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Sentencia AA-521-17 — Registro 6945

Resumen

Resolución No. 151-2017 declaró sin lugar solicitud de nulidad de declaratoria de elecciones primarias 2017 en el nivel de candidatos a diputados por el partido liberal en el departamento de Francisco Morazán por el Movimiento "Por Honduras, por Nosotros"

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas y en el caso en particular del Tribunal Supremo Electoral, conforme lo establecen los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho...."...."de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que la resolución No. IMPUG 151-2017 dictada por el Tribunal Supremo Electoral en fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar la Solicitud de Nulidad de la Declaratoria de Elecciones Primarias 2017 de fecha diez de abril de dos mil diecisiete, responde punto por punto los señalamientos que el recurrente hace en su escrito de interposición del Recurso de Nulidad; concluyendo que no concretó los hechos en que se fundamenta; y, no haber presentado las pruebas correspondientes. Además de que las actas fueron sometidas a escrutinio especial, por haber presentado inconsistencias, fueron revisadas, validadas y procesadas por ese Tribunal, conforme al resultado de la votación..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso administrativo electoral sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución administrativa amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley. Por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. El proceso de amparo es un proceso constitucional autónomo y no puede ser asumido como un proceso al cual se pueda trasladar, para su discusión y resolución, una cuestión ya resuelta en el proceso ordinario. El control constitucional de una resolución judicial o administrativa a través del amparo no supone que este sea una instancia más del proceso administrativo; sino por el contrario, dicho control se realiza con un canon constitucional valorativo propio..."..."de la lectura de los alegatos expuestos en el considerando anterior se evidencia que las argumentaciones del amparista se refieren a asuntos que por su naturaleza salen de la esfera de conocimiento de la Sala Constitucional, pues se reduce a alegaciones de mera legalidad y que por mandato de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas corresponde al Tribunal Supremo Electoral dilucidar y sólo en caso de que el Tribunal Supremo Electoral violentare alguna disposición constitucional, procede a la Sala Constitucional pronunciarse. Amén de que dichos alegatos son de mera legalidad, circunstancias que da pie a SOBRESEER el presente recurso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ a favor de SI MISMO contra la resolución No. 151-2017 dictada por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL en fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar la Solicitud de Nulidad de la Declaratoria de Elecciones Primarias 2017 de fecha diez de abril de dos mil diecisiete, en el nivel de Candidatos a Diputados por el Partido Liberal en el Departamento de Francisco Morazán, por el Movimiento “Por Honduras, por Nosotros”. Estimando el peticionario que con el acto reclamado se vulneran los Artículos 60, 61 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, compareció ante el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL el señor MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, actuando en su condición personal y como pre candidato a Diputado por el Movimiento “Por Honduras, por Nosotros” en el Partido Liberal por el Departamento de Francisco Morazán, solicitando la Nulidad Parcial contra la Declaratoria de fecha diez de abril de dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha diecisiete de Abril de dos mil diecisiete, específicamente en el nivel de Diputados del Departamento de Francisco Morazán, por el Partido Liberal de Honduras, en las Elecciones Internas del doce de marzo de dos mil diecisiete, manifestando el peticionario que ilegalmente se publicó en La Gaceta que su posición sería la Casilla 14, y no la Casilla 11, que es la que debería ocupar, según el conteo de los votos legalmente obtenidos; lo que le afectaría enormemente. (Folios 01 02 de los antecedentes)- 2) Que en fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete el Tribunal Supremo Electoral, dictó la resolución No. IMPUG 151-2017, mediante la cual resolvió: “DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de NULIDAD PARCIAL DE LA DECLARATORIA DE ELECCIONES PRIMARIAS 2017, EN EL NIVEL DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PARTIDO LIBERAL EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, presentada por el ciudadano MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ en su condición personal y como precandidato a Diputado por el Movimiento POR HONDURAS POR NOSOTROS en el PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, en virtud de no concretar los hechos en que se fundamenta; no haber presentado las pruebas correspondientes; y porque las actas sometidas a escrutinio especial, por haber presentado inconsistencias, fueron revisadas, validadas y procesadas por este Tribunal, conforme al resultado de la votación.-”. (Folios 75 al 78 de los antecedentes)- 3) Que el Abogado MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, compareció ante este Tribunal en fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMO, contra la resolución No. IMPUG 151-2017, relacionada en el inciso que precede, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos 60, 61 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizada en tiempo y forma su acción de amparo en fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. (Folios 01 al 12 y 137 del Recurso)- 4) Que en fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, siendo de la opinión porque “SE DENIEGUE el presente Recurso de Amparo, por NO existir ultraje a los Artículos denunciados por el Amparista, con las consecuencias jurídicas del caso.”. (Folio 145 del Recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la resolución No. IMPUG 151-2017 dictada por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL en fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar la Solicitud de Nulidad de la Declaratoria de Elecciones Primarias 2017 de fecha diez de abril de dos mil diecisiete, en el nivel de Candidatos a Diputados por el Partido Liberal en el Departamento de Francisco Morazán, por el Movimiento “Por Honduras, Por Nosotros”.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en la formalización del recurso por parte del demandante de amparo, establece que el Tribunal Supremo Electoral, en la resolución recurrida en Amparo, sin observancia de los procedimientos ordenados en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas y en la Ley de dicho organismo declara sin lugar la acción de nulidad al emitir la Resolución No. IMPUG 151-2017, lo que violenta sus derechos al existir inconsistencias como ser. Abultar la cantidad de votos escrutados en las mesas receptoras electorales; la elaboración de nuevas actas en las mesas receptoras electorales en las instalaciones físicas del Instituto Nacional de Formación Profesional; borrones y adulteraciones de las actas de las mesas receptoras electorales; afectado que se le adjudicó la posición 14, siendo la correcta la número 11.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, siendo de la opinión porque “SE DENIEGUE el presente Recurso de Amparo, por NO existir ultraje a los Artículos denunciados por el Amparista, con las consecuencias jurídicas del caso.”.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas y en el caso en particular del Tribunal Supremo Electoral, conforme lo establecen los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que la resolución No. IMPUG 151-2017 dictada por el Tribunal Supremo Electoral en fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar la Solicitud de Nulidad de la Declaratoria de Elecciones Primarias 2017 de fecha diez de abril de dos mil diecisiete, responde punto por punto los señalamientos que el recurrente hace en su escrito de interposición del Recurso de Nulidad; concluyendo que no concretó los hechos en que se fundamenta; y, no haber presentado las pruebas correspondientes. Además de que las actas fueron sometidas a escrutinio especial, por haber presentado inconsistencias, fueron revisadas, validadas y procesadas por ese Tribunal, conforme al resultado de la votación.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Decreto 44-2004 del 1 de abril del 2004, sancionado por el Presidente de la República el 15 de mayo del 2004, que contiene la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, la cual regirá los procesos electorales que se celebren mediante el sufragio universal, los organismos electorales, partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes, así como las actividades de todas las instituciones que por esta ley se determinen. Contiene disposiciones generales; organización electoral; censo nacional electoral y listados; división política geográfica, voto domiciliario y sufragio en el exterior; partidos políticos; requisitos de elegibilidad e igualdad de oportunidades; elecciones internas y primarias de los partidos políticos; inscripción de candidatos; actividad política permanente, campaña electoral y manifestaciones políticas; educación cívica electoral y capacitación; desarrollo de las elecciones generales; delitos y faltas electorales; disposiciones generales; disposiciones finales; y, disposiciones transitorias.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso administrativo electoral sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución administrativa amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley. Por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. El proceso de amparo es un proceso constitucional autónomo y no puede ser asumido como un proceso al cual se pueda trasladar, para su discusión y resolución, una cuestión ya resuelta en el proceso ordinario. El control constitucional de una resolución judicial o administrativa a través del amparo no supone que este sea una instancia más del proceso administrativo; sino por el contrario, dicho control se realiza con un canon constitucional valorativo propio.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el numeral 9) y el ultimo párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9).- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, sin embargo de la lectura de los alegatos expuestos en el considerando anterior se evidencia que las argumentaciones del amparista se refieren a asuntos que por su naturaleza salen de la esfera de conocimiento de la Sala Constitucional, pues se reduce a alegaciones de mera legalidad y que por mandato de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas corresponde al Tribunal Supremo Electoral dilucidar y sólo en caso de que el Tribunal Supremo Electoral violentare alguna disposición constitucional, procede a la Sala Constitucional pronunciarse. Amén de que dichos alegatos son de mera legalidad, circunstancias que da pie a SOBRESEER el presente recurso.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0521-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL