Sentencia AA-944-15 — Registro 8666
Resumen
Actuaciones no manifestadas por escrito por parte de Autoridad recurrida en relación al bloqueo de claves de acceso al Portal Único de Transparencia y Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) al Oficial de Información Pública de recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."después de haber analizado la Ley aplicable al caso y su reglamento, podemos afirmar que no existe una disposición que le otorgue la atribución al IAIP, de imponer a determinada institución obligada, una sanción de la cual deviene como consecuencia la obstrucción al acceso a la información y al actuar con transparencia, como es el hecho de obstaculizar el acceso al Portal Único de Transparencia y al Sistema de Información electrónico de Honduras SIELHO, pues esta es la consecuencia del bloqueo de las Claves, constituyendo esta decisión una vulneración del debido proceso administrativo..."..."esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, por lo que, al haberse hecho patente la vulneración al derecho de defensa y debido proceso, se estima debe otorgarse la Acción de Amparo invocada..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 43 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA, a favor de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contra actuaciones de los Abogados DORIS IMELDA MADRID ZERON, GUSTAVO ADOLFO MANZANARES VAQUERO y DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES, en su condición de COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), relacionadas según la recurrente, en el bloqueo de las claves de acceso al portal único de Transparencia y al Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) por parte de los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sin tener las facultades expresamente conferidas por la ley, negándole a la Oficial de Información Pública de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)las claves de acceso al referido portal y sin ningún fundamento legal establecido.- Manifiesta la Recurrente que con la resolución impetrada se consideran violentados derechos constitucionales fundamentales consagrados en los artículos 70, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S.1)Que en fecha doce (12) de octubre del año dos mil quince (2015), la Abogada MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA, en su condición de Ministra Directora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) interpuso acción de amparo en aplicación al artículo 43 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra un hecho no manifestando por escrito consistente en el bloqueo de las claves de acceso al Portal Único de Transparencia y al Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) por parte de los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sin tener facultades expresamente conferidas por la Ley, negándole a la Oficial de Información Pública de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) las claves de acceso al referido portal y sin ningún fundamento legalmente establecido. (Folio del 1 al 12 de la pieza de amparo).2) Que en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil quince (2015), se tuvo por admitido el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA, a favor de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS, contra actuaciones del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), asimismo se ordenó librar comunicación con la inserciones de estilo a la autoridad recurrida, a efecto que remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 23 de la pieza de los antecedentes). 3)Que en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil quince (2015) esta Sala de lo Constitucional tuvo por recibido el informe rendido por la Abogada DORIS IMELDA MADRID ZERON, Comisionada Presidenta y representante Legal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el cual expresa entre otros lo siguiente: “…que a criterio de la recurrente, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), el IAIP no tiene facultades para oponerse al nombramiento de un OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA. Al respecto es necesaria recalcar que el IAIP cuenta con las atribuciones legales para fundamentar su decisión relacionada con que toda institución obligada debe contar con su consentimiento para proceder a nombrar o cancelar a un OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA. Dichos fundamentos ya han sido enumerados, sin embargo se considera oportuno recalcar el contenido del 7 del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA…” (Folios 66 al 70 de los antecedentes). 4) Que en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciséis (2016), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emitiera su dictamen. (Folios 80 de la pieza de amparo). 5) Que con fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. (Folios 83 al 86 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.
CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la Garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA, a favor de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contra actuaciones de los Abogados DORIS IMELDA MADRID ZERON, GUSTAVO ADOLFO MANZANARES VAQUERO y DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES, en su condición de COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), relacionadas según la recurrente, en el bloqueo de las claves de acceso al portal único de Transparencia y al Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) por parte de los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sin tener las facultades expresamente conferidas por la ley, negándole a la Oficial de Información Pública de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) las claves de acceso al referido portal y sin ningún fundamento legal establecido.- Manifiesta la Recurrente que con la resolución impetrada se consideran violentados derechos constitucionales fundamentales consagrados en los artículos 70, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. El IAIP, envió en tiempo y forma el informe solicitado por esta Sala, argumentando las razones en las cuales se basa para haber “Bloqueado las claves de acceso al Portal Único de Transparencia y al Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO)”, en el cual manifiesta: “… Mediante Oficio CP-IAIP-212-2015 de fecha 2 de septiembre del año 2015, el IAIP, dio respuesta al Oficio No. DE-2451-2015 de fecha 28 de agosto del 2015, expresándose en dicha respuesta lo siguiente: “No podemos negar que el nombramiento de un Oficial de Información Pública, tal como la misma LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACÓN PUBLICA y su Reglamento lo establecen, es responsabilidad de cada Institución Obligada. Sin embargo dicho nombramiento o en su caso su remoción debe ser del conocimiento previo del IAIP, como órgano garante y responsable del funcionamiento del SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PUBLICA, así como el ente emisor de las recomendaciones y lineamientos necesarios para asegurar el mejor desempeño de los Oficiales de Información Pública. En otras palabras, la decisión de nombrar o cancelar a determinada persona en el cargo de 0ficial de Información Pública, no solo tiene repercusiones administrativas, sino que tiene repercusiones de mayor alcance que ponen en riesgo al SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PUBLICA al debilitar uno de sus componentes, en este caso el SUBSISTEMA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS, y que ponen en precario, por lo tanto, el Derecho de Acceso a la Información del pueblo hondureño. Asimismo tenemos conocimiento que la remoción de la Abogada INGRID MIRTILA BONILLA, como Encargada de la Unidad de Información Pública de la DEI, se debió a que probablemente su excesivo celo en la defensa del Derecho de Acceso a la Información resultaba molesto o incómodo para ciertas autoridades de la DEI, por lo que se optó por retirarla del cargo. Al respecto me refiero al caso concreto de la Solicitud de Información Publica No. 74-15, concerniente a los Decretos, Acuerdos y Circulares Aduaneros a partir del Decreto No. 17-2010 con número y fecha de publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Con relación a la misma la Abogada INGRID MIRTILA BONILLA nos informo que le solicitaron hacer uso del auto de inadmisibilidad al momento de llegar solicitudes iguales o parecidas, figura que de acuerdo a lo expresado por la Abogada BONILLA no se han utilizado en el procedimiento interno de la Unidad de Información Pública de la DEI. En tal sentido se le informa que cualquier nombramiento o remoción de personal en el cargo de OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, debe ser del conocimiento previo del IAIP, contando además con el visto bueno de esta institución. Asimismo en relación a lo expresado por su persona que “de continuar sin las claves de acceso supra indicadas no será nuestra responsabilidad el no publicar ni actualizar la información mensual establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, se le recuerda el contenido del Articulo 16 inciso 1) del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACÓN PUBLICA, que prescribe lo siguiente: ”Los titulares de las Unidades Administrativas de las instituciones Obligadas serán los responsables de proporcionar a los Oficiales de Información Pública las modificaciones que correspondan. La información anterior deberá ser publicada a la brevedad posible.” Es por ello que no se puede buscar desviar la responsabilidad institucional de la DEI proveniente de sus actos administrativos como la remoción o nombramiento de personas en el cargo de OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, sin el conocimiento previo del IAIP, como órgano garante y responsable del funcionamiento del SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PUBLICA, así como el ente emisor de las recomendaciones y lineamientos necesarios para asegurar el mejor desempeño de los Oficiales de Información Pública.”. CONSIDERANDO (5): Que el artículo 17 del Código Civil manda que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador.”. CONSIDERANDO (6): Que el artículo 5 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACÓN PUBLICA, relativo al soporte humano y técnico, establece que para el cumplimiento de su deber de transparencia, las Instituciones Obligadas deberán mantener subsistemas con suficiente soporte humano y técnico, que permitan la sistematización de la información, la prestación de un servicio de consulta y el acceso por los ciudadanos, así como su publicación cuando sea procedente a través de los medios electrónicos o escritos disponibles. Para ese efecto, cada institución designaré un Oficial de Información Pública responsable de dicho subsistema y suministre la información solicitada siempre y cuando no esté declarado como reservado de conformidad con 61 Artículo 17 de la presente Ley. Cada Institución creará una partida presupuestaria suficiente para asegurar su funcionamiento. Lo subrayado es nuestro. El mandato que contiene esta disposición legal, es con el propósito de hacer efectivo el derecho a la información garantizado en la Ley del Instituto de Acceso a la Información contenido en el último párrafo del artículo 4 que señala: “… A su vez, toda persona natural o jurídica, tiene derecho a solicitar y a recibir de las instituciones obligadas, información completa, veraz, adecuada y oportuna en los límites y condiciones establecidas en esta ley. En ese mismo orden de ideas, el artículo 35 de la misma ley, otorga un año a las instituciones obligadas para ejecutar las acciones necesarias dentro de cada institución con la finalidad del efectivo cumplimiento de la ley, ello implica los nombramientos del personal y la logística necesaria para su funcionamiento, acciones que llevará cabo cada institución obligada de acuerdo a sus leyes constitutivas y reglamentos. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional ha determinado en otras sentencias su acuerdo con algunos doctrinarios que señalan: “…Ante todo, dice Ricci, refiriéndose Código italiano.- que contiene una disposición igual al nuestro, que cuando el texto es claro y las palabras no dejan lugar duda respecto a su propio significado, no es licito recurrir al espíritu para cambiar su interpretación, y aplicarla violentando, la obra del interprete; Solar, refiriéndose al código chileno, dice, es reconstruir al pensamiento del legislador, y como el legislador ha formulado su pensamiento de legislador, en un texto la letra de la ley es la expresión del pensamiento de este. Cuando la ley es clara tenemos este pensamiento netamente declarado, conocemos la intención del legislador por su propia boca y no podemos eludirla, y el juez debe por grave que sean las consideraciones que se pueda oponer, aplicarla tal como esta escrita (Comentarios al Titulo Preliminar del Código Civil, Presentación Quezada, 1930)….” (Amparo Civil 330-2015). CONSIDERANDO (8): Que después de haber analizado la Ley aplicable al caso y su reglamento, podemos afirmar que no existe una disposición que le otorgue la atribución al IAIP, de imponer a determinada institución obligada, una sanción de la cual deviene como consecuencia la obstrucción al acceso a la información y al actuar con transparencia, como es el hecho de obstaculizar el acceso al Portal Único de Transparencia y al Sistema de Información electrónico de Honduras SIELHO, pues esta es la consecuencia del bloqueo de las Claves, constituyendo esta decisión una vulneración del debido proceso administrativo. La Ley constitutiva del IAIP, solamente le otorga a los Comisionados, la atribución de imponer las sanciones administrativas contenidas en el artículo 35 de la supramencionada ley, una vez acreditado que las instituciones obligadas han incurrido en las infracciones contenidas en el artículo 34 de la Ley. En cuanto a las sanciones, debe observarse que, el legislador proporciona un abanico de sanciones administrativas que van de menor a mayor, comenzando con amonestación por escrito, suspensión, multa, cesantía o despido. Véase que ha diseñado un procedimiento garantista, en el cual se hace vivo el derecho a la defensa, a ser oído y vencido y finalmente la imposición de sanciones de manera escalonada, el que dista por mucho de la decisión tomada por los Comisionados del IAIP. CONSIDERANDO (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, por lo que, al haberse hecho patente la vulneración al derecho de defensa y debido proceso, se estima debe otorgarse la Acción de Amparo invocada. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos: 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 4, 5, 8, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 56, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 17, 18, 19, 20, 2370 del Código Civil; 6, 10, 110.4, 136.2, 139, 140, 169, 171, 175 del Código Tributario; 8 No. 1, 24 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; FALLA: 1) OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA, a favor de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contra actuaciones de los Abogados DORIS IMELDA MADRID ZERON, GUSTAVO ADOLFO MANZANARES VAQUERO y DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES, en su condición de COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), al ordenar el bloqueo de las claves de acceso al portal único de Transparencia y al Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).- Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-944-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA, a favor de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contra actuaciones de los Abogados DORIS IMELDA MADRID ZERON, GUSTAVO ADOLFO MANZANARES VAQUERO y DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES, en su condición de COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), relacionadas según la recurrente, en el bloqueo de las claves de acceso al portal único de Transparencia y al Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) por parte de los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sin tener las facultades expresamente conferidas por la ley, negándole a la Oficial de Información Pública de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)las claves de acceso al referido portal y sin ningún fundamento legal establecido.- Manifiesta la Recurrente que con la resolución impetrada se consideran violentados derechos constitucionales fundamentales consagrados en los artículos 70, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S.1)Que en fecha doce (12) de octubre del año dos mil quince (2015), la Abogada MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA, en su condición de Ministra Directora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) interpuso acción de amparo en aplicación al artículo 43 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra un hecho no manifestando por escrito consistente en el bloqueo de las claves de acceso al Portal Único de Transparencia y al Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) por parte de los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sin tener facultades expresamente conferidas por la Ley, negándole a la Oficial de Información Pública de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) las claves de acceso al referido portal y sin ningún fundamento legalmente establecido. (Folio del 1 al 12 de la pieza de amparo).2) Que en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil quince (2015), se tuvo por admitido el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA, a favor de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS, contra actuaciones del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), asimismo se ordenó librar comunicación con la inserciones de estilo a la autoridad recurrida, a efecto que remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 23 de la pieza de los antecedentes). 3)Que en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil quince (2015) esta Sala de lo Constitucional tuvo por recibido el informe rendido por la Abogada DORIS IMELDA MADRID ZERON, Comisionada Presidenta y representante Legal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el cual expresa entre otros lo siguiente: “…que a criterio de la recurrente, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), el IAIP no tiene facultades para oponerse al nombramiento de un OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA. Al respecto es necesaria recalcar que el IAIP cuenta con las atribuciones legales para fundamentar su decisión relacionada con que toda institución obligada debe contar con su consentimiento para proceder a nombrar o cancelar a un OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA. Dichos fundamentos ya han sido enumerados, sin embargo se considera oportuno recalcar el contenido del 7 del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA…” (Folios 66 al 70 de los antecedentes). 4) Que en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciséis (2016), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emitiera su dictamen. (Folios 80 de la pieza de amparo). 5) Que con fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. (Folios 83 al 86 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la Garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA, a favor de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contra actuaciones de los Abogados DORIS IMELDA MADRID ZERON, GUSTAVO ADOLFO MANZANARES VAQUERO y DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES, en su condición de COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), relacionadas según la recurrente, en el bloqueo de las claves de acceso al portal único de Transparencia y al Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) por parte de los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sin tener las facultades expresamente conferidas por la ley, negándole a la Oficial de Información Pública de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) las claves de acceso al referido portal y sin ningún fundamento legal establecido.- Manifiesta la Recurrente que con la resolución impetrada se consideran violentados derechos constitucionales fundamentales consagrados en los artículos 70, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. El IAIP, envió en tiempo y forma el informe solicitado por esta Sala, argumentando las razones en las cuales se basa para haber “Bloqueado las claves de acceso al Portal Único de Transparencia y al Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO)”, en el cual manifiesta: “… Mediante Oficio CP-IAIP-212-2015 de fecha 2 de septiembre del año 2015, el IAIP, dio respuesta al Oficio No. DE-2451-2015 de fecha 28 de agosto del 2015, expresándose en dicha respuesta lo siguiente: “No podemos negar que el nombramiento de un Oficial de Información Pública, tal como la misma LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACÓN PUBLICA y su Reglamento lo establecen, es responsabilidad de cada Institución Obligada. Sin embargo dicho nombramiento o en su caso su remoción debe ser del conocimiento previo del IAIP, como órgano garante y responsable del funcionamiento del SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PUBLICA, así como el ente emisor de las recomendaciones y lineamientos necesarios para asegurar el mejor desempeño de los Oficiales de Información Pública. En otras palabras, la decisión de nombrar o cancelar a determinada persona en el cargo de 0ficial de Información Pública, no solo tiene repercusiones administrativas, sino que tiene repercusiones de mayor alcance que ponen en riesgo al SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PUBLICA al debilitar uno de sus componentes, en este caso el SUBSISTEMA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS, y que ponen en precario, por lo tanto, el Derecho de Acceso a la Información del pueblo hondureño. Asimismo tenemos conocimiento que la remoción de la Abogada INGRID MIRTILA BONILLA, como Encargada de la Unidad de Información Pública de la DEI, se debió a que probablemente su excesivo celo en la defensa del Derecho de Acceso a la Información resultaba molesto o incómodo para ciertas autoridades de la DEI, por lo que se optó por retirarla del cargo. Al respecto me refiero al caso concreto de la Solicitud de Información Publica No. 74-15, concerniente a los Decretos, Acuerdos y Circulares Aduaneros a partir del Decreto No. 17-2010 con número y fecha de publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Con relación a la misma la Abogada INGRID MIRTILA BONILLA nos informo que le solicitaron hacer uso del auto de inadmisibilidad al momento de llegar solicitudes iguales o parecidas, figura que de acuerdo a lo expresado por la Abogada BONILLA no se han utilizado en el procedimiento interno de la Unidad de Información Pública de la DEI. En tal sentido se le informa que cualquier nombramiento o remoción de personal en el cargo de OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, debe ser del conocimiento previo del IAIP, contando además con el visto bueno de esta institución. Asimismo en relación a lo expresado por su persona que “de continuar sin las claves de acceso supra indicadas no será nuestra responsabilidad el no publicar ni actualizar la información mensual establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, se le recuerda el contenido del Articulo 16 inciso 1) del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACÓN PUBLICA, que prescribe lo siguiente: ”Los titulares de las Unidades Administrativas de las instituciones Obligadas serán los responsables de proporcionar a los Oficiales de Información Pública las modificaciones que correspondan. La información anterior deberá ser publicada a la brevedad posible.” Es por ello que no se puede buscar desviar la responsabilidad institucional de la DEI proveniente de sus actos administrativos como la remoción o nombramiento de personas en el cargo de OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA, sin el conocimiento previo del IAIP, como órgano garante y responsable del funcionamiento del SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PUBLICA, así como el ente emisor de las recomendaciones y lineamientos necesarios para asegurar el mejor desempeño de los Oficiales de Información Pública.”. CONSIDERANDO (5): Que el artículo 17 del Código Civil manda que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador.”. CONSIDERANDO (6): Que el artículo 5 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACÓN PUBLICA, relativo al soporte humano y técnico, establece que para el cumplimiento de su deber de transparencia, las Instituciones Obligadas deberán mantener subsistemas con suficiente soporte humano y técnico, que permitan la sistematización de la información, la prestación de un servicio de consulta y el acceso por los ciudadanos, así como su publicación cuando sea procedente a través de los medios electrónicos o escritos disponibles. Para ese efecto, cada institución designaré un Oficial de Información Pública responsable de dicho subsistema y suministre la información solicitada siempre y cuando no esté declarado como reservado de conformidad con 61 Artículo 17 de la presente Ley. Cada Institución creará una partida presupuestaria suficiente para asegurar su funcionamiento. Lo subrayado es nuestro. El mandato que contiene esta disposición legal, es con el propósito de hacer efectivo el derecho a la información garantizado en la Ley del Instituto de Acceso a la Información contenido en el último párrafo del artículo 4 que señala: “… A su vez, toda persona natural o jurídica, tiene derecho a solicitar y a recibir de las instituciones obligadas, información completa, veraz, adecuada y oportuna en los límites y condiciones establecidas en esta ley. En ese mismo orden de ideas, el artículo 35 de la misma ley, otorga un año a las instituciones obligadas para ejecutar las acciones necesarias dentro de cada institución con la finalidad del efectivo cumplimiento de la ley, ello implica los nombramientos del personal y la logística necesaria para su funcionamiento, acciones que llevará cabo cada institución obligada de acuerdo a sus leyes constitutivas y reglamentos. CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional ha determinado en otras sentencias su acuerdo con algunos doctrinarios que señalan: “…Ante todo, dice Ricci, refiriéndose Código italiano.- que contiene una disposición igual al nuestro, que cuando el texto es claro y las palabras no dejan lugar duda respecto a su propio significado, no es licito recurrir al espíritu para cambiar su interpretación, y aplicarla violentando, la obra del interprete; Solar, refiriéndose al código chileno, dice, es reconstruir al pensamiento del legislador, y como el legislador ha formulado su pensamiento de legislador, en un texto la letra de la ley es la expresión del pensamiento de este. Cuando la ley es clara tenemos este pensamiento netamente declarado, conocemos la intención del legislador por su propia boca y no podemos eludirla, y el juez debe por grave que sean las consideraciones que se pueda oponer, aplicarla tal como esta escrita (Comentarios al Titulo Preliminar del Código Civil, Presentación Quezada, 1930)….” (Amparo Civil 330-2015). CONSIDERANDO (8): Que después de haber analizado la Ley aplicable al caso y su reglamento, podemos afirmar que no existe una disposición que le otorgue la atribución al IAIP, de imponer a determinada institución obligada, una sanción de la cual deviene como consecuencia la obstrucción al acceso a la información y al actuar con transparencia, como es el hecho de obstaculizar el acceso al Portal Único de Transparencia y al Sistema de Información electrónico de Honduras SIELHO, pues esta es la consecuencia del bloqueo de las Claves, constituyendo esta decisión una vulneración del debido proceso administrativo. La Ley constitutiva del IAIP, solamente le otorga a los Comisionados, la atribución de imponer las sanciones administrativas contenidas en el artículo 35 de la supramencionada ley, una vez acreditado que las instituciones obligadas han incurrido en las infracciones contenidas en el artículo 34 de la Ley. En cuanto a las sanciones, debe observarse que, el legislador proporciona un abanico de sanciones administrativas que van de menor a mayor, comenzando con amonestación por escrito, suspensión, multa, cesantía o despido. Véase que ha diseñado un procedimiento garantista, en el cual se hace vivo el derecho a la defensa, a ser oído y vencido y finalmente la imposición de sanciones de manera escalonada, el que dista por mucho de la decisión tomada por los Comisionados del IAIP. CONSIDERANDO (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, por lo que, al haberse hecho patente la vulneración al derecho de defensa y debido proceso, se estima debe otorgarse la Acción de Amparo invocada. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos: 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 4, 5, 8, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 56, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 17, 18, 19, 20, 2370 del Código Civil; 6, 10, 110.4, 136.2, 139, 140, 169, 171, 175 del Código Tributario; 8 No. 1, 24 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; FALLA: 1) OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA, a favor de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contra actuaciones de los Abogados DORIS IMELDA MADRID ZERON, GUSTAVO ADOLFO MANZANARES VAQUERO y DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES, en su condición de COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), al ordenar el bloqueo de las claves de acceso al portal único de Transparencia y al Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).- Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-944-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL