Sentencia AA-575-15 — Registro 9586
Resumen
Se denegó la acción de amparo contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en relación a las defensas previas, manifestando el recurrente que con el acto reclamado se violentan los derechos y garantías constitucionales estipuladas en los artículos 82, y 293 párrafo segundo de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de las causas invocadas por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes enjuicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta.´´
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de junio del dos mil diecisiete.-VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de fecha cuatro (4) de junio de dos mil catorce (2014), que denegó la acción de amparo interpuesta por la Abogada BELIA EDISSA PACHECO CRUZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil quince (2015), en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por el señor ROSENDO CONTRERAS CARRILLO contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD. Manifestando el recurrente que con el acto reclamado se violentan los derechos y garantías constitucionales estipuladas en los artículos 82, y 293 párrafo segundo de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán el señor ROSENDO CONTRERAS CARRILLO, promoviendo demanda contencioso administrativa en materia personal para la declaración de no ser conforme a derecho y la anulación de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada consistente en el Acuerdo No. 605-2014 de fecha siete de abril de dos mil catorce, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, mediante el cual se le cancela su acuerdo de nombramiento, en evidente infracción al ordenamiento jurídico y violatorio de las garantías constitucionales del derecho de defensa y del debido proceso, demanda que promueve contra el Estado de Honduras por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.-2) Que en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República y por ende Representante Legal del Estado de Honduras, alegando la cuestión incidental de defensas previas, por considerar que la demanda tiene por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa, por ser un acto que se dicta en virtud de una ley que expresamente les excluye de la vía contencioso administrativa y por haberse interpuesto por persona no legitimada. (Folios 1 al 3v de la Pieza Separada de Defensas Previas).-3) Que en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil quince (2015), el referido Juzgado, dictó resolución mediante la cual desestimó las defensas previas alegadas por el Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. (Folios 10 al 13 de la segunda pieza de los antecedentes (Pieza Separada de Defensas Previas).-4) Que en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil quince (2015), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Abogada BELIA EDISSA PACHECO CRUZ, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por considerar que la misma es violatoria de las garantías y derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 293 párrafo segundo de la Constitución de la República. (Folios 1 al 6 y 36v de la tercera pieza de los antecedentes).-5) Que seguido el tramite establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, en fecha cuatro (4) de junio del año dos mil catorce (2014), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, falló denegando el recurso de amparo interpuesto. (Folios 44 al 36 de la tercera pieza de antecedentes).-6) Que en fecha dieciséis (16) de junio de dos mil quince (2015), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha cuatro de junio del año dos mil catorce, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada BELIA EDISSA PACHECO CRUZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, que Deniega el recurso de amparo interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la misma Sección Judicial, sobre las defensas previas planteadas por la recurrente, en relación a la demanda promovida por el señor ROSENDO CONTRERAS CARILLO, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD.-CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en la sentencia venida en consulta a folios cuarenta y cuatro (44) vuelto y cuarenta y cinco (45) frente, establece las tres causas de inadmisibilidad alegadas por la recurrente a saber: 1) “Que la demanda se hubiera interpuesto fuera de los plazos establecidos por la ley; señalando que al demandado se le notificó en fecha 14 de mayo del 2014, mediante cédula fijada en la tabla de avisos el acuerdo de cancelación 605-14, y él interpuso la demanda hasta el 24 de julio del 2014, habiendo transcurrido más de 29 días desde que se le notificó el acuerdo al demandante, además invoca el artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la declamatoria de inadmisibilidad de la demanda por expiración del plazo para interponerla. Como segunda causa de inadmisibilidad señala: La “que tuviere como objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contencioso Administrativo respecto de los actos firmes lo anterior establecido en el artículo 31 de Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, misma que establece que no se admitirá la acción Contencioso Administrativo de los actos firmes por lo que el demandante al no comparecer al interponer su pretensión contenciosa dentro de los plazos establecidos en la ley, en este caso de 15 días el acto administrativo que lo constituye el acuerdo de cancelación 605-2014 de fecha 7 de abril de ese mismo año adquirió su carácter de firme por no haber interpuesto su acción en tiempo y forma por ende no es susceptible de impugnación ante esta jurisdicción. La tercera causa de inadmisibilidad señala “que se hubiere interpuesto por persona no legitimada tal como lo establece el artículo 80 literal B de Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem deja establecido que la demanda fue presentada dentro del término de 15 días que señala la ley, señala que a folio diez de la pieza principal existe una cédula de notificación, que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece: “En la notificación se expresará si el acto no pusiere fin a la vía administrativa, los recursos que contra el mismo procedan, el órgano competente para resolver y el plazo para interponerlos”, lo que vuelve dicha notificación defectuosa, razón por la que el A-Quo estima que siendo que se encuentra a folio 97 de la pieza principal, la entrega del acto de cancelación al demandante por parte del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Seguridad el 09 de junio del 2014, se toma como válida esa fecha para entender que ha sido notificado, por lo que es a partir del día siguiente en que comienza a correr el término de quince días (las negritas y subrayado es nuestro), que le confiere la ley para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de lo que se hace evidente que el plazo caduca el 30 de junio del 2014, y la demanda fue presentada el 24 de junio del 2014. Considerando el ad quem, que no concurren las causas de inadmisibilidad alegadas por la recurrente, las que se encuentran vinculadas a la fecha en que se presentó la demanda por lo que no resulta procedente tachar de consentido y firme el acto impugnado, por lo que se reconoce la situación jurídica individualizada, desestimando en su totalidad las causas de defensas previas. Denegando el recurso de amparo intentado.- CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de las causas invocadas por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes enjuicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta.-CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha cuatro de junio del año dos mil catorce, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada BELIA EDISSA PACHECO CRUZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0575-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de junio del dos mil diecisiete.-VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de fecha cuatro (4) de junio de dos mil catorce (2014), que denegó la acción de amparo interpuesta por la Abogada BELIA EDISSA PACHECO CRUZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil quince (2015), en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por el señor ROSENDO CONTRERAS CARRILLO contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD. Manifestando el recurrente que con el acto reclamado se violentan los derechos y garantías constitucionales estipuladas en los artículos 82, y 293 párrafo segundo de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán el señor ROSENDO CONTRERAS CARRILLO, promoviendo demanda contencioso administrativa en materia personal para la declaración de no ser conforme a derecho y la anulación de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada consistente en el Acuerdo No. 605-2014 de fecha siete de abril de dos mil catorce, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, mediante el cual se le cancela su acuerdo de nombramiento, en evidente infracción al ordenamiento jurídico y violatorio de las garantías constitucionales del derecho de defensa y del debido proceso, demanda que promueve contra el Estado de Honduras por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.-2) Que en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República y por ende Representante Legal del Estado de Honduras, alegando la cuestión incidental de defensas previas, por considerar que la demanda tiene por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa, por ser un acto que se dicta en virtud de una ley que expresamente les excluye de la vía contencioso administrativa y por haberse interpuesto por persona no legitimada. (Folios 1 al 3v de la Pieza Separada de Defensas Previas).-3) Que en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil quince (2015), el referido Juzgado, dictó resolución mediante la cual desestimó las defensas previas alegadas por el Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. (Folios 10 al 13 de la segunda pieza de los antecedentes (Pieza Separada de Defensas Previas).-4) Que en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil quince (2015), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Abogada BELIA EDISSA PACHECO CRUZ, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por considerar que la misma es violatoria de las garantías y derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 293 párrafo segundo de la Constitución de la República. (Folios 1 al 6 y 36v de la tercera pieza de los antecedentes).-5) Que seguido el tramite establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, en fecha cuatro (4) de junio del año dos mil catorce (2014), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, falló denegando el recurso de amparo interpuesto. (Folios 44 al 36 de la tercera pieza de antecedentes).-6) Que en fecha dieciséis (16) de junio de dos mil quince (2015), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha cuatro de junio del año dos mil catorce, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada BELIA EDISSA PACHECO CRUZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, que Deniega el recurso de amparo interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la misma Sección Judicial, sobre las defensas previas planteadas por la recurrente, en relación a la demanda promovida por el señor ROSENDO CONTRERAS CARILLO, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD.-CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en la sentencia venida en consulta a folios cuarenta y cuatro (44) vuelto y cuarenta y cinco (45) frente, establece las tres causas de inadmisibilidad alegadas por la recurrente a saber: 1) “Que la demanda se hubiera interpuesto fuera de los plazos establecidos por la ley; señalando que al demandado se le notificó en fecha 14 de mayo del 2014, mediante cédula fijada en la tabla de avisos el acuerdo de cancelación 605-14, y él interpuso la demanda hasta el 24 de julio del 2014, habiendo transcurrido más de 29 días desde que se le notificó el acuerdo al demandante, además invoca el artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la declamatoria de inadmisibilidad de la demanda por expiración del plazo para interponerla. Como segunda causa de inadmisibilidad señala: La “que tuviere como objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contencioso Administrativo respecto de los actos firmes lo anterior establecido en el artículo 31 de Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, misma que establece que no se admitirá la acción Contencioso Administrativo de los actos firmes por lo que el demandante al no comparecer al interponer su pretensión contenciosa dentro de los plazos establecidos en la ley, en este caso de 15 días el acto administrativo que lo constituye el acuerdo de cancelación 605-2014 de fecha 7 de abril de ese mismo año adquirió su carácter de firme por no haber interpuesto su acción en tiempo y forma por ende no es susceptible de impugnación ante esta jurisdicción. La tercera causa de inadmisibilidad señala “que se hubiere interpuesto por persona no legitimada tal como lo establece el artículo 80 literal B de Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem deja establecido que la demanda fue presentada dentro del término de 15 días que señala la ley, señala que a folio diez de la pieza principal existe una cédula de notificación, que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece: “En la notificación se expresará si el acto no pusiere fin a la vía administrativa, los recursos que contra el mismo procedan, el órgano competente para resolver y el plazo para interponerlos”, lo que vuelve dicha notificación defectuosa, razón por la que el A-Quo estima que siendo que se encuentra a folio 97 de la pieza principal, la entrega del acto de cancelación al demandante por parte del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Seguridad el 09 de junio del 2014, se toma como válida esa fecha para entender que ha sido notificado, por lo que es a partir del día siguiente en que comienza a correr el término de quince días (las negritas y subrayado es nuestro), que le confiere la ley para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de lo que se hace evidente que el plazo caduca el 30 de junio del 2014, y la demanda fue presentada el 24 de junio del 2014. Considerando el ad quem, que no concurren las causas de inadmisibilidad alegadas por la recurrente, las que se encuentran vinculadas a la fecha en que se presentó la demanda por lo que no resulta procedente tachar de consentido y firme el acto impugnado, por lo que se reconoce la situación jurídica individualizada, desestimando en su totalidad las causas de defensas previas. Denegando el recurso de amparo intentado.- CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de las causas invocadas por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes enjuicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta.-CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha cuatro de junio del año dos mil catorce, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada BELIA EDISSA PACHECO CRUZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0575-2015.-Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL