Sentencia AA-516-14 — Registro 12127
Resumen
Sentencia declaró sin lugar oposición a tasación de costas y las liquidó a favor de profesional del derecho en su condición de representante legal de Máquinas S de R L en demanda para que se declarara nulidad de resoluciones administrativas promovida por dicha parte contra recurrente; el Tribunal de Alzada estima que el plazo de prescripción se interrumpió por la solicitud planteada ante el juzgado de letras de lo contencioso administrativo, el que declaró sin lugar la petición por considerar que era competente la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán que mediante fallo condenó al pago de costas a la parte demandada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Es de considerar que en este caso a partir del momento en que el fallo de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil doce (2012), que declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, condenándolo a costas en instancia, esta resolución quedó firme el treinta y uno (3l) de mayo del dos mil doce (2012), a partir de esta fecha comenzó o correr el plazo de un año para la prescripción de la acción, mismo que de acuerdo al artículo 230l homologa: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial de acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor." Por lo tanto con la interposición de la petitorio ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán se interrumpió dicho plazo, pese a que la mismo fue declarada Sin Lugar mediante falló de fecha catorce (l4) de noviembre del dos mil trece (2013) por considerar que para la tasación de las costas era competente la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, quien mediante fallo de fecha treinta y uno (3l) de mayo del dos mil doce (2012) condenó al pago de costas a la parte demandada, en consecuencia la prescripción fue interrumpida por la solicitud planteada ante el órgano jurisdiccional que en ese momento estaba conociendo la causa. Del análisis anterior se puede determinar que en el presente caso de autos no se ha violentado la garantía Constitucional a lo que el recurrente hace referencia en su petición de Amparo, en relación al derecho a la violación al debido proceso, ya que si bien existe un plazo perentorio de prescripción de la acción petitoria, este fue interrumpido al momento de ejercitar la acción ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán..."..."al revisar la sentencia recurrida por el amparista no se aprecia la vulneración de garantías constitucionales invocadas por el recurrente..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 52 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintiún días del mes de febrero del dos mil diecisiete. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil catorce (2014), que declaró con lugar una tasación de costas, alegadas en las actuaciones conocidas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en relación a la demanda contenciosa administrativa promovida por el Abogado RAUL MATAMOROS BERTOT en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada MAQUINAS S. de R. L., contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S.1) Que en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil cuatro (2004), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado RAUL MATAMOROS BERTOT, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada MAQUINAS S. de R.L., promoviendo demanda para que se declare la nulidad de unas resoluciones administrativas por infracción al ordenamiento jurídico, quebrantamiento de las formalidades esenciales, exceso y desviación de poder, anulación de un contrato, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, en contra de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). 2) Que en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil trece (2013), el Abogado ERNESTO ALONSO BOQUÍN REYES, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, presentando liquidación de costas, la cual asciende a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (L.1,232,103.95). 3) Que seguido el trámite de ley correspondiente a la oposición a la liquidación de costas, en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil catorce (2014), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, dictó sentencia mediante la cual falló (sic):“PRIMERO: Declarar Sin Lugar la Oposición a la tasación de costas presentada por el Abogado ERNESTO ALONSO BOQUIN REYES, oposición promovida por el Abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO, actuando como Apoderado de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE).- SEGUNDO: LIQUIDAR LAS COSTAS a favor del Abogado ERNESTO ALONSO BOQUIN REYES y a las que fue condenada la parte demandada, en la cantidad de CIENTO TREINTA MIL CIENTO DOCE LEMPRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (LPS.130,112.54), las cuales debe pagar la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). (Folios del 28 al 31 de la pieza de liquidación de costas). 4) Que el recurrente el Abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil catorce (2014), interponiendo acción de amparo a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), por considerar que la decisión del Ad Quem de fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil catorce (2014), de que se ha hecho referencia en el numeral precedente, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil catorce (2014). 5) Que en fecha cinco (5) de enero del año dos mil quince (2015), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por el Abogado Roger Ludovico Matus actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión QUE NO SE OTORGUE el recurso de amparo de mérito. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERNADO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce el recurso de amparo de las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil trece (2013), interpuesta por el Abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contra el auto resolutivo dictado por las actuaciones conocidas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en relación a la demanda contenciosa administrativa promovida por el Abogado RAUL MATAMOROS BERTOT en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada MAQUINAS S. de R. L., contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio de los antecedentes, el recurrente establece en su escrito de interposición de amparo se le ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, garantía constitucional contenida en el artículo 90 de la Constitución de la República; al interponer escrito el amparista expresa que en el presente recurso se desprende que el amparista acude al Tribunal Ad Quem aduciendo que con la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, se le ha violentado la garantías que refiere:"Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con los formalidades, derechos y garantías que lo ley establece." Siendo que el recurrente acude a esta instancia refiriéndose al fallo de fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil catorce (2014), aduciendo que en el momento en que el Abogado Ernesto Alonso Boquín Reyes actuando en causa propia, compareció a la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL su acción petitoria ya había prescrito, en tal razón vale realizar el análisis del contenido del artículo 2289 del Código Civil el cual refiere: "Las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley." La prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción de los derechos o la adquisición de las cosas ajenas, en este concepto se refiere a las acciones que se pueden interponer, en este caso el simple transcurrir del tiempo ocasiona que, o quien le asiste el derecho de petición se le extinga el mismo, este plazo viene fijado en el artículo 2296 del mismo cuerpo legal señalando: "Por el transcurso de un año prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1.- La de pagar o los Jueces, Abogados, Registradores, Notarios, peritos, agentes y curiales, sus honorarios y derechos en el caso de que los tengan y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos a que los tengan y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos y oficios en los asuntos a que las obligaciones se refieran". Este plazo según el artículo 2299 del Código Civil refiere: “El tiempo de la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas pro sentencia, comienza desde que la sentencia quedó firme”. CONSIDERANDO CINCO (5): Es de considerar que en este caso a partir del momento en que el fallo de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil doce (2012), que declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, condenándolo a costas en instancia, esta resolución quedó firme el treinta y uno (3l) de mayo del dos mil doce (2012), a partir de esta fecha comenzó o correr el plazo de un año para la prescripción de la acción, mismo que de acuerdo al artículo 230l homologa: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial de acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor." Por lo tanto con la interposición de la petitorio ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán se interrumpió dicho plazo, pese a que la mismo fue declarada Sin Lugar mediante falló de fecha catorce (l4) de noviembre del dos mil trece (2013) por considerar que para la tasación de las costas era competente la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, quien mediante fallo de fecha treinta y uno (3l) de mayo del dos mil doce (2012) condenó al pago de costas a la parte demandada, en consecuencia la prescripción fue interrumpida por la solicitud planteada ante el órgano jurisdiccional que en ese momento estaba conociendo la causa. Del análisis anterior se puede determinar que en el presente caso de autos no se ha violentado la garantía Constitucional a lo que el recurrente hace referencia en su petición de Amparo, en relación al derecho a la violación al debido proceso, ya que si bien existe un plazo perentorio de prescripción de la acción petitoria, este fue interrumpido al momento de ejercitar la acción ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. CONSIERANDO SEIS (6): Que el derecho al Debido Proceso, debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio, la garantía del debido proceso plasmada en la Constitución de la República, como derecho fundamental de aplicación inmediata (Artículo 90) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (Artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre proclamada el mismo año (Artículo XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica 1969, (Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad de interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial que orienta el proceso, la aplicación del principio de ser oído y vencido en juicio, el principio de audiencia, el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilación injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y la de controvertir las que se aleguen en su contra, y desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características. Constituyendo una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda legítimamente imponer sanciones, cargas o castigos, constituyendo un límite al abuso de poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector no solo a la actuación jurisdiccional, sino también administrativa del Estado. Por lo que al revisar la sentencia recurrida por el amparista no se aprecia la vulneración de garantías constitucionales invocadas por el recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 1, 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8, 9 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral segundo, 5, 7, 8, 9, 10, 41, 47, 48, 49, 52, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 11, 78 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 7, 9, 89, y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 2289, 2296, 2299 y 2301 del Código Civil; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado FABRICIO ENRIQUE SUAZO SUAZO a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil catorce (2014). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo bajo el número SCO-516-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL