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Sentencia AA-70-15 — Registro 12144

Resumen

Sentencia en consulta sobreseyó acción de amparo contra fallo interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que desestimó defensas previas en demanda ordinaria en materia de personal promovida contra recurrente; el Tribunal de Alzada considera que al manifestar la parte demandada que se encuentra un recurso de apelación hace que exista causa de inadmisibilidad; y que la Acción tiene por objeto la dilación del proceso

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"al analizar las presentes diligencias, consta de autos, que el A-QUO dictó sentencia definitiva sobre el fondo del asunto, en el juicio que derivó la presente acción de Amparo, contra la cual, la parte demandada, interpuso el respectivo Recurso de Apelación, el cual se encuentra en trámite para su Resolución lo que hace que exista la causa de inadmisibilidad contenida en el numeral 8) del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional..."..."del examen de los antecedentes, se puede constatar manifiestamente, que la Acción tiene por objeto la dilación del proceso, ya que la Amparista, en su escrito mediante el cual interpone su Acción de Amparo, establece el Acto Reclamado, como violatorio de la Garantía Constitucional del Debido Proceso, sin establecer porque fue violentada dicha Garantía, ya que lo único que hace es transcribir los Considerandos Quinto y Sexto de la Sentencia recurrida, sin establecer en ningún momento porque se le violentó dicha garantía, limitándose a señalar, tanto en el escrito relacionado como en el que formaliza su acción, que el Acto Impugnado es en materia de personal y no ordinario y transcribiendo, como ya se dijo, dos considerandos de la sentencia interlocutoria apelada.”..."..."la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho. En consecuencia procede la confirmatoria de la sentencia proferida en fecha veintidós de enero de dos mil quince, mediante la cual la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo resolvió sobreseer la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo del dos mil diecisiete. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintidós de enero del año dos mil quince, que sobreseyó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada IRIS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia Interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de agosto del año dos mil catorce, que desestimó las Defensas Previas presentadas en la demanda ordinaria promovida por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR en su condición de Apoderado Legal del Señor JOSE BENJAMIN ZAPATA MEJIA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES.- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince de marzo del año dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR en su condición de Apoderado Legal del Señor JOSE BENJAMIN ZAPATA MEJIA, interponiendo demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo particular y se reconozca una situación jurídica individualizada, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES. 2) Que en fecha veintiocho de febrero del año dos mil once, compareció ante el referido Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, actuando en su condición de Procuradora General de la Republica y por ende Apoderada del ESTADO DE HONDURAS, alegando Defensas Previas en la demanda antes relacionada. 3) Que seguido el tramite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de agosto del año dos mil catorce, dictó Sentencia Interlocutoria mediante la cual resolvió: “PRIMERO: DESESTIMAR las defensas previas interpuestas por la parte incidentista por las razones expuestas en el presente fallo SEGUNDO: Contra el presente auto resolutivo no cabe recurso alguno tal como lo establece el articulo 64 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” (Folios trece (13) y catorce (14) de los antecedentes de la pieza separada de defensas previas). 4) Que en fecha veintisiete de octubre del año dos mil catorce, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Abogada IRIS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia Interlocutoria de fecha doce de agosto del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por considerar que dicha resolución es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. 5) Que seguido el trámite que para efecto determina la Ley sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintidós de enero del año dos mil quince, falló: “SOBRESEER la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada IRYS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ, actuando en su condición de Apoderada Legal Sustituta del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución descrita en el preámbulo del presente fallo, por existir las causas de inadmisibilidad contenidas en el articulo 46 numerales 8) y 9) de la Ley sobre Justicia Constitucional y señaladas en la presente sentencia.-” (Folios veintiséis (26) al veintiocho (28) de la pieza de amparo). 6) Que en fecha dos de febrero del año dos mil quince, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada IRIS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Que este alto tribunal conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Que la petente de amparo básicamente señala que, se ha vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso al haberse desestimado las defensas previas planteadas por el Estado de Honduras, dado que la demanda, promovida por el actor, se presentó fuera del plazo que exige la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en torno a materia de personal y que el acto impugnado se encuentra firme al no obedecer la nulidad del acuerdo de cancelación, sino al reclamo para el pago de salarios debidos, del cual se agotó el procedimiento administrativo, presentando la demanda dentro del plazo de treinta días al haberse notificado el 1 de febrero del 2010.

CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que sirvió de base para su decisión de denegar la presente garantía constitucional de amparo. Que el Tribunal de Alzada decidió otorgar el amparo a la recurrente, basándose en los siguientes considerandos: “CONSIDERANDO (4): Que en virtud del procedimiento legalmente establecido se le dio vista a la Fiscal de esta Corte de Apelaciones para que se pronunciara sobre el Amparo impetrado, quien es del criterio que se declare inadmisible el Recurso de Amparo interpuesto, por concurrir las causas de inadmisibilidad señaladas en el artículo 46 numerales 8 y 9 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que la Ley sobre Justicia Constitucional establece como causas de inadmisibilidad de la Acción de Amparo, cuando se tuvieren expeditos Recursos o Acciones Legales en la Vía Contencioso Administrativa y cuando la Acción tiene por objeto la dilación del proceso, estableciendo también, que dentro del trámite de dicha Acción se sobreseerán las diligencias tan luego como consta en autos la causa de inadmisibilidad. CONSIDERANDO (6): Que se hace la anterior relación, ya que al analizar las presentes diligencias, consta de autos, que el A-QUO dictó sentencia definitiva sobre el fondo del asunto, en el juicio que derivó la presente acción de Amparo, contra la cual, la parte demandada, interpuso el respectivo Recurso de Apelación, el cual se encuentra en trámite para su Resolución lo que hace que exista la causa de inadmisibilidad contenida en el numeral 8) del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (7): Que así mismo, del examen de los antecedentes, se puede constatar manifiestamente, que la Acción tiene por objeto la dilación del proceso, ya que la Amparista, en su escrito mediante el cual interpone su Acción de Amparo, establece el Acto Reclamado, como violatorio de la Garantía Constitucional del Debido Proceso, sin establecer porque fue violentada dicha Garantía, ya que lo único que hace es transcribir los Considerandos Quinto y Sexto de la Sentencia recurrida, sin establecer en ningún momento porque se le violentó dicha garantía, limitándose a señalar, tanto en el escrito relacionado como en el que formaliza su acción, que el Acto Impugnado es en materia de personal y no ordinario y transcribiendo, como ya se dijo, dos considerandos de la sentencia interlocutoria apelada.”

CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho. En consecuencia procede la confirmatoria de la sentencia proferida en fecha veintidós de enero de dos mil quince, mediante la cual la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo resolvió sobreseer la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil quince, proferida por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual SOBRESEE la garantía de amparo interpuesta por la Abogada IRIS YAMILETH DUARTE ORDOÑEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia Interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de agosto del año dos mil catorce, que desestimó las Defensas Previas presentadas en la demanda ordinaria promovida por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR en su condición de Apoderado Legal del Señor JOSE BENJAMIN ZAPATA MEJIA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES..- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. ABOGADO EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ.- Firma y Sello.- CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la sentencia de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Amparo Contencioso Administrativo en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el numero 0070-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”