Sentencia AC-1028-15 — Registro 6827
Resumen
Sentencia declaró sin lugar el recurso de apelación contra auto dictado por el juzgado de letras de primera instancia que declaró sin lugar la solicitud de citación para oposición a la parte ejecutada en virtud de no constar la practica del embargo con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por el Estado de Honduras contra el recurrente considerando que no expresó o desarrolló agravio especifico sobre dicha resolución negativa a lo que pretendía
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Observando la Sala que el Derecho de defensa No se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha tenido la oportunidad de intervenir en todo momento durante el proceso, haciendo uso de los recursos que la ley le franquea, en consecuencia el Derecho a la Defensa del recurrente se ha garantizado a lo largo del proceso..."..."esta Sala encuentra que no se han quebrantado los derechos invocados por el recurrente. El Ad-quem no ha hecho más que sujetarse a lo que establece el procedimiento, por lo que ha dictado una resolución conforme a derecho, todo ello considerando que los derechos de las partes deben protegerse para su libre ejercicio, pero en el entendido que tanto las partes como los juzgadores están sometidos a la ley y nunca sobre de ella, en sujeción estricta al principio de legalidad inherente al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y el debido proceso que les asiste en el proceso. Por lo que el recurrente podrá hacer valer sus derechos de acuerdo al procedimiento que establece la ley..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, a favor de la Sociedad Mercantil denominada REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A DE C.V., contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de julio de dos mil quince, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por el ESTADO DE HONDURAS contra la Sociedad Mercantil denominada REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A DE C.V. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 64, 82 Y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintidós de octubre del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA, en su condición de Procuradora General de la Republica, promoviendo demanda ejecutiva de pago, contra el ALMACEN FISCAL PRIVADO AGENCIA MERZ, S.A. hoy REASA MERZ, S.A. a través de su representante legal el señor JORGE DEMETRIO KAFATI SEGEBRE, para que sea obligado hacerle efectivo al ESTADO DE HONDURAS la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 638,901.87).(Folios uno (01) al cuatro (04) de la primera pieza de antecedentes).- 2) Que en fecha treinta de enero de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, presentando escrito de citación para oposición en la demanda de mérito, en consecuencia, el referido Juzgado, en fecha cuatro de febrero del año dos mil catorce, RESOLVIÓ: “Admítase el escrito que antecede, el cual se manda agregar a sus antecedentes; En cuanto a resolver solicitud de Citación para Oposición a la Parte Ejecutada la Sociedad Mercantil REPUESTOS Y AUTOMOTORES S.A. (REASA), SIN LUGAR, en virtud de que no consta en autos que dicha Sociedad se le haya practicado aun Embargo alguno; Si bien es cierto en el auto de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, (folio 162) se decretó embargo sobre la totalidad de dicha sociedad, también es cierto que por mandato de ley se debe de nombrar interventor con cargo a caja, por la Parte Ejecutante que no ha proporcionado el nombre de la persona que nomina para tal cargo; lo anterior en virtud de que se dejó sin valor ni efecto el anterior nombramiento del interventor con cargo a caja, según obra en auto de veinticinco de septiembre de dos mil trece (folio 162)…”. (Folios ciento setenta (170) y ciento setenta y uno (171) de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de julio del año dos mil quince, dictó sentencia mediante la cual: FALLA: I) SIN LUGAR el recurso de apelación… II) SE CONFIRMA EL AUTO APELADO.- III) Se impone el pago de las costas a la parte apelante. (Folios nueve (09) al trece (13) de la segunda pieza de antecedentes).- 4) Que el recurrente Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve de octubre del año dos mil quince, reclamando amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A DE C.V., contra la sentencia, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de julio del año dos mil quince, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto los artículos 64 y 82 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dos de marzo del año dos mil dieciséis.- 5) Que en fecha uno de abril del año dos mil dieciséis, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE, el amparo solicitado.- CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte primera de Apelaciones de lo civil del Departamento de francisco Morazán, en fecha veintiocho de julio del año dos mil quince, mediante la cual falla declarando sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil catorce (2014), con relación a la DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO promovida por el Estado de Honduras, contra la sociedad Mercantil denominada REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C. V.- CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente, al formalizar su recurso expone una relación detallada de los hechos que motivan la Acción de amparo, considerando que se han quebrantado los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 Constitucionales que contienen el Derecho a la Defensa y el Debido Proceso. Manifestando que “los argumentos expuestos en la sentencia recurrida violentan el derecho de Defensa por cuanto lo que se pidió concretamente era el señalamiento de una fianza bancaria o hipotecaria para evitar el embargo y que se le permitiera a la sociedad ejecutada hacer uso de la oposición a la ejecución, lo que el Tribunal desconoce en su sentencia es que esa medida en un proceso de ejecución sirve para la eficacia práctica de la sentencia, es decir, si a mí representada se le condena al pago de lo consignado en la resolución emitida por el Tribunal Superior de cuentas de fecha 7 de octubre del 2004, el Estado como tal, cobra el valor de la garantía, en tal sentido cerrarse a que el procedimiento a seguir en los procesos de ejecución consignado en el Código de Procedimientos Comunes (1906), es causar daños innecesarios a una persona jurídica, es decir si en los procesos de ejecución se ordena el pago o embargo de bienes y el ejecutado garantiza esa obligación mientras se le permita hacer uso del derecho de defensa, (pronunciándose oponiéndose a la ejecución),por cuanto ese derecho o sea el de defensa se materializa con la oposición a la ejecución”. Expone además, que la Corte recurrida en cuanto al nombramiento de interventor con cargo a caja se pronunció que no tiene trascendencia alguna, pues siendo la empresa un bien mueble Art.646 primer párrafo del Código de Comercio, y que los bienes muebles son objeto de secuestro real, entonces la figura del interventor con cargo a caja sustituye en forma eficaz el secuestro, insistiendo en que lo que su representada pidió fue rendir una garantía para evitar el embargo y se le permitiera hacer uso de la oposición para ejecución, señalando que debió señalarse la cuantía y condiciones de la garantía, hacer uso del derecho de defensa oponiéndose a la ejecución…. Señalando que pretende que se permita la aplicación del debido proceso que regula la Constitución de la República en su artículo 90.- CONSIDERANDO: (5)Que el Tribunal de alzada en el párrafo de los Fundamentos de Derecho en su numeral segundo deja establecido: (SIC) “Que en el presente caso el apoderado ejecutado pidió el señalamiento de una garantía para evitar la práctica de un embargo ejecutivo en el presente juicio ejecutivo que, conforme el Art. 915 del Código Procesal Civil por ser un juicio especial que estaba pendiente al entrar en vigencia este nuevo código, se tramita conforme el Código de Procedimientos de 1906 y a partir de la sentencia o resolución, se aplicará ese nuevo código, pero resulta que en el presente asunto la medida precautoria ya estaba ordenada o adoptada en el auto del veinticinco(25) de septiembre del dos mil trece (2013), donde se decretó embargo sobre la totalidad de la sociedad mercantil REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S.A.,DE C.V., (REASA), nombrándose como Juez ejecutor, a EDGAR PEREZ (F 159 OO), y el auto que la Decretó quedó firme por no haber sido impugnado, tal como se colige de las notificaciones que obra a folio ciento sesenta y cuatro (164) y ciento sesenta y cinco (165) de la primera pieza de autos”. Además desarrolla los agravios señalados por el recurrente y se pronuncia desestimándolos. Haciendo énfasis en que el recurrente cuando interpuso el recurso de apelación lo hizo el auto de fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil catorce (2014), denegatorio de la citación para oposición que había solicitado y no expresó o desarrolló agravio especifico sobre dicha resolución negativa a lo que pretendía. Por todo ello declaró Sin Lugar el Recurso de apelación.- CONSIDERANDO: (6) Que procede como quehacer del Juez de lo Constitucional el estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida para hacer pronunciamiento sobre los derechos fundamentales que de acuerdo al criterio del recurrente se ha vulnerado, siendo el núcleo del estudio el cumplimiento o no del Debido Proceso. Se aprecian las actuaciones procesales desde la admisión de la Demanda interpuesta, los intentos de requerir al demando para el pago o consignación de la deuda, petición de embargo con interventor con cargo a caja, (F.150 primera pieza), resolución mediante la cual se decreta embargo que corre a folio 150 de primera pieza de autos), que fue notificada a los intervinientes en el proceso en fecha quince (15) de agosto del año 2012, seguidas con detalle, las actuaciones procesales esta resolución no fue impugnada por la parte demandada, por lo que adquirió su carácter de firme. El ahora recurrente en fecha 27 de noviembre del 2013 presentó escrito donde ofrece señalamiento de garantía para evitar las medidas precautorias de embargo e interventor con cargo a caja, mismo que le fue desestimado en fecha 17 de enero del año 2014, señalando que el embargo ya fue decretado a la parte ejecutada, señalándole al ejecutado “que en cualquier estado del juicio, antes de haberse enajenado los bienes embargados puede hacerlo cesar el ejecutado, pagando la deuda con sus intereses y costas”. Notificadas las partes, siendo la última notificación en fecha treinta (30) de enero de ese mismo año. Aprecia esta Sala que en las actuaciones siguientes no existe impugnación alguna a esta resolución por parte del ahora recurrente.- CONSIDERANDO: (7) Que esta Sala procede al estudio de los antecedentes, específicamente a la resolución que dio origen al recurso del que se hace mérito, observando que en fecha 30 de enero del año 2014 el ahora recurrente presentó escrito ante el A quo solicitando se citara para oposición a su representada, resolviendo el Juzgado de Letras de lo Civil, sin lugar dicha petición en virtud de que no consta que a dicha sociedad se le haya practicado aún embargo, señalando que “si bien es cierto se decretó el embargo, también es cierto que debe nombrarse interventor con cargo a caja, y la parte ejecutante no había proporcionado el nombre de la persona que nomina al cargo ya que se dejó sin valor ni efecto el anterior nombramiento del interventor con cargo a caja, resolución dictada en fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil catorce (2014), (F.171 primera pieza ), notificada al recurrente en fecha doce (12) del mes de febrero del año dos mil catorce, y a la contraparte en fecha diecinueve de febrero del mismo año; la que fue impugnada por el ahora recurrente, quien interpuso el recurso de apelación que le fue declarado sin lugar; y de la cual ahora recurre en amparo. En ese orden de sucesos resulta evidente que ciertamente al momento en que el recurrente presentó el escrito antes relacionado, no se había practicado el embargo decretado; debiendo considerarse dos situaciones, la primera que el órgano jurisdiccional decretó embargo sobre la totalidad de la sociedad mercantil demandada; segunda que el embargo no había sido practicado en el momento que el ahora recurrente presentó el escrito solicitando citación para oposición; ciertamente que en todo caso no podría haberse opuesto de nada porque el embargo no se había “hecho”, por lo que decretar y practicar son situaciones totalmente diferentes, siendo que la norma aplicable al proceso por vigencia de la ley, es el Código de Procedimiento Civiles de 1906, el Debido Proceso radica precisamente en cumplir los requisitos, exigencia y solemnidades previamente establecidos en la ley, todo ello en respeto al principio de legalidad, lo contrario es quebrantar el Debido Proceso. Siendo así, si el embargo aun no se había hecho no se podía citar al deudor para que se opusiera al mismo, de acuerdo a lo que dispone el artículo 469 que literalmente dice: “Hecho el embargo cuando sea conocido el domicilio del deudor, se le citará personalmente para que pueda oponerse a la ejecución…”. Constando en los antecedentes, según acta de embargo que es hasta el día treinta (30) de abril del año dos mil catorce (2014), que se practica embargo sobre todos los bienes de la sociedad mercantil demandada, nombrándose como Interventor con Cargo a Caja al señor MARCO ANTONIO ENAMORADO, (F. 186 primera pieza).- CONSIDERANDO: (8) Que el recurrente invoca como vulnerados el Derecho al Debido Proceso, entendido el Debido Proceso adjetivo o formal como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Todo ello en aplicación a la ley previamente establecida y que debe aplicarse al caso concreto, materializando de esta manera el principio de legalidad inherente al Debido Proceso y a la tutela judicial efectiva.- CONSIDERANDO: (9) Por otra parte el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Carta magna es un derecho inviolable que no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, e Instrumentos Internacionales que forman parte del derecho interno del Estado, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Observando la Sala que el Derecho de defensa No se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha tenido la oportunidad de intervenir en todo momento durante el proceso, haciendo uso de los recursos que la ley le franquea, en consecuencia el Derecho a la Defensa del recurrente se ha garantizado a lo largo del proceso.- CONSIDERANDO: (10) Que de acuerdo a lo antes expuesto, esta Sala encuentra que no se han quebrantado los derechos invocados por el recurrente. El Ad-quem no ha hecho más que sujetarse alo que establece el procedimiento, por lo que ha dictado una resolución conforme a derecho, todo ello considerando que los derechos de las partes deben protegerse para su libre ejercicio, pero en el entendido que tanto las partes como los juzgadores están sometidos a la ley y nunca sobre de ella, en sujeción estricta al principio de legalidad inherente al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y el debido proceso que les asiste en el proceso. Por lo que el recurrente podrá hacer valer sus derechos de acuerdo al procedimiento que establece la ley.- CONSIDERANDO: (11) Que el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, representada por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA emitió su Dictamen en fecha uno (01) de abril del año dos mil dieciséis (2016), exponiendo de acuerdo al estudio y apreciación jurídica, que no existe ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el recurrente.- CONSIDERANDO: (12) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, a favor de la sociedad mercantil denominada REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A., DE C. V., contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de julio del año dos mil quince. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.- Visto el recurso de reposición interpuesto por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO en el acto de la notificación que antecede, contra la sentencia de fecha cuatro de abril del presente año, recaída en el recurso de amparo interpuesto por él, a favor de la Sociedad Mercantil denominada REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. DE C.V., contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintiocho de julio dos mil quince, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por el ESTADO DE HONDURAS contra Sociedad Mercantil denominada REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. DE C.V.- CONSIDERANDO: Que del acto en el cual el peticionario solicita reposición se aprecia que éste no ataca el fondo o la forma de la sentencia impugnada, en consecuencia y conforme se desprende de la misma, ésta se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 64, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en el acto de la notificación por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO contra la sentencia de fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete, recaída en el recurso de amparo de mérito; Y MANDA: Que en definitiva se de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia impugnada. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia y Resolución de fechas cuatro (4) de abril y veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1028-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, a favor de la Sociedad Mercantil denominada REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A DE C.V., contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de julio de dos mil quince, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por el ESTADO DE HONDURAS contra la Sociedad Mercantil denominada REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A DE C.V. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 64, 82 Y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintidós de octubre del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA, en su condición de Procuradora General de la Republica, promoviendo demanda ejecutiva de pago, contra el ALMACEN FISCAL PRIVADO AGENCIA MERZ, S.A. hoy REASA MERZ, S.A. a través de su representante legal el señor JORGE DEMETRIO KAFATI SEGEBRE, para que sea obligado hacerle efectivo al ESTADO DE HONDURAS la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 638,901.87).(Folios uno (01) al cuatro (04) de la primera pieza de antecedentes).- 2) Que en fecha treinta de enero de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, presentando escrito de citación para oposición en la demanda de mérito, en consecuencia, el referido Juzgado, en fecha cuatro de febrero del año dos mil catorce, RESOLVIÓ: “Admítase el escrito que antecede, el cual se manda agregar a sus antecedentes; En cuanto a resolver solicitud de Citación para Oposición a la Parte Ejecutada la Sociedad Mercantil REPUESTOS Y AUTOMOTORES S.A. (REASA), SIN LUGAR, en virtud de que no consta en autos que dicha Sociedad se le haya practicado aun Embargo alguno; Si bien es cierto en el auto de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, (folio 162) se decretó embargo sobre la totalidad de dicha sociedad, también es cierto que por mandato de ley se debe de nombrar interventor con cargo a caja, por la Parte Ejecutante que no ha proporcionado el nombre de la persona que nomina para tal cargo; lo anterior en virtud de que se dejó sin valor ni efecto el anterior nombramiento del interventor con cargo a caja, según obra en auto de veinticinco de septiembre de dos mil trece (folio 162)…”. (Folios ciento setenta (170) y ciento setenta y uno (171) de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de julio del año dos mil quince, dictó sentencia mediante la cual: FALLA: I) SIN LUGAR el recurso de apelación… II) SE CONFIRMA EL AUTO APELADO.- III) Se impone el pago de las costas a la parte apelante. (Folios nueve (09) al trece (13) de la segunda pieza de antecedentes).- 4) Que el recurrente Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve de octubre del año dos mil quince, reclamando amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A DE C.V., contra la sentencia, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de julio del año dos mil quince, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto los artículos 64 y 82 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dos de marzo del año dos mil dieciséis.- 5) Que en fecha uno de abril del año dos mil dieciséis, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE, el amparo solicitado.- CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte primera de Apelaciones de lo civil del Departamento de francisco Morazán, en fecha veintiocho de julio del año dos mil quince, mediante la cual falla declarando sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil catorce (2014), con relación a la DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO promovida por el Estado de Honduras, contra la sociedad Mercantil denominada REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A. DE C. V.- CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente, al formalizar su recurso expone una relación detallada de los hechos que motivan la Acción de amparo, considerando que se han quebrantado los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 Constitucionales que contienen el Derecho a la Defensa y el Debido Proceso. Manifestando que “los argumentos expuestos en la sentencia recurrida violentan el derecho de Defensa por cuanto lo que se pidió concretamente era el señalamiento de una fianza bancaria o hipotecaria para evitar el embargo y que se le permitiera a la sociedad ejecutada hacer uso de la oposición a la ejecución, lo que el Tribunal desconoce en su sentencia es que esa medida en un proceso de ejecución sirve para la eficacia práctica de la sentencia, es decir, si a mí representada se le condena al pago de lo consignado en la resolución emitida por el Tribunal Superior de cuentas de fecha 7 de octubre del 2004, el Estado como tal, cobra el valor de la garantía, en tal sentido cerrarse a que el procedimiento a seguir en los procesos de ejecución consignado en el Código de Procedimientos Comunes (1906), es causar daños innecesarios a una persona jurídica, es decir si en los procesos de ejecución se ordena el pago o embargo de bienes y el ejecutado garantiza esa obligación mientras se le permita hacer uso del derecho de defensa, (pronunciándose oponiéndose a la ejecución),por cuanto ese derecho o sea el de defensa se materializa con la oposición a la ejecución”. Expone además, que la Corte recurrida en cuanto al nombramiento de interventor con cargo a caja se pronunció que no tiene trascendencia alguna, pues siendo la empresa un bien mueble Art.646 primer párrafo del Código de Comercio, y que los bienes muebles son objeto de secuestro real, entonces la figura del interventor con cargo a caja sustituye en forma eficaz el secuestro, insistiendo en que lo que su representada pidió fue rendir una garantía para evitar el embargo y se le permitiera hacer uso de la oposición para ejecución, señalando que debió señalarse la cuantía y condiciones de la garantía, hacer uso del derecho de defensa oponiéndose a la ejecución…. Señalando que pretende que se permita la aplicación del debido proceso que regula la Constitución de la República en su artículo 90.- CONSIDERANDO: (5)Que el Tribunal de alzada en el párrafo de los Fundamentos de Derecho en su numeral segundo deja establecido: (SIC) “Que en el presente caso el apoderado ejecutado pidió el señalamiento de una garantía para evitar la práctica de un embargo ejecutivo en el presente juicio ejecutivo que, conforme el Art. 915 del Código Procesal Civil por ser un juicio especial que estaba pendiente al entrar en vigencia este nuevo código, se tramita conforme el Código de Procedimientos de 1906 y a partir de la sentencia o resolución, se aplicará ese nuevo código, pero resulta que en el presente asunto la medida precautoria ya estaba ordenada o adoptada en el auto del veinticinco(25) de septiembre del dos mil trece (2013), donde se decretó embargo sobre la totalidad de la sociedad mercantil REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S.A.,DE C.V., (REASA), nombrándose como Juez ejecutor, a EDGAR PEREZ (F 159 OO), y el auto que la Decretó quedó firme por no haber sido impugnado, tal como se colige de las notificaciones que obra a folio ciento sesenta y cuatro (164) y ciento sesenta y cinco (165) de la primera pieza de autos”. Además desarrolla los agravios señalados por el recurrente y se pronuncia desestimándolos. Haciendo énfasis en que el recurrente cuando interpuso el recurso de apelación lo hizo el auto de fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil catorce (2014), denegatorio de la citación para oposición que había solicitado y no expresó o desarrolló agravio especifico sobre dicha resolución negativa a lo que pretendía. Por todo ello declaró Sin Lugar el Recurso de apelación.- CONSIDERANDO: (6) Que procede como quehacer del Juez de lo Constitucional el estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida para hacer pronunciamiento sobre los derechos fundamentales que de acuerdo al criterio del recurrente se ha vulnerado, siendo el núcleo del estudio el cumplimiento o no del Debido Proceso. Se aprecian las actuaciones procesales desde la admisión de la Demanda interpuesta, los intentos de requerir al demando para el pago o consignación de la deuda, petición de embargo con interventor con cargo a caja, (F.150 primera pieza), resolución mediante la cual se decreta embargo que corre a folio 150 de primera pieza de autos), que fue notificada a los intervinientes en el proceso en fecha quince (15) de agosto del año 2012, seguidas con detalle, las actuaciones procesales esta resolución no fue impugnada por la parte demandada, por lo que adquirió su carácter de firme. El ahora recurrente en fecha 27 de noviembre del 2013 presentó escrito donde ofrece señalamiento de garantía para evitar las medidas precautorias de embargo e interventor con cargo a caja, mismo que le fue desestimado en fecha 17 de enero del año 2014, señalando que el embargo ya fue decretado a la parte ejecutada, señalándole al ejecutado “que en cualquier estado del juicio, antes de haberse enajenado los bienes embargados puede hacerlo cesar el ejecutado, pagando la deuda con sus intereses y costas”. Notificadas las partes, siendo la última notificación en fecha treinta (30) de enero de ese mismo año. Aprecia esta Sala que en las actuaciones siguientes no existe impugnación alguna a esta resolución por parte del ahora recurrente.- CONSIDERANDO: (7) Que esta Sala procede al estudio de los antecedentes, específicamente a la resolución que dio origen al recurso del que se hace mérito, observando que en fecha 30 de enero del año 2014 el ahora recurrente presentó escrito ante el A quo solicitando se citara para oposición a su representada, resolviendo el Juzgado de Letras de lo Civil, sin lugar dicha petición en virtud de que no consta que a dicha sociedad se le haya practicado aún embargo, señalando que “si bien es cierto se decretó el embargo, también es cierto que debe nombrarse interventor con cargo a caja, y la parte ejecutante no había proporcionado el nombre de la persona que nomina al cargo ya que se dejó sin valor ni efecto el anterior nombramiento del interventor con cargo a caja, resolución dictada en fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil catorce (2014), (F.171 primera pieza ), notificada al recurrente en fecha doce (12) del mes de febrero del año dos mil catorce, y a la contraparte en fecha diecinueve de febrero del mismo año; la que fue impugnada por el ahora recurrente, quien interpuso el recurso de apelación que le fue declarado sin lugar; y de la cual ahora recurre en amparo. En ese orden de sucesos resulta evidente que ciertamente al momento en que el recurrente presentó el escrito antes relacionado, no se había practicado el embargo decretado; debiendo considerarse dos situaciones, la primera que el órgano jurisdiccional decretó embargo sobre la totalidad de la sociedad mercantil demandada; segunda que el embargo no había sido practicado en el momento que el ahora recurrente presentó el escrito solicitando citación para oposición; ciertamente que en todo caso no podría haberse opuesto de nada porque el embargo no se había “hecho”, por lo que decretar y practicar son situaciones totalmente diferentes, siendo que la norma aplicable al proceso por vigencia de la ley, es el Código de Procedimiento Civiles de 1906, el Debido Proceso radica precisamente en cumplir los requisitos, exigencia y solemnidades previamente establecidos en la ley, todo ello en respeto al principio de legalidad, lo contrario es quebrantar el Debido Proceso. Siendo así, si el embargo aun no se había hecho no se podía citar al deudor para que se opusiera al mismo, de acuerdo a lo que dispone el artículo 469 que literalmente dice: “Hecho el embargo cuando sea conocido el domicilio del deudor, se le citará personalmente para que pueda oponerse a la ejecución…”. Constando en los antecedentes, según acta de embargo que es hasta el día treinta (30) de abril del año dos mil catorce (2014), que se practica embargo sobre todos los bienes de la sociedad mercantil demandada, nombrándose como Interventor con Cargo a Caja al señor MARCO ANTONIO ENAMORADO, (F. 186 primera pieza).- CONSIDERANDO: (8) Que el recurrente invoca como vulnerados el Derecho al Debido Proceso, entendido el Debido Proceso adjetivo o formal como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Todo ello en aplicación a la ley previamente establecida y que debe aplicarse al caso concreto, materializando de esta manera el principio de legalidad inherente al Debido Proceso y a la tutela judicial efectiva.- CONSIDERANDO: (9) Por otra parte el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Carta magna es un derecho inviolable que no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, e Instrumentos Internacionales que forman parte del derecho interno del Estado, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Observando la Sala que el Derecho de defensa No se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha tenido la oportunidad de intervenir en todo momento durante el proceso, haciendo uso de los recursos que la ley le franquea, en consecuencia el Derecho a la Defensa del recurrente se ha garantizado a lo largo del proceso.- CONSIDERANDO: (10) Que de acuerdo a lo antes expuesto, esta Sala encuentra que no se han quebrantado los derechos invocados por el recurrente. El Ad-quem no ha hecho más que sujetarse alo que establece el procedimiento, por lo que ha dictado una resolución conforme a derecho, todo ello considerando que los derechos de las partes deben protegerse para su libre ejercicio, pero en el entendido que tanto las partes como los juzgadores están sometidos a la ley y nunca sobre de ella, en sujeción estricta al principio de legalidad inherente al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y el debido proceso que les asiste en el proceso. Por lo que el recurrente podrá hacer valer sus derechos de acuerdo al procedimiento que establece la ley.- CONSIDERANDO: (11) Que el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, representada por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA emitió su Dictamen en fecha uno (01) de abril del año dos mil dieciséis (2016), exponiendo de acuerdo al estudio y apreciación jurídica, que no existe ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el recurrente.- CONSIDERANDO: (12) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, a favor de la sociedad mercantil denominada REPUESTOS Y AUTOMOVILES, S.A., DE C. V., contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de julio del año dos mil quince. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.- Visto el recurso de reposición interpuesto por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO en el acto de la notificación que antecede, contra la sentencia de fecha cuatro de abril del presente año, recaída en el recurso de amparo interpuesto por él, a favor de la Sociedad Mercantil denominada REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. DE C.V., contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintiocho de julio dos mil quince, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por el ESTADO DE HONDURAS contra Sociedad Mercantil denominada REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. DE C.V.- CONSIDERANDO: Que del acto en el cual el peticionario solicita reposición se aprecia que éste no ataca el fondo o la forma de la sentencia impugnada, en consecuencia y conforme se desprende de la misma, ésta se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 64, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en el acto de la notificación por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO contra la sentencia de fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete, recaída en el recurso de amparo de mérito; Y MANDA: Que en definitiva se de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia impugnada. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia y Resolución de fechas cuatro (4) de abril y veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1028-2015.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional