Sentencia AC-1211-14 — Registro 12092
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación interpuesto, con relación a la demanda ordinaria de rendición de cuentas y demanda ordinaria para obtener la abrogación absoluta de instrumentos públicos, sus inscripciones y demás anotaciones afines y posteriores realizadas en el Instituto de la Propiedad. Estima el Amparista que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90 párrafo primero y 96 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “4. En fecha dos de septiembre de dos mil catorce la secretaría del juzgado recibió la certificación de la sentencia de fecha dieciocho de agosto de aquel mismo año, dictada por la honorable Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés, mediante la cual confirma la decisión del a quo. Siendo este el acto procesal impugnado mediante la garantía constitucional de amparo. La Sala de lo Constitucional una vez examinadas las diligencias del proceso antes apuntadas, analiza el argumento del censor que demanda amparo a favor de su poderdante valiéndose del siguiente planteamiento: Aduce que el ad quem con el fallo señalado ha violentado los derechos de defensa y debido proceso legal; además de la prohibición de aplicación retroactiva de la ley, contenidos por su orden en los artículos 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. De lo expresado por el censor, la Sala entiende que el alegato se basa en que su poderdante ha quedado en indefensión porque el ad quem al resolver la apelación aplicó normas del Código Procesal Civil, en lugar de normas del Código Procedimientos de 1906.Al respecto este alto tribunal observa que efectivamente el ad quem al momento de resolver la apelación aplicó disposiciones del Código Procesal Civil, estableciendo que el escrito de formalización de la apelación carecía de agravios y que por tanto no le era posible pronunciarse, confirmando en consecuencia lo actuado por el juez de primera instancia. Sobre lo anterior, este alto tribunal de justicia estima que a pesar de ello, la razón asiste a la corte de apelaciones, debido a que en efecto el apelante no expresó en su escrito de apelación, cual fue el daño o perjuicio que le produjo el hecho concreto de que el juez de primera instancia resolviera el escrito presentado por la parte demandada, indicando nada más que ésta en algún momento del proceso había sido declarada en rebeldía. Esto aun cuando es bien sabido que la declaratoria de rebeldía no implica la veda para que el declarado rebelde pueda participar activamente durante el proceso, teniendo la rebeldía el único efecto dispuesto por el artículo 109 del Código de Procedimientos de 1906, a la sazón, que todas las providencias y sentencias que recaigan en el juicio, y cuantos emplazamientos y citaciones deban hacérsele, se notificarán en la tabla de avisos. Es claro entonces que, aunque la corte de apelaciones citó incorrectamente la normativa aplicable, es un hecho indiscutible que el apelante no señaló el perjuicio o daño de dicho error; siendo este elemento una carga procesal exigible tanto con el Código Procesal Civil, como con el Código de Procedimientos. Por otra parte y más importante aún, la garantía constitucional de amparo requiere igualmente que el censor que la solicita, indique porque el vicio que señala causa indefensión. En el presente caso consta en el escrito de formalización que el amparista ha señalado como motivo para pedir amparo, que hubo violación del debido proceso en su vertiente de indefensión; sin embargo no indica en que consiste ésta. El hecho de haber citado una normativa por otra si bien es cierto es un vicio, éste resulta subsanable si no causa ningún perjuicio. Para este tribunal en fin, resulta intrascendente desde el punto de vista que ofrece el ámbito de protección de la garantía constitucional de amparo, que el ad quem haya cometido el error de no haber fundamentado correctamente su decisión; si como asunto de fondo, no observa que eso constituya un caso de indefensión; dado que a manera de ejemplo ha tenido acceso al proceso por medio de un profesional del derecho que le proporciona una defensa técnica, con acceso a recurso y a establecer lo que estima conveniente con relación a sus intereses. La garantía constitucional de amparo no tiene como objeto proteger a ultranza el cumplimiento formal de la ley procesal, como si el proceso o el procedimiento fueran un fin en si mismo. El verdadero propósito se encuentra como ya se expresó antes, en las consecuencias que provoca el haber conculcado la norma con relación al derecho de defensa y la protección de otros derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte del derecho interno. Es decir el demandante de amparo deberá sujetarse estrictamente al ámbito de aplicación que proporciona el artículo 183 constitucional. En virtud de todo lo expuesto estima procedente que se deniegue la presente garantía constitucional de amparo.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA el fallo que literalmente dice:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintisiete de octubre dos mil dicisiete. VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado MAURICIO MEJÍA SABILLÓN a favor del señor CARLOS ESTEBAN SABILLÓN LEONARDO, contra la resolución dictada en fecha dieciocho de agosto del año dos mil catorce, por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras de lo Civil de la sección judicial de Cortés, con relación a la demanda ordinaria de rendición de cuentas y demanda ordinaria para obtener la abrogación absoluta de instrumentos públicos, sus inscripciones y demás anotaciones afines y posteriores realizadas en el Instituto de la Propiedad, promovida por el señor CARLOS ESTEBAN SABILLÓN LEONARDO, contra los señores CARLOS DAVID SABILLÓN FERNÁNDEZ, MARIO RENÉ SABILLÓN FERNÁNDEZ y LILIAN ENRIQUETA FERNÁNDEZ GUZMÁN. Estima el amparista que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90 párrafo primero y 96 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES.1. En fecha veintitrés de julio del año dos mil uno, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de la sección judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés, el señor CARLOS ESTEBAN SABILLÓN LEONARDO en su condición personal, solicitando la citación y emplazamiento de la señora LILIAN ENRIQUETA FERNÁNDEZ para que dentro del término que el señor juez señale, formule rendición de cuentas con relación a las operaciones por ella realizadas, en virtud del poder general que le confirió con fecha veintiséis de abril de mil novecientos noventa y uno, en instrumento número veinte, autorizado por el notario Francisco A. Ruiz H. (Folios 1 al 3 de la primera parte de la primera pieza)2. En fecha dieciocho de mayo de dos mil nueve el señor CARLOS ESTEBAN SABILLÓN LEONARDO, compareció ante el Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de la sección judicial de Cortés, promoviendo demanda ordinaria de nulidad contra los señores CARLOS DAVID, MARIO RENÉ de apellidos SABILLÓN FERNÁNDEZ y LILIAN ENRIQUETA FERNÁNDEZ GUZMÁN, solicitando que se declare con lugar la misma, y solicitando que se decrete la abrogación absoluta de instrumentos públicos, sus inscripciones y demás anotaciones afines y posteriores, a la transacción acusada de nula, e imposición de costas para los demandados, por considerar el demandante que obraron dolosamente en su perjuicio. (Folios 1 al 5 de la segunda parte de la primera pieza) 3. En fecha once de junio de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil de la sección judicial de Cortés, el abogado RUBÉN DARÍO MATEO GALÁN, actuando en su condición de apoderado legal de la señora LILIAN FERNÁNDEZ, solicitando que se decrete el cierre del período probatorio. (Folio 262 de la segunda parte de la primera pieza) 4. En fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, compareció ante el citado juzgado el abogado MAURICIO MEJÍA SABILLÓN, actuando en su condición de apoderado legal del señor CARLOS ESTEBAN SABILLÓN LEONARDO, solicitando la nulidad absoluta de actuaciones a partir del escrito presentado por el abogado RUBÉN DARÍO MATEO GALÁN, en su condición de apoderado legal de la señora LILIAN FERNÁNDEZ o LILIAN ENRIQUETA FERNÁNDEZ GUZMÁN, en virtud de que a la referida señora se le declaró caducado y por perdido el término que le fuera concedido para que contestara la demanda de mérito. (Folio 268 de la segunda parte de la pieza de primera instancia) 5. El Juzgado de Letras Civil de la sección judicial de Cortés, en fecha veintitrés de junio del año dos mil catorce, dictó auto mediante el cual resolvió: “Admítase el escrito que antecede el cual se manda agregar a sus antecedentes, en cuanto a la nulidad solicitada por el compareciente no ha lugar, en virtud de que consta en folio 189 vuelto de las presentes diligencias, la condición con que actúa el abogado RUBÉN DARÍO MATEO GALÁN. Artículos: 80, 85, 185 del Código de Procedimientos Civiles.…” (Folios cincuenta y dos de la segunda parte de la pieza de primera instancia).6. Conociendo del recurso de apelación promovido en fecha dieciocho de agosto del año dos mil catorce, por el abogado MAURICIO MEJÍA SABILLÓN, en su condición de representante procesal del señor CARLOS ESTEBAN SABILLÓN LEONARDO, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO: INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el abogado MAURICIO MEJÍA SABILLÓN, contra el auto de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce (F-270), dictado por el Juzgado de Letras Civil de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés. …” (Folio ocho (F-08)) de la pieza de segunda instancia).7. El amparista abogado MAURICIO MEJÍA SABILLÓN, compareció ante este alto tribunal de justicia en fecha veintitrés de octubre del año dos mil catorce, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor del señor CARLOS ESTEBAN SABILLÓN LEONARDO, por considerar que la decisión del ad quem de fecha dieciocho de agosto del año dos mil catorce, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 párrafo primero y 96 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha catorce de abril del año dos mil quince. 8) Con fecha veintitrés de abril del año dos mil quince, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de fiscal del despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que se OTORGUE la presente garantía constitucional de amparo. II. FUNDAMENTOS DE DERECHOCONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los derechos contenidos en los artículos 82, 90, y 96 de la Constitución de la República. El garantista al formalizar el amparo de mérito denuncia que a su patrocinado le fue violentado el derecho de defensa que consagra el artículo 82 constitucional, por parte de la honorable Corte de Apelaciones Civil e la Sección Judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés, al haber confirmado mediante la sentencia de fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce la resolución de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce proferida por el Juzgado de Letras Civil de la sección judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés.El censor señala que violación se produjo al haberse aplicado al caso concreto una norma jurídica distinta. Detalla que debió resolverse conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos de 1906, debido a que ni el auto apelado, ni la sentencia del tribunal de alzada, ponen fin al juicio. Esto de conformidad a lo establecido en el artículo 914 del Código Procesal Civil, que dice:“JUICIOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Cuando los juicios declarativos se encontraren en segunda instancia al entrar en vigencia el presente código, se tramitará esa instancia con arreglo al código anterior y, a partir de la sentencia o auto que le ponga fin se aplicará el presente código.” Asimismo para el amparista, el tribunal de alzada ha violado la prohibición de aplicación retroactiva de la ley, contenido en el artículo 96 constitucional, al fundamentar su fallo de fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce en el artículo 704 y otros del Código Procesal Civil, en lugar de aplicar los artículos, que para tal fin, se encuentran en el Código de Procedimientos de 1906. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de los argumentos expuestos por la autoridad denunciada en la resolución que se ha impugnado por vía de amparo. La honorable Corte de Apelaciones Civil del departamento de Cortés dictó fallo el dieciocho de agosto de dos mil catorce, declarando inadmisible la apelación interpuesta contra el auto de fecha veintitrés de junio de ese mismo año. La decisión del tribunal de alzada obedeció a los argumentos que a continuación la Sala resume así: Expresa el ad quem que en fecha veinticinco de julio de dos mil catorce el abogado Mauricio Mejía Sabillón presentó escrito de apelación, exponiendo como supuestos agravios una narración de sus propias actuaciones realizadas durante el proceso, así como las del abogado Rubén Darío Mateo Galán; sin embargo –expresa el tribunal- tomando en cuenta la regla general en materia de fundamentación dispuesta en el artículo 704 del Código Procesal Civil, los recursos devolutivos deberán contener lo pedido, con determinación del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa.Sin embargo, expresa el ad quem, en el presente caso el apelante en su escrito de apelación no puntualizó concretamente los agravios causados en virtud de la resolución impugnada. El ad quem entonces afirma que en este caso los agravios son inexistentes por lo que resulta imposible determinar el daño o violación al derecho de defensa y por ende concluye declarando sin lugar la apelación y la confirmatoria del auto de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce dictado en primera instancia. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen del dictamen emitido por el Ministerio Público. El Ministerio Público por medio de la fiscal Karla Patricia García Arita, rindió su dictamen, opinando que procede otorgar la garantía constitucional de amparo de mérito.A continuación se resume la apreciación jurídica que expuso la agente de tribunales.En primer lugar transcribe lo expuesto por el ad quem en el considerando número tres de su fallo:“CONSIDERANDO (3): En el caso de mérito se ha observado concretamente que si bien, el abogado Mauricio Mejía Sabillón en la condición en que actúa interpuso recurso de apelación en tiempo y forma, no es menos cierto que el mismo no puntualizó concretamente cuales son los agravios que le originó el auto a su representado, por lo que al encontrarnos frente a unos agravios inexistentes; es imposible determinar cual fue el daño o violación que le produjo indefensión o que de alguna manera violentó sus derechos, y siendo que el recurso de apelación tiene por objeto la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate, resulta procedente declarar sin lugar el recurso planteado,...” Luego señala que sobre lo anterior el artículo 704 del Código Procesal Civil dispone:“Artículo 704. REGLA GENERAL DE FUNDAMENTACIÓN DE LOS RECURSOS DEVOLUTIVOS. Sin perjuicio de las concretas exigencias que puedan regularse en este código, los escritos de interposición, adhesión, oposición o impugnación de un recurso devolutivo deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificación del vicio o error que lo causa. Asimismo, se identificará con total precisión el pronunciamiento o parte de él que se impugna.”La fiscal de acuerdo a lo expuesto, opina que, de la simple lectura del escrito de expresión de agravios observa que fueron cumplidos los requisitos del artículo 704, ya que en el escrito se expuso de manera clara y precisa el fundamento de derecho que sustenta su apelación como ser el artículo 129 párrafo primero y 216 del Código de Procedimientos de 1906; identifica los agravios que causa la resolución del veintitrés de junio de dos mil catorce, indicando el apelante que los preceptos legales que señala, causa dilatorias y obstrucción del proceso afecta los derechos procesales y altera las formalidades, derechos y garantías judiciales, por lo que la inadmisibilidad del recurso le afecta en su derecho de defensa, sobre el cual expresa que es el derecho que tiene toda persona de solicitar ante un órgano de justicia una solución justa ante un determinado litigio; agrega que el hecho de que no se hace pronunciamiento alguno sobre la solicitud de nulidad de actuaciones, también se causa indefensión, porque se evita que haya pronunciamiento sobre la resolución emitida por el a quo, restringiéndole el derecho de alcanzar un fallo justo apegado a la ley; en tal sentido la tutela judicial efectiva comprende también el derecho a obtener una resolución sobre el fondo de la solicitud dirigida al órgano jurisdiccional. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento de los derechos contenidos en los artículos 82, 90, y 96 de la Constitución de la República. Con el examen que se hace de las presentes diligencias la Sala de lo Constitucional constata los siguientes antecedentes procesales:1. El apoderado procesal de la parte demandada, abogado Rubén Darío Mateo Galán en fecha once de junio de dos mil catorce presentó escrito solicitando que en virtud de haber transcurrido el segundo período probatorio, se unieran los autos a las pruebas practicadas y se corrieran los traslados de ley por su orden a cada una de las partes en litigio. Dicha solicitud fue concedida por el a quo en fecha trece de junio de ese año, ordenando el traslado por el término de seis días a las partes por su orden, para que formularan sus respectivas conclusiones. 2. El apoderado procesal de la parte demandante, abogado Mauricio Mejía Sabillón en fecha dieciocho de junio de dos mil catorce presentó escrito solicitando nulidad de actuaciones en virtud de que el apoderado de la parte contraria ha señalado que su poderdante es la señora Lilian Fernández, constando en autos que la litigante en este proceso lleva por nombre Lilian Enriqueta Fernández Guzmán; poniendo en duda de que sean la misma persona. Por otra parte señala que a la parte contraria (demandada) no se le puede admitir ningún escrito en virtud de que se le declaró en rebeldía al constar en el proceso que se decretó la caducidad de derecho y la pérdida irrevocable del término de tres días que le fuera concedido para que contestara la demanda promovida en su contra, plazo que entonces se declaró vencido. Se refiere al auto de fecha diecinueve de abril de dos mil trece que se encuentra en el folio ciento ochenta y nueve. El juez de primera instancia en fecha veintitrés de junio de dos mil catorce declaró no ha lugar la nulidad de actuaciones solicitada en virtud de que consta en el artículo 189 vuelto la condición con que actúa el abogado Rubén Darío Mateo Galán.3. En fecha quince de julio de dos mil catorce el apoderado procesal de la parte demandante, abogado Mauricio Mejía Sabillón interpuso el recurso de reposición, ampliando su alegato de nulidad de actuaciones recalcando que en fecha diecinueve de abril de dos mil trece la parte demandada fue declarada en rebeldía.4. En fecha dos de septiembre de dos mil catorce la secretaría del juzgado recibió la certificación de la sentencia de fecha dieciocho de agosto de aquel mismo año, dictada por la honorable Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés, mediante la cual confirma la decisión del a quo. Siendo este el acto procesal impugnado mediante la garantía constitucional de amparo.La Sala de lo Constitucional una vez examinadas las diligencias del proceso antes apuntadas, analiza el argumento del censor que demanda amparo a favor de su poderdante valiéndose del siguiente planteamiento: Aduce que el ad quem con el fallo señalado ha violentado los derechos de defensa y debido proceso legal; además de la prohibición de aplicación retroactiva de la ley, contenidos por su orden en los artículos 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. De lo expresado por el censor, la Sala entiende que el alegato se basa en que su poderdante ha quedado en indefensión porque el ad quem al resolver la apelación aplicó normas del Código Procesal Civil, en lugar de normas del Código Procedimientos de 1906.Al respecto este alto tribunal observa que efectivamente el ad quem al momento de resolver la apelación aplicó disposiciones del Código Procesal Civil, estableciendo que el escrito de formalización de la apelación carecía de agravios y que por tanto no le era posible pronunciarse, confirmando en consecuencia lo actuado por el juez de primera instancia.Sobre lo anterior, este alto tribunal de justicia estima que a pesar de ello, la razón asiste a la corte de apelaciones, debido a que en efecto el apelante no expresó en su escrito de apelación, cual fue el daño o perjuicio que le produjo el hecho concreto de que el juez de primera instancia resolviera el escrito presentado por la parte demandada, indicando nada más que ésta en algún momento del proceso había sido declarada en rebeldía. Esto aun cuando es bien sabido que la declaratoria de rebeldía no implica la veda para que el declarado rebelde pueda participar activamente durante el proceso, teniendo la rebeldía el único efecto dispuesto por el artículo 109 del Código de Procedimientos de 1906, a la sazón, que todas las providencias y sentencias que recaigan en el juicio, y cuantos emplazamientos y citaciones deban hacérsele, se notificarán en la tabla de avisos.Es claro entonces que, aunque la corte de apelaciones citó incorrectamente la normativa aplicable, es un hecho indiscutible que el apelante no señaló el perjuicio o daño de dicho error; siendo este elemento una carga procesal exigible tanto con el Código Procesal Civil, como con el Código de Procedimientos.Por otra parte y más importante aún, la garantía constitucional de amparo requiere igualmente que el censor que la solicita, indique porque el vicio que señala causa indefensión. En el presente caso consta en el escrito de formalización que el amparista ha señalado como motivo para pedir amparo, que hubo violación del debido proceso en su vertiente de indefensión; sin embargo no indica en que consiste ésta. El hecho de haber citado una normativa por otra si bien es cierto es un vicio, éste resulta subsanable si no causa ningún perjuicio. Para este tribunal en fin, resulta intrascendente desde el punto de vista que ofrece el ámbito de protección de la garantía constitucional de amparo, que el ad quem haya cometido el error de no haber fundamentado correctamente su decisión; si como asunto de fondo, no observa que eso constituya un caso de indefensión; dado que a manera de ejemplo ha tenido acceso al proceso por medio de un profesional del derecho que le proporciona una defensa técnica, con acceso a recurso y a establecer lo que estima conveniente con relación a sus intereses. La garantía constitucional de amparo no tiene como objeto proteger a ultranza el cumplimiento formal de la ley procesal, como si el proceso o el procedimiento fueran un fin en si mismo. El verdadero propósito se encuentra como ya se expresó antes, en las consecuencias que provoca el haber conculcado la norma con relación al derecho de defensa y la protección de otros derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte del derecho interno. Es decir el demandante de amparo deberá sujetarse estrictamente al ámbito de aplicación que proporciona el artículo 183 constitucional.En virtud de todo lo expuesto estima procedente que se deniegue la presente garantía constitucional de amparo. III. PARTE DISPOSITIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4 No.5, 41, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado MAURICIO MEJÍA SABILLÓN, a favor del ciudadano CARLOS ESTEBAN SABILLÓN LEONARDO en contra de la sentencia dictada en fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, por la honorable CORTE DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. ABOGADO JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, FIRMA Y SELLO CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1211=2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”