pronunciara al respecto, y esto nunca sucedió. Aún así, reclama el garantista, el a quo despachó ejecución por lo que es nulo el mandamiento.II. VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA. Expresa el garantista que la sentencia del ad quem limita el derecho de defensa del BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. contenido en el artículo 82 constitucional. Explica que en la parte resolutiva se declara sin lugar el personamiento efectuado en el presente asunto por la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, por estimar que nunca ostentó la representación judicial de la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., según la corte de apelaciones por no gozar de la postulación procesal requerida para comparecer en juicio; hecho que estima el garantista, falso, por las razones apuntadas con anterioridad. El petente estima que esta situación coloca a dicha sociedad en un estado de limitación que mengua su derecho de participar activamente en el proceso. III. VIOLACIÓN AL DERECHO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Consta en autos que el garantista nada expresa en referencia a la violación de este derecho. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la exposición realizada por el manifestante, abogado Elmer Edmundo Enamorado en su condición de apoderado procesal de la sociedad Suites Tepeyac. La Sala de lo Constitucional toma en cuenta lo expuesto por el abogado Elmer Edmundo Enamorado en su condición de apoderado procesal de la sociedad SUITES TEPEYAC, quien comparece ante este tribunal de justicia como manifestante a exponer mediante el escrito de fecha seis de agosto de dos mil quince la historia del caso que da origen a la garantía de amparo. Relata que su representada SUITES TEPEYAC demandó a AVAL CARD, S.A. y a Central Automotriz, S.A., la primera como vendedor de un vehículo automotor y la segunda como garante de las obligaciones contenida en un contrato de arrendamiento a plazos con promesa de venta. Dicho contrato fue declarado resuelto por el a quo y se condenó a la vendedora y su garante a restituir lo pagado por el vehículo. Habiendo transcurrido doce años para la tramitación del juicio AVAL CARD, S.A. se fusionó con BANCO DE LA EXPORTACIÓN, luego con BANCO UNO pasando por BANCO CUSCATLÁN, S.A., hasta ser absorbida por BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. Por ello su representada SUITES TEPEYAC, siguiendo el tracto sucesivo de esa transformaciones demandó a CITIBANK DE HONDURAS, S.A., por ser el socio mayoritario y permitir que su nombre figurara en la denominación social de AVAL CARD, S.A., que ahora se llama CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A., que encuentran su autorización en los artículos 20, 27, 91 segundo párrafo del Código de Comercio.Relata también que en fecha 3 de septiembre de 2013, la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS se persona como apoderada de CITIBANK DE HONDURAS, S.A. a oponerse a la ejecución de la demanda, con un poder que le fue otorgada por el BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A., por medio de su representante, la señora Gracia María Sierra. Dicho poder le fue otorgado por dicha señora a nombre de CITIBANK DE HONDURAS, S.A., sin ser su representante legal, ese cargo lo ostentaba María Janeth Tirado. Por lo que para el compareciente el notario autorizante violó el artículo 16 numeral 5 del Código del Notariado, pues dio fe de algo que no era cierto.El juzgado sin embargo admitió la oposición y revocó el acto de ejecución, al tercer día de su término, violando entre otros, el artículo 67.2 del Código Procesal Civil que dispone que en caso de fusión o absorción de personas jurídicas, la nueva persona resultante será tenida como litigante en lugar de la entidad fusionada que le dio origen, de tal manera que la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS no podía postular con el poder que le fue otorgado.Relata el compareciente que habiéndose revocado lo actuado por el a quo, la corte de apelaciones le ordenó que continuase con la ejecución. El juzgado en cumplimiento a esto ordenó en fecha seis de noviembre de 2014 la ejecución. De esta manera el juzgado libró oficio a FICOHSA como garante para que hiciera efectiva la caución; sin embargo el título valor que contiene la orden de pago, aun no ha sido cancelado por FICOHSA, quien se ha negado a hacerlo. De lo cual ya presentó denuncia ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Menciona que el proceso de ejecución fue suspendido en virtud del amparo de mérito, en quebranto de los artículos 102[8] y 103 de la Ley sobre Justicia Constitucional.Reclama el compareciente que la sociedad mercantil BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. ya no existe y fue absorbido por el grupo FICOHSA, llamándose así de ahora en delante desde el uno de julio de dos mil catorce. Así consta en la solicitud presentada por el BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ente que emitió la resolución número 1031/30 07 2014, publicada en La Gaceta. El compareciente manifiesta que la presente garantía de amparo es extemporánea, pues fue interpuesto (sic) en fecha en que está firme el auto de ejecución de fecha 30 de agosto de 2013 y ha transcurrido el término de oposición y el juzgado ya ha ordenado la continuidad de la ejecución con fecha 28 de enero de 2015 y ha ordenado el pago de lo reclamado. Posteriormente a la formalización de la presente garantía constitucional de amparo, el compareciente en su condición de manifestante, expresa que los argumentos del amparista, son los mismos que fueron discutidos y debatidos en la segunda instancia y que lo que pretende éste es evitar los efectos de la cosa juzgada; asimismo manifiesta que no considera violados los derechos de defensa y debido proceso, alegados por el garantista. Expresa que el propósito del presente amparo es dilatar el proceso de ejecución de una sentencia firme, lo que se subsume en la causa de inadmisibilidad prevista en el artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Luego cita el artículo 102 de la misma ley, para señalar que ninguno de los casos previstos allí cabe, en virtud de que el presente, es un procedimiento de ejecución de una sentencia que causa cosa juzgada y por tanto la Corte Suprema ni nadie pueden avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos. Refiere el compareciente que consta en autos que en la sentencia se ordena a la empresa garante BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A., conocida como FICOHSA, su cumplimiento en cuanto a que honre la póliza de carta de garantía bancaria No.927/2013, dada por BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., al Poder Judicial de Honduras y que éste por medio del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán entregó a la empresa ejecutante con el despacho correspondiente para que la hiciera efectiva. Expresa que FICOHSA a la fecha no honra esa fianza y pone en precario la autoridad del Poder Judicial, en cuanto a juzgar y ejecutar lo juzgado, conforme a los artículos 767, 768 del Código Procesal Civil en consonancia con el 314 constitucional y 2, 46 numerales 3, 4, 5, 7 y 9 de la Ley sobre Justicia Constitucional. El compareciente también señala que el BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., que el garantista dice representar, en realidad no existe porque fue absorbida por el garante FICOHSA, lo que acredita adjuntando la certificación íntegra registrada bajo el número 24440, matrícula 63100 para que surta efecto ante terceros, que incorpora la resolución número 1031-30-7-2014 emitida por la CNBS. Por lo que estima que el abogado garantista no representa a nadie realmente, que no tiene arraigo y que no prestó la garantía pecuniaria que exige el artículo 103 de la Ley sobre Justicia Constitucional[9]. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen del dictamen emitido por el agente del Ministerio Público. El Ministerio Público por medio del Fiscal Roger Ludovico Matus Zelaya, rindió su dictamen, cuyo resumen a continuación se expone. Concluye el fiscal que procede otorgar en forma parcial la garantía constitucional de amparo de mérito. Al expresar los fundamentos jurídicos que basan su parecer, manifiesta que en fecha 18 de junio de 2008, la sociedad mercantil AVAL CARD, S.A. de C.V., cambió su estructura accionaria y adoptó como nueva denominación CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A.; en consecuencia a partir de esa fecha adquirió de conformidad con el artículo 344 del Código de Comercio, sus activos y pasivos, debiendo ser ésta la persona jurídica a ejecutar como consecuencia del título judicial en ejecución, ya que de conformidad con la constancia de fecha 9 de diciembre de 2013 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros se establece que CITITARJETAS, S.A., anteriormente AVAL CARD, S.A. de C.V. y BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., son instituciones reguladas y supervisadas por dicha comisión y constituyen sociedades mercantiles distintas. Por otra parte en fecha cuatro de septiembre de 2013 la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS en representación del BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., se personó ante el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán acompañando el poder otorgado en fecha 6 de diciembre de 2008 por la entonces gerente general del BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A., Gracia Maria Sierra Medina; sin embargo consta en autos que el BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A. en fecha 5 de febrero de 2008 cambió su denominación social por BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., en consecuencia, a la fecha de otorgar el poder, la otorgante no tenía facultades para conferir el poder, porque nunca ostentó la representación del BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., sino que como ya se había expresado, actuó en representación del BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A. Prueba de ello, señala el fiscal, en fecha 14 de mayo de 2009 a la señora Gracia Maria Sierra Medina le fue revocado el único poder que le fue otorgado como representante del BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A.En virtud del anterior análisis, el fiscal determinó que se violentaron los derechos al debido proceso y defensa al haberse iniciado ejecución contra una persona jurídica distinta a la condenada en el título judicial. Sin embargo también considera que se violentaron los expresados derechos al haberse permitido la oposición presentada por medio de una profesional del derecho que no ostentaba la representación procesal de la persona jurídica afectada. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Resumen de los argumentos expuestos por la autoridad denunciada en la resolución que se ha impugnado por vía de amparo. La Corte de Apelaciones de Francisco Morazán al dictar la sentencia que se impugna por vía de amparo, se fundamentó entre otros puntos de derecho con los que a continuación la Sala resume así: A) El ad quem observó que el ejecutante al momento de subsanar la demanda de ejecución, aclaró como requisito previo para la admisión que se demandaba únicamente a AVAL CARD, S.A. de C.V., excluyendo a la sociedad denominada CENTRAL AUTOMOTRIZ, S.A. de C.V., (CASA). En virtud de lo cual dicha corte de apelaciones aclaró que no procede determinar si la obligación es o no solidaria, y por ende no se ejecuta la totalidad de la condena, sino únicamente el monto que le corresponde pagar a la sociedad demandada.B) En relación con el motivo de oposición de falta de legitimación de la parte ejecutada, recogido en el artículo 763.2 del Código Procesal Civil, la corte estableció que la sociedad ejecutada nace cuando BANCO DE LA EXPORTACIÓN, S.A. (BANEXPO), celebró en fecha ocho de septiembre de 1998, asamblea general extraordinaria de accionistas, mediante la que se acordó “la fusión del BANCO DE LA EXPORTACIÓN, S.A., (BANEXPO) por absorción de las sociedades ADMINISTRADORA DE VALORES, S.A. y AVAL CARD, S.A. de C.V., según acta de asamblea protocolizada en Tegucigalpa por el notario J. Francisco Zacapa, en instrumento público número treinta y cinco de fecha seis de octubre de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Público de Comercio de esta ciudad capital, bajo el número 96 del tomo 417. Posteriormente BANEXPO de conformidad con lo acordado en la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas, celebrada el uno de febrero de dos mil dos, acordó reformar la cláusula vigésima primera de la escritura social, cambiando su denominación social a BANCO UNO, S.A. habiendo sido autorizado para tales efectos por el Banco Central de Honduras mediante resolución número 179-2/2002, de la sesión celebrada en fecha trece de junio de dos mil dos, todo lo cual fue aprobado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, habiendo quedado inscrita dicha modificación social bajo el número 55 del tomo 515 del Registro Público de Comercio de Tegucigalpa. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante resolución número 329/11-03-2008 de fecha once de marzo de dos mil ocho y de conformidad a lo acordado en el punto tercero literal b) del acta correspondiente de la asamblea general extraordinaria de accionistas celebradas en Tegucigalpa el 5 de febrero de 2008 y protocolizada ante los oficios del notario René López Rodezno en instrumento público número once de igual fecha, autorizó la reforma de la escritura de constitución social, así como los estatutos sociales por cambio de denominación social del BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A. a BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., dicha modificación respondió en su momento al cambio de la estructura accionaría del BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A., habiendo quedado inscrita la misma en el libro de comerciantes sociales de Francisco Morazán bajo el número 86 del tomo 695, así mismo las reformas que implica el cambio de denominación fueron inscritas en fecha 31 de julio de 2008, bajo el número 10 del tomo 709 del registro indicado. También consta en el instrumento público número 74, autorizado en fecha 11 de agosto de 2008, ante los oficios del notario público René López Rodezno, otorgado por la señora Nicole Bondy, en su condición de ejecutora especial de acuerdos de las asambleas generales extraordinarias de accionistas de las sociedades denominadas BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. anteriormente denominado BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A., y BANCO UNO, S.A., celebrada en fecha 5 de febrero 2008, se acordó la fusión de dicha sociedad con la denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., anteriormente denominada BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A., sociedad ésta que absorbió la sociedad BANCO UNO, S.A., circunstancia que fue debidamente autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros , previo dictamen favorable del Banco Central de Honduras, de conformidad con la resolución 964/05-08-2008, estableciéndose en dicha resolución en el octavo considerando letra c) que la sociedad absorbente o incorporante que es la sociedad BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., anteriormente denominada BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A., adquirirá la titularidad de todos los derechos y obligaciones de la sociedad BANCO UNO, S.A.; resaltándose a la vez que la sociedad absorbida será disuelta, lo cual consta en la misma consideración en la letra a) in fine, habiendo quedado inscrita dicha transacción en el Registro Público de Comercio de Tegucigalpa, bajo el número 79 del tomo 709. En el instrumento público número 57, autorizado en fecha 18 de junio de 2008, ante los oficios del notario público René López Rodezno, otorgado por la señora Nicole Bondy, en su condición de ejecutora especial de los acuerdos adoptados por la SOCIEDAD DE INVERSIONES AVAL CARD, S.A. de C.V., consta lo siguiente: i) La SOCIEDAD DE INVERSIONES AVAL CARD, S.A. de C.V., se constituyó mediante el instrumento público número diecisiete autorizado por el notario Marco Antonio Batres Pineda de fecha 30 de julio de 1991, inscrita bajo el número 68 del tomo 253 del Registro de Comerciantes Sociales del departamento de Francisco Morazán. ii) La SOCIEDAD DE INVERSIONES AVAL CARD, S.A. de C.V., pasó a denominarse SOCIEDAD DE INVERSIONES AVAL CARD, S.A., mediante reforma que se verificó en el instrumento público número 216 autorizado por el notario Roberto Pacheco Reyes, en fecha 7 de diciembre de 2006, registrada dicha reforma bajo el número 7 del tomo 652 del Registro de Comerciantes Sociales del departamento de Francisco Morazán. iii) La asamblea general extraordinaria de accionistas de la SOCIEDAD DE INVERSIONES AVAL CARD, S.A. de C.V., celebrada en fecha once de marzo de 2008, modificó la denominación social cambiándola a CITITARJETAS DE HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA o CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A., dicho acuerdo fue protocolizado por el notario público René López Rodezno en el instrumento número 43 de fecha 7 de mayo de 2008, y que fue inscrita bajo el número 65 del tomo 703 del Registro de Comerciantes Sociales del departamento de Francisco Morazán. iiii) En ese mismo instrumento consta que el notario dio fe de haber tenido a la vista la certificación extendida por el secretario de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de la resolución número 646/27-05-2008, donde se hace una relación de las causas que motivaron a la SOCIEDAD DE INVERSIONES AVAL CARD, S.A. para solicitar a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros la autorización para reformar su escritura social por cambio de denominación social, extremo que el ad quem transcribe literalmente, así: “Que de conformidad con lo manifestado por la SOCIEDAD DE INVERSIONES AVAL CARD, SOCIEDAD ANÓNIMA en su solicitud, el cambio de denominación social responde al cambio de su estructura accionaria, es decir a la adquisición del control accionario de dicha sociedad por parte del CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (COIC), el cual fue autorizado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante resolución 359/25-03-2008 emitida el 25 de marzo de 2008, con lo que esta sociedad se convirtió en el accionista mayoritario de dicha sociedad.” De lo cual dicha corte de apelaciones colige lo siguiente: “…que CITITARJETAS DE HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA o CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A.,es parte integral de CITIBANK [DE HONDURAS], S.A. y por lo tanto éste puede responder perfectamente a la demanda de ejecución que se les ha incoado, o en su defecto cualquier otra institución bancaria que absorba a ésta o con la que ésta se fusione a futuro.” iiiii) En la misma resolución número 646/27-05-2008 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se estableció: “…el público en general percibirá de forma favorable el cambio de denominación y la presentación de la institución como CITITARJETAS DE HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA o CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A., ya que dicha denominación deriva del nombre de su accionista mayoritario…” que no es otro que la sociedad ejecutada denominada CITIBANK DE HONDURAS, S.A.; razón por la que la corte de apelaciones coligió que la sociedad ejecutada CITIBANK DE HONDURAS, S.A., es quien sin duda debe responder a la demanda de ejecución. Estima en ese sentido que ésta asumió los derechos y obligaciones de todas esas sociedades que ha absorbido o con la que se ha fusionado. C) Con relación al poder con que actuó la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS en representación del BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., la corte de apelaciones estableció que si bien es cierto el instrumento público número 624 otorgado por la señora Gracia María Sierra Medina en representación de CITIBANK DE HONDURAS, S.A., ante los oficios del notario Dennis Matamoros Batson, no es nulo, es también cierto que la señora Gracia María Sierra Medina no podía otorgarlo, en virtud de que en el instrumento público número 1071 de fecha once de diciembre de 2007 otorgado por el señor Federico Bauer Rodríguez en su condición de delegado especial de la Junta Directiva del BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A., ante los oficios del notario Dennis Matamoros Batsón, consta que dicha señora representaba a ese banco durante su existencia jurídica, pero que al haberse operado la fusión del banco indicado con el BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., ésta dejo de fungir como tal. Según la corte de apelaciones así quedó plasmado en la reforma de la escritura de constitución social, así como en los estratos sociales, por cambio de denominación social. Agrega que todo esto se colige del instrumento número 74 autorizado en fecha 11 de agosto de 2008, ante los oficios del notario público René López Rodezno[10], en el que dicho notario transcribió íntegramente la resolución 964/05-08-2008 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, de cuyo contenido, la corte destaca lo siguiente: “… no obstante cabe destacar que las entidades bancarias peticionarias manifiestan en su solicitud que los cargos de gerente general y los coordinadores de las áreas de relaciones públicas, servicios de bienes y muebles, recursos humanos y legal, están en proceso de ser seccionados…” Además dice la corte de apelaciones que le resulta evidente que hubo violación del artículo 79.2 del Código Procesal Civil, en virtud de que la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS no ostentaba la calidad o postulación procesal al momento de personarse en el juicio de mérito, en virtud de que quien le confirió poder de representación fue la señora Gracia Maria Sierra Medina, quien no estaba legitimada para hacerlo, ya que no era a la fecha de otorgarlo, la gerente general y por ende representante legal de las sociedad mercantil BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.; en ese sentido la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, dispuso en su resolución lo siguiente: “La junta directiva es la que tendrá poder pleno y general de administración y de dominio, con amplias facultades para realizar todos los actos propios de sus atribuciones como el órgano administrativo de la sociedad y de acuerdo con la finalidad de la misma, facultades para el otorgamiento de poderes de toda clase…” Por otra parte la corte de apelaciones sostiene que a la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, no se le había conferido poder especial o general de representación por parte de la junta directa del BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., tal como quedó recogido en la resolución número 964/05-08-2008, emitida por la Comisión Nacional de Rancios y Seguros y dicha circunstancia fue aceptada en forma tácita por dicha institución bancaria al haber requerido al notario público José Antonio Taixés, por intermedio de la señora Lynet Kawas Bolaños, en su condición de apoderada judicial de la sociedad BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., anteriormente denominada BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A., para que dejara constancia de lo expresado por el señor Gustavo Alvaro Pineda, en su condición de apoderado de la sociedad en referencia, habiendo quedado dicho requerimiento en el instrumento público número 52 de fecha 29 de noviembre e 2013, en el que se mencionó entre otras cosas que: “El poder general de administración, que se le confirió en su momento a la señora GRACIA MARÍA SIERRA MEDINA, por parte de BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A., el que posteriormente cambió su denominación social, siendo válidos todos los actos y contratos realizados por la señora Gracia Maria Sierra Medina, en nombre de la sociedad originalmente denominada BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A., y luego BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., especialmente el poder otorgado a favor de la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS…” Circunstancia que a juicio del ad quem refuerza su criterio de que la abogada en mención no ostentaba al momento de personarse en el juicio, la postulación procesal que se requiere para este tipo de asuntos, al no habérsele otorgado poder de representación alguno de parte de la entidad mercantil tantas veces mencionada. CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7). Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento de los derechos contenidos en los artículos 90 (debido proceso legal) y 82 (defensa) de la Constitución de la República. La presente garantía constitucional de amparo se funda en la violación de los derechos de debido proceso legal y defensa, contenidos por su orden en los artículos 90 y 82 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional para determinar si procede el amparo de mérito ha tenido en cuenta, el examen de los argumentos controvertidos entre la autoridad denunciada expuestos en la sentencia impugnada, y las alegaciones del recurrente, más la exposición aportada por el compareciente en calidad de manifestante. Este alto tribunal de justicia, con el examen que hace del escrito de formalización, tiene claridad de que son dos los ataques que se hacen a la sentencia impugnada. El primero de ellos es la violación del derecho al proceso debido legal, basado en el cuestionamiento que se hace a la legitimación que le reconoce el juzgador de segunda instancia a la sociedad denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.; ahora bien, el petente para justificar este alegato en amparo lo coloca como un supuesto de violación a la obligación de motivar las resoluciones judiciales; luego al desarrollar este supuesto señala que la decisión es fruto de falsedades. Al explicar este punto el petente reprocha que el juzgador haya inferido que CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (COIC), es la misma persona que BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.; y que CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A. es parte integral de BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., valiéndose para esto en la certificación de la resolución número 646/27-05-2008 proferida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Contrario a lo decidido por el ad quem, el censor señala que CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (COIC) y BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., son personas distintas; asimismo señala que no existe prueba de que CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A. se haya fusionado con BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. En el presente caso, el censor pretende que se ampare a su poderdante bajo el argumento de que se violentó el proceso debido legal, sin embargo al hacer el planteamiento de la violación transita por alegatos que son propios de instancia y que conducirían a este alto tribunal de justicia a pronunciarse fuera del ámbito que le permite el artículo 183 constitucional. La valoración que hace el juzgador de las pruebas aportadas y por tanto los argumentos que éste adopta para tomar sus decisiones, no son objeto a revisión en amparo; salvo que esta motivación sea inexistente, incompleta o contra legem, de tal modo que conduzcan a indefensión. En el caso bajo estudio, se observa que el cuestionamiento que el petente hace a la motivación del ad quem se basa en que ésta es errónea, de conformidad con la prueba evacuada; de manera que es una inducción a que la Sala se pronuncie, luego de revisar esa misma prueba indicando a quien corresponde demandar o expresando que no existe legitimación pasiva en la persona ejecutada. Esta disputa de posiciones ya fue conocida en dos instancias, en las cuales hubo oportunidad procesal de presentar las alegaciones y evacuar la prueba correspondiente para obtener una respuesta jurisdiccional acorde a la ley. Al respecto la Sala de lo Constitucional observa que no existe reproche con relación a ejercitar el derecho de defender sus posiciones en un ambiente de igualdad procesal. Tomando en cuenta esto, para la Sala de lo Constitucional no es de recibo dentro del ámbito de la garantía constitucional de amparo, el cuestionamiento del censor, en virtud de lo cual resulta procedente su denegatoria. El segundo argumento que sustenta la garantía constitucional de amparo es siempre sobre una violación al debido proceso legal, pero en esta ocasión en su vertiente o relativa al derecho de defensa, que consiste en el desamparo y en consecuencia el perjuicio que se le provoca al BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., al declararse sin lugar el personamiento realizado por dicha sociedad por medio de la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS. Siendo necesario en este último caso, determinar si la profesional del derecho en mención, ostentaba la postulación procesal requerida para representar a dicha sociedad. La Sala de lo Constitucional tiene la obligación de examinar, dentro de los alcances de la garantía de amparo, si la decisión del tribunal de segunda instancia, conculca el derecho de defensa de la parte demandada; al respecto observa que el ad quem resolvió declarar sin lugar el personamiento de la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en virtud de que ésta no ostentaba la representación de la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. En su argumentación la corte de apelaciones, dispuso que la abogada Maribel Espinoza Turcios no ostentaba la postulación procesal al momento de personarse, en virtud de que la persona que le confirió el poder de representación, no estaba legitimada para hacerlo, debido a que no era gerente general y por ende representante legal de la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. La Sala de lo Constitucional observa que en relación con este asunto, la persona jurídica denominada BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A. modificó su denominación social por BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., mediante instrumento público número treinta y tres de fecha diez de abril del año dos mil ocho otorgada ante los oficios del notario René López Rodezno e inscrito bajo el número diez del tomo setecientos nueve del Libro registro de comerciantes sociales del registro mercantil del departamento de Francisco Morazán. Con ello, para la Sala no es dable aceptar que con la adopción de una nueva denominación cesan los actos y contratos celebrados por esta persona bajo la denominación social de BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A. Para la debida seguridad jurídica del comercio y del mercado, dichos actos y contratos, como los derechos y obligaciones persisten sin variación alguna. En ese sentido, este tribunal de justicia se pronuncia a favor del alegato del garantista, en cuanto refiere que el hecho de cambiar la denominación social de una persona jurídica no trae consigo que se invalidan los actos y contratos realizados por sus representantes o apoderados legales haciendo uso de los poderes legalmente otorgados por la misma sociedad bajo la anterior denominación social. Esto incluye el poder otorgado a la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS por la señora GRACIA MARÍA SIERRA MEDINA en su condición de gerente general de la sociedad denominada primero BANCO CUSCATLÁN, S.A. y después BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. Estimando lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Constitucional aprecia que la decisión del tribunal de apelación que declaró sin lugar el personamiento del BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., por medio de la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, es un acto violatorio al derecho de defensa, por cuanto le priva del derecho de participar activamente en el proceso en procura de sus propios y legítimos derechos e intereses. Asimismo le priva de contar con un apoderado procesal y por tanto de una defensa técnica efectiva. Siendo por tanto la presente garantía de amparo de recibo en relación con este extremo. III. PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4 No.5, 41, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO EN FORMA PARCIAL la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado ADOLFO MARCIANO BANEGAS PUERTO, a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., contra la sentencia dictada en fecha seis de noviembre de dos mil catorce, por la honorable CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. En consecuencia, para efecto de restituir el derecho de defensa a la parte ejecutada, este alto tribunal de justicia ordena: que la honorable CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, disponga tener por bien hecho en el presente proceso de ejecución, el personamiento de la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en representación del BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., quedando en consecuencia subsistentes todas las diligencias posteriores. En relación con el resto de motivos deniéguese la garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-132-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] Artículo 13. “VALORACIÓN DE LA PRUEBA.1. …2. …3. En todo caso el juez ha de exponer en su sentencia los razonamientos que lo condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma que le obligue, quedando prohibida la arbitrariedad.”
[5] “Artículo 10. PRINCIPIO DISPOSITIVO.1. …2. La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas.”
[6] Artículo 79. INTERVENCIÓN DE PROFESIONAL DEL DERECHO.1.…2. Como representante procesal, quedará obligado por mandato, conferido expresamente mediante poder general o especial, a servir de comunicación eficiente entre su cliente y el juez o tribunal.
[7] Artículo 1. DERECHO DE ACCESO A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES. “1. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. 2. En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso a quienes se les garantiza, en los términos previstos por este Código, la asistencia de profesional del derecho que le defienda y represente, de su libre elección o designado por el Estado. 3. Se prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualesquiera persona a la justicia. El órgano jurisdiccional velará por el cumplimiento de éste artículo removiendo los impedimentos que se puedan producir y posibilitando el ejercicio de los mismos.”
[8] ARTÍCULO 102.- DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia podrá rever una sentencia firme pronunciada en juicio declarativo ordinario de mayor cuantía, en los casos siguientes: 1) Si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos, detenidos por fuerza mayor, o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado. 2) Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos, o cuya falsedad se reconociere o declarare después. 3) Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio, dado en las declaraciones que sirvieren de fundamento a la sentencia; y, 4) Si la sentencia firme se hubiere dictado injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta.
[9] ARTÍCULO 103. DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Por la interposición de esta acción no se suspenderá la ejecución de la sentencia impugnada. Podrá, sin embargo, la Sala de lo Constitucional o en su caso la Corte Suprema de Justicia, en vista de las circunstancias, a petición del recurrente, y oído al Ministerio Público, ordenará que se suspenda la ejecución de la sentencia, siempre que aquél diere fianza bastante para satisfacer el valor de lo litigado y los perjuicios que se causen con la inejecución de la sentencia, para el caso de que la acción fuere desestimada.
[10] Este instrumento fue relacionado antes y es donde consta la fusión celebrada en fecha 5 de febrero de 2008, donde la sociedad denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., anteriormente BANCO CUSCATLÁN DE HONDURAS, S.A., absorbió a la sociedad denominada BANCO UNO, S.A.