Sentencia AA-855-15 — Registro 10292
Resumen
Resolución No. SO-062-2015 declaró sin lugar recurso de revisión contra actuaciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en relación a solicitud de información; Autoridad recurrida considera que en numerales 2, 3 y 4 de la solicitud no se proporcionó información por no ser pública (clasificada como reservada)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Resolución No.SO-062-2015 de fecha veinticinco de junio del año dos mil quince, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que resuelve el Recurso de Revisión interpuesto contra la comunicación electrónica de la Dirección de Protección al Usuario Financiero (DPUF-CNBS), realizada en fecha nueve de enero del año dos mil quince al recurrente, a través de la cual se le notifica, que a la CNBS no le será posible proporcionar la información, por considerarse información clasificada como reservada; resolución que declara sin lugar el Recurso de Revisión interpuesto por el recurrente, contra la Resolución supra relacionada;..."..."esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución No. SO-062-2015 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en fecha veinticinco de junio del año dos mil quince, que declara sin lugar el Recurso de Revisión interpuesto contra la comunicación electrónica de la Dirección de Protección al Usuario Financiero (DPUF-CNBS), realizada en fecha nueve de enero del año dos mil quince al recurrente, a través de la cual se le notifica, que a la CNBS no le será posible proporcionar la información, por considerarse información clasificada como reservada..."..."habiendo identificado el asunto esencial por el cual la recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional el contenido del artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública...en ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 4) de la ley relacionada establece: “Instituciones obligadas:...De la lectura de los relacionados preceptos, se deduce que toda persona tiene el derecho a acceso a la información pública, para consolidar la democracia de los Estados de Derecho; derecho que se rige por el principio de máxima divulgación de la información desarrollado en estándares internacionales, con el propósito precisamente de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de las entidades que administran fondos públicos..."..."la CNBS en fecha 18 de enero del año 2008, envió al IAIP la Resolución No.062/15-01-2008 mediante la cual dicha Comisión enlistó la información que a su criterio consideraba era reservada; solicitud que fue resuelta por el IAIP mediante Resoluciones 013-2008 de fecha 13 de marzo de 2008; 32-2008 de fecha 11 de julio de 2008 y 49-2008 de fecha 20 de noviembre de 2008; en consecuencia la CNBS mediante Resolución No. 1620/22-12-2008 resolvió clasificar como reservada la información que allí se describe, la que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 31,807 de fecha 9 de enero del año 2009..."..."en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchada al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de peticionar ante las entidades del Estado, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas tanto administrativas como jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al declarar sin lugar el Recurso de Revisión interpuesto en fundamento a la Resolución No. 1620/22-12-2008 emitida por la CNBS, al señalar en la parte dispositiva de su resolución: (Sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el señor MAURICIO A. DURÓN, en su condición personal contra la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), en virtud de lo siguiente: 1. En lo referente a los numerales 1 y 5 de la solicitud, por no existir denegatoria de entrega de información pública, ya que dicha institución dio respuesta a la solicitud de información hecha por el Recurrente dentro del plazo legal establecido en la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, tal como se aprecia a folios dieciséis y diecisiete (F16 y 17) de las presentes diligencias; y, 2. En lo referente a los numerales 2, 3 y 4 de la solicitud, por no ser información pública conforme a lo establecido en el artículo 3 numeral 5) de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA…”..."para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetando los derechos que le asisten al impetrante, como ser derecho de defensa y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Debiendo señalar asimismo que el obtener respuestas jurisdiccionales y/o administrativas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 17 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que El Principio de Máxima Divulgación como bien lo indica el recurrente ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”[4] de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”[5]. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación[6]. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”[7].-
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “COR CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el señor MAURICIO ARMANDO DURÓN BUSTILLO, a favor de SI MISMO contra la resolución No.SO-062-2015, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), en fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil quince (2015), que declaró Sin Lugar el Recurso de Revisión interpuesto por el señor MAURICIO ARMANDO DURÓN BUSTILLO, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, contra la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en relación a información divulgada a las Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y denegada al Recurrente.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los derechos contenidos en los artículos 64, 82, 90, 321, 323 y 324 la Constitución de la República, en relación con diversas garantías reconocidas en Convenciones y Tratados Internacionales.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil quince (2015), compareció ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), el señor MAURICIO ARMANDO DURÓN BUSTILLO, presentando Recurso de Revisión contra actuaciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en relación a la solicitud de información solicitada en fecha once (11) de diciembre del año dos mil catorce (2014). (Folios del 1 al 6 de la pieza de los antecedentes del IAIP)- 2) Que en fecha veinticinco de junio del año dos mil quince (2015), el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)[1], dando respuesta al Recurso de Revisión planteado, mediante Resolución No.SO-062-2015, resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el señor MAURICIO A. DURÓN, en su condición personal contra la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS)[2], en virtud de lo siguiente: 1. En lo referente a los numerales 1 y 5 de la solicitud, por no existir denegatoria de entrega de información pública, ya que dicha institución dio respuesta a la solicitud de información hecha por el Recurrente dentro del plazo legal establecido en la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, tal como se aprecia a folios dieciséis y diecisiete (F16 y 17) de las presentes diligencias; y, 2. En lo referente a los numerales 2, 3 y 4 de la solicitud, por no ser información pública conforme a lo establecido en el artículo 3 numeral 5) de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA…” (Folios del 71 al 75fv de la pieza de los antecedentes del IAIP)- 3) Que en fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil quince (2015), compareció ante esta Sala de lo Constitucional el señor MAURICIO ARMANDO DURÓN BUSTILLO, interponiendo acción de amparo a favor SI MISMO, contra la Resolución NºSO-062-2015 de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil quince (2015), dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), contra la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), por considerar que la misma violenta los derechos contenidos en los artículos 64, 82, 90, 321, 323, y 324 de la Constitución de la República, en relación con diversas garantías reconocidas en Convenciones y Tratados Internacionales.- 4) Que en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil quince (2015), esta Sala de lo Constitucional, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo y ordenó dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho a fin de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 31 de la pieza de amparo)- 5) Que en fecha cinco (5) de enero del año dos mil dieciséis (2016), se tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue del parecer que NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto; argumenta la Fiscal del Despacho, que la revisar el expediente administrativo se puede establecer que la Comisión Nacional de Banca y Seguros dio respuesta a la solicitud planteada por el amparista y el hecho que no se le haya brindado la información requerida no puede tenerse como vulneración a los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República, considerando que no le proporcionó la información requerida por ser esta una información de carácter clasificada como reservada. (Folios del 34 al 38 de la pieza de amparo)- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha diecinueve de enero del año dos mil quince, fecha en la que compareció ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, el señor Mauricio A. Durón, en su condición personal, interponiendo Recurso de Revisión por habérsele negado el acceso a la información solicitada en fecha once de diciembre del año dos mil catorce, ante la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS.- CONSIDERANDO (5): Que en fecha ocho de septiembre del año dos mil quince, compareció ante este Alto Tribunal, el señor MAURICIO ARMANDO DURÓN BUSTILLO, interponiendo Acción de Amparo a favor de SI MISMO, contra la Resolución No.SO-062-2015 de fecha veinticinco de junio del año dos mil quince, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que resuelve el Recurso de Revisión interpuesto contra la comunicación electrónica de la Dirección de Protección al Usuario Financiero (DPUF-CNBS), realizada en fecha nueve de enero del año dos mil quince al recurrente, a través de la cual se le notifica, que a la CNBS no le será posible proporcionar la información, por considerarse información clasificada como reservada; resolución que declara sin lugar el Recurso de Revisión interpuesto por el recurrente, contra la Resolución supra relacionada; considera el impetrante que la resolución impugnada es violatoria de los derechos constitucionales, contenidos en los artículos 64, 82, 90 párrafo primero, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República, en relación con diversas garantías reconocidas en Convenciones y Tratados Internacionales.- CONSIDERANDO (6): Que en la interposición de la acción constitucional promovida, el recurrente señala cual es la información que fue solicitada a la CNBS en fecha once de diciembre del año dos mil catorce; indica asimismo que es ex miembro de la Junta Directiva del Instituto del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Jubilados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (AJUPEUNAH), ex miembro de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ADUNAH) y afiliado y pensionado del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), por lo tanto es parte interesada en los asuntos que concierne a ese sistema previsional, aduce el pedidor que la información que solicita fue facilitada por autoridades, funcionarios y empleados de la CNBS a algunas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras[3], en foros públicos, tales como sesiones ordinarias del Consejo Universitario y con la presencia de varios medios de comunicación y que a él por el contrario le ha sido y le es actualmente denegada la misma información que a otra parte si le fue facilitada en forma pública y privada.- CONSIDERANDO (7): Que como cuestión toral, en relación al acto que se impugna, Resolución No.SO-062-2015 el IAIP, el recurrente argumenta que se violenta el principio jurídico universal, que es el Principio de Legalidad en materia administrativa, contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República, por tanto se violenta además, la misma Constitución de la República, ya que dichas entidades no se pueden fundamentar en denegar información en que la misma no esta contenida dentro de la información que se puede divulgar, sino que si estuviesen esas instituciones apegadas a la Constitución y las leyes actuarían de modo contrario, ya que, acorde al principio jurídico expuesto, la única información que pueden denegar es la que expresamente dice la ley que no deben divulgar o facilitar, no así la que de forma arbitraria considera la CNBS de no divulgar y mucho mas aun si la divulga a ciertas partes o personas y la niega a otras, violentando el principio de igualdad de las personas ante la ley y la Constitución. Arguye el recurrente que se vulnera el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues en el mismo se establece cual es la información comprendida dentro de la obligatoriedad de proporcionarse y darse a conocer y cual no; dice además el impetrante que no esta de mas señalar que la Resolución No. 1620/22-12-2008 de la CNBS, publicada en el Diario Oficial La Gaceta en fecha nueve de enero de 2009, atenta también contra la Libertad de Expresión contenida en los artículos 71 y 74 de la Constitución de la República, reforzado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (8): Que del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución No. SO-062-2015 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en fecha veinticinco de junio del año dos mil quince, que declara sin lugar el Recurso de Revisión interpuesto contra la comunicación electrónica de la Dirección de Protección al Usuario Financiero (DPUF-CNBS), realizada en fecha nueve de enero del año dos mil quince al recurrente, a través de la cual se le notifica, que a la CNBS no le será posible proporcionar la información, por considerarse información clasificada como reservada. (Folios del 71 al 75fv de la pieza de los antecedentes del IAIP)- CONSIDERANDO (9): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual la recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional el contenido del artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a saber: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información publica para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.”. en ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 4) de la ley relacionada establece: “Instituciones obligadas: a)El Poder Legislativo, el Poder judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier titulo reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos;…”. De la lectura de los relacionados preceptos, se deduce que toda persona tiene el derecho a acceso a la información pública, para consolidar la democracia de los Estados de Derecho; derecho que se rige por el principio de máxima divulgación de la información desarrollado en estándares internacionales, con el propósito precisamente de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de las entidades que administran fondos públicos.- CONSIDERANDO (10): Que El Principio de Máxima Divulgación como bien lo indica el recurrente ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”[4] de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”[5]. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación[6]. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”[7].- CONSIDERANDO (11): Que si bien en principio toda la información es accesible y se rige por el principio de máxima divulgación, es también asequible el que cierta información se encuentre limitada en interés de la seguridad del Estado, la vida, la seguridad y la salud de cualquier persona, el desarrollo de investigaciones reservadas, el interés protegido por la Constitución, la conducción de negociaciones y la estabilidad económica y financiera, tal y como dispone el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en relación a lo estipulado en el numeral 2 del Articulo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a saber: “2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. La protección de la seguridad nacional, el orden publico o la salud o la moral publicas….”- CONSIDERANDO (12): Que en fundamento al Artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la CNBS en fecha 18 de enero del año 2008, envió al IAIP la Resolución No.062/15-01-2008 mediante la cual dicha Comisión enlistó la información que a su criterio consideraba era reservada; solicitud que fue resuelta por el IAIP mediante Resoluciones 013-2008 de fecha 13 de marzo de 2008; 32-2008 de fecha 11 de julio de 2008 y 49-2008 de fecha 20 de noviembre de 2008; en consecuencia la CNBS mediante Resolución No. 1620/22-12-2008 resolvió clasificar como reservada la información que allí se describe, la que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 31,807 de fecha 9 de enero del año 2009.- CONSIDERANDO (13): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchada al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de peticionar ante las entidades del Estado, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas tanto administrativas como jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al declarar sin lugar el Recurso de Revisión interpuesto en fundamento a la Resolución No. 1620/22-12-2008 emitida por la CNBS, al señalar en la parte dispositiva de su resolución: (Sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el señor MAURICIO A. DURÓN, en su condición personal contra la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), en virtud de lo siguiente: 1. En lo referente a los numerales 1 y 5 de la solicitud, por no existir denegatoria de entrega de información pública, ya que dicha institución dio respuesta a la solicitud de información hecha por el Recurrente dentro del plazo legal establecido en la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, tal como se aprecia a folios dieciséis y diecisiete (F16 y 17) de las presentes diligencias; y, 2. En lo referente a los numerales 2, 3 y 4 de la solicitud, por no ser información pública conforme a lo establecido en el artículo 3 numeral 5) de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA…”- CONSIDERANDO (15): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetando los derechos que le asisten al impetrante, como ser derecho de defensa y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Debiendo señalar asimismo que el obtener respuestas jurisdiccionales y/o administrativas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (16): Que aunado a ello, en materia recursiva no debe considerarse una violación a las garantías constitucionales, cuando la respuesta que se obtiene es adversa a la pretensión del recurrente. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8, 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3.4.6, 8, 13, 16, 17 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el señor MAURICIO ARMANDO DURÓN BUSTILLO, a favor de SI MISMO, contra la Resolución No.SO-062-2015 de fecha veinticinco de junio del año dos mil quince, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al órgano de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÌQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0855-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] En adelante IAIP.
[2] En adelante CNBS.
[3] En adelante UNAH.
[4] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 92. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
[5] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf
[6] CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros. Transcritos en: Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 58 c).
[7] Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 1. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXII-O-08_esp.pdf