Sentencia AC-04-16 — Registro 12081
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia dictada por la corte de apelaciones que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal: 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO TRECE (13): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se sobresea la demanda constitucional de Amparo que se ha hecho merito, al presentarse causas de inadmisibilidad, siendo que se han alegado violaciones de mera legalidad en asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete .- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintinueve de junio de dos mil quince, con relación a la demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS contra el señor JORGE JOSÉ AGUIRRE GONZALES en su condición de Representante de la Sociedad Mercantil denominada “TACO LOCO S. DE R.L.” .Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado el Artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha quince de octubre de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, actuando en su condición de Procurador General de la República, promoviendo demanda de Ejecución de Titulo Ejecutivo Extrajudicial, contra la Sociedad Mercantil “TACO LOCO S. DE R.L.” por medio de su Representante Legal el señor JORGE JOSÉ AGUIRRE GONZALES, para que según el recurrente la ejecutada empresa sea obligada a pagarle a su Representado el ESTADO DE HONDURAS, la cantidad de CIENTO TREINTA CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L.134,197.07) en concepto de impuestos, multas y recargos, más los intereses calculados a la tasa máxima activa promedio que indique el sistema financiero nacional vigente hasta el momento del pago que efectúe el deudor, reclamos según el recurrente, son producto del incumplimiento de la obligación de Retener y Enterar el Impuesto Sobre Venta y Renta Jurídica de dicha Sociedad Mercantil. (Folio 1-4 de la primera pieza del A-Quo) 2) Que en fecha veintinueve de junio de dos mil quince, el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en la que falló: (Sic) “PRIMERO: ESTIMAR LA OPOSICIÓN a la ejecución de titulo extrajudicial, consistente en Nulidad del mandamiento, por no reunir el mismo los requisitos legales exigido por la ley y la prescripción o caducidad de la pretensión opuestas por el ejecutado en consecuencia declara sin lugar el procedimiento quedando a salvo el derecho de las partes para promover el proceso ordinario que corresponda sobre la misma cuestión…” (Folio 80-81 de la pieza del A-Quo) 3) Que en fecha veintinueve de julio de dos mil quince, el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, en su condición de Representante Procesal del ESTADO DE HONDURAS, interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes relacionada y una vez seguido el procedimiento de ley el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, dispuso tener por precluido el plazo de diez (10) días, a fin de que el Abogado MARCO ROGELIO CLARA GARCÍA (apelado) procediera a contestar los agravios asimismo ordenó la remisión del expediente al Tribunal Ad-Quem, y en fecha nueve de septiembre de dos mil quince el recurrente se personó ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán como parte apelante en el recurso de apelación impetrado ante esa instancia. (Folios 84-86/92 de de la pieza del A-Quo) 4) Que en fecha dieciséis de septiembre de dos mil quince, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, emitió auto teniendo por personado en legal y debida forma al Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA ante dicho Tribunal. (Folio 4 de la pieza del Ad-quem) 5) Que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, dictó sentencia en la cual falló: “…PRIMERO: Declarando nulidad de la sentencia de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, sin necesidad de devolverlo al juzgado de primera instancia para que vuelva a decidir sobre el fondo del asunto, por constar en autos los elementos de juicio necesarios para decidir, por ello, este Tribunal resolverá directamente.- SEGUNDO: Declarando sin lugar el motivo de oposición de nulidad del mandamiento por no cumplir el titulo ejecutivo los requisitos legales exigidos, absolviendo al ejecutante de dicho motivo de oposición.- TERCERO: Declarando con lugar parcialmente el motivo de oposición de prescripción, alegado por el ejecutado, referente únicamente a los impuestos sobre ventas e impuestos sobre rentas, multas y recargos correspondientes a los siguientes periodos fiscales: 200601, 200703, 200704, 200705, 200708, 200806; cuantía que de acuerdo al titulo asciende a CIENTO TRECE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (L.113,075.33).- En consecuencia absuelve al ejecutado de pagar la cantidad de CIENTO TRECE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (L.113,075.33).-CUARTO: Declarando sin lugar parcialmente el motivo de oposición de prescripción, alegado por el ejecutado, referente únicamente a los impuestos sobre ventas, multas y recargos por los siguientes periodos fiscales: 200909, 201006, 201008, 201012, 201104, 201108, cuantía que asciende a VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTIÚN LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.21,121.74).- QUINTO: Declarando con lugar parcialmente la demanda de Ejecución Forzosa de Titulo Extrajudicial que promoviera el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República y por ende Representante Legal del ESTADO DE HONDURAS, contra el señor JORGE JOSÉ AGUIRRE GONZALES, en su condición personal y como representante legal de TACO LOCO S. DE R.L.- SEXTO: Condena a la parte ejecutada al pago de VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTIÚN LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.21,121.74) más los intereses en base a la tasa activa más alta vigente en la banca privada nacional a la fecha en que esta sentencia adquiera el carácter de firme y ordena seguir adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener dicha cantidad de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de las sentencias, hasta la completa satisfacción del ejecutante.- SEPTIMO:…” (Folios 8-13 de la pieza del Ad-Quem) 6) Que el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, compareció ante este Tribunal en fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo contra la sentencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 90 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha once de marzo de dos mil dieciséis. 7) Que en fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Ministerio Público, Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, quien en su dictamen fue de la opinión porque “NO SE OTORGUE” el recurso de mérito. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintinueve de junio de dos mil quince, con relación a la demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS contra el señor JORGE JOSÉ AGUIRRE GONZALES en su condición de Representante de la Sociedad Mercantil denominada “TACO LOCO S. DE R. L.”. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; por estimar que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el Artículo 90 de la Constitución de la República, pues su representado acompaña como Titulo Ejecutivo contiene todos los requisitos de ley, por ende no existe nulidad del mandamiento por reunir el mismo los requisitos de ley; y, mucho menos prescripción, ya que los requisitos de ley que debe reunir el Titulo Ejecutivo ya los contiene intrínsecamente. Aunado a lo anterior, es de conocimiento público según ley, que la prescripción no opera de oficio, sino que es un requisito que se inste de la parte (contribuyente), lo cual el ejecutado nunca alego administrativamente, además de no existir prescripción, pues la misma ha sido interrumpida por los actos de cobro administrativo por parte de la administración misma. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha primero de abril de dos mil dieciséis, en el sentido que al revisar la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Civil, la misma guarda congruencia tanto en la motivación fáctica como jurídica, en tanto que de manera parcial, al encontrarse algunas obligaciones derivadas del Titulo Extrajudicial ya prescritas, al tenor de lo establecido en el Código Tributario en su Artículo 136 párrafo primero inciso 2), siendo por lo tanto una de las causales de extinción de responsabilidades tributarias, sin que la parte demandante haya probado con los medios de prueba eficaces que dicha prescripción había sido interrumpida por algunas de las causas que señala el Artículo 2301 del Código Civil. En tal sentido el Ministerio Público es de la opinión que la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones Civil, no vulnera el precepto constitucional señalado por el amparista, en tanto que como muy bien lo señala el Juez algunas de las obligaciones, se encuentran ya prescritas. Por lo que opina que no se otorgue el recurso. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte recurrida basa su sentencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince; en que de conformidad a los Artículos 2289 y 2301 del Código Civil las acciones prescriben por el transcurso del tiempo fijado por la ley, y dicha prescripción se interrumpe por el ejercicio de la acción ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. En el caso de autos, el titulo en que se fundamenta la demanda es el certificado de deuda extendido por la Secretaria General de la Dirección Ejecutiva de Ingresos; y, dichas acciones prescriben en el plazo de cinco años, tal como lo señalan los Artículos 136.2 y 140 del Código Tributario, recayendo sobre el ejecutante la carga de probar la interrupción de la prescripción, Artículo 238.2.5 del Código Procesal Civil. Obligación que el recurrente no cumplió. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo, no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal: 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO TRECE (13): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se sobresea la demanda constitucional de Amparo que se ha hecho merito, al presentarse causas de inadmisibilidad, siendo que se han alegado violaciones de mera legalidad en asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. ABOGADO JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de febrero del año dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0004=16.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario de la Sala Constitucional