Sentencia AA-672-16 — Registro 6823
Resumen
Acuerdo Número 957-2016 que autorizó a la recurrente el pago de clases impartidas no como docente a tiempo completo y simultáneamente se le autoriza un permiso sin goce de sueldo el cual duraría mientras la ciudadana permaneciera en el cargo en el Gobierno Central
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala de lo Constitucional establece que de la lectura del artículo 258 de la Constitución se precisa que se autoriza que una persona pueda desempeñar a la vez dos o más cargos públicos siempre cuando estos sean de prestación de servicios asistenciales de la salud y en la docencia, tal como es el caso in examine, que la beneficiada del presente recurso puede ejercer sin limitaciones distintas a las constituciones la labor de docente y de servidora pública de la administración central del Estado de Honduras...".."ésta Sala arriba a la conclusión que la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones constitucionales, convencionales y legales aplicables a la resoluciones in examine; existiendo vulneración al principio de igualdad, al derecho de petición, al estado de inocencia, al derecho del Debido Proceso, y al derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 128 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 258 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de junio del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado FERNANDO PUERTO CASTRO a favor de la abogada NÍVIDA FLOR HERNÁNDEZ AGURCIA, contra el Acuerdo No. 957-2016 emitido por la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, en fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se autorizó a la abogada NÍVIDA FLOR HERNÁNDEZ AGURCIA, el pago de las clases impartidas durante el primer período académico de dos mil dieciséis, tomando como base el pago de unidades valorativas de cada asignatura entre otros. Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se ha violentado en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 60, 128, 165, 258, 321 y 323 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derecho Humanos y con los artículos 2, 3, 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha uno de julio de dos mil dieciséis, compareció ante este Tribunal el abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, interponiendo acción de amparo a favor de la ciudadana NIVIDA FLOR HERNÁNDEZ AGURCIA, contra el Acuerdo No. 957-2016, emitido en fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, por la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de la Rectora Julieta Gonzalina Castellanos, mediante el cual se autorizó a la abogada Nivida Flor Hernández Agurcia, el pago de las clases impartidas durante el primer período académico de dos mil dieciséis, tomando como base el pago de unidades valorativas de cada asignatura, es decir en el modo que son remunerados los docentes o profesores contratados por hora, y no su salario correspondiente como docente a tiempo completo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en virtud de un permiso sin goce de sueldo, que no se había vencido al iniciar ese período académico. (Folios No. 01 al 16 de la pieza principal).- 2) Que en fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, este alto Tribunal, admitió el Recurso de amparo de mérito con suspensión del acto reclamado, ordenando que se librara comunicación a la autoridad recurrida, a efectos de que dentro del plazo de dos (02) días hábiles, remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del proceso de formación del acto impugnado por la vía de amparo.- 3) Que en fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, ésta sala recibió el informe solicitado a la autoridad recurrida, consignando entre otros lo siguiente: a) Que la abogada Nivida Flor Hernández Agurcia, se desempeñaba como Profesor Titular II a tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma De Honduras, pero a esa fecha, se desempeñaba como Presidenta de la Comisión Interventora del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), y debido a su nombramiento solicitó permiso sin goce de sueldo, ya que necesitaba dedicarse a tiempo completo a las actividades en su cargo en esa institución, por lo que la UNAH le otorgó permiso a partir del siete de septiembre de dos mil quince, al siete de febrero de dos mil dieciséis; pero en vista de que su actividad laboral en el SANAA subsistía se le efectuó una prórroga del permiso a partir del nueve de mayo de dos mil dieciséis. b) Establece en su informe la UNAH, que la ciudadana Nivida Flor Hernández Agurcia, conservaría todos sus derechos, una vez reincorporada a la UNAH, la cual sería efectiva hasta que la señora Hernández acreditara que cesaron sus funciones en el SANAA y pidiera su reincorporación a sus labores en la UNAH. c) Que en ningún momento se le violentaron sus derechos constitucionales, pues la ciudadana Nivida Flor Hernández Agurcia, sigue siendo empleada de la UNAH, y que las clases que impartió en primer período de 2016, le fueron canceladas en su totalidad, pero por las circunstancias antes descritas, al estar con permiso sin goce de sueldo. (Folios No. 42 al 43 del recurso de amparo).- 4) Que habiéndose concedido vista por el término de cuarenta ocho horas a la recurrente para que formalizara su acción de amparo y en virtud de que el recurrente no hizo uso del mismo, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar el recurso, asimismo y desprendiéndose en el mismo, que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se ordenó continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo, ordenando dar vista al fiscal del despacho de las presentes diligencias a efecto de que emitiera su dictamen. (Folio 66 de la pieza de amparo).- 5) Que en fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, el abogado Fernando Puerto Castro, compareció ante la Sala de lo Constitucional, presentando escrito en el cual denunciaba incumplimiento de parte de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la medida cautelar de Suspensión del Acto reclamado, dictado por esta Sala, solicitando se librara comunicación para que la referida autoridad cumpliera con la medida ordenada. En consecuencia, en fecha veinte de enero, se ordenó librar comunicación, a efecto de que se rindiera un informe sobre los hechos denunciados por el recurrente. (Folio 97 de la pieza de amparo).- 6) Que en fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Universidad Autónoma de Honduras, rindió el correspondiente informe, en el cual consigna entre otros: a) Que fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete la abogada Nívida Flor Hernández, envió nota al abogado Guillermo Caballero Castro, Jefe del Departamento de Derecho Privado, en el cual le informa que se le había asignado carga académica, en virtud de que la Comisión Interventora del SANAA, había finalizado el 31 de diciembre de 2016. b) Que la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, envío oficio a la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal, en donde se pone en conocimiento que la abogada Nívida Flor Hernández, se había incorporado a sus labores de docencia a tiempo completo a partir del primer período de 2017. C) Que mediante Acuerdo No. 359-2017 de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, quedó formalizada la reincorporación de la abogada Nívida Flor Hernández, a partir del 23 de enero de 2017.- 7) Que en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, abogada Sussy G. Coello Garcia, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque “SE DENIEGUE Y SE DECRETE SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS por concurrir la causal contenida en el Art. 46 #8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 88 al 92 y 113 de la pieza de amparo).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral quinto, en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario, que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, la cual tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional, concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución o los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía constitucional el Acuerdo No. 957-2016 emitido por la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en fecha tres de mayo de dos mil dieciséis y notificada a la quejosa el diecisiete de mayo del mismo año, acuerdo en el que se autoriza a pagar a la recurrente por haber impartido las asignadas para el primer periodo académico de 2016, tomando como base el pago de unidades valorativas de cada asignatura y simultáneamente se le autoriza un permiso sin goce de sueldo a partir del nueve de mayo de 2016, el cual durara mientras la ciudadana Hernández Agurcia permanezca en el cargo en el Gobierno Central.- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente, el abogado Fernando Puerto Castro, en la interposición del recurso, manifiesto que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en perjuicio de sus representados a violentado el contenido de los artículos 60, 128, 165, 258, 321 y 323 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derecho Humanos y con los artículos 2, 3, 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; para ello explica que la resolución que hoy se impugna en esta vía constitucional, en vista de que no se le reconoce su labor como catedrática permanente, condición que ya poseía, siendo que la misma se le esta modificando a otra categoría en la que no goza de los mismos derechos laborales, teniendo un salario inferior al que ya gozaba, adicional a esto no se le estaría permitiendo ejercer su cargo de docente al mismo tiempo de su rol como servidora pública en la administración central, situación que la Constitución de la República permite en los términos expresados por la amparista.- CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial, establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, de igual forma la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 25 sobre la protección judicial establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que les ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (6): Que esta Sala comprende la autonomía de las universidades, se traduce en la potestad de definir tanto su orientación filosófica como de dictar reglas de organización interna y administración, en aras de evitar injerencias indebidas del Estado dirigidas a homogeneizar las corrientes de pensamiento y garantizar, la pluralidad, el disenso, la participación, la diferencia y el debate académico.- CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional estima necesario recordar que la remuneración o el salario, es una condición esencial de las relaciones y contratos de trabajo; y como tal, la Constitución de la República en los numerales 3 y 4 del artículo 128, hace especial referencia al salario, garantizando la igualdad y no discriminación en su monto, cuando atienda a idénticas circunstancias; y, su condición singularmente privilegiada de conformidad con la ley; de forma tal que no queda duda, que a toda actividad laboral corresponde un salario, que además debe estar previamente establecido; y que a no ser por razones justificadas, no puede ser objeto de deducciones y mucho menos ser retenido en su totalidad, como sanción por el ejercicio de un derecho político como es participar en el gobierno de un país.- CONSIDERANDO (8): Que la acción efectuada por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma De Honduras, de modificar la cantidad de pago a la docente, constituye una acción sancionatoria y cualquier acto sancionatorio requiere de la formulación previa de un debido proceso que, al tenor de lo que dispone el artículo 90 de la Constitución de la República y desarrollado como garantías mínimas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se entiende, como la posibilidad efectiva de ocurrir ante el órgano competente y preestablecido, y el derecho de las partes de realizar ante el mismo todos los actos encaminados a la defensa de sus derechos, así como también la observancia por parte del tribunal o instancia administrativa de todas las normas relativas a la tramitación de aquél. En ese sentido, en todo proceso debe entenderse como formalidades procesales esenciales las de otorgar oportunidad de defensa a todas las partes, esto evidentemente incluye, el que las mismas puedan manifestar sus pretensiones, defenderse, presentar y evacuar pruebas, oponerse así como también poder conciliar; por lo que, las formalidades que exige el debido proceso, no son más que las establecidas en la ley procesal para cada acto concreto del procedimiento.- CONSIDERANDO (9): Que en el marco del Control de Convencionalidad esta Sala observa que entorno al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y relacionado con nuestro artículo constitucional 90, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado que es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencias de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita[1].- CONSIDERANDO (10): Que de acuerdo con el Código del Trabajo, Ley que regula la relación laboral entre la Universidad Autónoma de Honduras y sus empleados y empleadas, en su artículo 96 numeral 5 establece que se prohíbe a los patronos: “…5. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, sin mandamiento judicial, o sin que la ley, el contrato o el reglamento lo autoricen…”.- CONSIDERANDO (11): Que además de lo anteriormente expuesto, el artículo 127 de la Constitución de la República establece, no sólo el derecho al trabajo, sino que entiende implícita y expresamente que ese derecho incluye, entre otras, el contar con condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo; mismas que no pueden ser modificadas en el tiempo, en virtud del ius variandi.- Asimismo el artículo 128 de la Constitución de la República en su parte introductoria dispone: “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores, son de orden público.- Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías” : …estando incluidas entre éstas, la garantía a la no deducción del salario, salvo mandato de ley, o por autorización expresa del trabajador, extremo que no ocurrió en el caso de autos.- CONSIDERANDO (12): Que la jurisprudencia de los tribunales Constitucionales ha considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros[2]. Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos[3].- CONSIDERANDO (13): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial o administrativo generan una violación o desconocimiento de este derecho; por lo que se estima que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional establece que de la lectura del artículo 258 de la Constitución se precisa que se autoriza que una persona pueda desempeñar a la vez dos o más cargos públicos siempre cuando estos sean de prestación de servicios asistenciales de la salud y en la docencia, tal como es el caso in examine, que la beneficiada del presente recurso puede ejercer sin limitaciones distintas a las constituciones la labor de docente y de servidora pública de la administración central del Estado de Honduras.- CONSIDERANDO (15): Que ésta Sala arriba a la conclusión que la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones constitucionales, convencionales y legales aplicables a la resoluciones in examine; existiendo vulneración al principio de igualdad, al derecho de petición, al estado de inocencia, al derecho del Debido Proceso, y al derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación del artículos 60, 128, 165, 258, 321 y 323 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derecho Humanos y con los artículos 2, 3, 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículos 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 45, 48, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; entre otras normas.- FALLA: OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el abogado FERNANDO PUERTO CASTRO a favor de la abogada NÍVIDA FLOR HERNÁNDEZ AGURCIA, contra el Acuerdo No. 957-2016 emitido por la Universidad Nacional Autónoma De Honduras, en fecha tres de mayo de dos mil dieciséis.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida para los efectos legales pertinentes.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0672-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de junio del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado FERNANDO PUERTO CASTRO a favor de la abogada NÍVIDA FLOR HERNÁNDEZ AGURCIA, contra el Acuerdo No. 957-2016 emitido por la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, en fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se autorizó a la abogada NÍVIDA FLOR HERNÁNDEZ AGURCIA, el pago de las clases impartidas durante el primer período académico de dos mil dieciséis, tomando como base el pago de unidades valorativas de cada asignatura entre otros. Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se ha violentado en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 60, 128, 165, 258, 321 y 323 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derecho Humanos y con los artículos 2, 3, 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha uno de julio de dos mil dieciséis, compareció ante este Tribunal el abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, interponiendo acción de amparo a favor de la ciudadana NIVIDA FLOR HERNÁNDEZ AGURCIA, contra el Acuerdo No. 957-2016, emitido en fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, por la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de la Rectora Julieta Gonzalina Castellanos, mediante el cual se autorizó a la abogada Nivida Flor Hernández Agurcia, el pago de las clases impartidas durante el primer período académico de dos mil dieciséis, tomando como base el pago de unidades valorativas de cada asignatura, es decir en el modo que son remunerados los docentes o profesores contratados por hora, y no su salario correspondiente como docente a tiempo completo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en virtud de un permiso sin goce de sueldo, que no se había vencido al iniciar ese período académico. (Folios No. 01 al 16 de la pieza principal).- 2) Que en fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, este alto Tribunal, admitió el Recurso de amparo de mérito con suspensión del acto reclamado, ordenando que se librara comunicación a la autoridad recurrida, a efectos de que dentro del plazo de dos (02) días hábiles, remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del proceso de formación del acto impugnado por la vía de amparo.- 3) Que en fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, ésta sala recibió el informe solicitado a la autoridad recurrida, consignando entre otros lo siguiente: a) Que la abogada Nivida Flor Hernández Agurcia, se desempeñaba como Profesor Titular II a tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma De Honduras, pero a esa fecha, se desempeñaba como Presidenta de la Comisión Interventora del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), y debido a su nombramiento solicitó permiso sin goce de sueldo, ya que necesitaba dedicarse a tiempo completo a las actividades en su cargo en esa institución, por lo que la UNAH le otorgó permiso a partir del siete de septiembre de dos mil quince, al siete de febrero de dos mil dieciséis; pero en vista de que su actividad laboral en el SANAA subsistía se le efectuó una prórroga del permiso a partir del nueve de mayo de dos mil dieciséis. b) Establece en su informe la UNAH, que la ciudadana Nivida Flor Hernández Agurcia, conservaría todos sus derechos, una vez reincorporada a la UNAH, la cual sería efectiva hasta que la señora Hernández acreditara que cesaron sus funciones en el SANAA y pidiera su reincorporación a sus labores en la UNAH. c) Que en ningún momento se le violentaron sus derechos constitucionales, pues la ciudadana Nivida Flor Hernández Agurcia, sigue siendo empleada de la UNAH, y que las clases que impartió en primer período de 2016, le fueron canceladas en su totalidad, pero por las circunstancias antes descritas, al estar con permiso sin goce de sueldo. (Folios No. 42 al 43 del recurso de amparo).- 4) Que habiéndose concedido vista por el término de cuarenta ocho horas a la recurrente para que formalizara su acción de amparo y en virtud de que el recurrente no hizo uso del mismo, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar el recurso, asimismo y desprendiéndose en el mismo, que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se ordenó continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo, ordenando dar vista al fiscal del despacho de las presentes diligencias a efecto de que emitiera su dictamen. (Folio 66 de la pieza de amparo).- 5) Que en fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, el abogado Fernando Puerto Castro, compareció ante la Sala de lo Constitucional, presentando escrito en el cual denunciaba incumplimiento de parte de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la medida cautelar de Suspensión del Acto reclamado, dictado por esta Sala, solicitando se librara comunicación para que la referida autoridad cumpliera con la medida ordenada. En consecuencia, en fecha veinte de enero, se ordenó librar comunicación, a efecto de que se rindiera un informe sobre los hechos denunciados por el recurrente. (Folio 97 de la pieza de amparo).- 6) Que en fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, la Universidad Autónoma de Honduras, rindió el correspondiente informe, en el cual consigna entre otros: a) Que fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete la abogada Nívida Flor Hernández, envió nota al abogado Guillermo Caballero Castro, Jefe del Departamento de Derecho Privado, en el cual le informa que se le había asignado carga académica, en virtud de que la Comisión Interventora del SANAA, había finalizado el 31 de diciembre de 2016. b) Que la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, envío oficio a la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal, en donde se pone en conocimiento que la abogada Nívida Flor Hernández, se había incorporado a sus labores de docencia a tiempo completo a partir del primer período de 2017. C) Que mediante Acuerdo No. 359-2017 de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, quedó formalizada la reincorporación de la abogada Nívida Flor Hernández, a partir del 23 de enero de 2017.- 7) Que en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, abogada Sussy G. Coello Garcia, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque “SE DENIEGUE Y SE DECRETE SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS por concurrir la causal contenida en el Art. 46 #8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 88 al 92 y 113 de la pieza de amparo).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral quinto, en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario, que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, la cual tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional, concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución o los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía constitucional el Acuerdo No. 957-2016 emitido por la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en fecha tres de mayo de dos mil dieciséis y notificada a la quejosa el diecisiete de mayo del mismo año, acuerdo en el que se autoriza a pagar a la recurrente por haber impartido las asignadas para el primer periodo académico de 2016, tomando como base el pago de unidades valorativas de cada asignatura y simultáneamente se le autoriza un permiso sin goce de sueldo a partir del nueve de mayo de 2016, el cual durara mientras la ciudadana Hernández Agurcia permanezca en el cargo en el Gobierno Central.- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente, el abogado Fernando Puerto Castro, en la interposición del recurso, manifiesto que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en perjuicio de sus representados a violentado el contenido de los artículos 60, 128, 165, 258, 321 y 323 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derecho Humanos y con los artículos 2, 3, 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; para ello explica que la resolución que hoy se impugna en esta vía constitucional, en vista de que no se le reconoce su labor como catedrática permanente, condición que ya poseía, siendo que la misma se le esta modificando a otra categoría en la que no goza de los mismos derechos laborales, teniendo un salario inferior al que ya gozaba, adicional a esto no se le estaría permitiendo ejercer su cargo de docente al mismo tiempo de su rol como servidora pública en la administración central, situación que la Constitución de la República permite en los términos expresados por la amparista.- CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial, establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, de igual forma la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 25 sobre la protección judicial establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que les ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (6): Que esta Sala comprende la autonomía de las universidades, se traduce en la potestad de definir tanto su orientación filosófica como de dictar reglas de organización interna y administración, en aras de evitar injerencias indebidas del Estado dirigidas a homogeneizar las corrientes de pensamiento y garantizar, la pluralidad, el disenso, la participación, la diferencia y el debate académico.- CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional estima necesario recordar que la remuneración o el salario, es una condición esencial de las relaciones y contratos de trabajo; y como tal, la Constitución de la República en los numerales 3 y 4 del artículo 128, hace especial referencia al salario, garantizando la igualdad y no discriminación en su monto, cuando atienda a idénticas circunstancias; y, su condición singularmente privilegiada de conformidad con la ley; de forma tal que no queda duda, que a toda actividad laboral corresponde un salario, que además debe estar previamente establecido; y que a no ser por razones justificadas, no puede ser objeto de deducciones y mucho menos ser retenido en su totalidad, como sanción por el ejercicio de un derecho político como es participar en el gobierno de un país.- CONSIDERANDO (8): Que la acción efectuada por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma De Honduras, de modificar la cantidad de pago a la docente, constituye una acción sancionatoria y cualquier acto sancionatorio requiere de la formulación previa de un debido proceso que, al tenor de lo que dispone el artículo 90 de la Constitución de la República y desarrollado como garantías mínimas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se entiende, como la posibilidad efectiva de ocurrir ante el órgano competente y preestablecido, y el derecho de las partes de realizar ante el mismo todos los actos encaminados a la defensa de sus derechos, así como también la observancia por parte del tribunal o instancia administrativa de todas las normas relativas a la tramitación de aquél. En ese sentido, en todo proceso debe entenderse como formalidades procesales esenciales las de otorgar oportunidad de defensa a todas las partes, esto evidentemente incluye, el que las mismas puedan manifestar sus pretensiones, defenderse, presentar y evacuar pruebas, oponerse así como también poder conciliar; por lo que, las formalidades que exige el debido proceso, no son más que las establecidas en la ley procesal para cada acto concreto del procedimiento.- CONSIDERANDO (9): Que en el marco del Control de Convencionalidad esta Sala observa que entorno al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y relacionado con nuestro artículo constitucional 90, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado que es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencias de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita[4].- CONSIDERANDO (10): Que de acuerdo con el Código del Trabajo, Ley que regula la relación laboral entre la Universidad Autónoma de Honduras y sus empleados y empleadas, en su artículo 96 numeral 5 establece que se prohíbe a los patronos: “…5. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, sin mandamiento judicial, o sin que la ley, el contrato o el reglamento lo autoricen…”.- CONSIDERANDO (11): Que además de lo anteriormente expuesto, el artículo 127 de la Constitución de la República establece, no sólo el derecho al trabajo, sino que entiende implícita y expresamente que ese derecho incluye, entre otras, el contar con condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo; mismas que no pueden ser modificadas en el tiempo, en virtud del ius variandi.- Asimismo el artículo 128 de la Constitución de la República en su parte introductoria dispone: “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores, son de orden público.- Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías” : …estando incluidas entre éstas, la garantía a la no deducción del salario, salvo mandato de ley, o por autorización expresa del trabajador, extremo que no ocurrió en el caso de autos.- CONSIDERANDO (12): Que la jurisprudencia de los tribunales Constitucionales ha considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros[5]. Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos[6].- CONSIDERANDO (13): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial o administrativo generan una violación o desconocimiento de este derecho; por lo que se estima que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional establece que de la lectura del artículo 258 de la Constitución se precisa que se autoriza que una persona pueda desempeñar a la vez dos o más cargos públicos siempre cuando estos sean de prestación de servicios asistenciales de la salud y en la docencia, tal como es el caso in examine, que la beneficiada del presente recurso puede ejercer sin limitaciones distintas a las constituciones la labor de docente y de servidora pública de la administración central del Estado de Honduras.- CONSIDERANDO (15): Que ésta Sala arriba a la conclusión que la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones constitucionales, convencionales y legales aplicables a la resoluciones in examine; existiendo vulneración al principio de igualdad, al derecho de petición, al estado de inocencia, al derecho del Debido Proceso, y al derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación del artículos 60, 128, 165, 258, 321 y 323 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derecho Humanos y con los artículos 2, 3, 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículos 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 45, 48, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; entre otras normas.- FALLA: OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el abogado FERNANDO PUERTO CASTRO a favor de la abogada NÍVIDA FLOR HERNÁNDEZ AGURCIA, contra el Acuerdo No. 957-2016 emitido por la Universidad Nacional Autónoma De Honduras, en fecha tres de mayo de dos mil dieciséis.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida para los efectos legales pertinentes.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0672-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
CEDV
[1] Corte IDH. Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de dos de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 106.
[2] Ver Sentencia de la Corte Constitucional de la República de Colombia SC-1165/00.
[3] Ídem.
[4] Corte IDH. Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de dos de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 106.
[5] Ver Sentencia de la Corte Constitucional de la República de Colombia SC-1165/00.
[6] Ídem.