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Sentencia AA-73-16 — Registro 12145

Resumen

Sentencia en consulta denegó recurso de mérito contra auto dictado por juzgado de primera instancia que desestimó defensas previas por considerarlas inexistentes en relación a demanda ordinaria de nulidad de resolución administrativa No. 069-SR-14 por considerar el recurrente que no está apegada a derecho; el Tribunal de Alzada considera que no compete a la jurisdicción civil el asunto, como alega, ya que es una mera pretensión de un derecho, un acto de carácter particular de la Administración Pública en la que se planteó oposición al registro de una marca que le fue denegada; además la demanda reúne los requisitos de ley y existe legitimación de la acción; concluye que no existe violación a garantías constitucionales alegadas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"el Tribunal de Alzada decidió denegar el amparo a la recurrente, basándose en que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa es la competente para conocer de la demanda ante ellos planteada, ello porque para que se den los presupuestos de los artículos 520 del Código Procesal Civil, en relación con el 4 letra a) y 80 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para que el fuero civil fuera el competente para conocer de la causa intentada ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, tal como lo alega el Recurrente, tendría que existir un derecho ya adquirido para que el demandante pida la tutela del mismo, lo que no ocurre en la causa planteada ante la autoridad recurrida, ya que la situación jurídica aun es una mera pretensión de un derecho, esto porque en Vía Administrativa, planteo una oposición al registro de una marca la que le fue denegada, en virtud de lo cual acude al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en forma correcta, al ser competente para dirimir dicho conflicto por no estarse discutiendo un derecho sobre una marca o registro, sino sobre una pretensión de registro de marca, lo que conlleva que la causa de inadmisibilidad consistente en que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo al tenor del artículo 31, sea improcedente. Asimismo señala la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que al ser competente la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer de la causa instada, el demandante está claramente legitimado para comparecer ante los tribunales de dicha jurisdicción en aras de probar la supuesta ilegalidad del Acto administrativo que le afecta en sus pretensiones y será en sentencia definitiva que el A-quo resolverá sobre la situación jurídica solicitada y sobre las medidas para su restablecimiento, estableciendo la Corte de Apelaciones que la demanda de mérito reúne los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para su validez, por lo cual no adolece de defectos formales que le impidan al A-quo, verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, concluyendo que no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por el recurrente, ya que al desestimar las defensas previas interpuestas, el A-quo lo hizo en aplicación de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por corresponder a dicha jurisdicción el conocimiento de las pretensiones deducidas por el demandante en relación con un acto de carácter particular de la Administración Publica., siendo susceptible de impugnación ante dicha jurisdicción, tener legitimación para ejercer la presente acción y reunir la demanda los requisitos exigidos por la Ley, por lo que procede denegar la acción de amparo..."..."la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y por tanto no es violatoria de las normas constitucionales citadas por el garantista. En consecuencia procede la confirmatoria de la sentencia proferida en fecha catorce de enero de dos mil dieciséis mediante la cual la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo resolvió denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril del dos mil diecisiete. VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, de la sentencia de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, en la que el citado Tribunal, denegó el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil denominada GUCCIO GUCCI, S.P.A, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. Habiendo estimado el recurrente como violados los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que el Abogado ROBERTO ALEJANDRO WILLAMS CRUZ, actuando en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada GUCCIO GUCCI, S.P.A, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de septiembre del año dos mil catorce, promoviendo Demanda Ordinaria de nulidad de una resolución administrativa por no ser conforme a derecho y se reconozca la situación jurídica individualizada, contra la resolución Nº 069-SR-14 de fecha dieciocho de agosto del año dos mil catorce, por no estar apegada a derecho, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (Folios 01 al 23 de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que en fecha cuatro de marzo del año dos mil quince, compareció ante el A-quo el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, alegando y oponiendo Defensas Previas. 3) Que en fecha ocho de abril del año dos mil quince, el Tribunal de primera instancia falla: PRIMERO: DESESTIMAR los presentes alegatos de las presentes Defensas Previas presentados por la parte Incidentista (Demandada) por INEXISTENTES. (Folios del 32 al 35 de la pieza de Defensa Previas). 4) Que el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, en su condición ya indicada, compareció ante la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, promoviendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de abril del año dos mil quince, alegando el recurrente que con esos actos se violentan los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLÓ: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesta por el abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ. (Folios del 35 al 41 de la pieza de la Corte de Apelaciones).

  1. Que en fecha veintiuno de enero del año dos mil dieciséis, este Alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Que este alto tribunal conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Que el petente de amparo básicamente reclama que : 1.) Se ha producido una vulneración al Debido Proceso y al Derecho de Defensa, al haber declarado el juez de primera instancia, desestimar los alegatos planteados en las defensas previas promovidas por el representante del Estado de Honduras, esto en virtud que la demanda presentada por el Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil GUCCIO GUCCI, S. P. A., Primero: No corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conforme lo establece el Artículo 80 literal a) de la Ley de esa materia, la demanda debió presentarse ante el Juzgado de Letras de lo Civil, por tratarse de un caso en materia de Propiedad Industrial, cuya regulación se haya contenida en el artículo 520 del Código Procesal Civil, lo que genera a criterio del recurrente. 2.) Que la acción fue interpuesta por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada, tal y como lo refiere el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: “Si además de la declaración de ilegalidad o nulidad, se pretendiere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, únicamente estará legitimado el titular de un derecho subjetivo, derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto impugnado”, es decir que las personas naturales o jurídicas que presentan una solicitud ante la Administración publica en este caso al registro de marcas, solo tienen una expectativa de un derecho y será hasta cuando la Administración Publica mediante resolución fundada en ley se convertirán en Titulares de un derecho subjetivo, en consecuencia la sociedad demandante no está legitimada para tal reconocimiento. 3.) Como tercer causa que plantea el recurrente: no es susceptible de impugnación mediante la acción contencioso administrativo, al tenor del Articulo 31, respecto de las resoluciones que pongan termino a la vía administrativa como previa a la Judicial porque al tratarse de registro de una marca signos distintivos y en materia de diseño industrial es un asunto cuyo conocimiento corresponde a la vía civil. 4.) Finalmente arguye el censor que el escrito de la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, causa de inadmisibilidad contenida en el Articulo 80 literal e), en relación con el Articulo 63 del mismo cuerpo legal en comento, al pretender el actor que se reconozca la situación jurídica individualizada declarando con lugar la oposición formulada por su poderdante ante la oficina de Registro de la Propiedad Industrial para que se deniegue la solicitud de registro de la marca “Diseño Especial de Dos Letras G traslapadas en forma inversa”, el demandante tiene dos pretensiones: a) La Nulidad de un Acto Administrativo que deniegue la solicitud de registro; y b) El actor de la demanda establece como pretensión “el reconocimiento de una situación jurídica individualizada; circunstancia esta que le impide el órgano jurisdiccional verter pronunciamiento; además refiere que el demandante estableció en el acápite de la cuantía de la demanda la palabra INDETERMINADA, por lo que se presume que al no establecerse la misma, no existe pretensión de indemnización, sino que lo que pretende es la nulidad de un acto administrativo. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que sirvió de base para su decisión de denegar la presente garantía constitucional de amparo. Que el Tribunal de Alzada decidió denegar el amparo a la recurrente, basándose en que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa es la competente para conocer de la demanda ante ellos planteada, ello porque para que se den los presupuestos de los artículos 520 del Código Procesal Civil, en relación con el 4 letra a) y 80 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para que el fuero civil fuera el competente para conocer de la causa intentada ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, tal como lo alega el Recurrente, tendría que existir un derecho ya adquirido para que el demandante pida la tutela del mismo, lo que no ocurre en la causa planteada ante la autoridad recurrida, ya que la situación jurídica aun es una mera pretensión de un derecho, esto porque en Vía Administrativa, planteo una oposición al registro de una marca la que le fue denegada, en virtud de lo cual acude al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en forma correcta, al ser competente para dirimir dicho conflicto por no estarse discutiendo un derecho sobre una marca o registro, sino sobre una pretensión de registro de marca, lo que conlleva que la causa de inadmisibilidad consistente en que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo al tenor del artículo 31, sea improcedente. Asimismo señala la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que al ser competente la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer de la causa instada, el demandante está claramente legitimado para comparecer ante los tribunales de dicha jurisdicción en aras de probar la supuesta ilegalidad del Acto administrativo que le afecta en sus pretensiones y será en sentencia definitiva que el A-quo resolverá sobre la situación jurídica solicitada y sobre las medidas para su restablecimiento, estableciendo la Corte de Apelaciones que la demanda de mérito reúne los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para su validez, por lo cual no adolece de defectos formales que le impidan al A-quo, verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, concluyendo que no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por el recurrente, ya que al desestimar las defensas previas interpuestas, el A-quo lo hizo en aplicación de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por corresponder a dicha jurisdicción el conocimiento de las pretensiones deducidas por el demandante en relación con un acto de carácter particular de la Administración Publica., siendo susceptible de impugnación ante dicha jurisdicción, tener legitimación para ejercer la presente acción y reunir la demanda los requisitos exigidos por la Ley, por lo que procede denegar la acción de amparo. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y por tanto no es violatoria de las normas constitucionales citadas por el garantista. En consecuencia procede la confirmatoria de la sentencia proferida en fecha catorce de enero de dos mil dieciséis mediante la cual la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo resolvió denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis proferida por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual DENIEGA la garantía de amparo interpuesta por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, en la que el citado Tribunal, denegó el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil denominada GUCCIO GUCCI, S.P.A, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. ABOGADO EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello.- CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación del fallo de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta registrado en este Tribunal bajo el numero SCO 0073-16.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”