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Sentencia AC-1205-14 — Registro 12091

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que resolvió un recurso de apelación con relación a la demanda declarativa vía proceso ordinario para la declaratoria de herencia testamentaria y la consiguiente nulidad de herencia ab-intestato. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “-CONSIDERANDO (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO (8): Que se encuentra que dentro del dictamen de la Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, se emitió un dictamen en el que se insta a que se Deniegue la garantía de la Acción de Amparo por haberse reunidos todos los requisitos que exige la Ley para la admisión a trámite de la demanda de tercería, por lo que es conforme a derecho la continuidad del proceso tal como lo ordenó el Tribunal de Alzada, no observándose vulneraciones a garantías constitucionales, en virtud de que se ha seguido un cumplimiento de las normas de la legalidad procesal que señala la Ley Adjetiva Civil.-CONSIDERANDO (9): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso y al derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar la Acción Constitucional de Amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado José Antonio Cantarero Amaya a favor de la señora Gloría Leticia Plowden Arriaga, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula Departamento de Cortés, en fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, con relación a la demanda declarativa vía proceso ordinario para la declaratoria de herencia testamentaria y la consiguiente nulidad de herencia ab-intestato, presentada por el abogado Fernando Enrique López García en su condición de representante procesal de los señores Juan Ramón Lopez Bendeck y Miguel Lopez Bendeck contra la señora Gloría Leticia Plowden Arriaga.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S.1) Que en fecha diez de junio del año dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el abogado FERNANDO ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA, quien actúa en su condición de representante procesal de los señores Juan Ramón López Bendeck y Miguel López, interponiendo la demanda declarativa vía proceso ordinario para la declaratoria de herencia testamentaria y la consiguiente nulidad de herencia Ab-intestato, contra la señora Gloria Leticia Plowden Arriaga.-2) Que en fecha doce de septiembre dos mil trece el abogado José Antonio Cantarero Amaya, ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, presentó escrito donde se propone medios de prueba denominados: documental, inspección personal del señor Juez y confesión judicial majo juramento indecisorio, acompañando documentos, a lo que dicho tribunal resolvió en fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece lo siguiente: “Admítase el escrito que antecede con el documento acompañado el que se manda agregar a los autos. En cuanto a la admisión del medio de prueba este Juzgado se pronunciará una vez devuelta la comunicación que permita conocer en que fecha aceptó el compareciente el poder y cuando empezara a correr el primer periodo probatorio”.- (Folio ciento cuarenta y tres (F-143) de la pieza de primera instancia).3) El A-Quo en fecha dieciocho de octubre de dos mil trece visto un informe presentado por la secretaria adjunta del establecido tribunal resolvió: “Visto: el informe rendido por la Secretaria del Despacho, en consecuencia este Juzgado resuelve: No ha lugar la admisión de los medios de prueba presentados en fecha doce de Septiembre del presente año (2013) por la parte demandada, en virtud de constan en el acta del requerimiento donde acepta el poder no manifiesta notificarse del auto de fecha diecinueve de febrero del año dos mil trece, por lo que se consideran presentados extemporáneamente.-” (Folio ciento cincuenta y cuatro (F-154) de la pieza de primera instancia).4) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por el abogado José Antonio Cantarero Amaya, en su condición de represente procesal de la señora Gloria Leticia Plowden Arriaga, la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha once de diciembre del año dos mil trece, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSÉ ANTONIO CANTARERO AMAYA contra el auto de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil trece (2013); dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, cortés.- SEGUNDO: REVOCAR el auto de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil trece (2013); dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés”.-” (Folios ciento sesenta y nueve (F-169) al ciento setenta y uno (F-171) de la pieza de primera instancia).5) Que seguido el tramite correspondiente, el Juzgado de Letras Civil de la Sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolvió en fecha veintiocho de enero de dos mil catorce la recepción de una certificación de la Corte de Apelaciones Civil de esta Sección Judicial, que revocó el auto de fecha dieciocho de octubre de dos mil trece, mediante la cual resolvió: “Admitir el escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil trece, en la forma siguiente: admítase el escrito que antecede con la copia simple acompañada la que se manda agregar a los autos. Y en vista que el periodo probatorio de proposición de pruebas de diez días empezó a correr desde el día siguiente al de la presentación del primer escrito de la parte demandada venciendo el mismo el día veintiséis de Septiembre del año dos mil trece; en consecuencia no ha lugar a la admisión de los medios de prueba propuestos por el Abogado FERNANDO ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA, por haberse presentado extemporáneamente.-” (Folio ciento setenta nueve (F-179) de la pieza de primera instancia). 6) Que el veinticuatro de febrero de dos mil catorce el abogado José Antonio Cantarero Amaya, en su condición de represente procesal de la parte demandada interpuso un recurso de Reposición y subsidiariamente apelación; siendo declarado que “se deniega el recurso de reposición” , se sustanció un Recurso de Apelación por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que en fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “PRIMERO: DECRETANDO LA NULIDAD absoluta de actuaciones desde el folio noventa y dos (92) de la primera pieza de autos y todas las actuaciones posteriores.-” (Folios veinticuatro (F-24) al veinticinco (F-25) de la pieza de segunda instancia).7) Que el recurrente el abogado José Antonio Cantarero Amaya, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós de octubre del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor de la señora Gloria Leticia Plowden Arriaga, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha cuatro de marzo del año dos mil quince.8) Que con fecha diecisiete de marzo del año dos mil quince, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la abogada Yulibeth Garay Hernández, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO (2): Que en la formalización del recurso de amparo presentado en fecha tres de marzo del año dos mil quince, el Abogado José Antonio Cantarero Amaya, manifiesta que el evento jurídico que vulnera el derecho a sus representado, lo constituye la resolución de fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante el cual decreta NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES A PARTIR DEL FOLIO 92 DE LA PRIMERA PIEZA, y actuaciones posteriores, DECRETANDO ASI LA NULIDAD DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE (ver folio 97), LA QUE ADQUIRIÓ AUTORIDAD DE COSA JUZGADA FORMAL, EN VISTA DE HABERSE DECLARADO DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA ALUDIDA, POR NO HABERSE PERSONADO EN EL TRIBUNAL DE ALZADA. Exclama el recurrente que no puede decretarse nulidad de una sentencia firme, pues es violatorio de lo dispuesto en los artículos 195 y 196 del Código Procesal Civil, así como el principio de legalidad garantizado constitucionalmente y con todo ello se vulnera el debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional.CONSIDERANDO (3): Que de la revisión de los antecedentes, la Sala de lo Constitucional observa A FOLIO NOVENTA Y SIETE de la primera pieza de autos, la sentencia interlocutoria dictada en fecha uno de septiembre de dos mil once, mediante la cual el A-quo fallo DESESTIMANDO las excepciones dilatorias de ineptitud de libelo, por razón de algún defecto legal en el modo de proponer la demanda y falta de personalidad o representación legal de los demandantes o de su procurador interpuestas por la parte demandada en el juicio iniciado por FERNANDO ENRIQUE LOPEZ GARCIA, apoderado legal de JUAN RAMON LÓPEZ BENDECK Y MIGUEL LÓPEZ BENDECK contra GLORIA LETICIA PLOWDEN ARRIAGA, con relación a la demanda declarativa vía proceso ordinario para la declaratoria de herencia testamentaria y la consiguiente nulidad de herencia ab-intestato. Asimismo a folio ciento ocho de la primera pieza, consta el auto de fecha ocho de mayo de dos mil doce, dictado por la Corte de Apelaciones Civil de la sección judicial de San Pedro Sula departamento de Cortes y certificado por el Secretario de ese Tribunal de alzada, en el cual, entre otros, literalmente dice: “… DECLARASE DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el abogado MELVIN YOBANY ZUNIGA, en su condición de apoderado demandado contra la sentencia interlocutoria de fecha uno de septiembre de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial, en consecuencia TIÉNESE POR FIRME LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA RECURRIDA….”.- Con esta decisión, no puede abrirse de nuevo la oportunidad a la parte demandada para interponer de nuevo defectos procesales, pues los mismos ya fueron interpuestos en el momento procesal oportuno, fueron debidamente analizados y dicha decisión jurisdiccional adquirió autoridad de cosa juzgada. CONSIDERANDO (4): Que el Código Procesal Civil, establece en el artículo 196 la figura procesal de Cosa Juzgada Formal, y dispone que habiéndose producido la firmeza en las resoluciones, la resolución gozará del efecto de cosa juzgada formal, resolución que no puede ser variada por el tribunal después de firmada. Se estima necesario entonces referirse al artículo 195 de la misma norma adjetiva el cual explica que las resoluciones firmes son aquellas contra las cuales ya no cabe recurso alguno, bien por no preverlo, o porque estando previsto no se interpuso recurso dentro del plazo legalmente establecido o porque habiéndolo hecho, desistió del mismo posteriormente o por haber sido inadmitido a trámite anteriormente. Esta acreditado en los antecedentes que el demandado desistió del recurso pues una vez interpuesto, correspondía personarse ante el tribunal de alzada y al no hacerlo renunció por voluntad propia del recurso de apelación interpuesto. CONSIDERANDO (5): Que la cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los efectos antes aludidos, se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica, por lo que el actuar de la Corte de Apelaciones al decretar nulidad de una sentencia firme y con autoridad de cosa juzgada, vulnera el derecho fundamental aun debido proceso, en tanto en cuanto destruye la seguridad jurídica, pilar fundamental para un Estado constitucional de derecho. Es por ello que de todo lo anterior resulta claro haberse comprobado la infracción al derecho de defensa y a la garantía del debido proceso, prescritas los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República y en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; siendo en particular relevante desde la perspectiva constitucional el no haber fundado la autoridad recurrida, mediante motivación congruente y de fondo la decisión de anular dicha sentencia interlocutoria.- Por todo ello, con el merito que arrojan las presentes diligencias se estima procedente otorgar la presente acción constitucional a efecto que la Corte Apelaciones recurrida, se sirva emitir nueva resolución en la cual respete la autoridad de Cosa Juzgada de la sentencia interlocutoria de fecha uno de septiembre de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial, y sea congruente con la resolución emitida por la misma Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula Cortés, en fecha ocho de mayo de dos mil doce, en la cual manda: en consecuencia TIÉNESE POR FIRME LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA RECURRIDA. En consecuencia, y por todo ello, resulta procedente otorgar la presente acción de Amparo de que se ha hecho mérito, para el efecto que queda expresado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 2, 4, 82, 90, 110, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional, y; 195 y 196 del Código Procesal Civil; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo interpuesto por el abogado José Antonio Cantarero Amaya a favor de la señora Gloría Leticia Plowden Arriaga, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, Y MANDA: 1. Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. 2. Lo anterior a efecto que el Ad-quem se sirva emitir nueva resolución acorde a lo expuesto en el considerando 5 de esta sentencia. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-1205-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL