Sentencia AC-102-17 — Registro 6824
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia con relación a la demanda de título extrajudicial contra recurrente por considerar que no hay pago sobre la totalidad de la deuda originalmente contraída con la parte ejecutante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de junio de dos mil diecisiete.- VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada BELKY LUZ VÁSQUEZ TORRES a favor de la señora ASCELA YOLANI VÁSQUEZ BRICEÑO, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES CIVL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVL DEL DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN, el once de mayo de dos mil dieciséis; con relación a la demanda de título extrajudicial promovida por el Abogado OSCAR NOEL AMAYA SERRANO, en su condición de apoderado legal del COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS contra la doctora ASCELA YOLANI VÁSQUEZ BRICEÑO, en su condición de deudora principal y contra los señores LUCIA ANTONIA ZÚNIGA INESTROZA y LEONARDO RAMSES SIERRA GUEVARA, en su condición de avales solidarios.- CONSIDERANDO: Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que ésta viola los derechos de defensa y debido proceso, así como el principio de legalidad contenidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, pues el Juez A-Quo no valoró el hecho que la mora en el capital vencido no era imputable a su representada, extremo que fue probado en el momento procesal oportuno, además señala que la cantidad exigible judicialmente ha disminuido pues a la ejecutada se le siguen haciendo deducciones mensuales de su salario, modificándose el valor adeudado mensualmente en disminución de la deuda, por lo que la cantidad vencida y judicialmente exigible a favor de la parte ejecutante no es correcta.- CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-quem, declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida, al estimar que si bien es cierto a la ejecutada el Instituto Hondureño de Seguridad Social no le realizó las retenciones a su sueldo, no menos cierto es que se le delegue esa responsabilidad a este, pues al cerciorarse la ejecutada que no se le hacían las retenciones, estaba en la obligación de verificar los pagos por ventanilla al Colegio Médico de Honduras u otra forma efectiva para con dicho acreedor; asimismo la ejecutada reconoció como monto adeudado a la fecha de su oposición de la demanda la cantidad de L.325,420.99 y no la plasmada en la demanda, ya que se realizaron pagos que fueron aplicados al préstamo por lo que el monto adeudado se modificó, constatándose que no hay pago sobre la totalidad de la deuda originalmente contraída con la parte ejecutante.- CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada BELKY LUZ VÁSQUEZ TORRES a favor de la señora ASCELA YOLANI VÁSQUEZ BRICEÑO, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES CIVL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Resolución de fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0102-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de junio de dos mil diecisiete.- VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada BELKY LUZ VÁSQUEZ TORRES a favor de la señora ASCELA YOLANI VÁSQUEZ BRICEÑO, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES CIVL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVL DEL DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN, el once de mayo de dos mil dieciséis; con relación a la demanda de título extrajudicial promovida por el Abogado OSCAR NOEL AMAYA SERRANO, en su condición de apoderado legal del COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS contra la doctora ASCELA YOLANI VÁSQUEZ BRICEÑO, en su condición de deudora principal y contra los señores LUCIA ANTONIA ZÚNIGA INESTROZA y LEONARDO RAMSES SIERRA GUEVARA, en su condición de avales solidarios.- CONSIDERANDO: Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que ésta viola los derechos de defensa y debido proceso, así como el principio de legalidad contenidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, pues el Juez A-Quo no valoró el hecho que la mora en el capital vencido no era imputable a su representada, extremo que fue probado en el momento procesal oportuno, además señala que la cantidad exigible judicialmente ha disminuido pues a la ejecutada se le siguen haciendo deducciones mensuales de su salario, modificándose el valor adeudado mensualmente en disminución de la deuda, por lo que la cantidad vencida y judicialmente exigible a favor de la parte ejecutante no es correcta.- CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-quem, declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida, al estimar que si bien es cierto a la ejecutada el Instituto Hondureño de Seguridad Social no le realizó las retenciones a su sueldo, no menos cierto es que se le delegue esa responsabilidad a este, pues al cerciorarse la ejecutada que no se le hacían las retenciones, estaba en la obligación de verificar los pagos por ventanilla al Colegio Médico de Honduras u otra forma efectiva para con dicho acreedor; asimismo la ejecutada reconoció como monto adeudado a la fecha de su oposición de la demanda la cantidad de L.325,420.99 y no la plasmada en la demanda, ya que se realizaron pagos que fueron aplicados al préstamo por lo que el monto adeudado se modificó, constatándose que no hay pago sobre la totalidad de la deuda originalmente contraída con la parte ejecutante.- CONSIDERANDO: Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada BELKY LUZ VÁSQUEZ TORRES a favor de la señora ASCELA YOLANI VÁSQUEZ BRICEÑO, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES CIVL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Resolución de fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0102-2017.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional