Sentencia AA-556-15 — Registro 12079
Resumen
En Consulta la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que denegó el Recurso de Amparo Estado de Honduras, contra autos dictados por el Juzgado de Letras con relación a la demanda ordinaria. Estima el recurrente que con el acto reclamado en amparo se ha quebrantada en perjuicio de su representado lo dispuesto en los artículos 80 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que sirvió de base para su decisión de denegar la presente garantía constitucional de amparo. Que el tribunal de alzada decidió denegar el amparo al recurrente, basándose en que: “CONSIDERANDO (4): Que claramente no existe violación al debido proceso, al estar el impetrante litigando ante autoridad judicial competente, con los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República, como en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y sus normas supletorias, haciendo sus alegatos permitidos por la ley, e interponiendo los recursos que franquea el ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO (5): Que asimismo el auto recurrido en amparo no es violatorio al debido proceso, porque el Juez le está dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de defensas previas del treinta y uno de enero del dos mil trece que ordena agotar la vía administrativa al tenor de lo prescrito en el Articulo 51 letra ch) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sentencia que tiene el carácter de firme al haberse denegado las acciones de amparo intentadas contra la misma, mediante sentencia de treinta de mayo del dos mil trece dictada por este Tribunal de Justicia, y confirmada mediante consulta obligatoria del veintinueve de julio del dos mil catorce por la Honorable Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (6): Que la falta de agotamiento de la vía administrativa por sí, no finaliza el Proceso Contencioso Administrativo, ya que la obligación del tribunal por mandato expreso del Articulo 51 letra ch) de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es requerir al actor para que proceda a formular el recurso administrativo del caso en el plazo de diez (10) días hábiles, y si lo acreditare dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes haberlo deducido, quedará en suspenso el procedimiento hasta que dicho recurso sea resuelto en forma expresa o presunta; y que fue lo que hizo la autoridad recurrida, ordenado agotar la vía administrativa, declarando en suspenso el proceso hasta que el recurso fuera resuelto en forma expresa o presunta, y una vez que tuvo conocimiento de su finalización sigue con el curso normal del juicio, señalando la respectiva audiencia preliminar a afecto de que las partes hagan uso de los derechos que puedan hacer en la misma, siendo evidente que el Juez está dándole cumplimiento a lo prescrito en el ordenamiento jurídico, y lo ordenado en las sentencias anteriormente mencionadas.”CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y por tanto no es violatoria de la norma constitucional citadas por el garantista. En consecuencia procede la confirmatoria de la sentencia proferida en fecha cuatro de junio de dos mil quince mediante la cual la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo resolvió denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito.”
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 51 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo de dos mil diecisiete. VISTO: En Consulta la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha cuatro de junio de dos mil quince, que denegó el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra autos dictados por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, en fechas dieciocho de febrero y diecinueve de marzo de dos mil quince, con relación a la demanda ordinaria, promovida por el señor BERNARDO FONT RIBOT contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del MINISTERIO PUBLICO. Estima el recurrente que con el acto reclamado en amparo se ha quebrantada en perjuicio de su representado lo dispuesto en los artículos 80 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha dieciséis de agosto de dos mil doce, el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO actuando en su condición de apoderado legal del señor BERNARDO FONT RIBOT, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, promoviendo demanda ordinaria contencioso administrativa para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo presunto negativo, creado por el silencio administrativo al no resolverse dentro del plazo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su pleno restablecimiento, contra el ESTADO DE HONDURAS través de la Procuraduría General de la República, por actuaciones realizadas por el MINISTERIO PUBLICO. (Folios 01 al 06 de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que en fecha doce de diciembre de dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras citado, la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, actuando en su condición Procuradora General de la República, oponiendo defensas previas en la demanda relacionada en el inciso que antecede. En consecuencia, en fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual FALLÓ: “PRIMERO: DESESTIMAR la defensa previa establecida en el articulo 80 letra a) y d), de las cuales consisten en: A).- QUE EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE DEMANDA NO CORRESPONDE A LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. B). - QUE LA DEMANDA SE HUBIERE PRESENTADO FUERA DE LOS PLAZOS RESPECTIVOS, por INEXISTENTES. SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR las Defensas Previas consistente en: QUE NO ESTA AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA, establecida en el articulo 51 letra ch) de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de conformidad a lo mencionado en el presente auto resolutivo. TERCERO: Declarar la inadmisiblidad de la presente demanda promovida por el señor Bernardo Font Robot, contra el Estado de Honduras a través del Ministerio Público, por existir causales de inadmisibilidad descritas en este auto. (Ver folios 79 al 81 pieza separada de defensas previas)3) Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán en fecha treinta de enero de dos mil trece, tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda de mérito, por la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO en su condición de Procuradora General de la República, señalando audiencia preliminar para el veintiocho de febrero de dos mil trece. (Folio 251 de la primera pieza de los antecedentes)4) Que en fecha trece de febrero de dos mil trece, el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, actuando en su condición indicada, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo presentando documento en el cual acreditó haber formulado recursos ante la vía administrativa. (Folio 252 de la primera pieza de antecedentes)5) Que el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, mediante de auto de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, señaló audiencia para el día jueves veintiséis de marzo de dos mil quince (Folios 257 de la primera pieza de los antecedentes). 6) Que en fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, actuando en su condición de Procurador Judicial del ESTADO DE HONDURAS compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, presentando recurso de reposición contra el auto de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, relacionado en el numeral anterior. En consecuencia el referido Juzgado dictó providencia en fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, en la cual resolvió. “… En cuanto a lo solicitado por el Abogado Mauricio Arturo Castro Aguilar, rechácese dicho recurso de reposición, en vista que lo solicitado para reponer el mismo, a la fecha se encuentra debidamente enmendado. …”(Folios 260 y 263 de la primera pieza de los antecedentes)7) Que en fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, alegando que los autos dictados en fechas dieciocho de febrero y diecinueve de marzo de dos mil quince, son violatorios de lo dispuesto en los artículos 80 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.8) Que seguido el tramite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la citada Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha cuatro de junio de dos mil quince, mediante la cual falló: “DENEGANDO EL Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, Apoderado Legal Sustituto del Estado de Honduras.”(Folios 33 al 35 de la pieza de amparo).9) Que en fecha once de junio de dos mil quince, ésta Sala de lo Constitucional recibió para su consulta, el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición ya indicada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NUMERO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Que este alto tribunal conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 80 y 90 de la Constitución de la República. Que el petente de amparo básicamente reclama que fueron presentadas como defensas previas las causales de inadmisibilidad consistente en que el conocimiento de la demanda no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que no se ha agotado la vía administrativa y que la demanda se ha presentado fuera de los plazos respectivos, habiendo el juzgador declarado con lugar las defensas previas, consistente en que no está agotada la vía administrativa, establecida en el artículo 51 letra ch) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero es el caso que aun y cuando el A-quo declaró la inadmisibilidad de la demanda por falta de agotamiento de la vía administrativa por causas de un mal procedimiento aplicado por la parte demandante el A quo en forma arbitraria y mediante u acto oficioso, mediante resolución de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, señalo fecha para la audiencia preliminar. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que sirvió de base para su decisión de denegar la presente garantía constitucional de amparo. Que el tribunal de alzada decidió denegar el amparo al recurrente, basándose en que: “CONSIDERANDO (4): Que claramente no existe violación al debido proceso, al estar el impetrante litigando ante autoridad judicial competente, con los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República, como en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y sus normas supletorias, haciendo sus alegatos permitidos por la ley, e interponiendo los recursos que franquea el ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO (5): Que asimismo el auto recurrido en amparo no es violatorio al debido proceso, porque el Juez le está dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de defensas previas del treinta y uno de enero del dos mil trece que ordena agotar la vía administrativa al tenor de lo prescrito en el Articulo 51 letra ch) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sentencia que tiene el carácter de firme al haberse denegado las acciones de amparo intentadas contra la misma, mediante sentencia de treinta de mayo del dos mil trece dictada por este Tribunal de Justicia, y confirmada mediante consulta obligatoria del veintinueve de julio del dos mil catorce por la Honorable Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (6): Que la falta de agotamiento de la vía administrativa por sí, no finaliza el Proceso Contencioso Administrativo, ya que la obligación del tribunal por mandato expreso del Articulo 51 letra ch) de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es requerir al actor para que proceda a formular el recurso administrativo del caso en el plazo de diez (10) días hábiles, y si lo acreditare dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes haberlo deducido, quedará en suspenso el procedimiento hasta que dicho recurso sea resuelto en forma expresa o presunta; y que fue lo que hizo la autoridad recurrida, ordenado agotar la vía administrativa, declarando en suspenso el proceso hasta que el recurso fuera resuelto en forma expresa o presunta, y una vez que tuvo conocimiento de su finalización sigue con el curso normal del juicio, señalando la respectiva audiencia preliminar a afecto de que las partes hagan uso de los derechos que puedan hacer en la misma, siendo evidente que el Juez está dándole cumplimiento a lo prescrito en el ordenamiento jurídico, y lo ordenado en las sentencias anteriormente mencionadas.”CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y por tanto no es violatoria de la norma constitucional citadas por el garantista. En consecuencia procede la confirmatoria de la sentencia proferida en fecha cuatro de junio de dos mil quince mediante la cual la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo resolvió denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha cuatro de junio de dos mil quinceproferida por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual DENIEGA la garantía de amparo interpuesta por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra autos dictados por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, en fechas dieciocho de febrero y diecinueve de marzo de dos mil quince, con relación a la demanda ordinaria, promovida por el señor BERNARDO FONT RIBOT contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del MINISTERIO PUBLICO.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el MagistradoEDWIN FRANCISCOORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDAIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- Secretario Sala Constitucional.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (15) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017) Certificación del fallo de fecha dos (02) de mayo de dos mil diecisiete (2017) recaída en el Recurso de AMPARO Contencioso Administrativo Venido en Consulta registrado en este Tribunal bajo el Numero 0556=2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”