Sentencia AA-831-15 — Registro 8697
Resumen
"Resolución impugnada que suspende el beneficio de jubilación de impetrante en virtud de mantener éste una relación laboral con otra institución del Estado (IHSS) no obstante de percibir dicho beneficio,argumentando recurrente falta de respuesta a reclamo administrativo a dicha resolución,pero constando que se le dio respuesta por parte de INJUMPEMP donde le informa que su petición no puede ser resuelta mientras continúe la incompatibilidad establecida en la ley y en el caso particular de recurrentes con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(3): Que se conoce el recurso de amparo de las diligencias que contienen el recurso de amparo administrativo interpuesto por el Abogado GREGORIO DEL CID, a favor de la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes en la suspensión del beneficio de la jubilación a partir del mes de mayo del dos mil catorce (2014).-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio de los antecedentes, el recurrente establece en su escrito de interposición de amparo se le ha vulnerado el derecho fundamental contenido en el artículo 258 de la Constitución de la República, como es el derecho a tener más de un trabajo y al mismo tiempo estar gozando al derecho de su jubilación, en vista que el artículo en referencia no especifica si se está jubilado o no, por lo que se pide se proceda a reactivar el derecho de jubilación a su representada lo más pronto posible y así poder restituir su derecho, al considerar que la resolución tomada por el INJUPEMP carece de toda legalidad al suspender el derecho de jubilación a las personas que con tanto esfuerzo obtuvieron su derecho de jubilarse y vivir su vejez de una manera decorosa y a pesar del reclamo administrativo que se interpuso en el mes de diciembre del dos mil catorce (2014), el INJUPEMP ha hecho caso omiso al no pronunciarse sobre el mismo, solicitando en reiteradas ocasiones su pronta resolución y en vista de la negativa de dar una respuesta a su representada la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS, el recurrente interpone el presente recurso de reposición con suspensión del acto reclamado.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que del análisis de los antecedentes, se considera que no se ha quebrantado el artículo 258 constitucional que dispone: “Tanto en el Gobierno central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia. Ningún funcionario, empleado o trabajador publico que perciba un sueldo regular, devengará dieta o bonificación por la prestación de un servicio en cumplimiento de sus funciones“. Esto en virtud, que se estima que en la relación existente entre la amparista y el INJUMPEMP, no es aplicable la normativa que considera violada, por no existir entre ambos una relación laboral que implique el derecho de uno de percibir un salario mensual por una labor desarrollada y de parte del otro a pagarla, en consecuencia, la relación que existe entre ellos se regula, por medio de la Ley Especial sobre Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos del Poder Ejecutivo. Es así que el artículo 60 de la ley anterior de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, vigente hasta el trece (13) de mayo del dos mil catorce (2014), señalaba: “Ninguna persona que haya sido jubilada o pensionada por el sistema podrá desempeñar cargos remunerados en Dependencias del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial o Instituciones Autónomas y Semi autónomas, excepto los cargos de elección popular logrados mediante elección de primer grado. La contravención a este artículo, dará lugar a la suspensión del pago de la pensión o jubilación sin perjuicio de que el Instituto deba exigir inmediata cancelación en el cargo y en su caso, la devolución de las cantidades debidamente percibidas”. El espíritu de esta norma es igualmente recogido en el artículo 83 del Decreto 357-2016, que contiene la nueva Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, que homologa: “Todas las prestaciones otorgadas por esta ley son independientes de cualquier otro recurso económico o ingreso que posean sus titulares y las únicas incompatibles con su disfrute, son el ejercicio profesional de los Jubilados y Pensionados en cargos del Sector Público. De esto último se exceptúan aquellos casos en que los jubilados desempeñen cargos de elección popular. En este caso el Jubilado no cotizará al INJUPEMP ni a ningún otro instituto de Seguridad Social que signifique un aumento a la cuantía a la pensión percibida”.-CONSIDERANDO SEIS (6): El amparista, quien pese a estar gozando del beneficio de jubilación por parte del INJUMPEMP, también mantiene una relación laboral producto del cual percibe un salario mensual como empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Seguridad Social es un órgano descentralizado del Estado, lo cual constituye una incompatibilidad de acuerdo a la ley, en cuyo caso deberá estarse con lo dispuesto en artículo 84 que señala: “En los casos que el Directorio dictamine la existencia de incompatibilidad, ya sea de oficio o a petición de parte, la jubilación debe ser suspendida por El Instituto, por el tiempo que dure la incompatibilidad; al finalizar la misma, se debe habilitar el beneficio con el mismo valor percibido al momento de producirse la incompatibilidad, más la revalorización que corresponda. Los participantes que hubieren percibido pensión y salario en forma simultánea deben reintegrar a El Instituto los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, de conformidad a lo que establezca el reglamento respectivo”.CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Dirección Interina del INJUPEMP informó todos los reclamos administrativos que fueron admitidos, las que mediante Resolución Número DI-032-2014, instruyó a las dependencias relacionadas del Instituto elaborara una propuesta al procedimiento a seguir para la reactivación oportuna de las jubilaciones, donde se establezca condiciones, valores a devolver, intereses devengados. Agregada a la Resolución Número DI-055-2014, de fecha diecisiete (17) de noviembre del dos mil catorce (2014) resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de jubilación suspendida, en la cual entre otros criterios el pensionado debe acreditar a satisfacción del Instituto, el cese de la incompatibilidad establecida en la ley y, en el caso particular de la recurrente señora ONEYDA GARCIA CHAPAS, se le dio respuesta por el INJUMPEMP donde le informa que su petición no puede ser resuelta mientras continúe la incompatibilidad con el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS). Por lo que esta Sala concluye que no existe la vulneración que arguye el impetrante por lo que el amparo debe ser denegado
Legislación citada
- Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 138-11, art. 60 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 357-2013, art. 83 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 357-2013, art. 84 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social, art. 84 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GREGORIO DEL CID a favor de la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) relacionadas a la suspensión del derecho de jubilación de la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los derechos estipulados en el artículo 258 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho (28) de agosto (2015), compareció ante la Sala de lo Constitucional el Abogado GREGORIO DEL CID, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes según el recurrente en la suspensión de la jubilación de la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS.- 2) Que en fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil quince (2015), esta Sala tuvo por admitido el recurso de merito, ordenando se librara comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (02) días hábiles remitiera la diligencias del caso. (Folio 11 de la pieza de amparo).- 3) Que el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), remitió el informe correspondiente, en el cual se advierte lo siguiente: a) Que la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS presentó ante el INJUPEMP, solicitud de jubilación voluntaria siendo aprobada el dieciséis (16) de noviembre del dos mil cinco (2005), por un monto de L.3,882.00. b) En fecha veintidós (22) de abril del dos mil catorce (2014) mediante oficio CI IHSS N° 185/2014, la Comisión Interventora del IHSS, envió al INJUPEMP un listado de los empleados que estaban laborando actualmente en el IHSS y recibiendo jubilación del INJUPEM, asimismo de los empleados del IHSS que se encontraban en su condición de retirada, y que se detectó que continuaron laborando por algún periodo de tiempo posterior a la fecha de jubilación; esto con el propósito de que se adoptaran las medidas legales correspondientes. Después de verificar el listado en el oficio CI IHSS N° 185/2014, cobrados jubilaciones indebidamente se procedió a suspendérseles su jubilación a partir del 6 de mayo de 2014, cancelándoseles el pago de su beneficio hasta el mes de abril de 2014. c) Que en fecha veintitrés (23) de mayo de diciembre de dos mil catorce (2014), el Abogado GREGORIO DEL CID, presentó escrito mediante el cual solicitaba la reactivación de un derecho de jubilación que le fuera suspendido a su representada. Como en todo procedimiento Administrativo, se admitió dicha reclamación, para verificar el alcance legal de lo peticionado por la señora antes descrita,ya que la suspensión se produjo en el marco de vigencia de la Ley anterior del INJUPEMP, por lo que la Dirección Interna del INJUPEMP emitió resolución DI N.- 032-2014, a efecto de instruir las dependencias relacionadas del Instituto, que con carácter de urgente se realizara propuesta al procedimiento a seguir para la suspensión y la reactivación oportunamente de las jubilaciones de acuerdo a los artículos 83, 84 de la nueva Ley del INJUPEMP, por lo que tal resolución está orientada además bajo qué condiciones deben de reintegrarse al Instituto, los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, a que los participantes que hubieren percibido pensión de jubilación y salarios en forma simultánea; de igual forma la Dirección Interna en uso de sus facultades Legales, mediante resolución número DI 055-2014, de fecha 17 de noviembre del año 2014, resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de jubilación suspendida, en la cual en otros criterios el pensionado debe acreditar a satisfacción del Instituto, el cese de la incompatibilidad en la ley, situación de hecho que ninguno de los reclamantes acreditó al Instituto. En casos similares la pretensión de reactivación del beneficio de jubilación voluntaria se ha fundamentado en el artículo 258 de la Constitución de la República, pero en el caso particular de la reclamante, se considera no ser aplicable tal normativa, ya que la cantidad de dinero que percibe en concepto de jubilación no corresponde a la condición de empleado ni trabajador ni como retribución a la labor que desarrolla en una institución del Estado, sino que corresponde al beneficio de jubilación voluntaria que no es más que un derecho que se adquiere por razón de edad y años de servicio en un periodo calificado en atención de las aportaciones personales y patronales contribuidas al sistema de previsión social como lo es el INJUPEMP. d) Que en el caso particular de la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS, el artículo 60 de la Ley anterior del INJUPEMP, era causa de incompatibilidad al percibir una asignación económica en concepto de jubilación y por otro lado salario como retribución de su actividad laboral desarrollada como empleados del IHSS, de forma simultánea, lo que no solo daría lugar a la suspensión de pagos conforme a tal artículo, sino también a exigir la inmediata cancelación en el cargo y en su caso a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, de igual manera y de forma específica, que es la situación de derecho que nos ocupa, en la ley vigente de INJUPEMP, que entró en vigencia el 13 de mayo del corriente año, también en su artículo 84, se regula la incompatibilidad del disfrute de una pensión por desempeño de cargos remunerados, correspondiéndole en este momento a la Dirección Interina dictaminar la existencia de la incompatibilidad, ya sea de oficio o a petición de parte, estableciendo como consecuencia reintegrar a el Instituto los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, en los casos que se sucinten dentro del marco de vigencia de la nueva ley, como así se encuentra el parámetro legal determinado a la suspensión de la jubilación de beneficios.-4) Que en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo y ordenó dar vista de los autos al Fiscal del Despacho a fin de que emitiera su dictamen. (Folio 23 de la pieza de amparo).- 5) Que en fecha once (11) de abril del año dos mil dieciséis (2016), se tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue del parecer que NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce el recurso de amparo de las diligencias que contienen el recurso de amparo administrativo interpuesto por el Abogado GREGORIO DEL CID, a favor de la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes en la suspensión del beneficio de la jubilación a partir del mes de mayo del dos mil catorce (2014).-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio de los antecedentes, el recurrente establece en su escrito de interposición de amparo se le ha vulnerado el derecho fundamental contenido en el artículo 258 de la Constitución de la República, como es el derecho a tener más de un trabajo y al mismo tiempo estar gozando al derecho de su jubilación, en vista que el artículo en referencia no especifica si se está jubilado o no, por lo que se pide se proceda a reactivar el derecho de jubilación a su representada lo más pronto posible y así poder restituir su derecho, al considerar que la resolución tomada por el INJUPEMP carece de toda legalidad al suspender el derecho de jubilación a las personas que con tanto esfuerzo obtuvieron su derecho de jubilarse y vivir su vejez de una manera decorosa y a pesar del reclamo administrativo que se interpuso en el mes de diciembre del dos mil catorce (2014), el INJUPEMP ha hecho caso omiso al no pronunciarse sobre el mismo, solicitando en reiteradas ocasiones su pronta resolución y en vista de la negativa de dar una respuesta a su representada la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS, el recurrente interpone el presente recurso de reposición con suspensión del acto reclamado.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que del análisis de los antecedentes, se considera que no se ha quebrantado el artículo 258 constitucional que dispone: “Tanto en el Gobierno central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia. Ningún funcionario, empleado o trabajador publico que perciba un sueldo regular, devengará dieta o bonificación por la prestación de un servicio en cumplimiento de sus funciones“. Esto en virtud, que se estima que en la relación existente entre la amparista y el INJUMPEMP, no es aplicable la normativa que considera violada, por no existir entre ambos una relación laboral que implique el derecho de uno de percibir un salario mensual por una labor desarrollada y de parte del otro a pagarla, en consecuencia, la relación que existe entre ellos se regula, por medio de la Ley Especial sobre Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos del Poder Ejecutivo. Es así que el artículo 60 de la ley anterior de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, vigente hasta el trece (13) de mayo del dos mil catorce (2014), señalaba: “Ninguna persona que haya sido jubilada o pensionada por el sistema podrá desempeñar cargos remunerados en Dependencias del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial o Instituciones Autónomas y Semi autónomas, excepto los cargos de elección popular logrados mediante elección de primer grado. La contravención a este artículo, dará lugar a la suspensión del pago de la pensión o jubilación sin perjuicio de que el Instituto deba exigir inmediata cancelación en el cargo y en su caso, la devolución de las cantidades debidamente percibidas”. El espíritu de esta norma es igualmente recogido en el artículo 83 del Decreto 357-2016, que contiene la nueva Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, que homologa: “Todas las prestaciones otorgadas por esta ley son independientes de cualquier otro recurso económico o ingreso que posean sus titulares y las únicas incompatibles con su disfrute, son el ejercicio profesional de los Jubilados y Pensionados en cargos del Sector Público. De esto último se exceptúan aquellos casos en que los jubilados desempeñen cargos de elección popular. En este caso el Jubilado no cotizará al INJUPEMP ni a ningún otro instituto de Seguridad Social que signifique un aumento a la cuantía a la pensión percibida”.-CONSIDERANDO SEIS (6): El amparista, quien pese a estar gozando del beneficio de jubilación por parte del INJUMPEMP, también mantiene una relación laboral producto del cual percibe un salario mensual como empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Seguridad Social es un órgano descentralizado del Estado, lo cual constituye una incompatibilidad de acuerdo a la ley, en cuyo caso deberá estarse con lo dispuesto en artículo 84 que señala: “En los casos que el Directorio dictamine la existencia de incompatibilidad, ya sea de oficio o a petición de parte, la jubilación debe ser suspendida por El Instituto, por el tiempo que dure la incompatibilidad; al finalizar la misma, se debe habilitar el beneficio con el mismo valor percibido al momento de producirse la incompatibilidad, más la revalorización que corresponda. Los participantes que hubieren percibido pensión y salario en forma simultánea deben reintegrar a El Instituto los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, de conformidad a lo que establezca el reglamento respectivo”.
CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Dirección Interina del INJUPEMP informó todos los reclamos administrativos que fueron admitidos, las que mediante Resolución Número DI-032-2014, instruyó a las dependencias relacionadas del Instituto elaborara una propuesta al procedimiento a seguir para la reactivación oportuna de las jubilaciones, donde se establezca condiciones, valores a devolver, intereses devengados. Agregada a la Resolución Número DI-055-2014, de fecha diecisiete (17) de noviembre del dos mil catorce (2014) resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de jubilación suspendida, en la cual entre otros criterios el pensionado debe acreditar a satisfacción del Instituto, el cese de la incompatibilidad establecida en la ley y, en el caso particular de la recurrente señora ONEYDA GARCIA CHAPAS, se le dio respuesta por el INJUMPEMP donde le informa que su petición no puede ser resuelta mientras continúe la incompatibilidad con el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS). Por lo que esta Sala concluye que no existe la vulneración que arguye el impetrante por lo que el amparo debe ser denegado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 183, 258, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 60 de la Ley de el Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 138-11; 2 numeral 3), 15), y 20) y 83 de la Ley de el Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 357-2013; 8 y 84 de la Ley del Seguro Social (Decreto 80-2001); 1, 2, 3 numeral segundo, 5, 7, 8, 9 numeral segundo, 41, 48, 49, 52, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 11, 78 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado GREGORIO DEL CID, a favor de la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes en la suspensión del beneficio de la jubilación a partir del mes de diciembre del dos mil catorce (2014). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0831-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GREGORIO DEL CID a favor de la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) relacionadas a la suspensión del derecho de jubilación de la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los derechos estipulados en el artículo 258 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho (28) de agosto (2015), compareció ante la Sala de lo Constitucional el Abogado GREGORIO DEL CID, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes según el recurrente en la suspensión de la jubilación de la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS.- 2) Que en fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil quince (2015), esta Sala tuvo por admitido el recurso de merito, ordenando se librara comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (02) días hábiles remitiera la diligencias del caso. (Folio 11 de la pieza de amparo).- 3) Que el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), remitió el informe correspondiente, en el cual se advierte lo siguiente: a) Que la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS presentó ante el INJUPEMP, solicitud de jubilación voluntaria siendo aprobada el dieciséis (16) de noviembre del dos mil cinco (2005), por un monto de L.3,882.00. b) En fecha veintidós (22) de abril del dos mil catorce (2014) mediante oficio CI IHSS N° 185/2014, la Comisión Interventora del IHSS, envió al INJUPEMP un listado de los empleados que estaban laborando actualmente en el IHSS y recibiendo jubilación del INJUPEM, asimismo de los empleados del IHSS que se encontraban en su condición de retirada, y que se detectó que continuaron laborando por algún periodo de tiempo posterior a la fecha de jubilación; esto con el propósito de que se adoptaran las medidas legales correspondientes. Después de verificar el listado en el oficio CI IHSS N° 185/2014, cobrados jubilaciones indebidamente se procedió a suspendérseles su jubilación a partir del 6 de mayo de 2014, cancelándoseles el pago de su beneficio hasta el mes de abril de 2014. c) Que en fecha veintitrés (23) de mayo de diciembre de dos mil catorce (2014), el Abogado GREGORIO DEL CID, presentó escrito mediante el cual solicitaba la reactivación de un derecho de jubilación que le fuera suspendido a su representada. Como en todo procedimiento Administrativo, se admitió dicha reclamación, para verificar el alcance legal de lo peticionado por la señora antes descrita,ya que la suspensión se produjo en el marco de vigencia de la Ley anterior del INJUPEMP, por lo que la Dirección Interna del INJUPEMP emitió resolución DI N.- 032-2014, a efecto de instruir las dependencias relacionadas del Instituto, que con carácter de urgente se realizara propuesta al procedimiento a seguir para la suspensión y la reactivación oportunamente de las jubilaciones de acuerdo a los artículos 83, 84 de la nueva Ley del INJUPEMP, por lo que tal resolución está orientada además bajo qué condiciones deben de reintegrarse al Instituto, los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, a que los participantes que hubieren percibido pensión de jubilación y salarios en forma simultánea; de igual forma la Dirección Interna en uso de sus facultades Legales, mediante resolución número DI 055-2014, de fecha 17 de noviembre del año 2014, resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de jubilación suspendida, en la cual en otros criterios el pensionado debe acreditar a satisfacción del Instituto, el cese de la incompatibilidad en la ley, situación de hecho que ninguno de los reclamantes acreditó al Instituto. En casos similares la pretensión de reactivación del beneficio de jubilación voluntaria se ha fundamentado en el artículo 258 de la Constitución de la República, pero en el caso particular de la reclamante, se considera no ser aplicable tal normativa, ya que la cantidad de dinero que percibe en concepto de jubilación no corresponde a la condición de empleado ni trabajador ni como retribución a la labor que desarrolla en una institución del Estado, sino que corresponde al beneficio de jubilación voluntaria que no es más que un derecho que se adquiere por razón de edad y años de servicio en un periodo calificado en atención de las aportaciones personales y patronales contribuidas al sistema de previsión social como lo es el INJUPEMP. d) Que en el caso particular de la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS, el artículo 60 de la Ley anterior del INJUPEMP, era causa de incompatibilidad al percibir una asignación económica en concepto de jubilación y por otro lado salario como retribución de su actividad laboral desarrollada como empleados del IHSS, de forma simultánea, lo que no solo daría lugar a la suspensión de pagos conforme a tal artículo, sino también a exigir la inmediata cancelación en el cargo y en su caso a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, de igual manera y de forma específica, que es la situación de derecho que nos ocupa, en la ley vigente de INJUPEMP, que entró en vigencia el 13 de mayo del corriente año, también en su artículo 84, se regula la incompatibilidad del disfrute de una pensión por desempeño de cargos remunerados, correspondiéndole en este momento a la Dirección Interina dictaminar la existencia de la incompatibilidad, ya sea de oficio o a petición de parte, estableciendo como consecuencia reintegrar a el Instituto los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, en los casos que se sucinten dentro del marco de vigencia de la nueva ley, como así se encuentra el parámetro legal determinado a la suspensión de la jubilación de beneficios.-4) Que en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo y ordenó dar vista de los autos al Fiscal del Despacho a fin de que emitiera su dictamen. (Folio 23 de la pieza de amparo).- 5) Que en fecha once (11) de abril del año dos mil dieciséis (2016), se tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue del parecer que NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce el recurso de amparo de las diligencias que contienen el recurso de amparo administrativo interpuesto por el Abogado GREGORIO DEL CID, a favor de la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes en la suspensión del beneficio de la jubilación a partir del mes de mayo del dos mil catorce (2014).-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio de los antecedentes, el recurrente establece en su escrito de interposición de amparo se le ha vulnerado el derecho fundamental contenido en el artículo 258 de la Constitución de la República, como es el derecho a tener más de un trabajo y al mismo tiempo estar gozando al derecho de su jubilación, en vista que el artículo en referencia no especifica si se está jubilado o no, por lo que se pide se proceda a reactivar el derecho de jubilación a su representada lo más pronto posible y así poder restituir su derecho, al considerar que la resolución tomada por el INJUPEMP carece de toda legalidad al suspender el derecho de jubilación a las personas que con tanto esfuerzo obtuvieron su derecho de jubilarse y vivir su vejez de una manera decorosa y a pesar del reclamo administrativo que se interpuso en el mes de diciembre del dos mil catorce (2014), el INJUPEMP ha hecho caso omiso al no pronunciarse sobre el mismo, solicitando en reiteradas ocasiones su pronta resolución y en vista de la negativa de dar una respuesta a su representada la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS, el recurrente interpone el presente recurso de reposición con suspensión del acto reclamado.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que del análisis de los antecedentes, se considera que no se ha quebrantado el artículo 258 constitucional que dispone: “Tanto en el Gobierno central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia. Ningún funcionario, empleado o trabajador publico que perciba un sueldo regular, devengará dieta o bonificación por la prestación de un servicio en cumplimiento de sus funciones“. Esto en virtud, que se estima que en la relación existente entre la amparista y el INJUMPEMP, no es aplicable la normativa que considera violada, por no existir entre ambos una relación laboral que implique el derecho de uno de percibir un salario mensual por una labor desarrollada y de parte del otro a pagarla, en consecuencia, la relación que existe entre ellos se regula, por medio de la Ley Especial sobre Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos del Poder Ejecutivo. Es así que el artículo 60 de la ley anterior de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, vigente hasta el trece (13) de mayo del dos mil catorce (2014), señalaba: “Ninguna persona que haya sido jubilada o pensionada por el sistema podrá desempeñar cargos remunerados en Dependencias del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial o Instituciones Autónomas y Semi autónomas, excepto los cargos de elección popular logrados mediante elección de primer grado. La contravención a este artículo, dará lugar a la suspensión del pago de la pensión o jubilación sin perjuicio de que el Instituto deba exigir inmediata cancelación en el cargo y en su caso, la devolución de las cantidades debidamente percibidas”. El espíritu de esta norma es igualmente recogido en el artículo 83 del Decreto 357-2016, que contiene la nueva Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, que homologa: “Todas las prestaciones otorgadas por esta ley son independientes de cualquier otro recurso económico o ingreso que posean sus titulares y las únicas incompatibles con su disfrute, son el ejercicio profesional de los Jubilados y Pensionados en cargos del Sector Público. De esto último se exceptúan aquellos casos en que los jubilados desempeñen cargos de elección popular. En este caso el Jubilado no cotizará al INJUPEMP ni a ningún otro instituto de Seguridad Social que signifique un aumento a la cuantía a la pensión percibida”.-CONSIDERANDO SEIS (6): El amparista, quien pese a estar gozando del beneficio de jubilación por parte del INJUMPEMP, también mantiene una relación laboral producto del cual percibe un salario mensual como empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Seguridad Social es un órgano descentralizado del Estado, lo cual constituye una incompatibilidad de acuerdo a la ley, en cuyo caso deberá estarse con lo dispuesto en artículo 84 que señala: “En los casos que el Directorio dictamine la existencia de incompatibilidad, ya sea de oficio o a petición de parte, la jubilación debe ser suspendida por El Instituto, por el tiempo que dure la incompatibilidad; al finalizar la misma, se debe habilitar el beneficio con el mismo valor percibido al momento de producirse la incompatibilidad, más la revalorización que corresponda. Los participantes que hubieren percibido pensión y salario en forma simultánea deben reintegrar a El Instituto los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, de conformidad a lo que establezca el reglamento respectivo”.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Dirección Interina del INJUPEMP informó todos los reclamos administrativos que fueron admitidos, las que mediante Resolución Número DI-032-2014, instruyó a las dependencias relacionadas del Instituto elaborara una propuesta al procedimiento a seguir para la reactivación oportuna de las jubilaciones, donde se establezca condiciones, valores a devolver, intereses devengados. Agregada a la Resolución Número DI-055-2014, de fecha diecisiete (17) de noviembre del dos mil catorce (2014) resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de jubilación suspendida, en la cual entre otros criterios el pensionado debe acreditar a satisfacción del Instituto, el cese de la incompatibilidad establecida en la ley y, en el caso particular de la recurrente señora ONEYDA GARCIA CHAPAS, se le dio respuesta por el INJUMPEMP donde le informa que su petición no puede ser resuelta mientras continúe la incompatibilidad con el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS). Por lo que esta Sala concluye que no existe la vulneración que arguye el impetrante por lo que el amparo debe ser denegado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 183, 258, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 60 de la Ley de el Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 138-11; 2 numeral 3), 15), y 20) y 83 de la Ley de el Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 357-2013; 8 y 84 de la Ley del Seguro Social (Decreto 80-2001); 1, 2, 3 numeral segundo, 5, 7, 8, 9 numeral segundo, 41, 48, 49, 52, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 11, 78 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado GREGORIO DEL CID, a favor de la señora ONEYDA GARCIA CHAPAS contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes en la suspensión del beneficio de la jubilación a partir del mes de diciembre del dos mil catorce (2014). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0831-2015.- Firma y sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL