Sentencia AC-1152-15 — Registro 6681
Resumen
Otorgamiento de recurso de amparo en consulta en relación a condicionamiento para la admisión de la contestación de demanda de reconocimiento de deuda interpuesta contra impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diez de agosto de dos mil quince, cuando señala que en el presente caso no es procedente que el Juez mande a subsanar por esos extremos, pues en el marco jurídico no se encuentra contemplado. Poniendo al demandado, sin lugar a dudas, en una situación de inferioridad desde el punto de vista del ejercicio de su derecho de contradicción. Teniendo como consecuencia de no poder subsanar en los términos solicitados por el Juez, es no tener por contestada la demanda, lo que implica la vulneración a la materialización del derecho de contradicción del demandado..." ..."la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diez de agosto de dos mil quince, que otorgó el recurso presentado..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril de dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diez de agosto de dos mil quince, que otorgó el recurso presentado por el abogado NICOLAS GARCIA PINEDA a favor de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del año dos mil quince, con relación a la demanda de reconocimiento de deuda promovida por el señor FRANCISCO LEONIDAS PINEDA BARRIENTOS contra la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L. Estimando el recurrente que se le violentaron los derechos contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintidós de mayo de dos mil quince, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el abogado NICOLAS GARCIA PINEDA, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del año dos mil quince, por considerar el recurrente que se le violentaron los derechos contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- 2) Que seguido el tramite correspondiente a la acción de amparo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha diez de agosto de dos mil quince, mediante la cual otorgó el recurso de amparo de mérito, interpuesto por el Abogado NICOLAS GARCIA PINEDA, a favor de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L., y ordenó remitir en consulta las diligencias ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (Folio 29 al 33 de la pieza de la Corte de Apelaciones).- 3) Que en fecha siete de diciembre de dos mil quince, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado NICOLAS GARCIA PINEDA a favor de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L., en virtud de la petición de estudio solicitada en base al Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diez de agosto de dos mil quince, que otorgó el recurso presentado por el abogado NICOLAS GARCIA PINEDA a favor de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del año dos mil quince, con relación a la demanda de reconocimiento de deuda promovida por el señor FRANCISCO LEONIDAS PINEDA BARRIENTOS contra la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L..-CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que dichas resoluciones son violatorias de los derechos estipulados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, puesto que la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del año dos mil quince, le causa indefensión al condicionar la admisión de la contestación de la demanda, a la presentación de documentos originales o copias autenticadas, con los que la parte demandada no cuenta.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diez de agosto de dos mil quince, cuando señala que en el presente caso no es procedente que el Juez mande a subsanar por esos extremos, pues en el marco jurídico no se encuentra contemplado. Poniendo al demandado, sin lugar a dudas, en una situación de inferioridad desde el punto de vista del ejercicio de su derecho de contradicción. Teniendo como consecuencia de no poder subsanar en los términos solicitados por el Juez, es no tener por contestada la demanda, lo que implica la vulneración a la materialización del derecho de contradicción del demandado.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diez de agosto de dos mil quince, que otorgó el recurso presentado por el abogado NICOLAS GARCIA PINEDA a favor de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del año dos mil quince, con relación a la demanda de reconocimiento de deuda promovida por el señor FRANCISCO LEONIDAS PINEDA BARRIENTOS contra la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L..
POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-FALLA: CONFIRMAR la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diez de agosto de dos mil quince.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1152-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril de dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diez de agosto de dos mil quince, que otorgó el recurso presentado por el abogado NICOLAS GARCIA PINEDA a favor de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del año dos mil quince, con relación a la demanda de reconocimiento de deuda promovida por el señor FRANCISCO LEONIDAS PINEDA BARRIENTOS contra la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L. Estimando el recurrente que se le violentaron los derechos contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintidós de mayo de dos mil quince, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el abogado NICOLAS GARCIA PINEDA, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del año dos mil quince, por considerar el recurrente que se le violentaron los derechos contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- 2) Que seguido el tramite correspondiente a la acción de amparo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha diez de agosto de dos mil quince, mediante la cual otorgó el recurso de amparo de mérito, interpuesto por el Abogado NICOLAS GARCIA PINEDA, a favor de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L., y ordenó remitir en consulta las diligencias ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (Folio 29 al 33 de la pieza de la Corte de Apelaciones).- 3) Que en fecha siete de diciembre de dos mil quince, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado NICOLAS GARCIA PINEDA a favor de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L., en virtud de la petición de estudio solicitada en base al Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diez de agosto de dos mil quince, que otorgó el recurso presentado por el abogado NICOLAS GARCIA PINEDA a favor de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del año dos mil quince, con relación a la demanda de reconocimiento de deuda promovida por el señor FRANCISCO LEONIDAS PINEDA BARRIENTOS contra la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L..-CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que dichas resoluciones son violatorias de los derechos estipulados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, puesto que la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del año dos mil quince, le causa indefensión al condicionar la admisión de la contestación de la demanda, a la presentación de documentos originales o copias autenticadas, con los que la parte demandada no cuenta.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diez de agosto de dos mil quince, cuando señala que en el presente caso no es procedente que el Juez mande a subsanar por esos extremos, pues en el marco jurídico no se encuentra contemplado. Poniendo al demandado, sin lugar a dudas, en una situación de inferioridad desde el punto de vista del ejercicio de su derecho de contradicción. Teniendo como consecuencia de no poder subsanar en los términos solicitados por el Juez, es no tener por contestada la demanda, lo que implica la vulneración a la materialización del derecho de contradicción del demandado.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diez de agosto de dos mil quince, que otorgó el recurso presentado por el abogado NICOLAS GARCIA PINEDA a favor de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del año dos mil quince, con relación a la demanda de reconocimiento de deuda promovida por el señor FRANCISCO LEONIDAS PINEDA BARRIENTOS contra la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE, S. DE R. L..
POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-FALLA: CONFIRMAR la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diez de agosto de dos mil quince.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1152-2015.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL