Sentencia AC-1302-14 — Registro 12093
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que declaro sin lugar un recurso de apelación con relación a la demanda para la ejecución forzosa de un título extrajudicial.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (17): Que el planteamiento de asuntos puramente judiciales o de instancia, que han sido debidamente resueltos no corresponden ser conocidos por la justicia constitucional, estando su conocimiento y destinados a la justicia ordinaria. Como ya lo ha sostenido en forma reiterada esta Sala, la intervención de los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se hayan conculcado los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales. CONSIDERANDO (18): Que esta Sala no advierte, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero del dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LAÍNEZ en su condición de Representante Procesal de BANCO DE OCCIDENTE S.A., contra la sentencia dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete (07) de abril del año dos mil catorce (2014), que declaro sin lugar un recurso de apelación presentado contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, con relación a la demanda para la ejecución forzosa de un título extrajudicial promovida por el señor JORGE BUESO ARIAS, en su condición de Presidente de la Junta directiva y representante Legal de BANCO DE OCCIDENTE S.A. contra la señora KAREN MARIBEL ROMERO PACHECO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado a su representada los derechos contenidos en los artículos 60, 61, 64, 82, 90, 103, 321 y 323 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil doce (2012), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, el Abogado MIGUEL ALFONSO PERALTA VELÁSQUEZ, en su condición de Representante Procesal de BANCO DE OCCIDENTE, S.A., interponiendo demanda para la ejecución forzosa de un título extrajudicial contra los señores KAREN MARIBEL ROMERO PACHECO, MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO Y EDGARDO OMAR SEGURA MARTÍNEZ conocido también como EDGARDO OMAR SEGURA. (Folios 01 al 05 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha siete de enero de dos mil catorce, el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, dictó sentencia de oposición mediante la cual falló: (sic) “1°) Declarando CON LUGAR la oposición por el motivo de: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN POR PARTE DEL EJECUTANTE; 2°) Se declara sin lugar el procedimiento de ejecución presentado por Banco de Occidente contra la señora Karen Maribel Romero Pacheco; 3°) Se condena en COSTAS al ejecutante por haberse estimado la oposición en su totalidad.”.(Folio 90 al 91 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por el Abogado JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LAÍNEZ en su condición de Representante Procesal del BANCO DE OCCIDENTE, S.A. contra el auto relacionado en el inciso que antecede, la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete de abril de dos mil catorce, dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: “1º) DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LAÍNEZ en su condición expresada; 2º) CONFIRMANDO la Sentencia de Oposición dictada en fecha siete de enero del dos mil catorce, por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho.” (Folios del 06 al 08 de la segunda pieza de los antecedentes). 4) El recurrente Abogado JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LAÍNEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil catorce (2014), interponiendo acción de amparo a favor del Señor JORGE BUESO ARIAS, por considerar que la decisión de la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, de fecha siete (07) de abril de dos mil catorce (2014), es violatoria de las garantías y derechos constitucionales contenidos en los artículos 60, 61, 64, 82, 90, 103, 321 y 323 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinte de abril del año dos mil quince. 5) Que en fecha quince (15) de junio del año dos mil quince (2015), esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, quien fue de la opinión que no se otorgue la acción de amparo. CONSIDERANDO (1):Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2):Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4):Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales, la referida sentencia decretada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en el trámite de una demanda de ejecución forzosa de un título extrajudicial, derivado del incumplimiento de pago de un préstamo fiduciario concedido por el BANCO DE OCCIDENTE, S.A., a la señora KAREN MARIBEL ROMERO PACHECO en el año 2002.El fallo dictado por la Alzada, resolvió un recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, BANCO DE OCCIDENTE, S.A., en contra de la decisión del Juez A-Quo de estimar la oposición establecida por la parte demandada, misma que se fundó en la prescripción de la acción del ejecutante para reclamar el pago de la obligación antes relacionada .El Tribunal de Apelación dispuso declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la parte ejecutante, confirmando por ende la sentencia de oposición que fuera dictada por el JUZGADO PRIMERO DE LETRAS SECCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, el cual consideró que la acción para exigir el pago por la vía judicial había prescrito.En su sentencia, la referida Alzada consideró, al igual que el A-Quo, la aplicación de los artículos 2292 y 2295 del Código Civil, siendo del parecer que teniendo la obligación de pago reclamada, fecha de inicio y vencimiento e incluso plazos de pago, ésta había prescrito al haber transcurrido el tiempo establecido por la ley, estimando así, al igual que el A-Quo, la procedencia de la oposición invocada por la parte demandada/ejecutada, decidiendo la confirmatoria de la resolución apelada. CONSIDERANDO (5): Que al explicar el concepto de la violación alegada, el quejoso expuso que ésta se concretaba por haber la Alzada violentado lo establecido en el artículo 795.1 del Código Procesal Civil, que regula lo referente a la no comparecencia del deudor a la audiencia que se señale en el trámite de la oposición en el procedimiento de ejecución de título extrajudicial, estableciendo dicha norma que si el deudor no acudiera a la audiencia, se le tendrá por desistido de la oposición. La falta de apreciación de esta circunstancia por parte del Tribunal de Alzada, es calificado por el quejoso como un “error de derecho”, que conllevó, según sus alegaciones, a la transgresión del principio de igualdad, el principio de legalidad, la garantía del debido proceso, el derecho de defensa y el derecho a la propiedad, entre otros. CONSIDERANDO (6): Que del análisis de los antecedentes se advierte que a la audiencia de oposición a ejecución de título extrajudicial celebrada en fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, comparecieron los apoderados legales de las partes, acatando con ello lo dispuesto por el artículo 79 del Código Procesal Civil, en cuanto a que la comparecencia en juicio de la parte deberá hacerse mediante profesional del derecho habilitado legalmente para ejercer, quien asumirá su defensa y representación procesal. Se logra advertir que en la audiencia en mención se instó la conciliación por parte del juez, quien indicó en forma expresa que (sic) “…No hubo conciliación de las partes en virtud de no haber comparecido la parte opositora, solamente sus apoderados sin facultades de conciliación…”, haciéndose constar así en el acta respectiva. CONSIDERANDO (7): Que como sabemos, en los diferentes trámites consignados en el Código Procesal Civil, a los jueces se les ha delegado la potestad de instar la conciliación, estimándose que la ley tiene dentro de sus propósitos inmediatos el no llevar adelante el proceso sin agotar previamente la posibilidad de que las partes puedan llegar a un arreglo conciliatorio. Ahora bien, está de más decir que la conciliación es un mecanismo alterno para la solución de un conflicto determinado y depende indiscutiblemente de la voluntad concertada de las partes, lo cual implica que la conciliación no podría ser impuesta, pues ello ciertamente contravendría su propio sentido, cual es acordar una solución al conflicto que se tenga, que sea satisfactoria para los interesados. En el caso que nos ocupa, el quejoso pretende que la falta de otorgamiento de la facultad expresa de conciliar de la parte opositora a sus apoderados legales sea equiparada al desistimiento de la oposición, es decir al abandono de la pretensión de disputar la demanda de ejecución que se ha promovido en su contra. Y pretende a su vez que este hecho sea estimado por esta Sala como una violación de índole constitucional al debido proceso y a los demás derechos y garantías que ha citado en su escrito de interposición y de formalización. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala no encuentra que la falta de conciliación o en este caso la omisión de la parte opositora de otorgar a sus apoderados legales la facultad expresa de conciliar pueda estimarse como un desistimiento de la oposición, precisamente porque no podría conminarse a la opositora a llevar a cabo una conciliación, pues ello implicaría precisamente una negación al concepto mismo de conciliar. La pretensión de conciliar en un proceso judicial debe ser potestativa y discrecional en las partes, lo que implica que no podría ser impuesta por el juez y mucho menos por la parte contraria. La pretensión de oposición a la ejecución del título extrajudicial por motivo de prescripción quedó plenamente manifestada en el proceso y la omisión en el otorgamiento de la facultad de conciliar a sus apoderados lo que implica es la falta de voluntad de conciliar, lo que no podría causar en sí misma una transgresión a derecho alguno como lo ha sostenido el amparista. CONSIDERANDO (9): Que el recurrente discute además el hecho que la parte opositora no compareció personalmente a la audiencia, estando obligada a ello porque según sostuvo ante el A-Quo, estas audiencias son (sic) “personales” y su incomparecencia tiene como consecuencia el desistimiento alegado. Sobre este punto, es importante revisar de nueva cuenta lo dispuesto por la norma que se aduce aplicable al caso, es decir el artículo 795.1 del Código Procesal Civil: “…Si se hubiera convocado la audiencia y no acudiera a ella el deudor, se le tendrá por desistido de la oposición, se le impondrán las costas causadas y se le condenará a indemnizar al demandante comparecido…”. No cabe duda que la norma citada contempla la eventualidad de la no comparecencia del deudor a esta audiencia y que esta incomparecencia tiene como efecto sancionatorio el desistimiento de la oposición. Dicho esto, resulta por más evidente también que, en equidad, una sanción de esta naturaleza no podría imponerse de manera arbitraria y debe obedecer a una inacción intencionada u omisiva del deudor, que habiendo sido convocado a la audiencia, decide no asistir, es decir desatiende el llamamiento judicial a hacer valer su oportunidad de contradecir la demanda. En el caso que nos ocupa, se aprecia del estudio de los antecedentes que la audiencia de oposición fue señalada mediante resolución de fecha 13 de noviembre de 2013, ordenando el Juez de Letras la citación de las partes, indicando en la parte dispositiva de su auto que debía hacérseles entrega de la cédula de citación respectiva. Sin embargo, las posteriores actuaciones se limitaron a la notificación del referido proveído a los apoderados de las partes, no constando del trámite que se haya efectuado la citación ordenada por el juez a la audiencia, la cual según el auto debía llevarse a cabo al quinto después de citadas las partes. La audiencia se efectuó al quinto día después de la notificación a los apoderados de las partes, que son los que lógicamente comparecieron. Así entonces podemos concluir que las alegaciones del quejoso carecen de sustento también en este respecto puesto que la deudora/opositora en este caso no desatendió llamamiento judicial alguno pues éste no se le hizo, es decir que su presencia no fue requerida por el Juez, quien estimó que las partes se encontraban debida y legítimamente representadas en la audiencia respectiva por sus apoderados legales. Consecuentemente la alegada desaplicación del artículo 795.1 del Código Procesal Civil con la que se afirma se produjo violación de derechos constitucionales no resulta de recibo a criterio de esta Sala. CONSIDERANDO (10):Que los demás alegatos presentados por el amparista vienen a ser una reiteración de las evocaciones y agravios registrados en el trámite de la demanda, alegatos que por ser propios de instancia no tienen mayor relevancia desde la óptica de la justicia constitucional, siendo los más recalcados: 1) La disputa en cuanto a la fecha del otorgamiento del préstamo que fue autorizado por el BANCO DE OCCIDENTE, S.A. a la señora KAREN MARIBEL ROMERO PACHECO, que según la demandante fue el 11 de julio de 2002 y no el 11 de junio de 2002, no obstante que la fecha consta claramente de la denominada “hoja rosada de liquidación”, incorporada al trámite por el propio Banco, que el préstamo fue otorgado el “11-06-2002”; 2) La falta de claridad de la demandada en cuanto a los conceptos de prescripción o caducidad o de acción real y personal, alegato que es inconsecuente con lo acontecido en la audiencia de oposición; 3) Que no existe la prescripción en el caso que nos ocupa porque disposiciones de la Ley del Sistema Financiero establecen que no obstante lo establecido en el Código Civil, los plazos de extinción, prescripción, registro y conservación del derecho del acreedor hipotecario a favor de las instituciones mencionadas por la ley, será de treinta y cinco años, disposición cuya pertinencia no logra establecer esta Sala toda vez que en el caso objeto de examen se autorizó un préstamo fiduciario y no hipotecario. CONSIDERANDO (11):Que independientemente de la insubsistencia de todas estas argumentaciones, mismas que no alcanzan a demostrar la existencia de las violaciones alegadas, esta Sala estima meritorio acotar que ha sido jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, que al declararse la procedencia de una excepción o en este caso la prescripción de la acción como causal de oposición a la demanda de ejecución de título extrajudicial, se debe excluir cualquier otro pronunciamiento relacionado con el fondo de la cuestión litigiosa, atendiendo a que los derechos y acciones de cualquier clase se extinguen por prescripción, cuando el titular no los ejercita dentro del plazo legalmente indicado. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (13): Que esta Sala comparte lo que al respecto ha declarado el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[1], que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, es decir, no es el derecho a obtener una sentencia favorable y tampoco puede ésta contener en su seno el conjunto del ordenamiento jurídico, lo cual sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[2] CONSIDERANDO (14): Que del examen de los antecedentes no se advierte vulneración a la garantía del debido proceso, por cuanto la instrucción del juicio se ha realizado por el Órgano Jurisdiccional del Estado, competente por cuestión de materia y territorio, con las formalidades y solemnidades establecidas previamente en la Ley; enmarcándose la decisión del Tribunal A-quem dentro del ordenamiento jurídico vigente, al apreciar correctamente lo establecido por la ley, con lo cual a contrariu sensu de lo afirmado por el recurrente, se han respetado y se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley exige y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (15): Que dicho lo anterior analizados los autos, en especial lo que se refiere a la sentencia recurrida, no se percibe tampoco la violación al derecho de defensa, pues el recurrente desde su personamiento en las diligencias y durante la substanciación del proceso, ha comparecido y tenido libre acceso a los Tribunales, constando del trámite que sus peticiones han sido resueltas de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley, por lo que este Tribunal estima que no existe fundamento para alegar la violación al principio establecido en el artículo 82 de nuestra carta magna. CONSIDERANDO (16): Que de la misma manera, la garantía de igualdad jurídica en la aplicación de la ley no ha sido objeto de transgresión, porque en autos se aprecia que no han existido distinciones individuales entre las partes del proceso, provocando que una de ellas goce de mejores o mayores oportunidades para hacer valer sus derechos; tampoco consta vulneración a la garantía consignada en el artículo 94 de nuestra Carta Magna. CONSIDERANDO (17):Que el planteamiento de asuntos puramente judiciales o de instancia, que han sido debidamente resueltos no corresponden ser conocidos por la justicia constitucional, estando su conocimiento y destinados a la justicia ordinaria. Como ya lo ha sostenido en forma reiterada esta Sala, la intervención de los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se hayan conculcado los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales. CONSIDERANDO (18): Que esta Sala no advierte, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 795.1 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- F A L L A: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por el Abogado JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LAÍNEZ en su condición de Representante Procesal de BANCO DE OCCIDENTE S.A., contra la sentencia dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete (07) de abril del año dos mil catorce (2014),de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. ABOGADO JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, FIRMA Y SELLO CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del distrito central, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete, certificación del fallo de fecha veintiocho de febrero del año dos mil diecisiete recaída en el recurso de amparo civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1302=14.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11
[2]Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA