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Sentencia AA-745-17 — Registro 10290

Resumen

Resolución No. 2546-DN-INP-2017 ordenó trasladar más de cincuenta privados de libertad del Centro Penitenciario Nacional de Támara al Centro Penitenciario de Morocelí, por instrucciones de seguridad del Gobierno de la República y el Consejo de Defensa de Seguridad del Estado de Honduras; se constató que recurrente no hizo uso de recurso alguno contra acto reclamado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…”el quebrantamiento del derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se les limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a alguna de las partes, lo cual no sucede en el presente caso toda vez que conforme a los informes ya relacionados se establece que la recurrente no hizo uso de ninguna actuación o recursos para impugnar el acto que considera le ocasiona agravios a su representado, tal como lo estipula la Ley del Sistema Penitenciario Nacional en su artículo 69 relacionado con el 103 de la misma norma en consonancia con los artículos 381, 382 y 383 del Código Procesal Penal, referentes a que los condenados pueden presentar peticiones o quejas ante el Director del Establecimiento Penitenciario o al Juez de Ejecución para hacer valer sus derechos y facultades que la ley les otorga, de manera que al no indicar la reclamante que se le obstaculizó ejercer alguna acción o recurso, no se aprecia por lo ya expuesto que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales señalados por la quejosa…”…”es improcedente el recurso, entre otros casos: “Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones,....” “Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad”; por lo que se impone declarar inadmisible el presente amparo…”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de noviembre del año dos mil diecisiete.- VISTO: El recurso de amparo interpuesto por la Abogada ASTRID AGUILAR VELASQUEZ, a favor del señor MARCO ANTONIO MEDINA CALIX, contra las actuaciones de la DIRECCIÓN DE LA PENITENCIERÍA NACIONAL y el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, relacionadas según la recurrente al traslado arbitrario del señor MARCO ANTONIO MEDINA CALIX, a la cárcel de máxima seguridad de Morocelí, Departamento de El Paraíso.- CONSIDERANDO: Que la Sala, mediante auto de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecisiete, dispuso previo a resolver sobre la admisión del presente amparo que la autoridad recurrida rindiera un informe indicando los recursos disponibles para obtener la subsanación del acto reclamado, si hizo uso de ellos la recurrente y de haberlo hecho la fecha en que se le notificó de lo resuelto en el mismo.- CONSIDERANDO: Que conforme se desprende de los informes emitidos por: 1. la Abogada ROSA IRENE GUDIEL ARDÓN, en su condición de Directora Nacional de la DIRECCIÓN DE LA PENITENCIERÍA NACIONAL y 2. El Mayor de Infantería D.E.M. OSMAN FRANCISCO RODAS GARCÍA, en su condición de Director del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, se trasladó a cincuenta y dos privados de libertad, entre los que se encontraba el señor MARCO ANTONIO MEDINA CALIX, miembro activo y simpatizante de la mara MS, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, Departamento de Francisco Morazán y fue trasladado al Centro Penitenciario de Morocelí, Departamento de El Paraíso, acción que se efectuó conforme a la Resolución No.2546-DN-INP-2017, emitida en fecha martes quince (15) de agosto del año dos mil diecisiete, por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, por instrucciones estrictamente de seguridad del Gobierno de la República y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del Estado de Honduras y conforme las facultades que la Ley del Sistema Penitenciario Nacional atribuye a la autoridad penitenciaria de trasladar sea de forma individual o colectiva a cualquier establecimiento penitenciario del país, sin importar su condición jurídica procesal, para proteger su seguridad e integridad personal y la de otras personas internas como a terceros, indicando además las autoridades denunciadas que revisado el expediente criminológico administrativo del privado de libertad MARCO ANTONIO MEDINA CALIX, constató que la parte recurrente no hizo uso de recurso alguno para obtener la subsanación del acto reclamado en amparo.- CONSIDERANDO: Que ésta Sala advierte que la quejosa indica que a su representado se le han vulnerado los derechos de tutela efectiva, familia, trabajo y salud al ser trasladado del Centro Penitenciario Nacional de Támara, Departamento de Francisco Morazán al Centro Penitenciario de Morocelí, Departamento de El Paraíso, razón por la que invoca la protección los derechos ya relacionados.- CONSIDERANDO: Que tal y como lo establece el artículo ciento ochenta y tres de la Constitución de la República, el recurso de amparo procede entre otros casos: “Para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece...”.- CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en el artículo 59 dispone que “La persona humana es el fin supremo de la Sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable...[1]”- CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República el artículo 68 establece: ”Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”- CONSIDERANDO: Que si bien el Estado se encuentra en una posición de garante frente a las personas que se encuentran bajo custodia y en ese sentido tiene el deber de garantizar los derechos fundamentales de los privados de libertad y asegurar que las condiciones de reclusión sean acordes con el respeto a la dignidad inherente a todo ser humano, también lo es que el Estado cumple con dicha garantía bajo la existencia de recursos judiciales, mecanismos y vías de comunicación para que los reclusos directamente o por medio de sus apoderados legales puedan hacer llegar a la administración penitenciaria sus peticiones, reclamos y quejas relativos a aspectos propios de las condiciones de detención y la vida en prisión, que por su naturaleza no correspondería presentar por la vía judicial, sino como última instancia.- CONSIDERANDO: Que el quebrantamiento del derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se les limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a alguna de las partes, lo cual no sucede en el presente caso toda vez que conforme a los informes ya relacionados se establece que la recurrente no hizo uso de ninguna actuación o recursos para impugnar el acto que considera le ocasiona agravios a su representado, tal como lo estipula la Ley del Sistema Penitenciario Nacional en su artículo 69[2] relacionado con el 103[3] de la misma norma en consonancia con los artículos 381, 382 y 383 del Código Procesal Penal, referentes a que los condenados pueden presentar peticiones o quejas ante el Director del Establecimiento Penitenciario o al Juez de Ejecución para hacer valer sus derechos y facultades que la ley les otorga, de manera que al no indicar la reclamante que se le obstaculizó ejercer alguna acción o recurso, no se aprecia por lo ya expuesto que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales señalados por la quejosa.- CONSIDERANDO: Que según el artículo cuarenta y seis numeral 3) y último párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso, entre otros casos: “Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones,....” “Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad”; por lo que se impone declarar inadmisible el presente amparo.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 4, 9, 41, 46, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por la Abogada ASTRID AGUILAR VELASQUEZ, a favor del señor MARCO ANTONIO MEDINA CALIX, contra las actuaciones de la DIRECCIÓN DE LA PENITENCIERÍA NACIONAL y el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, relacionadas según la recurrente al traslado arbitrario del señor MARCO ANTONIO MEDINA CALIX, a la cárcel de máxima seguridad de Morocelí, Departamento de El Paraíso, por las razones que se han dejado expuestas en la presente resolución. Y MANDA: que una vez notificada y firme la presente resolución se archive el amparo de mérito. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, Receptor Adscrito a la Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0745-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Articulo 59. Reformado por Decreto 191-94 de fecha 15 de diciembre de 1994, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.27, 553 de fecha 14 de Enero de 1995. Ratificado por el Decreto No. 2-95 de fecha 07 de Febrero de 1995e publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 27,595 del 4 de Marzo de 1995. Constitución de la República.

[2] La persona interna puede presentar peticiones y quejas al (la) Director(a) del Establecimiento Penitenciario y dirigirse sin censura a otras autoridades administrativas superiores y al Juez de Ejecución. En caso de no ser atendido por su Director(a), puede acudir al Consejo Técnico Interdiciplinario. Las resoluciones que estas autoridades adopten deben ser fundamentadas en la Ley, emitidas en tiempo razonable y notificadas personalmente a la persona interna. Ley del Sistema Penitenciario Nacional Decreto No.64-2012 3 de diciembre del año 2017.

[3] Las personas que cumplen condenas en los Centros Penitenciarios pueden solicitar al Juez de Ejecución reclamos contra las resoluciones de las autoridades del Establecimiento Penitenciario que viole sus derechos fundamentales, que denieguen el disfrute de beneficios penitenciarios, o que impongan sanciones disciplinarias, así contra las decisiones referentes a su clasificación inicial y a las progresivas y regresiones en los periodos del Tratamiento Penitenciario Progresivo. Ley del Sistema Penitenciario Nacional Decreto No.64-2012 3 de diciembre del año 2017.