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Sentencia AA-767-17 — Registro 6943

Resumen

Resolución No. 54-2016 emitida por la Dirección de la Academía Nacional de Policía expulsa a recurrente y cancela beca de estudios por la comisión de la falta grave de “Uso o tenencia de cualquier aparato electrónico, celular, computadora, tabletas y otros análogos"

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."para imponer una sanción se debe de tener en cuenta la máxima jurídica de nullum crimen, nulla poena sine lege, la cual esta establecida en nuestra constitución en el artículo 90, de este precepto se tiene claro que la norma aplicable en un caso concreto, es aquella que se encuentre vigente al momento de la comisión del hecho imputado, es decir que la norma no tiene efecto retroactivo, a menos que favorezca al imputado..."..."las excepciones y limitaciones al principio general de acceso y permanencia en la carrera administrativa son única y exclusivamente las que señale de manera expresa la Constitución y las que determine el legislador a través de las distintas leyes, sin menoscabo que el Congreso Nacional de la República pueda regular distintos sistemas que atiendan a las singularidades y especiales características de las distintas entidades de la administración pública, pero dicha regulación no puede ir en contra del libre ingreso con limites proporcionales, siendo esta la medida de la validez constitucional de dichas normas; la estabilidad de los servidores se debe de determinar de conformidad con la Constitución y la Ley, con causales de retiro del servicio que respeten los derechos de las personas, a través de procesos ágiles y eficaces..."..."ésta Sala arriba a la conclusión que la decisión de la Academia Nacional de Policía, objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones constituciones, convencionales y legales aplicables a la resoluciones in examine; existiendo vulneración al principio de igualdad, al derecho de petición, al estado de inocencia, al derecho del Debido Proceso, derecho a la educación, y al derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

E Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado Max Velásquez Díaz, a favor del ciudadano Jonatan Fidel Díaz Bonilla, contra la Resolución de la Academia Nacional de Policía (ANAPO) No. 54-2016 emitida por la Dirección de la Academia Nacional De Policía, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, mediante la cual sanciona al ciudadano Jonatan Fidel Díaz Bonilla con la expulsión de la Academia y la cancelación de una beca de estudios que gozaba el recurrente, en perjuicio de su representado a violentado el contenido de los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante esta Sala de lo Constitucional el abogado Max Velásquez Díaz interponiendo recurso de amparo a favor del ciudadano Jonatan Fidel Díaz Bonilla, contra la resolución ANAPO No. 54-2016 emitida por la DIRECCION de la misma, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, mediante la cual sanciona al recurrente con la expulsión de la Academia y la cancelación de una beca de estudios que gozaba el recurrente, por considerar que la misma es violatoria a lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. (Folio No. 01 al 63 de la pieza de Amparo).- 2) En fecha dos (02) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), se admitió el recurso de Amparo con suspensión del acto reclamado y bajo la responsabilidad del recurrente, solicitando informe a la autoridad recurrida para que dentro del término de un día hábil remita los antecedentes del caso.- (Folio No. 69 de la pieza de Amparo).- 3) Que en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), esta Sala recibió el informe solicitado a Dirección Nacional de Policía de Honduras, manifestado la autoridad recurrida que el joven cadete incurrió en dos faltas graves para ser sancionado por la Academia Nacional de Policía, llevándose audiencia de descargo en fecha catorce (14) de abril del dieciséis (2016), quien en su declaración manifiesta: ”1.-…, 2.-…, 3.-…, 4.-…, 5.-…, 6.-… que es culpable de lo sucedido, que esta consiente que lo encontraron con el teléfono, que lo tiro al carro para ocultarlo y que no se lo encontraran porqué no quería que lo sancionaran porque andaba utilizando teléfono sin autorización.- 7.- En fecha 19 de abril del año 2016, el mismo consejo Disciplinario, luego de practicada la audiencia de descargo recomendó a la Dirección De La Academia Nacional De Policía la sanción disciplinaria consistente en suspensión de salida severa por un termino de treinta (30) días, más cuarenta y cinco (45) deméritos al ex cadete III año policial Jonatan Fidel Díaz Bonilla por considerarlo responsable de la comisión de la falta grave de “USO O TENENCIA DE CUALQUIER APARARO ELECTRONICO, CELULAR, COMPUTADORA, TABLETAS Y OTROS ANALOGOS.…; SEPARACION DEFINITIVA: 1.-…, 2.-…, 3…, 4…, 5…, 6…, 7…, 8.-“. En fecha 31 de mayo del 2016, según resolución de la ANAPO Número 054-2016, emitida por la Dirección de la Academia Nacional de Policía, fue sancionado con separación definitiva de la Academia, sin derecho a reintegro y por habérsele comprobado la responsabilidad de la comisión de falta muy grave establecida en el articulo 115 numeral 40 consistente en la comisión de dos falta graves independientemente su naturaleza, en termino de 60 días calendario posteriores a la comisión de la primera falta. (Folio No. 73 al 78 de la pieza de Amparo).- 4) Que en fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo y ordenó dar vista de los autos al Fiscal del Despacho a fin de emitir su dictamen. (Folio 96 de la pieza de amparo).- 5) Que en fecha nueve (09) de enero del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida a la abogada Yulibeth Garay Hernández, en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue del parecer que se OTORGUE el recurso de Amparo interpuesto. (Folio No. 99 al 104 de la pieza de Amparo).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral quinto, en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario, que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, la cual tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional, concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución o los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía constitucional la Resolución No. 054-2016 emitido por el Director de la Academia Nacional de Policía, en fecha 31 de mayo de dos mil dieciséis, acuerdo con la cual se determina sancionar con separación definitiva y cancelar la beca de estudio que venia gozando el ciudadano quejoso, como alumno de la institución denunciada, sin que pueda reingresar a dicha facultad en ningún tiempo, por habérsele comprobado la responsabilidad de la comisión de la falta muy grave, establecida en el artículo 115 numeral 40, que preceptúa la situación de cometer dos faltas graves, independiente de su naturaleza, en el término de 60 días calendarios, posteriormente a la comisión de la primera falta.- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente, el abogado Max Velásquez Díaz, en la interposición del recurso, manifiesto que la Academia Nacional de Policía, en perjuicio de su representado a violentado el contenido de los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República, para ello explica que la resolución que hoy se impugna en esta vía constitucional, en vista de que el quejoso es expulsado de sus estudios y retirada su beca por el haber cometido dos sanciones graves, siendo la ultima haber sido sorprendido hablando por medio de un teléfono celular, haciendo la alegación que anteriormente había sido autorizado por un superior, tanto él como el resto de sus compañeros para poder utilizar ese tipo de artefactos, autorización que no había sido notificada que había sido suspendida, por lo que supuestamente es violatoria la sanción de sus derechos constitucionales antes invocados.- CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial, establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, de igual forma la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 25 sobre la protección judicial establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que les ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (6): Que esta Sala comprende que la autonomía de los centros de estudios, se traduce en la potestad de definir tanto su orientación filosófica como de dictar reglas de organización interna y administración, en aras de evitar injerencias indebidas del Estado dirigidas a homogeneizar las corrientes de pensamiento y garantizar, la pluralidad, el disenso, la participación, la diferencia y el debate académico.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional considera que el derecho a la educación es necesario para la efectividad de la cláusula general de igualdad tanto formal como material, pues permite el desarrollo integral de las personas y la realización de sus demás derechos, guarda también íntima conexión con la dignidad humana y resulta indispensable para la equidad y la cohesión social[1], debido a las anteriores características es innegable el carácter fundamental del derecho a la educación, es por ellos que un servicio sobre este derecho debe de cumplir con al menos las garantías de asequilidad, accesabilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.- CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional observando que el derecho disciplinario es una función necesaria al funcionamiento del Estado, con el objetivo de controlar el comportamiento disciplinario de su personal, estableciendo los deberes y obligaciones de quienes lo integran, las faltas, sanciones correspondientes y los procedimientos para aplicarlas; dicho derecho esta integrado por las normas en las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, con independencia del órgano o la rama a la que formen parte. Ante lo anterior la Sala concluye que esto constituye parte de las condiciones mínimas inherentes a la función pública, lo cual resulta imprescindible para la eficiente atención de los asuntos a cargo del Estado Hondureño, por lo que no solo es un derecho, también se vuelve un deber de nuestro Estado, finalizando en decir que el derecho disciplinario es consustancia al orden público-político.- CONSIDERANDO (9): Que en el marco del Control de Convencionalidad esta Sala observa que entorno al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y relacionado con nuestro artículo constitucional 90, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado que es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencias de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita[2].- CONSIDERANDO (10): Que el proceso disciplinario contra servidores públicos o contra los que hagan de forma oficial o con la aquiescencia del Estado, se juzga el comportamiento de éstos frente a normas administrativas de carácter ético, que inste la observancia de la moralidad, eficiencia, eficacia y correcto funcionamiento de la administración estatal. El funcionamiento del derecho disciplinario se respalda de las normas y principios jurídicos que atribuyen la potestad de imponer sanciones a los servidores públicos cuando estos no cumplan con sus deberes, obligaciones o cuando incurran en vulneraciones de las prohibiciones e incompatibilidades establecidas por la ley; debiéndose destacar que el derecho administrativo disciplinario, se diferencia de la responsabilidad civil y penal, aunque esta se sujeta a los principios y garantías propios del derecho penal, como ser el principio de legalidad, dada la naturaleza sancionatoria de ambos derechos.- CONSIDERANDO (11): Que para imponer una sanción se debe de tener en cuenta la máxima jurídica de nullum crimen, nulla poena sine lege, la cual esta establecida en nuestra constitución en el artículo 90, de este precepto se tiene claro que la norma aplicable en un caso concreto, es aquella que se encuentre vigente al momento de la comisión del hecho imputado, es decir que la norma no tiene efecto retroactivo, a menos que favorezca al imputado.-CONSIDERANDO (12): Que la jurisprudencia de los tribunales Constitucionales ha considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros[3]. Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos[4].-CONSIDERANDO (13): Que la administración pública debe de realizar una gestión de un régimen de carrera que impulse la plena y eficaz realización de los principios de igualdad y de imparcialidad, sostenido en la promoción de un sistema de competencia a partir de los méritos, capacidades, desigualdades materiales y específicas cuales de las personas que aspiran a formar parte de la administración pública; es con estos objetivos que se logra captar a los mejores y a los más capaces para el servicio del Estado, pudiendo así lograr la defensa del interés social.- CONSIDERANDO (14): Que las excepciones y limitaciones al principio general de acceso y permanencia en la carrera administrativa son única y exclusivamente las que señale de manera expresa la Constitución y las que determine el legislador a través de las distintas leyes, sin menoscabo que el Congreso Nacional de la República pueda regular distintos sistemas que atiendan a las singularidades y especiales características de las distintas entidades de la administración pública, pero dicha regulación no puede ir en contra del libre ingreso con limites proporcionales, siendo esta la medida de la validez constitucional de dichas normas; la estabilidad de los servidores se debe de determinar de conformidad con la Constitución y la Ley, con causales de retiro del servicio que respeten los derechos de las personas, a través de procesos ágiles y eficaces.- CONSIDERANDO (15): Que ésta Sala arriba a la conclusión que la decisión de la Academia Nacional de Policía, objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones constituciones, convencionales y legales aplicables a la resoluciones in examine; existiendo vulneración al principio de igualdad, al derecho de petición, al estado de inocencia, al derecho del Debido Proceso, derecho a la educación, y al derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 60, 128, 165, 258, 321 y 323 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derecho Humanos y con los artículos 2, 3, 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículos 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 45, 48, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; entre otras normas. FALLA: OTORGANDO la Acción de Amparo a favor del ciudadano Jonatan Fidel Díaz Bonilla, contra la Resolución de la Academia Nacional de Policía (ANAPO) No. 54-2016.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número 0767-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Corte Constitucional de Colombia. Tutela-102/17, párr. 15.

[2] Corte IDH. Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de dos de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 106.

[3] Ver Sentencia de la Corte Constitucional de la República de Colombia SC-1165/00.

[4] Ídem.