Sentencia AA-644-15 — Registro 8692
Resumen
Resolución No. SO-038-2015 resolvió sin lugar recurso de reposición contra Resolución No. SO-019-2014 que declaró con lugar denuncia contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas por considerar que no se aportaron elementos suficientes para dejar sin valor y efecto la resolución recurrida
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional advierte que la recurrente muestra su inconformidad con la Resolución No. SO-038-2015 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en fecha veintiocho de abril del año dos mil quince, que declara sin lugar el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. SO-019-2014 de fecha dieciocho de julio del año dos mil catorce, emitida por el mismo Órgano de acceso a la información pública, que declara con lugar, la denuncia interpuesta por la señora Melissa Magdalena Elvir Chávez, en contra de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por la negación de acceso a información pública solicitada..."..."ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas tanto administrativas como jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al declarar sin lugar el Recurso de Reposición interpuesto en fundamento al artículo 21 de la ley de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al señalar en la parte dispositiva de su resolución “Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada NOLVIA LIZETH ALMENDAREZ FUENTES, en su condición de Apoderada Legal de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) perteneciente al Gabinete Sectorial de Conducción Y Regulación Económica, por no haber aportado elementos suficientes para dejar sin valor y efecto la Resolución Recurrida, ya que, como consta en el presente curso de autos, la mencionada Secretaría de Estado, no hizo entrega de la información solicitada por la Abogada MELISSA MAGDALENA ELVIR CHAVEZ en el plazo establecido en el Artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, siendo que la solicitud de información fue hecha en fecha 22 de Noviembre de 2013 (Folio 03) y la información fue entregada hasta el 26 de Febrero de 2014 (Folio 69)…” –lo resaltado es nuestro..."..."esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetando los derechos que le asisten a la impetrante, como ser derecho de defensa y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Debiendo señalar asimismo que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales...."..."en materia recursiva no debe considerarse una violación a las garantías constitucionales, cuando la respuesta que se obtiene es adversa a la pretensión del recurrente. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NOLVIA LIZETH ALMENDAREZ FUENTES, en su condición de Apoderada Legal de la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, a favor de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, contra la Resolución No. SO-038-2015 emitida en fecha veintiocho de abril del año dos mil quince, por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. SO-019-2014, emitida por el referido Instituto en fecha dieciocho de julio del año dos mil catorce, en relación a la denuncia promovida por la Abogada MELISSA MAGDALENA ELVIR CHÁVEZ, contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. Estima la recurrente que el acto contra el cual se reclama, violenta las garantías del debido proceso y derecho de defensa, establecidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez de enero del año dos mil catorce, compareció ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), la señora MELISSA MAGDALENA ELVIR CHÁVEZ, interponiendo denuncia contra la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, en virtud de que dicha Secretaría de Estado no proporcionó la información solicitada por su persona. (Folio 01 de la pieza de antecedentes) 2) Que seguido el procedimiento, en fecha dieciocho de julio del año dos mil catorce, el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), mediante Resolución No. SO-019-2014, declaró CON LUGAR la denuncia presentada por la señora MELISSA MAGDALENA ELVIR CHÁVEZ. (Folios 38 al 40 de la pieza de antecedentes) 3) Que no conforme con la supra relacionada resolución, la Abogada Nolvia Lizeth Almendarez Fuentes, en su condición de Apoderada legal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, interpuso recurso de reposición en fecha diecinueve de agosto del año dos mil catorce. (Folios del 50 al 52 de la pieza de antecedentes) 4) Conociendo del recurso de reposición presentado por la Abogada NOLVIA LIZETH ALMENDAREZ FUENTES, actuando en su condición antes indicada, el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, mediante Resolución No. SO-038-2015 de fecha veintiocho de abril del año dos mil quince, resolvió: (Sic) “Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada NOLVIA LIZETH ALMENDAREZ FUENTES, en su condición de Apoderada Legal de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) perteneciente al Gabinete Sectorial de Conducción Y Regulación Económica, por no haber aportado elementos suficientes para dejar sin valor y efecto la Resolución Recurrida, ya que, como consta en el presente curso de autos, la mencionada Secretaría de Estado, no hizo entrega de la información solicitada por la Abogada MELISSA MAGDALENA ELVIR CHAVEZ en el plazo establecido en el Artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, siendo que la solicitud de información fue hecha en fecha 22 de Noviembre de 2013 (Folio 03) y la información fue entregada hasta el 26 de Febrero de 2014 (Folio 69). SEGUNDO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa. …” (Folios del 94 al 98fv de la pieza de antecedentes) 5) Que la recurrente Abogada NOLVIA LIZETH ALMENDAREZ FUENTES, compareció ante este Alto Tribunal en fecha uno de julio del año dos mil quince, reclamando amparo a favor de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, contra Resolución No.SO-038-2015 emitida en fecha veintiocho de abril del año dos mil quince, por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA (IAIP), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de las garantías del debido proceso y derecho de defensa, contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. 6) Que la recurrente no formalizó en tiempo y forma su acción constitucional, en consecuencia, esta Sala de lo Constitucional en providencia de fecha cinco de noviembre del año dos mil quince, declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar, no obstante a lo anterior y conforme se desprende del escrito de interposición del recurso de amparo, esta Sala aprecia que la recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual estimó procedente continuar con el trámite de la presente acción, dando vista de los autos al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas a efecto de emitir el Dictamen correspondiente. 7) Que en fecha diecinueve de noviembre del año dos mil quince, se tuvo por emitido en tiempo y forma, el dictamen del Ministerio Publico, por intermedio de la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien fue de la opinión que NO SE OTORGUE, el amparo solicitado, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha diez de enero del año dos mil catorce, fecha en la que compareció ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, la señora MELISSA MAGDALENA ELVIR CHÁVEZ, en su condición personal, interponiendo denuncia por habérsele negado el acceso a la información pública solicitada, en contra de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. CONSIDERANDO (3): Que en fecha uno de julio del año dos mil quince, compareció ante este Alto Tribunal, la Abogada NOLVIA LIZETH ALMENDAREZ FUENTES, interponiendo Acción de Amparo a favor de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, contra la Resolución No.SO-038-2015 de fecha veintiocho de abril del año dos mil quince, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que resuelve el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No.SO-019-2014 de fecha dieciocho de julio del año dos mil catorce, dictada por el mismo Órgano –IAIP-, en la denuncia interpuesta por la señora Melissa Magdalena Elvir Chávez, contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas; resolución que declara sin lugar el Recurso de Reposición interpuesto por la recurrente, contra la Resolución supra relacionada; considera la recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria de las garantías constitucionales, del debido proceso y derecho de defensa, contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que en la interposición de la acción constitucional promovida, la recurrente indica las diligencias que fueron desarrolladas en el curso de la denuncia presentada ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, en contra de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanza por la negación de información pública solicitada por la señora Melissa Magdalena Elvir Chávez. En sustento a su tesis de vulneración del derecho de defensa, la recurrente arguye que tal violación es debido a que ha sido desestimadas las propias manifestaciones de la denunciante, en las que declara que la información solicitada le fue proporcionada a su satisfacción, no obstante lo antes expuesto, el Instituto de Acceso a la Información Pública de manera injusta no atiende lo declarado por la entonces denunciante y declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto. En relación a la violación al debido proceso, sostiene la impetrante en amparo, que en el procedimiento no se han aplicado las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, tal como se preceptúa al final del artículo 90 constitucional, ello en virtud que a su representada la Secretaría de Finanzas, se le violentó el derecho a la sana crítica en el análisis de los medios probatorios, particularmente por el hecho de soslayar sin ninguna fundamentación las declaraciones y manifestaciones que por escrito presentó la propia denunciante acreditando darse por satisfecha en la información recibida y que se dejara sin valor ni efecto dicha resolución, por estar conforme con la documentación entregada el día 26 de febrero del 2014 y en consecuencia que se declare por concluida la denuncia interpuesta. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que la recurrente muestra su inconformidad con la Resolución No. SO-038-2015 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en fecha veintiocho de abril del año dos mil quince, que declara sin lugar el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. SO-019-2014 de fecha dieciocho de julio del año dos mil catorce, emitida por el mismo Órgano de acceso a la información pública, que declara con lugar, la denuncia interpuesta por la señora Melissa Magdalena Elvir Chávez, en contra de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por la negación de acceso a información pública solicitada. (Folios 1, del 38 al 40fv y del 94 al 98fv de la pieza de antecedentes) CONSIDERANDO (6): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual la recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional y de observancia obligatoria en respeto al debido proceso y principio de legalidad lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a saber: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información publica para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.”. en ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 4) de la ley relacionada establece: “Instituciones obligadas: a)El Poder Legislativo, el Poder judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier titulo reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos;…”. De la lectura de los relacionados preceptos, se deduce que toda persona tiene el derecho a acceso a la información pública, para consolidar la democracia de los Estados de Derecho; derecho que se rige por el principio de máxima divulgación de la información desarrollado en estándares internacionales, con el propósito precisamente de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de las entidades que administran fondos públicos. CONSIDERANDO (7): Que El Principio de Máxima Divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”[1] de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”[2]. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación[3]. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”[4]. CONSIDERANDO (8): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas tanto administrativas como jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al declarar sin lugar el Recurso de Reposición interpuesto en fundamento al artículo 21 de la ley de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al señalar en la parte dispositiva de su resolución “Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada NOLVIA LIZETH ALMENDAREZ FUENTES, en su condición de Apoderada Legal de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) perteneciente al Gabinete Sectorial de Conducción Y Regulación Económica, por no haber aportado elementos suficientes para dejar sin valor y efecto la Resolución Recurrida, ya que, como consta en el presente curso de autos, la mencionada Secretaría de Estado, no hizo entrega de la información solicitada por la Abogada MELISSA MAGDALENA ELVIR CHAVEZ en el plazo establecido en el Artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, siendo que la solicitud de información fue hecha en fecha 22 de Noviembre de 2013 (Folio 03) y la información fue entregada hasta el 26 de Febrero de 2014 (Folio 69)…” –lo resaltado es nuestro-. CONSIDERANDO (10): Que la autoridad recurrida fundamenta su fallo en el hecho que la información no fue brindada en el plazo que determina el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a letra establece: “FUNDAMENTACIÓN Y TÉRMINO PARA RESOLVER. Presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma.” CONSIDERANDO (11): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetando los derechos que le asisten a la impetrante, como ser derecho de defensa y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Debiendo señalar asimismo que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (12): Que aunado a ello, en materia recursiva no debe considerarse una violación a las garantías constitucionales, cuando la respuesta que se obtiene es adversa a la pretensión del recurrente. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3.4, y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por la Abogada NOLVIA LIZETH ALMENDAREZ FUENTES, a favor de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, contra la Resolución No.SO-038-2015 de fecha veintiocho de abril del año dos mil quince, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-0644-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 92. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
[2] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf
[3] CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros. Transcritos en: Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 58 c).
[4] Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 1. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXII-O-08_esp.pdf