Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-1170-16 — Registro 10474

Resumen

Resolución impugnada que declaro Sin Lugar Nulidad de Actuaciones ,a pesar de haberse establecido en la audiencia pertinente, que el emplazamiento notificado se encuentra viciado al haber sido notificada recurrente en el domicilio de su madre,dejándola en indefensión a la misma, pues ella reside en los Estados Unidos, como se estableció con el movimiento migratorio, por ende el emplazamiento debió de efectuarse por Edictos y no de manera subsidiaria por lo que se incurrió en vulneración al Debido Proceso y al Derecho de Defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(5): Resumen de la argumentación de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán que sirvió de base para su decisión de denegar la presente garantía constitucional de amparo. Que el tribunal de alzada decidió denegar el amparo al recurrente, basándose en que: “ CONSIDERANDO: En el caso subjudice los argumentos sustentados por el Censor no se enmarcan dentro de los supuestos del Derecho de la Defensa y Derecho al Debido Proceso garantizados constitucionalmente, en virtud que el artículo 34 numeral 2 del Código Procesal Civil establece: “Quienes no tuvieren domicilio ni residencia en Honduras pueden ser demandados en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en éste y, si tampoco pudiera determinarse así la competencia, en el lugar del domicilio del actor.” que al encontrarse acreditado mediante movimiento migratorio, la salida de la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA hacia los Estados Unidos; asimismo se estableció mediante registros oficiales, tal como lo establece el artículo 144.4 del citado Código “Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio según registros oficiales, publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho destinatario, podrá efectuarse la entrega a cualquier empleado o familiar, mayor de 14 años, que se encuentre en ese lugar, advirtiendo al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cedula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero.” En el caso de méritos la identificación del domicilio de la parte demandada se realizó mediante registro en una institución del sistema financiero nacional donde se verificó que la demandada consignó la dirección de su señora madre MERCEDES OLIMPIA CHINCHILLA para hacer los trámites en la misma, por lo que este Ad-Quem entiende que el acto de notificación se efectuó en legal y debida forma, haciendo énfasis que el acta de emplazamiento fue entregada a la madre de la demandada, que sabía o debía de saber cómo ubicarla y ponerle en conocimiento la demanda promovida en su contra, tal como se acreditó en el presente caso ya que la demandada logró comparecer a través de su apoderada legal al proceso y por lo tanto tuvo conocimiento previo y pleno para hacer uso de sus derechos en el juicio incoado en su contra, por lo tanto no se evidencia trasgresión alguna a garantías constitucionales invocadas por el impetrante.- Este Tribunal deniega el recurso impetrado por no haber vulneración a los derechos constitucional es invocados por la recurrente.”- CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y por tanto no es violatoria de las normas constitucionales citadas por el garantista., ya que se denota que la demandada pudo hacer uso del término para contestar la demanda.- En consecuencia procede la confirmatoria de la sentencia proferida en fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis mediante la cual la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán resolvió denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo de dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que DENEGÓ el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DAMARIS ROXANA MADRID ORTIZ a favor de la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha quince de agosto de dos mil catorce, con relación a la demanda vía proceso abreviado no dispositivo de separación de hecho promovida por el señor DAVID ANTONIO GRANADOS MALDONADO contra la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha once de septiembre de dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de Familia del departamento de Francisco Morazán, el Abogado ARMANDO JOSE AGUILAR ARIAS, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor DAVID ANTONIO GRANADOS MALDONADO, promoviendo demanda Vía Proceso Abreviado No Dispositivo de Separación de Hecho, contra la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA.-2) Que en fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de Familia del departamento de Francisco Morazán, la Abogada DAMARIS ROXANA MADRID ORTIZ, en su condición de Apoderada Legal de la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA, solicitando Nulidad Absoluta de Actuaciones. En consecuencia, en fecha quince de agosto de dos mil catorce, el citado Juzgado resolvió: “UNICO: Desestimar la nulidad interpuesta por la representante procesal de la parte demandada, volviendo las actuaciones al estado inmediatamente anterior en que se encontraban.-CUARTO: Que en virtud de que la nulidad antes decretada, no pone fin al proceso, la presente resolución no es recurrible en apelación. Solo podrá recurrirse en apelación de la sentencia definitiva que ponga fin al proceso principal. (Folio 92-94 de la pieza del A-quo) .-3) Que en fecha treinta de septiembre de dos mi catorce, compareció ante la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la Abogada DAMARIS ROXANA MADRID ORTIZ a favor de la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha quince de agosto de dos mil catorce, relacionada en el numeral que precede. Argumentos éstos, que considera la recurrente vulneran garantías constitucionales contenidas en los artículos 82, 90 párrafo primero de la Constitución de la República. -4) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, dictó sentencia en fecha tres de noviembre de dos mil catorce, mediante la cual falló: “PRIMERO:SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DAMARIS ROXANA MADRID ORTIZ, a favor de la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA, contra la resolución de fecha quince (15) de agosto del dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras de Familia del departamento de Francisco Morazán, en relación a la DEMANDA DE SEPARACIÓN DE HECHO, promovida por el señor DAVID ANTONIO GRANADOS CASTRO CHINCHILLA.-SEGUNDO: REMITIR EN CONSULTA OBLIGATORIA ante la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la presente resolución de sobreseimiento, para los efectos legales pertinentes.-NOTIFIQUESE.”(Folio 17-18 de la pieza del Ad-quem).-5) Que en fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, la SALA DE LO CONSTITUCIONAL conoció en consulta del recurso de amparo antes relacionado y seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, falló: “1) REVOCANDO la sentencia de fecha tres (3)de noviembre del año dos mil catorce (2014), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán; 2)CONTINUAR con el trámite normal del proceso de amparo.-Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.”(Folios 25-28 de la pieza del Ad-quem).-6) Que conforme ordenó la Sala de lo Constitucional se devolvieron los antecedentes a la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN para que se continuara con el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, dictando nueva sentencia en fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, mediante la cual falló: “DENEGAR el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DAMARIS ROXANA MADRID ORTIZ, a favor de la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA, contra el auto de fecha quince (15) de agosto del año dos mil catorce (2014), dictado por el Juzgado de Letras de Familia del departamento de Francisco Morazán.-Y MANDA: Que se notifique esta resolución al demandante de amparo y de acuerdo al articulo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional se remitan las citadas diligencias en consulta obligatoria a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para los efectos legales.-NOTIFIQUESE.”(Folios 38-39 de la pieza del Ad-quem).-7) Que en fecha ocho de diciembre de dos mil dieciséis, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-FUNDAMENTOS DE DERECHO.- CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución.- Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.- CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Que este alto tribunal conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. - En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Que la impetrante en amparo puntualmente establece que se da la violación de los artículos citados en virtud de que mediante la resolución de fecha quince de agosto de dos mil catorce, que declaro Sin Lugar la Nulidad de Actuaciones planteadas, a pesar de haberse establecido en la audiencia pertinente, que el emplazamiento notificado a su representada de fecha cinco de noviembre del 2013, se encuentra viciado al no ser la Colonia Lonas de San Jose, Bloque B casa número 2, de la ciudad de Tegucigalpa, sino que el de su Señora Madre, dejando de esa manera en Indefensión a la Señora MIRTZA LORENA CASTRO, pues ella reside en los Estados Unidos, como se estableció con el movimiento migratorio, por ende el emplazamiento debio de efectuarse por Edictos y no de manera subsidiaria por lo que se incurrió en vulneración al Debido Proceso y al Derecho de Defensa.- CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán que sirvió de base para su decisión de denegar la presente garantía constitucional de amparo. Que el tribunal de alzada decidió denegar el amparo al recurrente, basándose en que: “ CONSIDERANDO: En el caso subjudice los argumentos sustentados por el Censor no se enmarcan dentro de los supuestos del Derecho de la Defensa y Derecho al Debido Proceso garantizados constitucionalmente, en virtud que el artículo 34 numeral 2 del Código Procesal Civil establece: “Quienes no tuvieren domicilio ni residencia en Honduras pueden ser demandados en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en éste y, si tampoco pudiera determinarse así la competencia, en el lugar del domicilio del actor.” que al encontrarse acreditado mediante movimiento migratorio, la salida de la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA hacia los Estados Unidos; asimismo se estableció mediante registros oficiales, tal como lo establece el artículo 144.4 del citado Código “Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio según registros oficiales, publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho destinatario, podrá efectuarse la entrega a cualquier empleado o familiar, mayor de 14 años, que se encuentre en ese lugar, advirtiendo al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cedula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero.” En el caso de méritos la identificación del domicilio de la parte demandada se realizó mediante registro en una institución del sistema financiero nacional donde se verificó que la demandada consignó la dirección de su señora madre MERCEDES OLIMPIA CHINCHILLA para hacer los trámites en la misma, por lo que este Ad-Quem entiende que el acto de notificación se efectuó en legal y debida forma, haciendo énfasis que el acta de emplazamiento fue entregada a la madre de la demandada, que sabía o debía de saber cómo ubicarla y ponerle en conocimiento la demanda promovida en su contra, tal como se acreditó en el presente caso ya que la demandada logró comparecer a través de su apoderada legal al proceso y por lo tanto tuvo conocimiento previo y pleno para hacer uso de sus derechos en el juicio incoado en su contra, por lo tanto no se evidencia trasgresión alguna a garantías constitucionales invocadas por el impetrante.- Este Tribunal deniega el recurso impetrado por no haber vulneración a los derechos constitucional es invocados por la recurrente.”- CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y por tanto no es violatoria de las normas constitucionales citadas por el garantista., ya que se denota que la demandada pudo hacer uso del término para contestar la demanda.- En consecuencia procede la confirmatoria de la sentencia proferida en fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis mediante la cual la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán resolvió denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO .- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis proferida por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual DENIEGA la garantía de amparo interpuesta por por la Abogada DAMARIS ROXANA MADRID ORTIZ a favor de la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha quince de agosto de dos mil catorce, con relación a la demanda vía proceso abreviado no dispositivo de separación de hecho promovida por el señor DAVID ANTONIO GRANADOS MALDONADO contra la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA.-Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Y a solicitud del Abogado ARMANDO JOSE AGUILAR ARIAS, se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1170-2016 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo de dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que DENEGÓ el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DAMARIS ROXANA MADRID ORTIZ a favor de la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha quince de agosto de dos mil catorce, con relación a la demanda vía proceso abreviado no dispositivo de separación de hecho promovida por el señor DAVID ANTONIO GRANADOS MALDONADO contra la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha once de septiembre de dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de Familia del departamento de Francisco Morazán, el Abogado ARMANDO JOSE AGUILAR ARIAS, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor DAVID ANTONIO GRANADOS MALDONADO, promoviendo demanda Vía Proceso Abreviado No Dispositivo de Separación de Hecho, contra la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA.-2) Que en fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de Familia del departamento de Francisco Morazán, la Abogada DAMARIS ROXANA MADRID ORTIZ, en su condición de Apoderada Legal de la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA, solicitando Nulidad Absoluta de Actuaciones. En consecuencia, en fecha quince de agosto de dos mil catorce, el citado Juzgado resolvió: “UNICO: Desestimar la nulidad interpuesta por la representante procesal de la parte demandada, volviendo las actuaciones al estado inmediatamente anterior en que se encontraban.-CUARTO: Que en virtud de que la nulidad antes decretada, no pone fin al proceso, la presente resolución no es recurrible en apelación. Solo podrá recurrirse en apelación de la sentencia definitiva que ponga fin al proceso principal. (Folio 92-94 de la pieza del A-quo) .-3) Que en fecha treinta de septiembre de dos mi catorce, compareció ante la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la Abogada DAMARIS ROXANA MADRID ORTIZ a favor de la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha quince de agosto de dos mil catorce, relacionada en el numeral que precede. Argumentos éstos, que considera la recurrente vulneran garantías constitucionales contenidas en los artículos 82, 90 párrafo primero de la Constitución de la República. -4) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, dictó sentencia en fecha tres de noviembre de dos mil catorce, mediante la cual falló: “PRIMERO:SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DAMARIS ROXANA MADRID ORTIZ, a favor de la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA, contra la resolución de fecha quince (15) de agosto del dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras de Familia del departamento de Francisco Morazán, en relación a la DEMANDA DE SEPARACIÓN DE HECHO, promovida por el señor DAVID ANTONIO GRANADOS CASTRO CHINCHILLA.-SEGUNDO: REMITIR EN CONSULTA OBLIGATORIA ante la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la presente resolución de sobreseimiento, para los efectos legales pertinentes.-NOTIFIQUESE.”(Folio 17-18 de la pieza del Ad-quem).-5) Que en fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, la SALA DE LO CONSTITUCIONAL conoció en consulta del recurso de amparo antes relacionado y seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, falló: “1) REVOCANDO la sentencia de fecha tres (3)de noviembre del año dos mil catorce (2014), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán; 2)CONTINUAR con el trámite normal del proceso de amparo.-Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.”(Folios 25-28 de la pieza del Ad-quem).-6) Que conforme ordenó la Sala de lo Constitucional se devolvieron los antecedentes a la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN para que se continuara con el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, dictando nueva sentencia en fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, mediante la cual falló: “DENEGAR el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DAMARIS ROXANA MADRID ORTIZ, a favor de la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA, contra el auto de fecha quince (15) de agosto del año dos mil catorce (2014), dictado por el Juzgado de Letras de Familia del departamento de Francisco Morazán.-Y MANDA: Que se notifique esta resolución al demandante de amparo y de acuerdo al articulo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional se remitan las citadas diligencias en consulta obligatoria a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para los efectos legales.-NOTIFIQUESE.”(Folios 38-39 de la pieza del Ad-quem).-7) Que en fecha ocho de diciembre de dos mil dieciséis, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-FUNDAMENTOS DE DERECHO.- CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución.- Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.- CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[4], en relación con el artículo 25 de la misma convención[5] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[6].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Que este alto tribunal conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. - En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Que la impetrante en amparo puntualmente establece que se da la violación de los artículos citados en virtud de que mediante la resolución de fecha quince de agosto de dos mil catorce, que declaro Sin Lugar la Nulidad de Actuaciones planteadas, a pesar de haberse establecido en la audiencia pertinente, que el emplazamiento notificado a su representada de fecha cinco de noviembre del 2013, se encuentra viciado al no ser la Colonia Lonas de San Jose, Bloque B casa número 2, de la ciudad de Tegucigalpa, sino que el de su Señora Madre, dejando de esa manera en Indefensión a la Señora MIRTZA LORENA CASTRO, pues ella reside en los Estados Unidos, como se estableció con el movimiento migratorio, por ende el emplazamiento debio de efectuarse por Edictos y no de manera subsidiaria por lo que se incurrió en vulneración al Debido Proceso y al Derecho de Defensa.- CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán que sirvió de base para su decisión de denegar la presente garantía constitucional de amparo. Que el tribunal de alzada decidió denegar el amparo al recurrente, basándose en que: “ CONSIDERANDO: En el caso subjudice los argumentos sustentados por el Censor no se enmarcan dentro de los supuestos del Derecho de la Defensa y Derecho al Debido Proceso garantizados constitucionalmente, en virtud que el artículo 34 numeral 2 del Código Procesal Civil establece: “Quienes no tuvieren domicilio ni residencia en Honduras pueden ser demandados en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en éste y, si tampoco pudiera determinarse así la competencia, en el lugar del domicilio del actor.” que al encontrarse acreditado mediante movimiento migratorio, la salida de la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA hacia los Estados Unidos; asimismo se estableció mediante registros oficiales, tal como lo establece el artículo 144.4 del citado Código “Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio según registros oficiales, publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho destinatario, podrá efectuarse la entrega a cualquier empleado o familiar, mayor de 14 años, que se encuentre en ese lugar, advirtiendo al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cedula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero.” En el caso de méritos la identificación del domicilio de la parte demandada se realizó mediante registro en una institución del sistema financiero nacional donde se verificó que la demandada consignó la dirección de su señora madre MERCEDES OLIMPIA CHINCHILLA para hacer los trámites en la misma, por lo que este Ad-Quem entiende que el acto de notificación se efectuó en legal y debida forma, haciendo énfasis que el acta de emplazamiento fue entregada a la madre de la demandada, que sabía o debía de saber cómo ubicarla y ponerle en conocimiento la demanda promovida en su contra, tal como se acreditó en el presente caso ya que la demandada logró comparecer a través de su apoderada legal al proceso y por lo tanto tuvo conocimiento previo y pleno para hacer uso de sus derechos en el juicio incoado en su contra, por lo tanto no se evidencia trasgresión alguna a garantías constitucionales invocadas por el impetrante.- Este Tribunal deniega el recurso impetrado por no haber vulneración a los derechos constitucional es invocados por la recurrente.”- CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y por tanto no es violatoria de las normas constitucionales citadas por el garantista., ya que se denota que la demandada pudo hacer uso del término para contestar la demanda.- En consecuencia procede la confirmatoria de la sentencia proferida en fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis mediante la cual la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán resolvió denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO .- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis proferida por la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual DENIEGA la garantía de amparo interpuesta por por la Abogada DAMARIS ROXANA MADRID ORTIZ a favor de la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha quince de agosto de dos mil catorce, con relación a la demanda vía proceso abreviado no dispositivo de separación de hecho promovida por el señor DAVID ANTONIO GRANADOS MALDONADO contra la señora MIRTZA LORENA CASTRO CHINCHILLA.-Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1170-2016 .- firma y sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[5] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[6] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”