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Sentencia AA-651-13 — Registro 8693

Resumen

Acto recurrido que decreta la nulidad absoluta de actuaciones con relación a la solicitud presentada por el Grupo Campesino “jardines del norte” para la expropiación de un terreno en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesales, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo..." ..." Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la señora NUBIA MARLENY SORIANO MATUTE, a favor de SI MISMA, contra el auto emitido por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO el siete (7) de febrero de dos mil cinco (2005) y la resolución dictada por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO DE TEGUCIGALPA, en fecha (sic) “diecinueve” de julio de dos mil cinco (2005), con relación a la solicitud presentada por el Grupo Campesino “JARDINES DEL NORTE” para la expropiación de un terreno ubicado en el sector de Agua Prieta, Municipio de Choloma, departamento de Cortés. Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violentado los derechos consignados en los artículos 64, 90 párrafo primero, 103 y 186 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha doce (12) de marzo de mil novecientos setenta y seis (1976), compareció el señor LUIS ALFONZO FLORES ORTEGA, en su propio nombre y en representación de los señores NATALIA ORTEGA VIUDA DE FLORES, CARLOS ALBERTO FLORES ORTEGA, CONCEPCION FLORES ORTEGA, SARA FLORES DE VOTTO, MIGUEL ANGEL FLORES ORTEGA, RICARDO FLORES ORTEGA, ESPERANZA FLORES ORTEGA, TERESA DE JESUS FLORES ORTEGA DE GIRON, ALFREDO FLORES CERRATO, FRANCISCA FLORES, HAYDEE FLORES CERRATO, DILCIA FLORES CASTILLO VIUDA DE LOPEZ, RAFAEL HUMBERTO NAVARRO FLORES, JOSE ANTONIO CERRATO FLORES y HERNAN ORTEGA FLORES ante la oficina regional del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, denunciando la invasión campesina de tierras de propiedad privada y de las cuales son propietarios legítimos. 2) Que habiéndose efectuado una investigación sobre la denuncia referida en el numeral anterior y presentado el respectivo informe, la Oficina Regional Zona Norte del Instituto Nacional Agrario, en providencia de fecha catorce junio de mil novecientos setenta y siete, determinó que existiendo causales de afectación sobre las tierras objeto de las diligencias por encontrarse completamente incultas u ociosas, declarando la afectación de las mismas, y mientras tanto se les amparase a los campesinos en la ocupación que venían ejerciendo en una extensión de terreno aproximada a las cincuenta y dos (52) manzanas del terreno en referencia, resolución que fue aprobada por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO mediante Acuerdo No. 040 de fecha diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta (1980). (Folios 30 y 82 de los antecedentes) 3) Que en fecha veintitrés (23) de octubre de mil novecientos noventa (1990), compareció ante el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, el Abogado DOMINGO DIAZ GALEAS, actuando en su condición de Apoderado Legal del Grupo Campesino JARDINES DEL NORTE, solicitando la expropiación por estar indirectamente explotado, un predio rural de aproximadamente 62.21 hectáreas que forma parte de un terreno propiedad del señor LUIS ALONSO FLORES ORTEGA Y HERMANOS, ubicado en Agua Sarca, dentro del sitio de Sabanas del Carmen, municipio de Choloma, departamento de Cortés. (Folios 197 al 198 de los antecedentes) 4) Que en fecha veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, emitió el Acuerdo No. 390-84 en el cual acordó la expropiación de un terreno propiedad de los herederos del señor ANTONIO FLORES, ubicado en la Aldea de Agua Prieta, municipio de Choloma, departamento de Cortés, acuerdo que fue modificado el veintidós (22) de enero de dos mil uno (2001), mediante resolución No. 029, la cual resolvió: “…PRIMERO: Expropiar a ISAAC DERAS MARTINEZ, dos lotes de terreno los que se identifican a continuación: LOTE NO. 1…; LOTE NO. 2…; a LEONEL SUAZO MADRID un lote de CUARENTRA Y OCHO MANZANAS CUATRO MIL DOSCIENTOS PUNTO TREINTA SEIS VARAS CUADRADAS…; a ALLAN ED SANCHEZ un lote de TREINTA MANZANAS CON DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PUNTO CERO VARAS CUADRADAS…; a NUBIA SORIANO MATUTE, un lote de SETENTA MANZANAS… Todos estos lotes se encuentran ubicados en el sitio llamado El Carmen, jurisdicción del municipio de Choloma, departamento de Cortés y suman en total DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS MANZANAS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA VARAS CUADRADAS (246 Mzs.2544.40 Vrs2). SEGUNDO: Determinar como justiprecio de las tierras y mejoras expropiadas la cantidad de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS DE LEMPIRA (Lps. 32,965.57);… TERCERO: Entregar el efectivo y bonos a que se refiere el numeral anterior a los expropiados…” (Folios 691 al 692 y 701 al 704 de los antecedentes) 5) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado ANGEL RAMON MENA BAIDE, en su condición de apoderado legal del señor ISAAC DERAS MARTINEZ, contra la resolución No. 029 emitida por la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional Agrario en fecha veintidós de enero de dos mil uno, el Consejo Nacional Agrario en fecha cinco de noviembre de dos mil dos, resolvió decretar la nulidad absoluta de la referida resolución y de todas las actuaciones posteriores contenidas a partir e inclusive del folio seiscientos cincuenta y nueve (f 659) al seiscientos ochenta y ocho (f 688) de la primera pieza de los autos. (Folios 732 al 734 de los antecedentes) 6) Que en fecha doce (12) de junio de dos mil tres (2003) compareció ante la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional Agrario el Abogado JOSE ADRIAN FRANCO, solicitando se dé estricto cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha cinco (5) de noviembre de dos mil dos, del que se hace referencia en el numeral anterior. (Folio 741 de los antecedentes). 7) Que el Abogado DOMINGO DIAZ GALEAS, compareció ante la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional Agrario en fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil tres (2003) solicitando la ejecución de lo resuelto en el fallo emitido mediante el Acuerdo No. 390-84 por esa autoridad. (Folios 742 y 743 de los antecedentes) 8) Que en fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil tres (2003), el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, emitió resolución mediante la cual RESOLVIÓ: “Admítanse los escritos presentados de fechas 12 de junio y 17 noviembre del año dos mil tres (2003), agréguense a sus antecedentes y visto del dictamen DAT No.245-003 de fecha diez (10) de junio del año dos mil tres (2003) y habiendo resuelto el Consejo Nacional Agrario de la Nulidad de actuaciones de la Resolución No. 29 de fecha veintidós (22) de enero de dos mil uno (2001) y de todas las actuaciones posteriores, pasen las presentes diligencias a la Sección de archivo para su guarda y custodia.” (Folio 744 de los antecedentes). 9) Que en fecha veinte (20) de enero de dos mil cinco (2005), compareció ante el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, el Abogado JOSE ROSENDO MURILLO QUINTANILLA, en su condición de Representante Legal de la COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS JARDINES DEL NORTE, desistiendo de la solicitud de expropiación de un terreno, propiedad de los herederos Flores, ubicados en el sitio llamado el Carmen, municipio de Choloma, departamento de Cortés; asimismo en fecha siete de febrero de dos mil cinco, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, RESOLVIÓ: “Admítanse los escritos que anteceden, agréguese a sus antecedentes. Tienese por personado el licenciado José Rosendo Murillo Quintanilla y como Apoderado Legal de la Cooperativa de Producción Agropecuaria de Campesinos “JARDINES DEL NORTE” como se piden archívense las presentes diligencias, para su guarda y custodia. Tienese por sustituto el poder con el que actúa el Licenciado José Rosendo Murillo Quintanilla en el Licenciado Héctor Manuel Rubí Henríquez.” (Folios 758 y 763 de los antecedentes) 10) Que conociendo de un recurso de reposición y subsidiaria apelación promovido por el Abogado DOMINGO DIAZ GALEAS, en su condición de apoderado legal de la COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS JARDINES DEL NORTE, contra auto de fecha siete (7) de febrero de dos mil cinco (2005), el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha cuatro de abril de dos mil cinco, dictó resolución mediante la cual RESOLVIÓ: “Declarase Sin Lugar el Recurso de Reposición; interpuesto por el Licenciado Domingo Díaz Galeas quien actúa en su condición de Apoderado Legal de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos “JARDINES DEL NORTE LIMITADA” en contra del auto de fecha 7 de febrero del corriente año, y en cuanto al Recurso de Apelación señálese al apelante el termino de 3 días para que se apersone al Tribunal de Alzada a mejorar el Recurso y expresar agravios, en consecuencia, remítanse las presentes diligencias al honorable Consejo Nacional Agrario para su decisión.” (Folios 785 de autos) 11) Que en fecha diecinueve (19) de julio de dos mil cinco (2005), el CONSEJO NACIONAL AGRARIO, RESOLVIÓ: “1-Decretar la NULIDAD absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha trece de enero de dos mil cuatro y que corre a folio 748 de la primera pieza de los autos y todas las actuaciones que pudieran haberse derivado de dicha providencia; así como la pieza separada, en virtud de carecer de sustentación jurídica y no ofrecer sino la clara percepción de tratarse de una actuación creada con el único propósito de patrocinar intereses ajenos al proceso agrario. …” (Folios 789 al 791 de autos) 12) La recurrente señora NUBIA MARLENY SORIANO MATUTE, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013), interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMA, contra el auto dictado en fecha siete (7) de febrero de dos mil cinco (2005) y la resolución de fecha (sic) nueve de julio de dos mil cinco, dictadas por el INSTITUTO NACIONA AGRARIO Y EL CONSEJO NACIONAL AGRARIO, respectivamente, son violatorios de los derechos estipulados en los artículos 64, 90 párrafo primero, 103 y 186 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha doce de diciembre de dos mil trece. 13) Que con fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce (2014), la Sala tuvo por evacuado el dictamen emitido por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho del Ministerio Público, en el cual opina “QUE SE OTORGUE” la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO UNO (1): Que del estricto estudio de interposición de amparo se puede apreciar que el recurrente estima que con la resolución que impugna, consistente en el fallo proferido por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO, resolución de fecha diecinueve (19) de julio del dos mil cinco (2005), la cual considera que violenta las garantías contenidas en los artículos 64, 90 párrafo primero, 103 y 186 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO DOS (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO TRES (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en fecha veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), el Instituto Nacional Agrario ordenó la expropiación de un terreno ubicado en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes, en el sector de Agua Prieta, predio perteneciente a los herederos del señor ANTONIO FLORES[1]. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintidós (22) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998), la señora NUBIA MARLENY SORIANO MATUTE adquirió mediante compra venta un lote de terreno llamado “El Carmen” Jurisdicción de Choloma, Cortés constante de setenta manzanas (70 Mnz), por el valor de doscientos mil Lempiras (Lps.200,000.00), mismos que manifestó recibir a plena satisfacción el señor MARIO GALINDO FLORES quien realizó la venta de dicho terreno a favor de la Recurrente.[2] CONSIDERANDO SEIS (6): Que mediante Resolución No. 029 de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil uno (2001), el Instituto Nacional Agrario, resolvió modificar los numerales primero, segundo y tercero del Acuerdo 390-84 de fecha veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), el que acordó la expropiación de un terreno propiedad de los herederos del señor ANTONIO FLORES, ubicado en la Aldea de Agua Prieta, municipio de Choloma, departamento de Cortés; Resolución mediante la cual se estableció que en virtud de haber adquirido el carácter de firme el acuerdo mencionado y que existen nuevos propietarios del predio expropiado, es procedente modificarlo únicamente en el sentido de orientarlo en contra de las personas adquirentes del dominio del mismo y en cuanto a la forma de pago.”[3] CONSIDERANDO SIETE (7): Consta a folio 697 escrito de interposición del recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación ante el Consejo Nacional Agrario presentado por el apoderado legal del señor Isaac Deras Martínez, contra la Resolución No. 029 de fecha veintidós (22) de enero del dos mil uno (2001). Que corre agregado auto emitido por el Instituto Nacional Agrario mediante el cual declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el apoderado legal de señor Isaac Deras Martínez en contra de la Resolución No. 029 del veintidós (22) de enero del dos mil uno (2001), teniendo así mismo por presentado el recurso de apelación (723) ordenado en consecuencia la remisión de las presentes diligencias al Honorable consejo Nacional Agrario. CONSIDERANDO OCHO (8): Consta agregado del folio 732 al 734 certificación de la Resolución dictada por el Consejo Nacional Agrario de fecha cinco (5) de noviembre del dos mil dos (2002), mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor Isaac Deras Martínez, contra la resolución definitiva No. 029 emitido por el Instituto Nacional Agrario, en la cual resolvió: “1) Decretar la nulidad absoluta de la Resolución No. 029 y todas las actuaciones posteriores a partir inclusive del folio (659) al folio (688) de la primera pieza de autos. 2) Que al estar firme la presente resolución, se devuelven las diligencias a la oficina de origen con la respectiva certificación para los efectos legales consiguientes”. CONSIDERANDO NUEVE (9): Seguidamente a folio 744, consta resolución de fecha cuatro (4) de diciembre del dos mil tres (2003)[4], mediante la cual el Instituto Nacional Agrario resolvió: “Admítanse los escritos presentados de fecha 12 de junio y 17 de noviembre del año 2003, agréguese a sus antecedentes y visto el dictamen DAT No. 245-003 de fecha 10 de junio del 2003 y habiendo resuelto el Consejo Nacional Agrario la nulidad de actuaciones de la resolución No. 29 de fecha 22 de enero del 2001 y todas las actuaciones posteriores, pasen las presentes diligencias a la sección de archivo para su guarda y custodia. CUMPLASE”. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en fecha trece (13) de enero del dos mil cuatro (2004), mediante el cual el Instituto Nacional Agrario admite la solicitud por el apoderado legal de la empresa asociativa campesina de producción “Jardines del Norte”, en los escritos presentados en fecha diecisiete (17) de noviembre y quince (15) de diciembre del año dos mil tres (2003), en virtud de que la Resolución No.029 fue declarada nula por el Consejo Nacional Agrario y que los herederos Flores Ortega ya no son los propietarios del terreno expropiado en la Resolución No. 390-84. Resolución que fue notificada a las partes el día veinte (20) de febrero del dos mil cuatro (2004).[5] CONSIDERANDO ONCE (11): Consta a folio 758 que en fecha veinte (20) de enero del dos mil cinco (2005), el apoderado legal el Abogado José Rosendo Murillo Quintanilla apoderado legal de la Cooperativa “Jardines del Norte” presentó escrito desistiendo de la solicitud de expropiación de un terreno propiedad de los herederos Flores ubicados en el sitio llamado el Carmen, municipio de Choloma, Cortés en virtud de haber declarado con lugar la propuesta de venta formulada por la señora NUBIA SORIANO MATUTE al Instituto Nacional Agrario; misma que fue aceptada mediante resolución No. 50-04 del 29 de junio del 2004. CONSIDERANDO DOCE (12): A folio 763 se encuentra auto de fecha siete (7) de febrero del dos mil cinco (2005)[6], mediante el cual el Instituto Nacional Agrario resolvió: Admitir con lugar los escritos que obran a folio 758 al folio 762 de la primera pieza, resolviendo según lo peticionado por el señor Rosendo Murillo Quintanilla representante de la Cooperativa “Jardines del Norte”, y mandando a archivar las diligencias para su guarda y custodia. CONSIDERANDO TRECE (13): El veintiocho (28) de marzo del dos mil cinco (2005), el Abogado Domingo Díaz Galeas, presentó escrito de manifestación e interpuso el recurso de reposición y subsidiariamente apelación contra el auto de fecha siete (7) de febrero del dos mil cinco (2005) (F 768 Y 769). De igual forma se da por notificado tácitamente de la providencia de fecha siete (7) de febrero del dos mil cinco (2005).[7] CONSIDERANDO CATORCE (14): La apreciación realizada de manera muy acertada por el Ministerio Público a través de la agente de fiscales la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ “Que la resolución dictada en fecha trece (13) de enero del dos mil cuatro (2004) agregada a folio 748 pese a encontrarse firme, en virtud de que según consta a folio 749 fue notificada a las partes el día veinte (20) de febrero del dos mil cuatro (2004); fue objeto de nulidad absoluta mediante resolución de fecha 19 de julio del 2005 emitida por el Consejo Nacional Agrario[8]; que en su parte resolutiva señaló: “1. Decretar la nulidad absoluta de fecha trece (13) de enero del dos mil cuatro (2004), y que corre a folio 784 de la primera pieza de autos y todas las actuaciones que pudieran haberse derivado de dicha providencia…”. Así mismo se observa en autos que las actuaciones secuénciales que conforman la presente causa, han sido modificadas como resultado de otras resoluciones dictadas aun siendo firmes. Que no consta en autos que la parte interviniente en el presente proceso, haya tenido participación directa, por lo menos en las últimas diligencias, en virtud que se siguió el curso del proceso, por gestión de una de las partes, sin notificárseles a las demás resoluciones, lo cual produjo consecuentemente a que la impetrante del presente recurso de amparo, tuviese conocimiento de lo resuelto en autos, hasta tiempo después (es decir, 28 de junio del 2013) según consta en el escrito de interposición del amparo, lo cual le produjo a su criterio afectación a su derechos y por lo cual interpuso hasta después el presente recurso. De lo antes citado, se observa que la resolución impugnada ostentaba el carácter de firme, así como las subsiguientes a esta y fue declarada posteriormente nula, lo cual acarrea vulneración de las garantías invocadas por la amparista.[9] CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la Sala de lo Constitucional en el recurso de amparo 125-14, emitió sentencia en la cual manifiesta que para que pueda ampararse una situación de indefensión debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Deber ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o interés legítimo. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 64, 82, 90 párrafo primero, 94, 96, 103, 106, 183, 186, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3 numeral 2), 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesto por la señora NUBIA MARLENY SORIANO MATUTE, contra el auto de fecha siete (7) de febrero del año dos mil cinco (2005) emitida por el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO y contra el auto de fecha diecinueve (19) de julio del dos mil cinco (2005) emitido por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCURLES ROSA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de febrero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-0651-2013.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONALK.M.

[1] VER folios 366 al 368 y 647 de la primera pieza.

[2] Ver folios 613 al 617 de la primera pieza.

[3] Ver folios 702 y 703 de la primera pieza.

[4] Se archivan las diligencias (folio 744 Ex´.2346-10875). Tomándose como un juicio fenecido y en calidad de cosa juzgada.

[5]Ver folio 749 de la primera pieza.

[6] Auto que es sujeto a recurso de amparo; ya que da lugar a la resolución de fecha 19 de julio del 2005. Ya que al ser un auto de mero trámite, ordena que se NOTIFIQUE, pero lo referente a Poder ya que el archivo de las diligencias, se tenía por consentido en el auto de fecha 4-12-2003.consediendio de esta manera la apelación solicitada por el Abogado Domingo Galeas, obviando lo establecido en el auto de fecha 4-12-2003. No cabiendo ningún recurso ni ordinario, ni extraordinario por ser un juicio ya fenecido.

[7] Ver folio 711 numeral tercero del escrito, primera pieza.

[8] Ver folio 789 al 791 de la primera pieza.

[9] Ver el dictamen del Ministerio Publico, consta en los folios 61 al 64 (ABSTENCION DE OPINION) de la segunda pieza. De igual forma ver folio 88 al 56 de la segunda pieza. (EMITE DICTAMEN)