Sentencia AA-56-16 — Registro 10248
Resumen
Sentencia en consulta denegó recurso de amparo contra auto resolutivo dictado por juzgado de primera instancia que desestimó defensas previas de demandada por considerarlas improcedentes, en relación a demanda en materia de personal para que se declare no ser conforme a derecho un acto adminitrativo o la nulidad del mismo consistente en Acuerdo CDIP015-20141818, que autorizó la cancelación del puesto de Director General Legal a demandante enrelación a demanda contra el Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala de lo Constitucional en su atribución revisora observa que en efecto, la demandante fue nombrada en un puesto como Directora General Legal del Instituto de la Propiedad, cuando según la estructura administrativa de su Ley constitutiva no existe esta Dirección General Legal. De la revisión de la legislación aplicable, en el artículo 13 de la Ley del Instituto de la Propiedad, aparecen las Direcciones creadas, constatándose, como ya se dijo, que no existe en la Ley la Dirección supra mencionada, por lo que la demandante no ostenta puesto excluido de dirección alguno, lo que en aplicación de un razonamiento conforme, es procedente confirmar el amparo venido en consulta que deniega el amparo interpuesto en contra de la resolución que deniega las defensas previas opuestas en el presente caso..."Del análisis y estudio de los antecedentes, esta Sala observa que la recurrente ha hecho uso del derecho a la defensa desde la utilización efectiva del derecho de acción, hasta el derecho al recurso como lo demuestra la respuesta que se brinda mediante el presente recurso de amparo interpuesto..."..."del análisis de la sentencia venida en consulta, no se ha comprobado la infracción de la garantía del debido proceso ni al derecho a la defensa, lo que hace procedente confirmar la sentencia recaída en el recurso de amparo venido en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de mayo de dos mil diecisiete.-VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, y en la que el citado Tribunal, dictó sentencia en fecha tres de diciembre del año dos mil quince, que denegó el recurso interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado De Letras De Lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de julio del año dos mil quince, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por INVERSIONES TANIA PETRONA FUENTES, S.A contra el ESTADO DE HONDURAS, a través DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.-ANTECEDENTES : 1) Que la señora TANIA PETRONA FUENTES, actuando en su condición personal, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de julio del año dos mil catorce, promoviendo Demanda en Materia Personal para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo o la nulidad del mismo, reconocimiento de un situación jurídica individualizada, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (Folios 01 al 08 de la primera pieza de los antecedentes).-2) Que en fecha dos de marzo del año dos mil quince, el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, actuando en su condición de Procurador General de la Republica por ende representante legal del Estado, compareció ante el Juez A-Quo oponiendo en tiempo y forma defensas previas. Seguido el trámite de ley correspondiente el Juzgado en fecha uno de julio del año dos mil quince, resolvió: DESESTIMAR, las defensas previas alegadas por la parte incidentista (demandada), por IMPROCEDENTES. (Folios 14 al 18 de la pieza de defensas previas).-3) Que en fecha uno de septiembre del año dos mil quince, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo la abogada XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, alegando que la sentencia interlocutoria relacionada en el inciso que antecede es violatoria de lo dispuesto en el artículo 82 Y 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 03 de la segunda pieza de los antecedentes).-4) Que en fecha tres de diciembre del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLÒ: Denegando el recurso de amparo interpuesto por la abogada XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA. (Folios 24 al 28 de la segunda pieza de los antecedentes).-5) Que en fecha quince de enero del año dos mil dieciséis, recibimos en este Alto Tribunal, para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA.-CONSIDERANDO(1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta las sentencias recaídas en los recursos de amparo interpuestos ante las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO(2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO(3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha tres de diciembre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del Instituto de la propiedad, contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de julio del año dos mil quince, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por INVERSIONES TANIA PETRONA FUENTES, S.A contra el ESTADO DE HONDURAS, a través DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo emitido en materia de personal.-CONSIDERANDO(4): Que a manera de antecedente se debe mencionar que consta a folio 10 de la primera pieza, certificación del Acuerdo C.D.I.P 015-20141818, mediante el cual se autoriza la cancelación del puesto de Director General Legal, a la señora TANIA PETRONA FUENTES. Dicho acto administrativo es el impugnado ante la jurisdicción Contencioso Administrativo, para que se declare su nulidad, dando comienzo al procedimiento administrativo.-CONSIDERANDO(5): Que el examen de los antecedentes revela que la Procuraduría General de Estado alega como defensas previas las siguientes: PRIMERA CAUSA DE INADMISIBILIDAD: QUE TUVIERE POR OBJETO ACTOS NO SUSCEPTIBLES DE IMPUGNACIÓN MEDIANTE LA ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SER UN ACTO QUE SE DICTE EN VIRTUD DE UNA LEY QUE EXPRESAMENTE LES EXCLUYA DE LA VIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De conformidad al escrito de la demanda presentada se concluye que la misma es objeto de Defensas Previas ya que el puesto en que la demandante fue nombrada, es un cargo excluido del Régimen de Servicio Civil, tal y como lo señala e1 Articulo 3 literal f) la Ley de Servicio Civil el cual textualmente indica: “Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a), b), c), d), e), f) A los Directores y Sub Directores Generales... ” Expone al órgano jurisdiccional que el artículo 9 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, en cuanto al SERVICIO EXCLUIDO dice literalmente en su numeral 6: “Artículo 9: Están excluidos del servicio civil los servidores del Poder Ejecutivo... numeral 6. Los Directores Generales y los Subdirectores Generales, cuando, en este ultimo caso, dichos cargos estuvieren así creados y clasificados en la correspondiente estructura administrativa y sus titulares fueren nombrados específicamente para su desempeño”. De lo que resulta que el demandante no esté protegido por una Ley Especial; tal y como lo señala el Articulo 109 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 61 el cual señala: “Solamente podrán impugnarse en vía contencioso administrativa los actos tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando éste estuviere protegido por una Ley especial”. Por tanto, el demandante ha promovido su acción ante un órgano jurisdiccional No correspondiente, ello con fundamento en el artículo 31 inciso c) de la misma ley que señala: ““No se admitirá la acción contencioso-administrativo respecto de: c) Los actos que se dicten en virtud de una ley que expresamente les excluya de la vía Contencioso Administrativo.” El articulo 63 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece lo siguiente: ”Los demandados y coadyuvantes podrán alegar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a1 emplazamiento, cualesquiera de las siguientes defensas previas: a) Las que se funden en los motivos que, con arreglo al articulo 80 de esta Ley podrán determinar la inadmisibilidad de la acción”. En relación a lo preceptuado en el Articulo 80 Literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece: "Se declarara la inadmisibilidad en los casos Siguientes, apreciados de oficio por el Juez: a), b), c) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativo, al tenor del artículo que fue anteriormente señalado”.-CONSIDERANDO(6): Que opone como SEGUNDA CAUSA DE INADMISIBILIDAD QUE SE HUBIERA INTERPUESTO POR PERSONA NO LEGITIMADA; argumentando que de la primera causa de inadmisibilidad desarrollada anteriormente, se deduce una segunda causa de inadmisibilidad; ya que el demandante al no estar protegido por una Ley Especial, tal y como lo señala el Articulo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se concluye que el demandante no esté legitimado para impugnar ante este Juzgado, pues la norma señalada anteriormente es clara al indicar que: “Solamente podrán impugnarse en vía Contencioso-Administrativa los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando éste estuviere protegido por una Ley Especial”, no siendo el caso de la demandante; pues el Articulo 3 de la Ley de Servicio Civil en su inciso a) relacionado con el Articulo 11 numeral 4) de su Reglamento de Aplicación expresamente lo excluye de la aplicación de dicha ley, en consecuencia la demandante no esta legitimada por no ser titular de un derecho subjetivo a su favor, ya que la legitimación en un sentido propio se entiende que es la condición del sujeto que ostenta la capacidad para ser parte como capacidad procesal en hallarse en la posición que fundamenta según el derecho, el otorgamiento a su favor de una tutela jurídica, en otras palabras, la legitimación viene a ser la atribución subjetiva en el proceso, es importante señalar que el Articulo 14 de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece lo siguiente: “Si además de la declaración de ilegalidad o nulidad se pretendiere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, únicamente estará legitimado el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento jurídico que se considere infringido por el acto impugnado.”.-CONSIDERANDO(7): Que en la audiencia de defensas previas celebrada en fecha uno de julio de dos mil quince, el demandante incidentado sostiene que: el acto administrativo que se impugna, es decir Acuerdo C.D.I.P 015-20141818, mediante el cual se autoriza la cancelación del puesto de Director General Legal, a la señora TANIA PETRONA FUENTES, fue emitido por CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, y no por el Poder Ejecutivo a través de sus Secretarios de Estado, por lo que señala que, al no ostentar el puesto de una Secretaria de Estado o mucho menos de una Directora General, no esta excluida del régimen del servicio civil, debiéndose por tanto declarar sin lugar las defensas previas.- CONSIDERANDO(8): Que en primera instancia el Juez desestima las defensas previas alegadas, argumentando en su resolución que se acreditó en la audiencia de defensas previas que a la demandante se le canceló el Acuerdo en el cual aparece como Directora Legal del Instituto de la Propiedad, Instituto que conforma la estructura del Poder Ejecutivo y por ende compete conocer del caso a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según artículo uno, dos y tres de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-CONSIDERANDO(9): Que no conforme, la Procuraduría General de la República, recurrió vía acción de amparo dicha respuesta jurisdiccional, manifestando el tribunal de alzada que la causa de inadmisibilidad alegada vía defensas previas de que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo, por ser un acto que se dicte en virtud de una ley que expresamente les excluya de la vía contencioso administrativo y falta de legitimación del demandante para demandar, fueron correctamente desestimadas por la autoridad recurrida, esto porque es evidente que la institución del Instituto de la propiedad, conforma el engranaje del Poder Ejecutivo, y dentro de este, no ostenta la demandante incidentada, un puesto excluido por la Ley, asimismo en vista de que la legitimación directa que tiene la demandante al accionar contra una decisión que a su criterio le afecta directamente.-CONSIDERANDO(10): Que constituyen defensas previas los medios procesales a través de los cuales el demandado solicita la suspensión del proceso hasta que el actor realice la actividad que el derecho sustantivo prevé como acto previo al planteamiento de la demanda. El artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dispone como defensas previas las que se funden en los motivos del artículo 80, que podrían determinar la inadmisión de la acción; la litispendencia y la falta de agotamiento de la vía administrativa.-CONSIDERANDO(11): Que la Sala de lo Constitucional en su atribución revisora observa que en efecto, la demandante fue nombrada en un puesto como Directora General Legal del Instituto de la Propiedad, cuando según la estructura administrativa de su Ley constitutiva no existe esta Dirección General Legal. De la revisión de la legislación aplicable, en el artículo 13 de la Ley del Instituto de la Propiedad, aparecen las Direcciones creadas, constatándose, como ya se dijo, que no existe en la Ley la Dirección supra mencionada, por lo que la demandante no ostenta puesto excluido de dirección alguno, lo que en aplicación de un razonamiento conforme, es procedente confirmar el amparo venido en consulta que deniega el amparo interpuesto en contra de la resolución que deniega las defensas previas opuestas en el presente caso.-CONSIDERANDO (12): Que al respecto esta Sala estima que el derecho al debido proceso se consagra como un derecho fundamental, tendente a resguardar todas las garantías indispensables que deben existir en todo proceso para lograr una tutela judicial efectiva. En ese sentido, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de petición y de defensa de la parte y la garantía de una tutela judicial efectiva.- Así, se concibe el derecho a la defensa, entre otras manifestaciones, como el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna, si el administrado no cuenta con esta posibilidad; el derecho a ser notificado de la decisión administrativa a los efectos de que le sea posible al particular, presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento, el derecho a tener acceso al expediente, justamente con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento, las actas que lo componen, de tal manera que con ello pueda el particular obtener un real seguimiento de lo que acontece en su expediente administrativo. Asimismo, se ha sostenido que la defensa tiene lugar cuando el administrado tiene la posibilidad de presentar pruebas, las cuales permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración y finalmente, con una gran connotación, el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa, a objeto de ejercer esta última frente a los actos dictados por la Administración. Del análisis y estudio de los antecedentes, esta Sala observa que la recurrente ha hecho uso del derecho a la defensa desde la utilización efectiva del derecho de acción, hasta el derecho al recurso como lo demuestra la respuesta que se brinda mediante el presente recurso de amparo interpuesto.-CONSIDERANDO (13): Que el caso que nos ocupa, del análisis de la sentencia venida en consulta, no se ha comprobado la infracción de la garantía del debido proceso ni al derecho a la defensa, lo que hace procedente confirmar la sentencia recaída en el recurso de amparo venido en consulta.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 68 párrafo segundo y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMAR la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha tres de diciembre del año dos mil quince, que denegó el recurso interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado De Letras De Lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de julio del año dos mil quince, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por INVERSIONES TANIA PETRONA FUENTES, S.A contra el ESTADO DE HONDURAS, a través DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0056-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de mayo de dos mil diecisiete.-VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, y en la que el citado Tribunal, dictó sentencia en fecha tres de diciembre del año dos mil quince, que denegó el recurso interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado De Letras De Lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de julio del año dos mil quince, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por INVERSIONES TANIA PETRONA FUENTES, S.A contra el ESTADO DE HONDURAS, a través DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.-ANTECEDENTES : 1) Que la señora TANIA PETRONA FUENTES, actuando en su condición personal, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de julio del año dos mil catorce, promoviendo Demanda en Materia Personal para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo o la nulidad del mismo, reconocimiento de un situación jurídica individualizada, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (Folios 01 al 08 de la primera pieza de los antecedentes).-2) Que en fecha dos de marzo del año dos mil quince, el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, actuando en su condición de Procurador General de la Republica por ende representante legal del Estado, compareció ante el Juez A-Quo oponiendo en tiempo y forma defensas previas. Seguido el trámite de ley correspondiente el Juzgado en fecha uno de julio del año dos mil quince, resolvió: DESESTIMAR, las defensas previas alegadas por la parte incidentista (demandada), por IMPROCEDENTES. (Folios 14 al 18 de la pieza de defensas previas).-3) Que en fecha uno de septiembre del año dos mil quince, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo la abogada XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, alegando que la sentencia interlocutoria relacionada en el inciso que antecede es violatoria de lo dispuesto en el artículo 82 Y 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 03 de la segunda pieza de los antecedentes).-4) Que en fecha tres de diciembre del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLÒ: Denegando el recurso de amparo interpuesto por la abogada XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA. (Folios 24 al 28 de la segunda pieza de los antecedentes).-5) Que en fecha quince de enero del año dos mil dieciséis, recibimos en este Alto Tribunal, para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA.-CONSIDERANDO(1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta las sentencias recaídas en los recursos de amparo interpuestos ante las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO(2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO(3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha tres de diciembre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del Instituto de la propiedad, contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de julio del año dos mil quince, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por INVERSIONES TANIA PETRONA FUENTES, S.A contra el ESTADO DE HONDURAS, a través DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo emitido en materia de personal.-CONSIDERANDO(4): Que a manera de antecedente se debe mencionar que consta a folio 10 de la primera pieza, certificación del Acuerdo C.D.I.P 015-20141818, mediante el cual se autoriza la cancelación del puesto de Director General Legal, a la señora TANIA PETRONA FUENTES. Dicho acto administrativo es el impugnado ante la jurisdicción Contencioso Administrativo, para que se declare su nulidad, dando comienzo al procedimiento administrativo.-CONSIDERANDO(5): Que el examen de los antecedentes revela que la Procuraduría General de Estado alega como defensas previas las siguientes: PRIMERA CAUSA DE INADMISIBILIDAD: QUE TUVIERE POR OBJETO ACTOS NO SUSCEPTIBLES DE IMPUGNACIÓN MEDIANTE LA ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SER UN ACTO QUE SE DICTE EN VIRTUD DE UNA LEY QUE EXPRESAMENTE LES EXCLUYA DE LA VIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De conformidad al escrito de la demanda presentada se concluye que la misma es objeto de Defensas Previas ya que el puesto en que la demandante fue nombrada, es un cargo excluido del Régimen de Servicio Civil, tal y como lo señala e1 Articulo 3 literal f) la Ley de Servicio Civil el cual textualmente indica: “Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: a), b), c), d), e), f) A los Directores y Sub Directores Generales... ” Expone al órgano jurisdiccional que el artículo 9 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, en cuanto al SERVICIO EXCLUIDO dice literalmente en su numeral 6: “Artículo 9: Están excluidos del servicio civil los servidores del Poder Ejecutivo... numeral 6. Los Directores Generales y los Subdirectores Generales, cuando, en este último caso, dichos cargos estuvieren así creados y clasificados en la correspondiente estructura administrativa y sus titulares fueren nombrados específicamente para su desempeño”. De lo que resulta que el demandante no esté protegido por una Ley Especial; tal y como lo señala el Articulo 109 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 61 el cual señala: “Solamente podrán impugnarse en vía contencioso administrativa los actos tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando éste estuviere protegido por una Ley especial”. Por tanto, el demandante ha promovido su acción ante un órgano jurisdiccional No correspondiente, ello con fundamento en el artículo 31 inciso c) de la misma ley que señala: ““No se admitirá la acción contencioso-administrativo respecto de: c) Los actos que se dicten en virtud de una ley que expresamente les excluya de la vía Contencioso Administrativo.” El articulo 63 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece lo siguiente: ”Los demandados y coadyuvantes podrán alegar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a1 emplazamiento, cualesquiera de las siguientes defensas previas: a) Las que se funden en los motivos que, con arreglo al articulo 80 de esta Ley podrán determinar la inadmisibilidad de la acción”. En relación a lo preceptuado en el Articulo 80 Literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece: "Se declarara la inadmisibilidad en los casos Siguientes, apreciados de oficio por el Juez: a), b), c) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativo, al tenor del artículo que fue anteriormente señalado”.-CONSIDERANDO(6): Que opone como SEGUNDA CAUSA DE INADMISIBILIDAD QUE SE HUBIERA INTERPUESTO POR PERSONA NO LEGITIMADA; argumentando que de la primera causa de inadmisibilidad desarrollada anteriormente, se deduce una segunda causa de inadmisibilidad; ya que el demandante al no estar protegido por una Ley Especial, tal y como lo señala el Articulo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se concluye que el demandante no esté legitimado para impugnar ante este Juzgado, pues la norma señalada anteriormente es clara al indicar que: “Solamente podrán impugnarse en vía Contencioso-Administrativa los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando éste estuviere protegido por una Ley Especial”, no siendo el caso de la demandante; pues el Articulo 3 de la Ley de Servicio Civil en su inciso a) relacionado con el Articulo 11 numeral 4) de su Reglamento de Aplicación expresamente lo excluye de la aplicación de dicha ley, en consecuencia la demandante no esta legitimada por no ser titular de un derecho subjetivo a su favor, ya que la legitimación en un sentido propio se entiende que es la condición del sujeto que ostenta la capacidad para ser parte como capacidad procesal en hallarse en la posición que fundamenta según el derecho, el otorgamiento a su favor de una tutela jurídica, en otras palabras, la legitimación viene a ser la atribución subjetiva en el proceso, es importante señalar que el Articulo 14 de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece lo siguiente: “Si además de la declaración de ilegalidad o nulidad se pretendiere el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, únicamente estará legitimado el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento jurídico que se considere infringido por el acto impugnado.”.-CONSIDERANDO(7): Que en la audiencia de defensas previas celebrada en fecha uno de julio de dos mil quince, el demandante incidentado sostiene que: el acto administrativo que se impugna, es decir Acuerdo C.D.I.P 015-20141818, mediante el cual se autoriza la cancelación del puesto de Director General Legal, a la señora TANIA PETRONA FUENTES, fue emitido por CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, y no por el Poder Ejecutivo a través de sus Secretarios de Estado, por lo que señala que, al no ostentar el puesto de una Secretaria de Estado o mucho menos de una Directora General, no esta excluida del régimen del servicio civil, debiéndose por tanto declarar sin lugar las defensas previas.- CONSIDERANDO(8): Que en primera instancia el Juez desestima las defensas previas alegadas, argumentando en su resolución que se acreditó en la audiencia de defensas previas que a la demandante se le canceló el Acuerdo en el cual aparece como Directora Legal del Instituto de la Propiedad, Instituto que conforma la estructura del Poder Ejecutivo y por ende compete conocer del caso a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según artículo uno, dos y tres de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-CONSIDERANDO(9): Que no conforme, la Procuraduría General de la República, recurrió vía acción de amparo dicha respuesta jurisdiccional, manifestando el tribunal de alzada que la causa de inadmisibilidad alegada vía defensas previas de que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo, por ser un acto que se dicte en virtud de una ley que expresamente les excluya de la vía contencioso administrativo y falta de legitimación del demandante para demandar, fueron correctamente desestimadas por la autoridad recurrida, esto porque es evidente que la institución del Instituto de la propiedad, conforma el engranaje del Poder Ejecutivo, y dentro de este, no ostenta la demandante incidentada, un puesto excluido por la Ley, asimismo en vista de que la legitimación directa que tiene la demandante al accionar contra una decisión que a su criterio le afecta directamente.-CONSIDERANDO(10): Que constituyen defensas previas los medios procesales a través de los cuales el demandado solicita la suspensión del proceso hasta que el actor realice la actividad que el derecho sustantivo prevé como acto previo al planteamiento de la demanda. El artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dispone como defensas previas las que se funden en los motivos del artículo 80, que podrían determinar la inadmisión de la acción; la litispendencia y la falta de agotamiento de la vía administrativa.-CONSIDERANDO(11): Que la Sala de lo Constitucional en su atribución revisora observa que en efecto, la demandante fue nombrada en un puesto como Directora General Legal del Instituto de la Propiedad, cuando según la estructura administrativa de su Ley constitutiva no existe esta Dirección General Legal. De la revisión de la legislación aplicable, en el artículo 13 de la Ley del Instituto de la Propiedad, aparecen las Direcciones creadas, constatándose, como ya se dijo, que no existe en la Ley la Dirección supra mencionada, por lo que la demandante no ostenta puesto excluido de dirección alguno, lo que en aplicación de un razonamiento conforme, es procedente confirmar el amparo venido en consulta que deniega el amparo interpuesto en contra de la resolución que deniega las defensas previas opuestas en el presente caso.-CONSIDERANDO (12): Que al respecto esta Sala estima que el derecho al debido proceso se consagra como un derecho fundamental, tendente a resguardar todas las garantías indispensables que deben existir en todo proceso para lograr una tutela judicial efectiva. En ese sentido, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de petición y de defensa de la parte y la garantía de una tutela judicial efectiva.- Así, se concibe el derecho a la defensa, entre otras manifestaciones, como el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna, si el administrado no cuenta con esta posibilidad; el derecho a ser notificado de la decisión administrativa a los efectos de que le sea posible al particular, presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento, el derecho a tener acceso al expediente, justamente con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento, las actas que lo componen, de tal manera que con ello pueda el particular obtener un real seguimiento de lo que acontece en su expediente administrativo. Asimismo, se ha sostenido que la defensa tiene lugar cuando el administrado tiene la posibilidad de presentar pruebas, las cuales permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración y finalmente, con una gran connotación, el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa, a objeto de ejercer esta última frente a los actos dictados por la Administración. Del análisis y estudio de los antecedentes, esta Sala observa que la recurrente ha hecho uso del derecho a la defensa desde la utilización efectiva del derecho de acción, hasta el derecho al recurso como lo demuestra la respuesta que se brinda mediante el presente recurso de amparo interpuesto.-CONSIDERANDO (13): Que el caso que nos ocupa, del análisis de la sentencia venida en consulta, no se ha comprobado la infracción de la garantía del debido proceso ni al derecho a la defensa, lo que hace procedente confirmar la sentencia recaída en el recurso de amparo venido en consulta.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 68 párrafo segundo y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMAR la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha tres de diciembre del año dos mil quince, que denegó el recurso interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado De Letras De Lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de julio del año dos mil quince, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por INVERSIONES TANIA PETRONA FUENTES, S.A contra el ESTADO DE HONDURAS, a través DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0056-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL