Sentencia AC-1150-16 — Registro 12090
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra el auto resolutivo en el que según el recurrente se requirió a sus representados para que en el plazo de tres (3) días presentara copia autenticada del expediente, a razón de un recurso de queja, con relación a la tercería de prelación. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados el contenido de los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (5): Que según constante jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces y Tribunales el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial - en el ejercicio de la potestad jurisdiccional - al respeto y garantía de los derechos fundamentales de las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO (6): Que la estimatoria del recurso de amparo de mérito devendría en caso de obstaculizarse el principio garante del debido proceso con el establecimiento de requisitos de procedibidlidad en exceso a los que ya establece la Ley, impidiendo así ejercer a los terceristas el acceso a las acciones y recursos efectivos que les franquea la Ley, vedándoles la oportunidad de ser oídos y de exteriorizar argumentos a favor de su pretensión, lo cual esta Sala de lo Constitucional estima de ser el caso, visto el mérito que arroja la presente acción de amparo y la revisión ordenada de autos. CONSIDERANDO (7): Que en tal sentido, procede la declaratoria que la resolución bajo estudio ha disminuido las garantías y derechos constitucionales invocados por el Abogado recurrente y, en particular, el derecho al debido proceso del que gozan los terceristas, con fundamento preciso y congruente al tenor de los artículos 90 párrafo primero de la Constitución de la República y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, con especial mención al derecho de parte a gozar de acceso a la jurisdicción, cumplimentados que fueren los requisitos de procedibidlidad que enmarca la Ley. CONSIDERANDO (8): Que, en consecuencia, procede el otorgamiento de la presente acción de Amparo a efecto la Corte de Alzada garantice el acceso de las partes a ser oídos y de exteriorizar argumentos a favor de su pretensión, según plasmada en el supradescrito recurso de queja; de todo lo cual se ha hecho señalado mérito en el íter de la presente sentencia.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre del dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE MARIA JUAREZ PACHECO, a favor de los señores RINA YOLANDA MARTINEZ NIETO, GLORIA AIDA MEJIA SILVA Y CARLOS RODRIGUEZ ZELAYA, contra el auto resolutivo dictado por la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis mediante el cual, según el recurrente, se requirió a sus representados para que en el plazo de tres (3) días presentara copia autenticada del expediente, a razón de un recurso de queja, interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de abril de dos mil once, con relación a la tercería de prelación incoada en la demanda ejecutiva por BANCO SOGERIN S.A y/o BANCO DEL PAIS S.A., contra el señor CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ZELAYA.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados el contenido de los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES.1) Que en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil uno (2001), compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada MARIA DE LOS ANGELES MEMBREÑO CEDILLO, en su condición de apoderada legal de BANCO SOGERIN S.A., promoviendo demanda ejecutiva de pago contra el señor CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ZELAYA, para que previos los trámites y en sentencia definitiva se le condenara a pagar la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (L 578,072.37) más los intereses y costas del juicio. En consecuencia, en fecha cuatro (4) de abril de dos mil uno (2001), el citado Juzgado admitió la demanda de mérito, librando comunicación al Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que requiriera al señor CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ZELAYA, para que pagara o consignara la cantidad antes señalada. (Folios 01 al 02 y 12 de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que mediante providencia de fecha trece (13) de junio de dos mil siete (2007), el Juzgado de Letras Civil de Departamento de Francisco Morazán decretó el desalojo de los bienes inmuebles rematados y adjudicados en el juicio; en consecuencia, en fecha quince (15) de noviembre de dos mil siete (2007), se procedió al desalojo de las personas que habitaban los inmuebles rematados. (Folios 187 y 210 al 211 de la primera pieza de los antecedentes).3) Que en fecha cuatro (04) de marzo de dos mil once (2011), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, tuvo por abandonada y caducada de derecho la instancia en el juicio, ordenando a la secretaría procediese al archivo de los autos. (Folio 214 de la primera pieza de los antecedentes).4) Que en fecha cuatro (4) de marzo de dos mil once (2011), el señor CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ZELAYA, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, confiriendo Poder al Abogado JOSE MARIA JUAREZ PACHECO, en consecuencia, en fecha siete de abril de dos mil once, el citado Juzgado resolvió admitiendo el escrito, teniendo por conferido el Poder en el Abogado JOSE MARIA JUAREZ PACHECO, con solo el objeto de retirar documentos, en virtud de estar caducada la instancia según auto relacionado en el numeral anterior. (Folio 216 de la primera pieza de los antecedentes).5) Que en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, interponiendo recurso de apelación contra una resolución de fecha veinticinco de febrero de dos mil once, en consecuencia, el citado Juzgado en fecha veintiocho de abril de dos mil once, RESOLVIÓ: Admítase el escrito que antecede el cual se manda agregar a sus antecedentes.- En cuanto a lo solicitado por el compareciente SIN LUGAR en virtud de que el presente juicio ya esta finalizado por la ejecución llevada acabo en fecha quince de noviembre del dos mil siete.- …” (Folio 228 de la primera pieza de antecedentes).6) Que en fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciséis (2016), el Abogado JOSE MARIA JUAREZ PACHECO, compareció ante la entonces denominada Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán interponiendo un recurso queja contra el auto relacionado en el numeral que antecede, y en fecha trece de septiembre de dos mil quince (Sic.), dictó el auto mediante el cual resuelve: “Téngase por recibidas las copias del expediente numero 0801-2007-04767-CE y de las piezas separadas numero A-20264 y D-1437 provenientes del Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, contentivo de la DEMANDA EJECUTIVA. REQUERIMIENTO DE PAGO, venido en virtud del Recurso de Queja interpuesto por el Abogado JOSÈ MARIA JUÀREZ PACHECO, contra el auto de fecha veintiocho (28) de abril de dos mil once (2011), y en virtud de no constar en dichos expedientes resolución contra la cual se recurre en Queja y aras de garantizar el derecho de defensa que le asiste, que el compareciente procede a presentar ante este Tribunal en el término de tres (03) días hábiles, fotocopia autenticada del expediente donde dice encontrarse la resolución de fecha veintiocho de Abril del año dos mil once (2011), dictada por el Juzgado de Letras Civil de este Departamento, por la cual recurre en Queja, para proceder a realizar el reexamen del mismo.- Artículos 115, 130, 151.2, 730, 733 y 734 del Código Procesal Civil”. (Folio 15 de la segunda pieza de antecedentes).7) Que el recurrente Abogado JOSE MARIA JUAREZ PACHECO, compareció ante este Tribunal, en fecha dos (2) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor de los señores RINA YOLANDA MARTINEZ NIETO, GLORIA AIDA MEJIA SILVA Y CARLOS RODRIGUEZ ZELAYA, contra el auto dictado por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de septiembre de dos mil quince (Sic.) al cual se ha hecho referencia en el numeral que antecede, lo cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha catorce de agosto del año dos mil diecisiete. (Folio 27 del Recurso de Amparo).8) Que en fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen del Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE, el amparo solicitado, en virtud de vislumbrarse efectiva violación a los preceptos constitucionales invocados por el amparista por la falta de congruencia en lo resuelto por la honorable Corte de Apelaciones respecto a conceder al recurrente en queja un término de tres (3) días para presentar fotocopia autenticada del expediente: “… donde dice encontrarse la resolución de fecha veintiocho (28) de abril de dos mil once (2011), dictada por el Juzgado de Letras Civil de este Departamento”, lo cual violenta el debido proceso garantizado en los artículos 90 párrafo primero de la Constitución de la República, partiendo de lo prescrito en el artículo 733 numeral 1) del Código Procesal Civil, el cual fue inobservado por la Alzada, si se toma en cuenta que al realizar una revisión minuciosa del expediente principal y de las piezas que lo conforman, se observa que ambas resoluciones (de fechas veintiuno (21) de marzo y veintiocho de abril de dos mil once (2011): “… se encuentran agregadas a folios doscientos veintiocho (228) del extracto ocho (8) del Expediente 0801-2007-04767-CE (se observa anteriormente como F. 232) y folio doce (12) del extracto ocho (8)-(R-2)”; por lo cual, estima la Fiscalía para la Defensa de la Constitución que resulta imperioso que la Corte impugnada sin más trámite proceda a resolver el recurso de queja planteado.CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantía que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.CONSIDERANDO (3): Que esta Sala de lo Constitucional conoce de la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JOSÉ MARÍA JUAREZ PACHECO, en su condición preindicada, en la cual aduce el recurrente, que la Jurisdicción ha actuado en forma inmotivada en el caso concreto, pues exige la presentación de copia autenticada del expediente, pasando desapercibido que consta ya la preexistencia de la misma en las presentes diligencias, por lo cual debió limitarse a darle cumplimiento a los derechos, formalidades y garantías prescritas en los artículos 732 y subsiguientes del Código Procesal Civil, con relación a los artículos constitucionales invocados por el recurrente; exigencia innecesaria que veda su acceso al proceso y demás garantías de sus representados en la tercería de prelación por ellos incoada en la Demanda Ejecutiva promovida por BANCO SOGERÍN S.A. y/o BANCO DEL PAÍS S.A. (Exp. No. 0801-2007-4767 /Piezas separadas No. A-20264 y No. D-1437). - Por lo cual solicita de la Sala de lo Constitucional que otorgue el amparo de mérito, removiendo el artificioso impedimento señalado por la Corte Ad Quem para el cauce normal del debido proceso.CONSIDERANDO (4): Que en la vista del caso por parte de la Sala de lo Constitucional se aprecia como contenido garantista de la presente acción, se remueva un impedimento no congruente o no acorde a legalidad en el fallo de apelaciones recurrido en amparo, pues exige éste la cumplimentación de requisitos ya preconstituidos en la foliada (ver: folios doscientos veintiocho (228) del extracto ocho (8) del Expediente 0801-2007-04767-CE (se observa anteriormente como F. 232) y folio doce (12) del extracto ocho (8)-(R-2); lo cual impediría el acceso de los agraviados a la exposición y defensa de su posición y/o pretensión procesal de tercería, restricción indebida al goce de los derechos y garantías constitucionales de los justiciables que acuden en amparo ante esta Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que según constante jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces y Tribunales el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial - en el ejercicio de la potestad jurisdiccional - al respeto y garantía de los derechos fundamentales de las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO (6): Que la estimatoria del recurso de amparo de mérito devendría en caso de obstaculizarse el principio garante del debido proceso con el establecimiento de requisitos de procedibilidad en exceso a los que ya establece la Ley, impidiendo así ejercer a los terceristas el acceso a las acciones y recursos efectivos que les franquea la Ley, vedándoles la oportunidad de ser oídos y de exteriorizar argumentos a favor de su pretensión, lo cual esta Sala de lo Constitucional estima de ser el caso, visto el mérito que arroja la presente acción de amparo y la revisión ordenada de autos.CONSIDERANDO (7): Que en tal sentido, procede la declaratoria que la resolución bajo estudio ha disminuido las garantías y derechos constitucionales invocados por el Abogado recurrente y, en particular, el derecho al debido proceso del que gozan los terceristas, con fundamento preciso y congruente al tenor de los artículos 90 párrafo primero de la Constitución de la República y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, con especial mención al derecho de parte a gozar de acceso a la jurisdicción, cumplimentados que fueren los requisitos de procedibilidad que enmarca la Ley. CONSIDERANDO (8): Que en consecuencia, procede el otorgamiento de la presente acción de Amparo a efecto la Corte de Alzada garantice el acceso de las partes a ser oídos y de exteriorizar argumentos a favor de su pretensión, según plasmada en el supradescrito recurso de queja; de todo lo cual se ha hecho señalado mérito en el íter de la presente sentencia. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 59, 60, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 8, 9 No. 3, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de marzo de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-1150-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL