Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-62-15 — Registro 10421

Resumen

Suspensión Parcial de Contratos individuales de trabajo por el termino de 120 días consecutivos, la que fue efectiva a partir del tres de enero de dos mil quince, hasta el 02 mayo de dos mil quince, debiendo reincorporarse a su labores el día lunes cuatro de mayo, dicha resolución fue emitida en base la empresa estatal se encontraba sumergida en una crisis financiera y operativa, razón por la cual su actual administración realizó los estudios financieros y administrativos permitentes.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que esta Sala de lo Constitucional luego del estudio de los antecedentes, advierte la consumación de modo irreparable del hecho, que el recurrente impugnó en su momento, suspensión que posteriormente fue ratificada dando por terminada la relación laboral entre las partes, el acto se consumó de manera irreparable al haber trascendido la sola suspensión provisional a la destitución del recurrente, acto que deberá dilucidarse por la vía judicial respectiva, quedando expedita la misma a fin de obtener una sentencia conforme a derecho, Artículo 46 No.5 de la ley sobre Justicia Constitucional. En consecuencia y, tal como lo dispone el artículo 46 último párrafo, de la misma Ley, que establece:” EL Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de junio del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado FREDIN FUNEZ, ERASTO REYES y OSCAR CRUZ a favor de los señores JUAN CARLOS RAMOS VALERIANO, KELLY FAVIOLA POSAS RIVERA, DEYSI YESSENIA COLINDRES FLORES, CARMEN ELIZABETH MALDONADO NUÑEZ, SANDRA JEANNETE RODRÍGUEZ LOPEZ, JORGE ANTONIO SIERRA HERNANDEZ, CAROLINA GRISELDA GOMEZ CARCAMO, JOSE FRANCISCO SANCHEZ, HECTOR ORLANDO MARTINEZ MEDINA, RICARDO ALFREDO SANCHEZ IZAGUIRRE, REINA ISABEL SILVA ROSALES, DAVID EDGARDO FLORES LAGOS, EDWIN RINIERI TORRES RODRIGUEZ, JOSE DE LA CRUZ ROMERO BUESO, SANTOS BENITO RAMOS REYES, OLGA MARINA QUIROZ, CARLOS HUMBERTO MARTINEZ VELASQUEZ, MONICA MARIA ALVAREZ HERNANDEZ, PEDRO VELASQUEZ RODRIGUEZ, AIDA MARGARITA LOPEZ FONSECA, DANIEL OSMIN OCHOA SUAZO, RIGOBERTO CRUZ, MARCO ANTONIO DIAZ ZAPATA, DENIZ ROLANDO ALVARENGA BARRIENTOS, ELIVALDO NIETO ESPINAL, DENIS ORLANDO RODRIGUEZ RAMIREZ, ANGEL JAVIER VARELA RUBI, JORGE RAMON MURILLO ZUNIGA, JOSE INES COLINDRES COLINDRES, DENISIA YASMIN MENDOZA SOSA, RODOLFO SOLORZANO RAMIREZ, ELY JECSAN FLORES ANDRADE, JENSSY MARGOTH ZELAYA MENDOZA y LUIS HERNAN GARMENDIA MURILLO, relacionadas según el recurrente a las notificaciones de suspensión de contratos individuales de trabajo realizadas por el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), en perjuicio de los señores (as) JUAN CARLOS VALERIANO RAMOS, KELLY FABIOLA POSAS RIVERA, DEYSI YESSENIA COLINDRES FLORES Y OTROS TRABAJADORES DEL SANAA.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dos de enero de dos mil quince, el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) procedió en legal y debida forma a notificar a los señores JUAN CARLOS RAMOS VALERIANO, KELLY FAVIOLA POSAS RIVERA, DEYSI YESSENIA COLINDRES FLORES, CARMEN ELIZABETH MALDONADO NUÑEZ, SANDRA JEANNETE RODRÍGUEZ LOPEZ, JORGE ANTONIO SIERRA HERNANDEZ, CAROLINA GRISELDA GOMEZ CARCAMO, JOSE FRANCISCO SANCHEZ, HECTOR ORLANDO MARTINEZ MEDINA, RICARDO ALFREDO SANCHEZ IZAGUIRRE, REINA ISABEL SILVA ROSALES, DAVID EDGARDO FLORES LAGOS, EDWIN RINIERI TORRES RODRIGUEZ, JOSE DE LA CRUZ ROMERO BUESO, SANTOS BENITO RAMOS REYES, OLGA MARINA QUIROZ, CARLOS HUMBERTO MARTINEZ VELASQUEZ, MONICA MARIA ALVAREZ HERNANDEZ, PEDRO VELASQUEZ RODRIGUEZ, AIDA MARGARITA LOPEZ FONSECA, DANIEL OSMIN OCHOA SUAZO, RIGOBERTO CRUZ, MARCO ANTONIO DIAZ ZAPATA, DENIZ ROLANDO ALVARENGA BARRIENTOS, ELIVALDO NIETO ESPINAL, DENIS ORLANDO RODRIGUEZ RAMIREZ, ANGEL JAVIER VARELA RUBI, JORGE RAMON MURILLO ZUNIGA, JOSE INES COLINDRES COLINDRES, DENISIA YASMIN MENDOZA SOSA, RODOLFO SOLORZANO RAMIREZ, ELY JECSAN FLORES ANDRADE, JENSSY MARGOTH ZELAYA MENDOZA y LUIS HERNAN GARMENDIA MURILLO, la Suspensión Parcial de sus Contratos individuales de trabajo por el termino de 120 días consecutivos, la que fue efectiva a partir del tres de enero de dos mil quince, hasta el 02 mayo de dos mil quince, debiendo reincorporarse a su labores el día lunes cuatro de mayo, dicha resolución fue emitida en base la empresa estatal se encontraba sumergida en una crisis financiera y operativa, razón por la cual su actual administración realizó los estudios financieros y administrativos permitentes. (Folios 13 al 47 del recurso de amparo).- 2) Que en fecha veintiocho de enero de dos mil quince, los Abogados FREDIN FUNEZ, ERASTO REYES Y OSCAR CRUZ, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional interponiendo recurso de amparo a favor de los señores JUAN CARLOS RAMOS VALERIANO, KELLY FAVIOLA POSAS RIVERA, DEYSI YESSENIA COLINDRES FLORES, CARMEN ELIZABETH MALDONADO NUÑEZ, SANDRA JEANNETE RODRÍGUEZ LOPEZ, JORGE ANTONIO SIERRA HERNANDEZ, CAROLINA GRISELDA GOMEZ CARCAMO, JOSE FRANCISCO SANCHEZ, HECTOR ORLANDO MARTINEZ MEDINA, RICARDO ALFREDO SANCHEZ IZAGUIRRE, REINA ISABEL SILVA ROSALES, DAVID EDGARDO FLORES LAGOS, EDWIN RINIERI TORRES RODRIGUEZ, JOSE DE LA CRUZ ROMERO BUESO, SANTOS BENITO RAMOS REYES, OLGA MARINA QUIROZ, CARLOS HUMBERTO MARTINEZ VELASQUEZ, MONICA MARIA ALVAREZ HERNANDEZ, PEDRO VELASQUEZ RODRIGUEZ, AIDA MARGARITA LOPEZ FONSECA, DANIEL OSMIN OCHOA SUAZO, RIGOBERTO CRUZ, MARCO ANTONIO DIAZ ZAPATA, DENIZ ROLANDO ALVARENGA BARRIENTOS, ELIVALDO NIETO ESPINAL, DENIS ORLANDO RODRIGUEZ RAMIREZ, ANGEL JAVIER VARELA RUBI, JORGE RAMON MURILLO ZUNIGA, JOSE INES COLINDRES COLINDRES, DENISIA YASMIN MENDOZA SOSA, RODOLFO SOLORZANO RAMIREZ, ELY JECSAN FLORES ANDRADE, JENSSY MARGOTH ZELAYA MENDOZA y LUIS HERNAN GARMENDIA MURILLO, contra el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), relacionadas según el recurrente a las notificaciones de suspensión de contratos individuales de trabajo realizadas por el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) a sus representados, de conformidad a lo estipulado en el artículo 100 del Código del Trabajo, considerando los recurrentes que con dichas actuaciones se han violado los artículo 82, 90 y 127 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 12 de la pieza de amparo).- 3) Que en fecha seis de febrero de dos mil quince, la Sala admitió el recurso de mérito, librando comunicación a la autoridad recurrida, para que emitiera un informe circunstanciado o los antecedentes del caso.- 4) Que en fecha veinte de febrero de dos mil quince, la autoridad recurrida rindió el informe correspondiente, siendo ampliado el mismo en fecha seis de agosto de dos mil quince, consignando en otros lo siguiente: a) Que en fecha dos enero de dos mil quince, el SANAA, procedió a notificar a 210 empleados la decisión de suspender parcialmente los contratos individuales de trabajo por el termino de 120 días, en base al artículo 100 numeral 5 del Código de Trabajo. b) Que el SANAA, ha venido arrastrando desde hace varios años una compleja situación económica, resultando que la empresa se encuentra sumergida en una crisis económica y operativa. c) Que la institución cuenta con un presupuesto general de ingresos cuya fuente de financiamiento es primordialmente su propia facturación y recaudación a través de fondos nacionales, donaciones de cooperación internacional. En virtud de ello exponen que la empresa ha venido contando con un número desproporcionado de empleados en relación a su financiamiento. d) El SANAA ha venido contando con un total de 2,425 empleados, de los cuales 2,000 están concentrados en el Distrito Central, lo que representa una plantilla de L.37,318,372.00, por lo que la empresa necesitó en 2014 más de 6 millones de lempiras para cubrir el gasto corriente de sueldos y salarios, teniendo que recurrir a otras fuentes de financiamiento para hacer frente a esos compromisos, no pudiéndose pagar el décimo tercer mes ya que al 10 de diciembre de 2014, no se había recaudado lo necesario para ello. e) Que en fecha siete de enero de dos mil quince, el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, actuando en su condición de Apoderado Legal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, presentó escrito ante la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, en cual solicita “Se tenga comprobadas las causas de Suspensión parcial de los Contratos Individuales de Trabajo por 120 días consecutivos, notificada a 210 empleados del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), y consecuentemente se autorice tal suspensión”; por lo que la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social hizo Constar que según Registro No. SG-SUSP/CONT-001-2015 del Libro de Registro de Entradas de Solicitudes, se presentó la Solicitud antes indicada y que la misma se encontraba en trámite, y que a la fecha de presentación del informe, estaba etapa de evacuación del término probatorio, como consecuencia de una serie de oposiciones presentadas en su oportunidad por varios trabajadores y por lo tanto no se había emitido resolución alguna. (Folios 60 al 68, 98 y 155 al 157 del recurso de amparo).- 5) Que en fecha diez de junio de dos mil quince, esta Sala tiene por formalizado en tiempo y forma el recurso de merito, ordenando dar vista de los autos al Fiscal del Despacho.- 6) Que con fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, la Sala tuvo por evacuada y emitido el dictamen de la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien fue de la opinión que SE OTORGU la acción de amparo interpuesta.- CONSIDERANDO (1). Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Sea la vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación del Estado o con su aquiescencia.- CONSIDERANDO (2): Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente en la formalización de la Acción de amparo considera que los actos que perjudican a sus representados se traducen en una aplicación indebida de normas ajenas a la Administración Pública, con flagrante abuso de autoridad vulnerando el Principio de Legalidad establecido en la Constitución en sus artículos 321, 322, 323 y 324. Que los alegatos del censor expuestos al formalizar la presente garantía constitucional de amparo, se resumen de la siguiente manera: 1. que los contratos individuales de trabajo regulados en el Capitulo VII del Título II del Código del Trabajo, constituyen una figura jurídica concebida por el legislador para que opere en las relaciones obrero patronales, partiendo principalmente de la naturaleza propia de la empresa privada, que manejadas en el ámbito del derecho mercantil, pueden eventualmente por decisiones administrativas mal concebidas por parte de sus propietarios o por condiciones defectuosas del mercado en que se manejen, caer en situaciones que los obliguen, tal como lo prevé la legislación laboral, en circunstancias de suspender total o parcialmente los contratos individuales de trabajo, o e incluso llegar a la quiebra o a la suspensión de pagos; eventualidades estas que en ninguna circunstancia puede recaer en los órganos de la administración pública y mucho menos en los órganos estatales de servicios públicos creadas sin fines de lucro, pues estás empresas, así cono la administración pública en general la cual en el marco de lo que señala el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, no fueron creadas para ser reguladas por el mismo código, sino por las leyes del Servicio Civil que se expidan, por consiguiente esta figura de la suspensión de contratos individuales de trabajo no fue concebida en el código de Trabajo de 1959 para ser aplicada en la forma que hoy desnaturalizadamente se pretende aplicar a los órganos del Estado. 2.- Señalando que la suspensión de los contratos individuales de trabajo del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y alcantarillados son ilegales y acarrean incluso responsabilidad penal para su ejecutor.- CONSIDERANDO (4): Que la empresa Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, mediante oficio número GG_112-2015 recibido por la Sala de lo Constitucional en fecha veinte de febrero del dos mil quince señala: que “El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), es una empresa de Derecho Público, creada mediante el Decreto 91 emitido el 26 de abril de 1961, como un organismo autónomo de servicio público, con personería, capacidad jurídica y patrimonio propios, de duración indefinida, regida por su ley de creación, sus reglamentos, y en lo que no estuviere previsto, por las demás leyes del país que le sean aplicables.” Señala además que dentro de sus objetivos se identifica el que concierne a la población en general y es que dicha empresa de servicio público es la encargada de promover el desarrollo de los abastecimientos públicos de agua potable y alcantarillados sanitarios y pluviales de todo el país…. En el párrafo segundo manifiesta que “para hacer frente a estos objetivos la institución cuenta con un Presupuesto General de Ingresos y Egresos cuya fuente de financiamiento es primordialmente su propia facturación y recaudación… En virtud de lo anterior, es preciso exponer que la empresa ha venido contando con un número desproporcionado de empleados en relación a su fuente de financiamiento presupuestario, ya que los montos que suman las erogaciones de servicios profesionales de forma anual superan la facturación y recaudación total de la empresa, encontrando ahí su trascendental fuente de déficit y perdidas que en suma constituyen las razones esenciales de la crítica situación financiera en que se encuentra…”. 2. Que en fecha dos de enero de dos mil quince, la Empresa de Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, procedió a notificar a 34 de sus empleados, la decisión de suspender por un término de ciento veinte días el contrato individual de trabajo, suspensión que se materializo a partir del tres de enero de dos mil quince hasta el dos de mayo de dos mil quince, decisión tomada con fundamento en el artículo 100 numerales 4, 5 y 15 del Código del Trabajo, asimismo consigno en dicha notificación que la misma se fundamenta en los artículos 101 y 102 y demás aplicables al Código del Trabajo. 3.La Empresa Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, manifiesta que la medida fue tomada debido a la grave crisis económica en la que se encuentra inmerso y a las serias dificultades presupuestarias y financieras que la empresa ha venido atravesando; no obstante una vez transcurrido el término de la referida suspensión aun persisten las circunstancias que dieron lugar a la misma, encontrándonos en condiciones de mayor complejidad, en vista de la imposibilidad de revertir la deficitaria recaudación de ingresos por la vía de la facturación y la consecuente falta de fondos con los cuales proseguir normalmente los trabajos, lo que a su vez genera la grave iliquidez con que el SANAA ha venido operando; b) Que conforme a lo descrito en los incisos anteriores, dada la persistencia de las condiciones y causales que dieron lugar a la suspensión de su Contrato individual de trabajo, no es posible reanudado las labores en la forma en que se había previsto y por consiguiente reincorporarle a su puesto de trabajo, en consecuencia nos vemos en la obligación de tomar la determinación de dar por terminado su contrato de trabajo en virtud de lo cual el SANAA está en la disposición de reconocerle el importe de las prestaciones e indemnizaciones laborales que conforme a ley correspondan, de acuerdo a las posibilidades económicas que la institución vaya teniendo, una vez que usted haya presentado la documentación requerida para tal fin.- CONSIDERANDO(5): Que esta Sala de lo Constitucional luego del estudio de los antecedentes, advierte la consumación de modo irreparable del hecho, que el recurrente impugnó en su momento, suspensión que posteriormente fue ratificada dando por terminada la relación laboral entre las partes, el acto se consumó de manera irreparable al haber trascendido la sola suspensión provisional a la destitución del recurrente, acto que deberá dilucidarse por la vía judicial respectiva, quedando expedita la misma a fin de obtener una sentencia conforme a derecho, Artículo 46 No.5 de la ley sobre Justicia Constitucional. En consecuencia y, tal como lo dispone el artículo 46 último párrafo, de la misma Ley, que establece:” EL Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 5, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEE las diligencias que contienen el Recurso de amparo del que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0062-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2]

Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”