Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-1102-15 — Registro 12089

Resumen

Se interpuso recurso de Amparo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil que declaró sin lugar una impugnación de tasación de costas de segunda instancia. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (11): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo: 8 como el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes. Artículo 10 el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones. Del estudio de los antecedentes y de la resolución impugnada, esta Sala ha constatado que la recurrente ha tenido las oportunidades procesales y ha hecho uso de los recursos que la ley le confiere a lo largo del proceso, sin que exista ni siquiera indicio de que se le ha limitado en algún momento, el representante del Estado, ha estado presente en todas las actuaciones del proceso, así como que ha hecho uso de los recursos para hacer valer sus pretensiones; por lo que su Derecho a la Defensa se ha garantizado sin restricción alguna, en consecuencia no se ha vulnerado éste derecho como lo invoca la impetrante.- CONSIDERANDO (12): Que esta Sala como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, y en observancia de dichos principios y del análisis de caso en estudio, observa que la resolución que hoy se recurre en amparo, no inobserva ni el derecho de defensa ni el debido proceso, por lo que se hace procedente denegar el recurso de amparo interpuesto.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de agosto de dos mil quince, que declaró sin lugar una impugnación de tasación de costas de segunda instancia, presentada por el Abogado GEOVANI ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada TEXTILES DE HONDURAS S.A DE C.V (TEXHONSA) con relación a la demanda de nulidad de un juicio ejecutivo por la vía ordinaria que promovieran ante el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha uno de marzo del año dos mil cinco, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado GEOVANY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO, en su condición de apoderado legal de la Sociedad TEXTILES DE HONDURAS, S.A DE C.V. (TEXHONSA), promoviendo demanda ordinaria de nulidad de un juicio ejecutivo; en consecuencia el referido juzgado en fecha veintiocho de agosto del año dos mil ocho, dicto sentencia mediante la cual: FALLA.-PRIMERO: DECLARA PARCIALMENTE con LUGAR la demanda ordinaria para la nulidad de un juicio ejecutivo e interposición por vía ordinaria de las excepciones de exceso de computación en metálico de las deudas en especie, falta de personalidad o representación legal del demandado e ineptitud de libelo por razón de algún defecto legal en el modo de proponer la demanda, promovida por el Abogado GEOVANI ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO, en su condición de apoderado legal de la Sociedad TEXTILES DE HONDURAS S.A DE C.V. (TEXHONSA), contra EL ESTADO DE HONDURAS, SEGUNDO: En tal sentido DECLARA SIN LUGAR la demanda en lo referente a la interposición de las excepciones de exceso de computación en metálico de las deudas en especie, e ineptitud de libelo por razón de algún defecto legal en el modo de proponer la demanda opuesta vía demanda ordinaria y TERCERO: DECLARA CON LUGAR la demanda en lo referente a la oposición por via ordinaria de la excepción de falta de personalidad o representación legal del demandado.- CUARTO: En consecuencia DECRETA NULIDAD DE ACTUACIONES en el juicio ejecutivo numero A 16,607que se conoce en este Tribunal a partir del requerimiento de pago realizado al señor BENJAMIN MEMBREÑO en su condición de Vocal II, de la Sociedad ejecutada…” Que contra la referida Sentencia se presentó recurso de Apelación la cual fue declarada Con Lugar y posteriormente en Casación Sin Lugar su Admisión. (Folios trescientos cuarenta y seis (346) al trescientos cincuenta y dos (352) de la primera pieza de antecedentes).- 2) Que en fecha catorce de mayo de dos mil trece, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado GEOVANI ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO, solicitando la tasación de costas procesales en la segunda instancia. (Folio ciento cuarenta y tres (143) y ciento cuarenta y cuatro (144) la segunda pieza de antecedentes).- 3) Que agotado el trámite correspondiente, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dicto sentencia en fecha seis de agosto de dos mil quince, en la cual resolvió: PRIMERO: SIN LUGAR la impugnación de tasación de Costas presentada por el entonces Procurador Judicial del Estado el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN en su condición de parte apelada. SEGUNDO: APROBAR la Tasación de Costas de Fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil trece (2103), por la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (L3,856,166.88)…”.(Folios doscientos cuarenta (240) al doscientos cuarenta y uno (241) de la segunda pieza de antecedentes).- 4) Que la recurrente Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, compareció ante este Tribunal, en fecha veinte de noviembre del año dos mil quince, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de agosto de dos mil quince, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha uno de febrero del año dos mil dieciséis.- 5) Que en fecha diecinueve de febrero del año dos mil dieciséis, la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE, el amparo solicitado.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada en fecha seis de agosto del año dos mil quince, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, mediante la cual declaró Sin Lugar una Impugnación de Tasación de Costas, presentada por el abogado GEOVANY ROOSEVELT NUÑEZ MURLLO, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil TEXTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.(TEXHONSA), con relación a la Demanda de Nulidad de un Juicio Ejecutivo por vía ordinaria y las excepciones de exceso de computación a metálico de las deudas en especie, de falta de personalidad o representación legal del demandado e ineptitud de libelo por razón de defectos legales en el modo de proponer la demanda y prohibición de celebrar actos y contratos sobre un inmueble promovida por la Sociedad Mercantil denominada TEXTILES DE HONDURAS S. A., DE C.V., (TEXHONSA) contra el ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): Que la impetrante en la formalización del recurso en la ratificación de los hechos que motivan la tutela de amparo numeral primero F:27 pieza de amparo) expone: “Que en fecha 14 de mayo del año dos mil trece el Abogado GEOVANY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO, como apoderado legal de TEXTILES DE HONDURAS S. A., DE C.V., (TEXHONSA), solicitó costas personales de Segunda Instancia por la imaginaria suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (L3,856,166.88)”. En el numeral segundo señala que habiéndose admitido a trámite la solicitud referida, se le concedió vista a las partes por cinco días a fin de que procedieran a impugnar o aprobar las costas personales presentadas por el abogado representante de TEXHONSA. Explica el recurrente en el numeral tercero que presentó impugnación ante la solicitud de costas personales de segunda instancia, fundamentada en el hecho de que la Obligación que tiene la Sociedad Mercantil TEXHONSA con el Estado de Honduras no se extinguió, solo por el hecho de haber anulado el procedimiento ejecutivo, mediante la acción ordinaria por ellos interpuesta y por las cuales el Estado de Honduras fue injustamente condenado en costas, por otro lado se cuestionan las costas presentadas por el apoderado legal de TEXHONSA por ser excesivas. Considera que se han lacerado y soslayado el artículo 82 constitucional del Derecho a la Defensa al no observar toda la normativa aplicable al caso sub –judice y declarar sin lugar la impugnación a las costas presentadas, ya que como puede observarse de la resolución recurrida, la misma carece de los requisitos que debe contener un auto según lo establecido en el artículo 199 del Código Procesal Civil, pues en dicho auto resolutivo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, se limita solamente a mencionar los antecedentes de hecho, asimismo no motiva dicho fallo ni establece fundamentación jurídica requerida al efecto. Asimismo la representación del Estado solicita la nulidad absoluta de actuaciones del auto de fecha seis de agosto de dos mil quince, en virtud de que el mismo causa indefensión, por no contar con una motivación fáctica y asimismo de carecer de fundamentación jurídica. Asimismo señala el recurrente la violación al Artículo 90 del Debido Proceso, también de la Carta Magna, al considerar que el Estado tuvo y tiene suficientes motivos para litigar, que no procede la tasación de costas considerando el monto de la deuda que Texhonsa adeuda al Estado y que aún no honrado, no se ha extinguido por el hecho de que se hay anulado la demanda ejecutiva de pago presentada por el Estado de Honduras, quedando la vía ordinaria, en ese sentido según el recurrente, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, vulnero lo que establecía el artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles.- CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem en su resolución de fecha seis de agosto del año dos mil quince, sobre la Impugnación de costas presentada por el recurrente, hace una relación circunstanciada de los antecedentes de hecho (F.240, de la segunda pieza). Fundamenta legalmente su resolución en el artículo 227.1 del Código Procesal Civil, que se refiere a las actuaciones del Secretario en relación a la tasación de costas y procedió a declarar sin Lugar la impugnación de Costas Procesales.- CONSIDERANDO (6): Que esta Sala ha realizado un estudio minucioso de las piezas que componen el proceso, encontrando: 1.- Que en fecha 01 de marzo del año 2005 el Abogado GEOVANY ROOSVEL NUÑEZ MURILLO, como apoderado legal de TEXTILES DE HONDURAS S. A., DE C.V., (TEXHONSA), presentó Demanda ordinaria de nulidad un Juicio Ejecutivo, y tal como se desprende del Acápite de los HECHOS (Folio 2 de la primera pieza de autos); resulta que el Estado de Honduras, a través del Procurador General de la República en aquel momento presentó Demanda Ejecutiva de Pago contra Sociedad Mercantil (TEXHONSA),por valor líquido de CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DEICISEIS PUNTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS, más TRES MILLONES DE DOLARES, más intereses pactados en Escritura Pública Número Catorce, de fecha 24 de septiembre de 1991…, “menos las cantidades que se hayan amortizado mediante las modificaciones de plazo e intereses pactados…”. 2.- Una vez evacuado el procedimiento y dictada la sentencia por el A quo, las partes, tanto demandante como demandado presentan recurso de Apelación ante la Corte Segunda de Apelaciones, quien dicta sentencia en fecha ocho de octubre del año dos mil nueve, Fallando: “I: Declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por Abogado GEOVANY ROOSVEL NUÑEZ MURILLO, como apoderado legal de TEXTILES DE HONDURAS S. A., DE C.V., (TEXHONSA). II: Declarando no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN. III: Reforma la sentencia conocida en apelación, que fuera dictada en fecha 28 de agosto del 2008, por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, referente a los apartados siguientes: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR la demanda ordinaria de mérito; SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR las excepciones de falta de personalidad o representación legal del demandado y de ineptitud de libelo por razón de algún defecto legal en el modo de proponer la demanda, opuesta por el apoderado legal de TEXTILES DE HONDURAS S. A., DE C.V., (TEXHONSA). En consecuencia declaró la nulidad absoluta del juicio ejecutivo originalmente archivado con el número A-16,607, ahora con el número 0801-2007-04056, iniciado con motivo de la demanda ejecutiva de pago promovida por la Procuraduría General de la República de Honduras en contra de TEXTILES DE HONDURAS S. A., DE C.V., (TEXHONSA). CON ESPECIAL CONDENA EN COSTAS a la parte vencida en juicio”. “IV: Se reserva la resolución del desembargo de bienes para la etapa de ejecución de la sentencia; y V: Con costas de la segunda instancia. (Ver folio 373 primera pieza de autos). 3.- La sentencia adquiere carácter de firme cuando La Corte Suprema de Justicia, Sala de Lo Civil, DECLARA NO HA LUGAR la admisión del Recurso de Casación interpuesto por el representante del Estado. (F. 140 de la segunda pieza de autos). 4.- En fecha 14 de mayo del año 2013 el apoderado legal de TEXTILES DE HONDURAS S. A., DE C.V., (TEXHONSA), presenta solicitud de Tasación de Costas Personales (F. 143 segunda pieza de autos), notificado el ahora recurrente, de su admisión y tasación de costas en un valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (L3,856,166.88),(F. 154 segunda pieza), procedió a su impugnación, exponiendo en el hecho primero, que el representante de TEXHONSA justifica las costas solicitadas de conformidad a lo Demandado en el expediente ejecutivo A 16607 ventilado en el Juzgado de (Demanda presentada por el Estado de Honduras contra TEXHONSA) por la suma CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DEICISEIS PUNTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS, más TRES MILLONES DE DOLARES, más intereses pactados en Escritura Pública Número Catorce, de fecha 24 de septiembre de 1991…, “menos las cantidades que se hayan amortizado mediante las modificaciones de plazo e intereses pactados…” (F. 155 vuelto). Cantidad que resulta excesiva y por otra parte no se le debe al demandante ordinariamente, en primer lugar porque la obligación que se le exige al demandante en el juicio ejecutivo no ha sido enervado y que el Estado de Honduras puede exigir el cumplimiento del contenido de la obligación en juicio ordinario, ya que se declaró sin lugar el juicio Ejecutivo y la falta de personalidad, no el título que originó la obligación de TEXHONSA para con el Estado de Honduras; ahora resulta que él que está obligado a honrar la obligación, reclama honorarios personales, lo que solo viene a lesionar las pobres e incipientes finanzas del Estado de Honduras” (F.155 segunda pieza del expediente de mérito). Impugnación que fue declara sin lugar el 21 de junio del año 2013, y se aprueba la tasación de costas hechas por el Secretario de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, siendo interpuesta contra tal resolución acción de amparo la cual fue declarada con lugar mediante sentencia de fecha 07 de octubre de 2014, por considerar que se inobservó en la resolución amparada lo dispuesto en el artículo 226 numeral 1 en cuanto a solicitar informe al Colegio de Abogados de honduras, una vez recibida en la sentencia de amparo y prosiguiéndose con las diligencias se ordenó dar vista a la parte contraria por el plazo de 5 días para que se pronuncie sobre la impugnación presentada, una vez que fue contestada, se procedió a solicitar informe al Colegio de Abogados de Honduras, el cual emitió dictamen registrado bajo el No. 86-C.S.A.C.-15.- En consideración al dictamen antes señalado, el Secretario de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, estimo que en virtud de concordar la tasación de instancia con la del Colegio de Abogados no procede hacer modificación algún, manteniéndose la condena en costas por la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CICNUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (L.3,856,166.88), emitiéndose la resolución que hoy es objeto de recurso de amparo.- CONSIDERANDO (7): Que continuando con el estudio de los antecedentes esta Sala aprecia los siguientes hechos relevantes: 1.- El Estado de Honduras en fecha nueve de marzo del año dos mil (F.02 primera pieza del expediente de mérito) demandó mediante la figura del Juicio Ejecutivo a la Sociedad Mercantil denominada TEXTILES DE HONDURAS, S.A., de C.V. (TEXHONSA), para el cumplimiento de una obligación monetaria que asciende a la cantidad de CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DEICISEIS PUNTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS, más TRES MILLONES DE DOLARES, más intereses pactados en Escritura Pública…, “menos las cantidades que se hayan amortizado mediante las modificaciones de plazo e intereses pactados…”. 2.- Que la Sociedad mercantil demandada, en fecha 01 de marzo del 2005 presentó demanda de Nulidad de Un Juicio Ejecutivo (F. 1 primera pieza de autos). Que estudiada la demanda de nulidad de Juicio ejecutivo, se aprecia en el párrafo A) EXCEPCION DE EXCESO DE COMPUTACIÓN A METALICO DE LAS DEUDAS EN ESPECIE, TAL COMOLO ESTABLECE EL ARTÍCULO 473 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS COMUNES, manifestando que la cantidad señalada por El Estado como obligación de pago no es la correcta, además hace referencia a la cantidad de DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PUNTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS que como pagos o abonos había efectuado su representada (F.3 primera pieza). Dice que de “forma tendenciosa la Procuraduría con el propósito de confundir al Tribunal hizo aparecer como que la demandante tenía dos tipos de deudas una en lempiras y otra en dólares, cuando en realidad solo existe una obligación ya que la Deuda de tres millones ya estaba incorporada a la deuda en el mismo Instrumento catorce que se acompañó”. En el numeral dos de la referida demanda señala que “su representada reconoció una deuda a favor de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) por valor de L.41,446.416.95, incluyendo capital e intereses y la deuda de Tres Millones de dólares”. 3.- Que de los antecedentes resulta que el Estado de Honduras ha tenido motivos suficientes para litigar, que la Empresa TEXTILES DE HONDURAS, S.A., de C.V. (TEXHONSA), acepta el deberle al Estado cierta cantidad de Dinero, aduciendo que la señalada por el representante del Estado no se ajusta al monto adeudado. 4.- Si bien es cierto hay sentencia firme en la que se declaró la nulidad absoluta de la Demanda Ejecutiva de Pago presentada por el Estado de Honduras en virtud de defectos en la proposición de la Demanda, no es menos cierto que pese a ello El Estado de Honduras le asiste el derecho de interponer nueva Demanda por la vía ordinaria, para hacer valer sus pretensiones y lograr que TEXHONSA honre la deuda que tiene con el Estado. 5.- En consecuencia debe entenderse que la declaratoria de nulidad absoluta presentada por TEXHONSA contra la Demanda Ejecutiva de Pago presentada por el Estado de Honduras, de ninguna manera puede sustraer a la Empresa TEXTILES DE HONDURAS, S.A., de C.V. (TEXHONSA), de cumplir con la obligación de pago. 6.-La Empresa TEXTILES DE HONDURAS, S.A., de C.V. (TEXHONSA), en la interposición de su demanda de nulidad, alega que la cantidad pretendida por el Estado de Honduras no corresponde a lo que realmente adeuda, en ese sentido será durante la sustanciación del juicio correspondiente que las partes harán valer sus pretensiones, y finalmente se establecerá la obligación monetaria que la empresa TEXHONSA deberá honrar al Estado de Honduras. 7.- De acuerdo a lo antes relacionado esta Sala observa que el apoderado legal de la Empresa TEXTILES DE HONDURAS, S.A., de C.V. (TEXHONSA), pretende que la tasación de costas procesales se liquiden de acuerdo al monto de la demanda interpuesta por el Estado de Honduras; cuando la misma empresa precisamente para pedir la nulidad de tal demanda propuso una excepción de exceso de Metálico, inobservando el hecho de que dicha empresa es la que tiene una deuda con el Estado de Honduras, no el Estado con ella, con ello ha provocado que hasta este momento no se establece el monto real que adeuda a Honduras.- CONSIDERANDO (8): Que el recurrente invoca como vulnerados el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, que deben ser analizadas desde el prisma constitucional, entendiendo como Debido Proceso adjetivo o formal, el conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.- CONSIDERANDO (9): Que según la doctrina se le da el nombre de costas a los gastos legales que hacen las partes y deben satisfacer en ocasión de un procedimiento judicial; Cabanellas de Torres[3] las define como: “COSTAS. Se da este nombre a los gastos legales que hacen las partes y deben satisfacer en ocasión de un procedimiento judicial. Las costas no sólo comprenden los llamados gastos de justicia, o sea los derechos debidos al Estado, fijados por las leyes, sino además los honorarios de los letrados y los derechos que debe o puede percibir el personal auxiliar, si así estuviera establecido”; cabe preguntarse entonces -se debe siempre condenar en costas-, según la doctrina es habitual que en muchos pleitos se solicite al juez que se condene a la contraparte a pagar las costas del juicio, ello se le denomina “condena en costas”, y se concede normalmente en caso que se aprecie que se litigo sin tener fundamento alguno o que se haya iniciado el juicio de mala fe, con lo que se pretende resarcir a la parte que actuó de buena fe, haciendo a la otra parte pagar todos los gastos de un proceso innecesario.- CONSIDERANDO(10): Que al tenor de lo señalado en la normativa citada y del análisis de la resolución impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra, que la decisión del Tribunal ad-quem de fecha seis de agosto de dos mil quince, en la que resuelve sobre la impugnación de tasación de costas, dicha resolución se encuentra realizada bajo una motivación adecuada y suficiente, bajo el procedimiento que debe seguirse en la tasación, otorgando a la parte vencida en juicio el derecho a impugnar dicha tasación, tal como aconteció en el presente caso, estableciéndose la normativa procesal que en el caso de oposición debe pedirse opinión al Colegio de Abogados de Honduras, como efectivamente se hizo, lo que ha garantizado el Debido Proceso, el cual constituye un derecho fundamental que se materializa en garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial de un proceso, extremos estos que han sido observados por el Ad-quem en la resolución objeto de amparo, siendo la sentencia congruente y motivada, estando la decisión contenida en la ley aplicable al caso, con las formalidades que la ley establece, observándose en el presente asunto, que a la amparista se le han garantizado todos sus derechos y garantías que se le ofrecen a las personas que acuden a las autoridades del Estado, tal y como ha sucedido con el caso en estudio.- CONSIDERANDO (11): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo: 8 como el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes. Artículo 10 el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones. Del estudio de los antecedentes y de la resolución impugnada, esta Sala ha constatado que la recurrente ha tenido las oportunidades procesales y ha hecho uso de los recursos que la ley le confiere a lo largo del proceso, sin que exista ni siquiera indicio de que se le ha limitado en algún momento, el representante del Estado, ha estado presente en todas las actuaciones del proceso, así como que ha hecho uso de los recursos para hacer valer sus pretensiones; por lo que su Derecho a la Defensa se ha garantizado sin restricción alguna, en consecuencia no se ha vulnerado éste derecho como lo invoca la impetrante.- CONSIDERANDO (12): Que esta Sala como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, y en observancia de dichos principios y del análisis de caso en estudio, observa que la resolución que hoy se recurre en amparo, no inobserva ni el derecho de defensa ni el debido proceso, por lo que se hace procedente denegar el recurso de amparo interpuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos 82, 90, 183,301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4 No.5, 41, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo interpuesta por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de agosto de dos mil quince, que declaró sin lugar una impugnación de tasación de costas de segunda instancia, presentada por el Abogado GEOVANI ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada TEXTILES DE HONDURAS S.A DE C.V (TEXHONSA) con relación a la demanda de nulidad de un juicio ejecutivo por la vía ordinaria que promovieran ante el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1102-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.

[3]Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Nueva edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliastas.r.l. Primera edición. 1979. Undécima edición, 1993.