Sentencia AA-623-17 — Registro 8689
Resumen
Actuaciones de Autoridad recurrida aprobaron el artículo 335-B del Código Penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala advierte entonces que darle entrada a esta particular solicitud podría vulnerar a la separación entre el Poder Legislativo y el Judicial, adicional a lo último, también se deben de observar los requisitos que ya legalmente se han desarrollado para observar si la acción intentada cumple con los requisitos y presupuestos procesales, como el caso de verificar que no se tengan expeditos recursos o acciones legales, así como cuando se aleguen violaciones de mera legalidad..."..."esta Sala ha sido del criterio, aplicando la causal de inadmisibilidad contemplada en los numerales 1) y 8) del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a que los quejosos realicen alegaciones de mera legalidad, en vista que se busca la impugnación de un acto administrativo-legislativo instrumental y al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, por lo que procede declarar inadmisible el recurso de mérito..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 8 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSE ANTONIO AVILA, en su condición de representante legal de la Barra de Abogados Hondureños Anticorrupción, contra actuaciones del Congreso Nacional, relacionadas a la aprobación del articulo 335-B del Código Penal, alegando que no se tomó en cuenta la iniciativa de ley de la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual considera que su aprobación está viciada de nulidad. CONSIDERANDO (1): Que esta Sala ha sostenido reiteradamente que conforme a la Constitución de la República y a la Ley Sobre Justicia Constitucional, que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, además el Estado de Honduras reconoce la garantía de Amparo, con el objeto de que se mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías enmarcados en los controles de constitucionalidad y convencionalidad. CONSIDERANDO (2): Que las garantías de Amparo e Inconstitucionalidad, tienen fundamentos, motivaciones, requisitos y resultados diferentes. Procediendo la acción de Amparo contra las resoluciones, actos, hechos, ordenes o mandatos de cualquiera de los Poderes del Estado; mientras que la acción de inconstitucionalidad procede contra las leyes y normas de carácter general, contra las reformas constitucionales, contra los actos de aprobación de un tratado internacional cuando no se siga el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Constitución y contra las leyes ordinarias que contraríen lo dispuestos en un Tratado o Convención Internacional de la que Honduras forme parte.CONSIDERANDO (3): Que el proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes tiene distintas etapa, desde los diversos actores que poseen iniciativa de ley, como pueden ser los diputados o la iniciativa ciudadana, hasta diferencias en los efectos de la sanción que realiza la presidencia de la República, pudiendo sancionar y promulgar como ley, o bien casos en los que se puede fundar un veto alegando la inconstitucionalidad del proyecto de ley. El Acto de creación de Ley se perfecciona con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, antes de ello, las demás etapas del proceso se observan como actos instrumentales legislativo. CONSIDERANDO (4): Que sin entrar a determinar si procede o no Amparo contra esos actos legislativos, teniendo claro que esta Sala se reserva la justiciabilidad de todos los actos de los Poderes del Estado, en Honduras, como Estado Constitucional y democrático, se observa la independencia y complementariedad de los Poderes del Estado, sin relación de subordinación entre ellos, además se tiene presente la separación que debe de privar entre los poderes, por lo que los constituyentes investidos por delegación del titular de la soberanía, el pueblo hondureño, por el cual se ejerce todos los poderes del Estado, determinó darle un control previo de constitucionalidad (la cual no obsta para un a posteriori) a la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, cuando se de un veto presidencial por razones de una supuesta inconstitucionalidad del decreto aprobado (artículo 216 constitucional) y en el caso del artículo 219 constitucional, cuando la Corte Suprema de Justicia en pleno deba de dar una opinión sobre un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de dicho poder del Estado. CONSIDERANDO (5): Que esta Sala advierte entonces que darle entrada a esta particular solicitud podría vulnerar a la separación entre el Poder Legislativo y el Judicial, adicional a lo último, también se deben de observar los requisitos que ya legalmente se han desarrollado para observar si la acción intentada cumple con los requisitos y presupuestos procesales, como el caso de verificar que no se tengan expeditos recursos o acciones legales, así como cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando la causal de inadmisibilidad contemplada en los numerales 1) y 8) del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a que los quejosos realicen alegaciones de mera legalidad, en vista que se busca la impugnación de un acto administrativo-legislativo instrumental y al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, por lo que procede declarar inadmisible el recurso de mérito. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 2, 4, 80, 183, 189, 199, 213, 216, 219, 221, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 4, 9, 41, 46, 74, 76, 79, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y; artículos 1, 10, 47, 52, 61, 73, 74, 75, y 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. RESUELVE: Declarar Inadmisible el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSE ANTONIO AVILA, por ser alegaciones de mera legalidad y no reunir el requisito de definitividad que dé lugar a la procedencia del mismo, al tener expeditas acciones y recursos legales contra el acto concreto reclamado en amparo, recursos que han sido detallados en el considerando (4) de esta resolución. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. ABOGADO JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, FIRMA Y SELLO CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del distrito central, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, certificación de la resolución de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil diecisiete recaída en el recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0623=2017.FIRMA Y SELLO
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la resolución que literalmente dice:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSE ANTONIO AVILA, en su condición de representante legal de la Barra de Abogados Hondureños Anticorrupción, contra actuaciones del Congreso Nacional, relacionadas a la aprobación del articulo 335-B del Código Penal, alegando que no se tomó en cuenta la iniciativa de ley de la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual considera que su aprobación está viciada de nulidad. CONSIDERANDO (1): Que esta Sala ha sostenido reiteradamente que conforme a la Constitución de la República y a la Ley Sobre Justicia Constitucional, que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, además el Estado de Honduras reconoce la garantía de Amparo, con el objeto de que se mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías enmarcados en los controles de constitucionalidad y convencionalidad. CONSIDERANDO (2): Que las garantías de Amparo e Inconstitucionalidad, tienen fundamentos, motivaciones, requisitos y resultados diferentes. Procediendo la acción de Amparo contra las resoluciones, actos, hechos, ordenes o mandatos de cualquiera de los Poderes del Estado; mientras que la acción de inconstitucionalidad procede contra las leyes y normas de carácter general, contra las reformas constitucionales, contra los actos de aprobación de un tratado internacional cuando no se siga el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Constitución y contra las leyes ordinarias que contraríen lo dispuestos en un Tratado o Convención Internacional de la que Honduras forme parte.CONSIDERANDO (3): Que el proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes tiene distintas etapa, desde los diversos actores que poseen iniciativa de ley, como pueden ser los diputados o la iniciativa ciudadana, hasta diferencias en los efectos de la sanción que realiza la presidencia de la República, pudiendo sancionar y promulgar como ley, o bien casos en los que se puede fundar un veto alegando la inconstitucionalidad del proyecto de ley. El Acto de creación de Ley se perfecciona con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, antes de ello, las demás etapas del proceso se observan como actos instrumentales legislativo. CONSIDERANDO (4): Que sin entrar a determinar si procede o no Amparo contra esos actos legislativos, teniendo claro que esta Sala se reserva la justiciabilidad de todos los actos de los Poderes del Estado, en Honduras, como Estado Constitucional y democrático, se observa la independencia y complementariedad de los Poderes del Estado, sin relación de subordinación entre ellos, además se tiene presente la separación que debe de privar entre los poderes, por lo que los constituyentes investidos por delegación del titular de la soberanía, el pueblo hondureño, por el cual se ejerce todos los poderes del Estado, determinó darle un control previo de constitucionalidad (la cual no obsta para un a posteriori) a la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, cuando se de un veto presidencial por razones de una supuesta inconstitucionalidad del decreto aprobado (artículo 216 constitucional) y en el caso del artículo 219 constitucional, cuando la Corte Suprema de Justicia en pleno deba de dar una opinión sobre un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de dicho poder del Estado. CONSIDERANDO (5): Que esta Sala advierte entonces que darle entrada a esta particular solicitud podría vulnerar a la separación entre el Poder Legislativo y el Judicial, adicional a lo último, también se deben de observar los requisitos que ya legalmente se han desarrollado para observar si la acción intentada cumple con los requisitos y presupuestos procesales, como el caso de verificar que no se tengan expeditos recursos o acciones legales, así como cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando la causal de inadmisibilidad contemplada en los numerales 1) y 8) del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a que los quejosos realicen alegaciones de mera legalidad, en vista que se busca la impugnación de un acto administrativo-legislativo instrumental y al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, por lo que procede declarar inadmisible el recurso de mérito. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 2, 4, 80, 183, 189, 199, 213, 216, 219, 221, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 4, 9, 41, 46, 74, 76, 79, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y; artículos 1, 10, 47, 52, 61, 73, 74, 75, y 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. RESUELVE: Declarar Inadmisible el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSE ANTONIO AVILA, por ser alegaciones de mera legalidad y no reunir el requisito de definitividad que dé lugar a la procedencia del mismo, al tener expeditas acciones y recursos legales contra el acto concreto reclamado en amparo, recursos que han sido detallados en el considerando (4) de esta resolución. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. ABOGADO JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, FIRMA Y SELLO CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del distrito central, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, certificación de la resolución de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil diecisiete recaída en el recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0623=2017.
_________________________________
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
C E R T I I F C A C I O N
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la resolución que literalmente dice:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSE ANTONIO AVILA, en su condición de representante legal de la Barra de Abogados Hondureños Anticorrupción, contra actuaciones del Congreso Nacional, relacionadas a la aprobación del articulo 335-B del Código Penal, alegando que no se tomó en cuenta la iniciativa de ley de la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual considera que su aprobación está viciada de nulidad. CONSIDERANDO (1): Que esta Sala ha sostenido reiteradamente que conforme a la Constitución de la República y a la Ley Sobre Justicia Constitucional, que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, además el Estado de Honduras reconoce la garantía de Amparo, con el objeto de que se mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías enmarcados en los controles de constitucionalidad y convencionalidad. CONSIDERANDO (2): Que las garantías de Amparo e Inconstitucionalidad, tienen fundamentos, motivaciones, requisitos y resultados diferentes. Procediendo la acción de Amparo contra las resoluciones, actos, hechos, ordenes o mandatos de cualquiera de los Poderes del Estado; mientras que la acción de inconstitucionalidad procede contra las leyes y normas de carácter general, contra las reformas constitucionales, contra los actos de aprobación de un tratado internacional cuando no se siga el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Constitución y contra las leyes ordinarias que contraríen lo dispuestos en un Tratado o Convención Internacional de la que Honduras forme parte.CONSIDERANDO (3): Que el proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes tiene distintas etapa, desde los diversos actores que poseen iniciativa de ley, como pueden ser los diputados o la iniciativa ciudadana, hasta diferencias en los efectos de la sanción que realiza la presidencia de la República, pudiendo sancionar y promulgar como ley, o bien casos en los que se puede fundar un veto alegando la inconstitucionalidad del proyecto de ley. El Acto de creación de Ley se perfecciona con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, antes de ello, las demás etapas del proceso se observan como actos instrumentales legislativo. CONSIDERANDO (4): Que sin entrar a determinar si procede o no Amparo contra esos actos legislativos, teniendo claro que esta Sala se reserva la justiciabilidad de todos los actos de los Poderes del Estado, en Honduras, como Estado Constitucional y democrático, se observa la independencia y complementariedad de los Poderes del Estado, sin relación de subordinación entre ellos, además se tiene presente la separación que debe de privar entre los poderes, por lo que los constituyentes investidos por delegación del titular de la soberanía, el pueblo hondureño, por el cual se ejerce todos los poderes del Estado, determinó darle un control previo de constitucionalidad (la cual no obsta para un a posteriori) a la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, cuando se de un veto presidencial por razones de una supuesta inconstitucionalidad del decreto aprobado (artículo 216 constitucional) y en el caso del artículo 219 constitucional, cuando la Corte Suprema de Justicia en pleno deba de dar una opinión sobre un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de dicho poder del Estado. CONSIDERANDO (5): Que esta Sala advierte entonces que darle entrada a esta particular solicitud podría vulnerar a la separación entre el Poder Legislativo y el Judicial, adicional a lo último, también se deben de observar los requisitos que ya legalmente se han desarrollado para observar si la acción intentada cumple con los requisitos y presupuestos procesales, como el caso de verificar que no se tengan expeditos recursos o acciones legales, así como cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando la causal de inadmisibilidad contemplada en los numerales 1) y 8) del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a que los quejosos realicen alegaciones de mera legalidad, en vista que se busca la impugnación de un acto administrativo-legislativo instrumental y al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, por lo que procede declarar inadmisible el recurso de mérito. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 2, 4, 80, 183, 189, 199, 213, 216, 219, 221, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 4, 9, 41, 46, 74, 76, 79, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y; artículos 1, 10, 47, 52, 61, 73, 74, 75, y 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. RESUELVE: Declarar Inadmisible el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSE ANTONIO AVILA, por ser alegaciones de mera legalidad y no reunir el requisito de definitividad que dé lugar a la procedencia del mismo, al tener expeditas acciones y recursos legales contra el acto concreto reclamado en amparo, recursos que han sido detallados en el considerando (4) de esta resolución. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. ABOGADO JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, FIRMA Y SELLO CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Y a solicitud del Abogado JOSE ANTONIO AVILA, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del distrito central, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, certificación de la resolución de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil diecisiete recaída en el recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0623=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL