Sentencia AA-96-15 — Registro 10423
Resumen
Empresa notifico al amparista y a 210 de sus empleados la suspensión Parcial de sus contratos individuales de trabajo por el termino de 120 días consecutivos; dicha suspensión de labores fue efectiva a partir del tres de enero de dos mil quince, hasta el dos mayo de dos mil quince, debiendo reincorporarse a su labores el día lunes cuatro de mayo de dos mil quince, dicha resolución fue emitida en base a que la empresa estatal se encontraba sumergida en una crisis financiera y operativa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esumen de los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 59, 82, 90, 127 y 128 de la Constitución de la República. Que los alegatos del censor expuestos al formalizar la presente garantía constitucional de amparo, se resumen de la siguiente manera:1. Expresa que es imperdonable la violación cometida por la Administración Publica de la garantía establecida en el artículo 59 de la Constitución, que se refiere a la persona humana, como fin supremo de toda sociedad y del Estado, dicha garantía no fue respetada por el Sanna, en virtud de que su Gerente General y Representante Legal, además de suspenderlos del trabajo, argumento ante los medios de comunicación con términos peyorativos, que las suspensiones se realizaba a personas “paracaidistas”, disposición tomada en claro abuso de autoridad, no permitiéndoles hacer uso del derecho petición y derecho de defensa.2. El petente señala que el Sanaa violento de forma dolosa el Derecho del Debido Proceso, el cual sirve de fundamento a la cláusula 9 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, que dispone que ambas partes SANNA y sindicato, convienen y se obligan a documentar, estudiar y resolver los problemas de trabajo, ya sean individuales y colectivos que ameriten suspensión, despido, terminación del contrato de trabajo o violación del contrato colectivo antes de acudir a las autoridades competentes del trabajo, ya que en dicha cláusula se aprecia con claridad el Debido Proceso que debió de seguir el Sanna antes de notificar la Suspensión del Contrato, como lo es, primero reunirse en pláticas de arreglo directo con el sindicato, y si de esas platicas de arreglo directo con el sindicato, y si de esas platicas no solucionaba nada, le quedaba la vía expedita para acudir ante las autoridades del trabajo, sin embargo, nunca siguió ese procedimiento, a pesar de conocerlo perfectamente, pues no se reunió previamente con el sindicato, y tampoco acudió a la Secretaría del Trabajo, tal como lo manda el artículo 102 del Código del Trabajo, debido a que tampoco se otorgó el Preaviso de 30 días que señala esa disposición, previo a la suspensión del contrato de trabajo. 3. Manifiesta el Recurrente que el artículo 128 constitucional en su numeral 15, dispone que el Estado Tutela los contratos individuales y colectivos, celebrados entre patronos y trabajadores, lo cual significa que el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Sanna y Sitrasannays, prevalece sobre el Código de Trabajo, motivo por el cual la notificación de suspensión del contrato de trabajo, sin antes haber tratado de resolver dichas suspensiones con el sindicato, se vuelve nula.Asimismo señala el recurrente que la causal número 4 del artículo 100 del Código del Trabajo, que invoca, es totalmente ajena a la naturaleza del Sanna, por no ser una institución de carácter mercantil, ya que de acuerdo a su ley constitutiva y la Constitución de la Republica, articulo 260 numeral 2, el Sanna, es una institución descentralizada. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación jurídica de la Autoridad Administrativa que constituye el acto impugnado. 1La empresa Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, mediante oficio número GG_170-2015 recibido por la Sala de lo Constitucional en fecha dieciséis de marzo de dos mil quince, señala: que “El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), es una empresa de Derecho Público, creada mediante el Decreto 91 emitido el 26 de abril de 1961, como un organismo autónomo de servicio público, con personería, capacidad jurídica y patrimonio propios, de duración indefinida, regida por su ley de creación, sus reglamentos, y en lo que no estuviere previsto, por las demás leyes del país que le sean aplicables.” Señala además que dentro de sus objetivos se identifica el que concierne a la población en general y es que dicha empresa de servicio público es la encargada de promover el desarrollo de los abastecimientos públicos de agua potable y alcantarillados sanitarios y pluviales de todo el país…. En el párrafo segundo manifiesta que “para hacer frente a estos objetivos la institución cuenta con un Presupuesto General de Ingresos y Egresos cuya fuente de financiamiento es primordialmente su propia facturación y recaudación… En virtud de lo anterior, es preciso exponer que la empresa ha venido contando con un número desproporcionado de empleados en relación a su fuente de financiamiento presupuestario, ya que los montos que suman las erogaciones de servicios profesionales de forma anual superan la facturación y recaudación total de la empresa, encontrando ahí su trascendental fuente de déficit y perdidas que en suma constituyen las razones esenciales de la crítica situación financiera en que se encuentra…”. 2. Que en fecha dos de enero de dos mil quince, la Empresa de Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, procedió a notificar a 210 de sus empleados, la decisión de suspender por un término de ciento veinte días el contrato individual de trabajo (incluyendo el contrato del ahora recurrente y la autoridad recurrida) suspensión que se materializo a partir del tres de enero de dos mil quince hasta el dos de mayo de dos mil quince, decisión tomada con fundamento en el artículo 100 numerales 4, 5 y 15 del Código del Trabajo, asimismo consigno en dicha notificación que la misma se fundamenta en los artículos 101 y 102 y demás aplicables al Código del Trabajo. 3.La Empresa Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, manifiesta la compleja situación económica por la que ha venido atravesando desde hace varios años, tiempo durante el cual algunas de sus administraciones han intentado reorientar esta crítica situación, pero tales intentos han sido infructuosos, resultando que a la fecha esta empresa estatal se encuentra sumergida en una grave crisis financiera y operativa en, razón por la cual su actual administración ha realizado los estudios financieros y administrativos necesarios a fin de ir solventando la referida situación; de tales estudios se desprende la imperiosa necesidad de optimizar los recursos con que la empresa cuenta, buscando equilibrar sus finanzas a través del control del déficit y del saneamiento de su flujo de caja, a fin de poder lograr una adecuada liquidación en el corriente ejercicio fiscal y comenzar con mejor ordenamiento” por lo que para el propósito de lograr el sostenimiento de la empresa, entre otras medidas a tomar, se llegó a la necesidad de proceder con la suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo notificada a algunos de sus empleados.…”.CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía de amparo de la que se hace mérito. Que la Sala de lo Constitucional, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, ordeno librar nueva comunicación al Gerente General del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, a efecto que dentro del plazo de dos días hábiles proceda a la remisión del informe en el cual indicase, cual es la relación laboral en la actualidad del amparista con el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, que en fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil quince, la Empresa Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, emitió el Oficio SG-39-.2015. Oficio con el que se da cumplimiento a lo solicitado por la Sala, en comunicación de fecha 15 de octubre del 2015; al respecto informa a la sala:1…, 2) Asimismo, consta que mediante nota de fecha cuatro (4) de mayo de 2015 se le notifica la decisión de dar por terminada la relación laboral en apego a lo estipulado en los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 6 y 15; 111 numeral 8 y párrafo segundo del Código de Trabajo y demás leyes aplicables; 3.En el expediente laboral del ex empleado JOSE MAURICIO PADILLA MOLINA no se consignan diligencias gubernativas ante la Secretaría de Trabajo. Acompañan documentos, como lo es la notificación de la suspensión de labores y cancelación al Contrato de Trabajo del Señor JOSE MAURICIO PADILLA MOLINA. Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala encuentra que efectivamente la Empresa Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados notificó la suspensión de labores por el término de ciento (120) días. Por otra parte el Oficio SG-39-.2015 remitido por la Empresa Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, deja establecido, que mediante nota de fecha cuatro (4) de mayo de 2015 se le notificó al recurrente la decisión de dar por terminada la relación laboral en apego a lo estipulado en los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 6 y 15; 111 numeral 8 y párrafo segundo del Código de Trabajo y demás leyes aplicables; y que en el expediente laboral del ex empleado JOSE MAURICIO PADILLA MOLINA no se consignan diligencias gubernativas ante la Secretaría de Trabajo. En consecuencia de acuerdo a lo antes expuesto esta Sala advierte la consumación de modo irreparable del hecho, que el recurrente impugnó en su momento, suspensión que posteriormente fue ratificada dando por terminada la relación laboral entre las partes, el acto se consumó de manera irreparable al haber trascendido la sola suspensión provisional a la destitución del recurrente, acto que deberá dilucidarse por la vía judicial respectiva, quedando expedita la misma a fin de obtener una sentencia conforme a derecho. En consecuencia tal como lo dispone el artículo 46 último párrafo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional que establece lo siguiente;” EL Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad."...
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
EL Infrascrito secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Certifica el fallo que literalmente dice: ”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el señor JOSE MAURICIO PADILLA MOLINA, favor de SÍ MISMO, contra actuaciones del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), de fecha dos de enero de dos mil quince, en la cual se le notifica al señor JOSE MAURICIO PADILLA MOLINA, la suspensión de su contrato individual de trabajo. ANTECEDENTES1) Que en fecha dos de enero de dos mil quince, el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) procedió en legal y debida forma a notificar al señor JOSE MAURICIO PADILLA MOLINA y a 210 de sus empleados la Suspensión Parcial de sus Contratos individuales de trabajo por el termino de 120 días consecutivos; dicha suspensión de labores fue efectiva a partir del tres de enero de dos mil quince, hasta el dos mayo de dos mil quince, debiendo reincorporarse a su labores el día lunes cuatro de mayo de dos mil quince, dicha resolución fue emitida en base a que la empresa estatal se encontraba sumergida en una crisis financiera y operativa, razón por la cual su actual administración realizó los estudios financieros y administrativos permitentes. (Folio 09 del expediente de amparo) 2) Que el recurrente, señor JOSE MAURICIO PADILLA MOLINA, compareció ante este Tribunal en fecha dos de febrero de dos mil quince, interponiendo recurso de amparo contra actuaciones del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), de fecha dos de enero de dos mil quince, por considerar que las mismas son violatorias de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso, derecho de defensa al igual el principio de legalidad, establecidas en los artículos 59, 82, 90 y 127 de la Constitución de la República.3) Que en fecha diez de febrero de dos mil quince, la Sala admitió el presente recurso, librando comunicación a la autoridad recurrida, para que emitiera un informe circunstanciado o los antecedentes del caso. (Folio 12 del expediente de amparo)4) Que en fecha dieciséis de marzo de dos mil quince, la autoridad recurrida rindió el informe correspondiente, siendo ampliado el mismo en fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, consignando en otros lo siguiente: a) Que en fecha veinte enero de dos mil quince, el SANAA, procedió a notificar a 210 empleados la decisión de suspender parcialmente los contratos individuales de trabajo por el termino de 120 días, en base al artículo 100 numeral 5 del Código de Trabajo. b) Que el SANAA, ha venido arrastrando desde hace varios años una compleja situación económica, resultando que la empresa se encuentra sumergida en una crisis económica y operativa. c) Que la institución cuenta con un presupuesto general de ingresos cuya fuente de financiamiento es primordialmente su propia facturación y recaudación a través de fondos nacionales, donaciones de cooperación internacional. En virtud de ello exponen que la empresa ha venido contando con un número desproporcionado de empleados en relación a su financiamiento. d) El SANAA ha venido contando con un total de 2,425 empleados, de los cuales 2,000 están concentrados en el Distrito Central, lo que representa una plantilla de L.37,318,372.00, por lo que la empresa necesitó en 2014 más de 6 millones de lempiras para cubrir el gasto corriente de sueldos y salarios, teniendo que recurrir a otras fuentes de financiamiento para hacer frente a esos compromisos, no pudiéndose pagar el décimo tercer mes ya que al 10 de diciembre de 2014, no se había recaudado lo necesario para ello. e) Que en fecha siete de enero de dos mil quince, el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, actuando en su condición de Apoderado Legal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, presentó escrito ante la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, en cual solicita “Se tenga comprobadas las causas de Suspensión parcial de los Contratos Individuales de Trabajo por 120 días consecutivos, notificada a 210 empleados del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), y consecuentemente se autorice tal suspensión”; por lo que la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social hizo Constar que según Registro No.SG-SUSP/CONT-001-2015 del Libro de Registro de Entradas de Solicitudes, se presentó la Solicitud antes indicada y que la misma se encontraba en trámite. (Folios 15 al 23 y 45 al 50 del expediente de amparo)5) Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, esta sala declaró caducado de derecho, perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar, asimismo, conforme se desprende del escrito de interposición, se aprecia que el recurrente desarrollo de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual es procedente continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo. (Folio 36 de la pieza de amparo). 6) Que con fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió el correspondiente dictamen, en el cual fue de la opinión que: “SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por los Amparistas, con las consecuencias jurídicas del caso.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICACONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Sea la vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación del Estado o con su aquiescencia CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen de los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 59, 82, 90, 127 y 128 de la Constitución de la República. Que los alegatos del censor expuestos al formalizar la presente garantía constitucional de amparo, se resumen de la siguiente manera:1. Expresa que es imperdonable la violación cometida por la Administración Publica de la garantía establecida en el artículo 59 de la Constitución, que se refiere a la persona humana, como fin supremo de toda sociedad y del Estado, dicha garantía no fue respetada por el Sanna, en virtud de que su Gerente General y Representante Legal, además de suspenderlos del trabajo, argumento ante los medios de comunicación con términos peyorativos, que las suspensiones se realizaba a personas “paracaidistas”, disposición tomada en claro abuso de autoridad, no permitiéndoles hacer uso del derecho petición y derecho de defensa.2. El petente señala que el Sanaa violento de forma dolosa el Derecho del Debido Proceso, el cual sirve de fundamento a la cláusula 9 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, que dispone que ambas partes SANNA y sindicato, convienen y se obligan a documentar, estudiar y resolver los problemas de trabajo, ya sean individuales y colectivos que ameriten suspensión, despido, terminación del contrato de trabajo o violación del contrato colectivo antes de acudir a las autoridades competentes del trabajo, ya que en dicha cláusula se aprecia con claridad el Debido Proceso que debió de seguir el Sanna antes de notificar la Suspensión del Contrato, como lo es, primero reunirse en pláticas de arreglo directo con el sindicato, y si de esas platicas de arreglo directo con el sindicato, y si de esas platicas no solucionaba nada, le quedaba la vía expedita para acudir ante las autoridades del trabajo, sin embargo, nunca siguió ese procedimiento, a pesar de conocerlo perfectamente, pues no se reunió previamente con el sindicato, y tampoco acudió a la Secretaría del Trabajo, tal como lo manda el artículo 102 del Código del Trabajo, debido a que tampoco se otorgó el Preaviso de 30 días que señala esa disposición, previo a la suspensión del contrato de trabajo. 3. Manifiesta el Recurrente que el artículo 128 constitucional en su numeral 15, dispone que el Estado Tutela los contratos individuales y colectivos, celebrados entre patronos y trabajadores, lo cual significa que el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Sanna y Sitrasannays, prevalece sobre el Código de Trabajo, motivo por el cual la notificación de suspensión del contrato de trabajo, sin antes haber tratado de resolver dichas suspensiones con el sindicato, se vuelve nula.Asimismo señala el recurrente que la causal número 4 del artículo 100 del Código del Trabajo, que invoca, es totalmente ajena a la naturaleza del Sanna, por no ser una institución de carácter mercantil, ya que de acuerdo a su ley constitutiva y la Constitución de la Republica, articulo 260 numeral 2, el Sanna, es una institución descentralizada. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación jurídica de la Autoridad Administrativa que constituye el acto impugnado. 1La empresa Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, mediante oficio número GG_170-2015 recibido por la Sala de lo Constitucional en fecha dieciséis de marzo de dos mil quince, señala: que “El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), es una empresa de Derecho Público, creada mediante el Decreto 91 emitido el 26 de abril de 1961, como un organismo autónomo de servicio público, con personería, capacidad jurídica y patrimonio propios, de duración indefinida, regida por su ley de creación, sus reglamentos, y en lo que no estuviere previsto, por las demás leyes del país que le sean aplicables.” Señala además que dentro de sus objetivos se identifica el que concierne a la población en general y es que dicha empresa de servicio público es la encargada de promover el desarrollo de los abastecimientos públicos de agua potable y alcantarillados sanitarios y pluviales de todo el país…. En el párrafo segundo manifiesta que “para hacer frente a estos objetivos la institución cuenta con un Presupuesto General de Ingresos y Egresos cuya fuente de financiamiento es primordialmente su propia facturación y recaudación… En virtud de lo anterior, es preciso exponer que la empresa ha venido contando con un número desproporcionado de empleados en relación a su fuente de financiamiento presupuestario, ya que los montos que suman las erogaciones de servicios profesionales de forma anual superan la facturación y recaudación total de la empresa, encontrando ahí su trascendental fuente de déficit y perdidas que en suma constituyen las razones esenciales de la crítica situación financiera en que se encuentra…”. 2. Que en fecha dos de enero de dos mil quince, la Empresa de Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, procedió a notificar a 210 de sus empleados, la decisión de suspender por un término de ciento veinte días el contrato individual de trabajo (incluyendo el contrato del ahora recurrente y la autoridad recurrida) suspensión que se materializo a partir del tres de enero de dos mil quince hasta el dos de mayo de dos mil quince, decisión tomada con fundamento en el artículo 100 numerales 4, 5 y 15 del Código del Trabajo, asimismo consigno en dicha notificación que la misma se fundamenta en los artículos 101 y 102 y demás aplicables al Código del Trabajo. 3.La Empresa Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, manifiesta la compleja situación económica por la que ha venido atravesando desde hace varios años, tiempo durante el cual algunas de sus administraciones han intentado reorientar esta crítica situación, pero tales intentos han sido infructuosos, resultando que a la fecha esta empresa estatal se encuentra sumergida en una grave crisis financiera y operativa en, razón por la cual su actual administración ha realizado los estudios financieros y administrativos necesarios a fin de ir solventando la referida situación; de tales estudios se desprende la imperiosa necesidad de optimizar los recursos con que la empresa cuenta, buscando equilibrar sus finanzas a través del control del déficit y del saneamiento de su flujo de caja, a fin de poder lograr una adecuada liquidación en el corriente ejercicio fiscal y comenzar con mejor ordenamiento” por lo que para el propósito de lograr el sostenimiento de la empresa, entre otras medidas a tomar, se llegó a la necesidad de proceder con la suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo notificada a algunos de sus empleados.…”.CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía de amparo de la que se hace mérito. Que la Sala de lo Constitucional, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, ordeno librar nueva comunicación al Gerente General del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, a efecto que dentro del plazo de dos días hábiles proceda a la remisión del informe en el cual indicase, cual es la relación laboral en la actualidad del amparista con el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, que en fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil quince, la Empresa Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, emitió el Oficio SG-39-.2015. Oficio con el que se da cumplimiento a lo solicitado por la Sala, en comunicación de fecha 15 de octubre del 2015; al respecto informa a la sala:1…, 2) Asimismo, consta que mediante nota de fecha cuatro (4) de mayo de 2015 se le notifica la decisión de dar por terminada la relación laboral en apego a lo estipulado en los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 6 y 15; 111 numeral 8 y párrafo segundo del Código de Trabajo y demás leyes aplicables; 3.En el expediente laboral del ex empleado JOSE MAURICIO PADILLA MOLINA no se consignan diligencias gubernativas ante la Secretaría de Trabajo. Acompañan documentos, como lo es la notificación de la suspensión de labores y cancelación al Contrato de Trabajo del Señor JOSE MAURICIO PADILLA MOLINA. Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala encuentra que efectivamente la Empresa Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados notificó la suspensión de labores por el término de ciento (120) días. Por otra parte el Oficio SG-39-.2015 remitido por la Empresa Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, deja establecido, que mediante nota de fecha cuatro (4) de mayo de 2015 se le notificó al recurrente la decisión de dar por terminada la relación laboral en apego a lo estipulado en los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 6 y 15; 111 numeral 8 y párrafo segundo del Código de Trabajo y demás leyes aplicables; y que en el expediente laboral del ex empleado JOSE MAURICIO PADILLA MOLINA no se consignan diligencias gubernativas ante la Secretaría de Trabajo. En consecuencia de acuerdo a lo antes expuesto esta Sala advierte la consumación de modo irreparable del hecho, que el recurrente impugnó en su momento, suspensión que posteriormente fue ratificada dando por terminada la relación laboral entre las partes, el acto se consumó de manera irreparable al haber trascendido la sola suspensión provisional a la destitución del recurrente, acto que deberá dilucidarse por la vía judicial respectiva, quedando expedita la misma a fin de obtener una sentencia conforme a derecho. En consecuencia tal como lo dispone el artículo 46 último párrafo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional que establece lo siguiente;” EL Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.PARTE DISPOSITIVA O FALLO.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 5, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEE las diligencias que contienen el Recurso de amparo del que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. Firma y sello: LIDIA ALVAREZ SAGASTUME MAGISTRADA PRESIDENTASALA CONSTITUCIONAL .-JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.-JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- firma y sello CARLOS ALBERTO ALENDAREZ CALIX .- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, certificación del fallo de fecha dieciséis de enero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo , registrado en este Tribunal bajo el número 0096=15.
Carlos Alberto Almendarez calix
Secretario de la sala constitucional
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2]
Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”