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Sentencia AA-494-15 — Registro 6672

Resumen

Sentencia denegó recurso de amparo contra resolución dictada por el juzgado de letras de primera instancia en relación a la demanda ordinaria de nulidad de un acto administrativo de carácter particular contra la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."observa que la autoridad recurrida no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de las causas invocadas por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la Ley, es decir que dicha demanda contiene los requisitos establecidos en los artículo 46 y 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia procede darle el trámite respectivo hasta obtener una sentencia conforme a derecho, ello sin prejuzgar el fondo del asunto por no ser competencia de esta Sala. Por todo ello la demanda se ajusta a su requerimiento, exigencias previamente establecidas en la ley, conteniendo dicho fallo el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo su objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. En ese orden de ideas el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril de dos mil diecisiete.- VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, que contienen la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil quince, dictada en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en la que el citado Tribunal, denegó el recurso presentado contra la resolución dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Esta Sección Judicial, en fecha ocho de enero de dos mil quince, en relación a la demanda promovida por los señores GRAZIAMARIA MOURRA PINEDA, HENRY LARA TREJO, JOVITA YAMILETH DIAZ GUERRERO, SILVIA MARINA ORDOÑEZ SANCHEZ, OSCAR ARMANDO LANZA, ROXANA LIZETH MURILLO y ANGEL OVIDIO ANDRADE GUTIERREZ, CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD. Habiendo estimado el recurrente como violados los artículos 80 Y 82 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1) Que los señores GRAZIAMARIA MOURRA PINEDA, HENRY LARA TREJO, JOVITA YAMILETH DIAZ GUERRERO, SILVIA MARINA ORDOÑEZ SANCHEZ, OSCAR ARMANDO LANZA, ROXANA LIZETH MURILLO y ANGEL OVIDIO ANDRADE GUTIERREZ, actuando en su condición personal, comparecieron ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de abril del año dos mil catorce, promoviendo Demanda Ordinaria de Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD. (Folios 01 al 14 de la primera pieza de los antecedentes).-2) Que en fecha dos de agosto del año dos mil catorce, compareció ante el citado Juzgado, el A, por Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la Republica, alegando y oponiendo Defensas Previas, por considerar que existen causales de inadmisibilidad en la demanda de merito.-3) Que en fecha ocho de enero del año dos mil quince, el Juzgado de Letras de lo contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán dictó sentencia en la cual Falló: Primero: DESESTIMAR POR IMPROCEDENTE, las causas de defensas previas alegadas por la parte Incidentista consistentes en: 1) “QUE SE HUBIERA INTERPUESTO POR PERSONA LEGITIMADA”, II) “QUE TUVIERE POR OBJETO ACTOS NO SUCEPTIBLES DE IMPUGANACION MEDIANTE LA ACCION CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA, AL TENOR DEL ARTICULO 31” y III)”QUE EL ESCRITO DE DEMANDA ADOLECIERE DE DEFECTOS FORMALES QUE IMPIDAN VERTER PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO” por los fundamentos de derecho expuestos anteriormente.-4) Que la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en su condición ya indicada, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, promoviendo Recurso de Amparo a favor de los señores GRAZIAMARIA MOURRA PINEDA, HENRY LARA TREJO, JOVITA YAMILETH DIAZ GUERRERO, SILVIA MARINA ORDOÑEZ SANCHEZ, OSCAR ARMANDO LANZA, ROXANA LIZETH MURILLO y ANGEL OVIDIO ANDRADE GUTIERREZ, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de enero del año dos mil quince, alegando la recurrente que con esos actos se violentan los artículos 80 y 82 de la Constitución de la Republica.-5) Que en fecha siete de mayo del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLÒ: “DENEGAR el recurso de amparo interpuesta por la Abogada DASSIA YANERY PEREZ HERRERA, apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE SEGURIDAD… -6) Que en fecha veintiséis de mayo del año dos mil quince, recibimos en este Alto Tribunal, para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha siete de mayo del año dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, SECRETARIA DE SEGURIDAD que Deniega el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de en fecha ocho de enero del año dos mil quince en relación a la demanda promovida por los señores GRAZIAMARIA MOURRA PINEDA, HENRY LARA TREJO Y OTROS, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD.- CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el fallo emitido, considerando número TRES (3) expone “Que la defensa interpone DEFENSAS PREVIAS contra el escrito de la Demanda, alegando causas de inadmisibilidad de la demanda lo preceptuado en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1) Que se hubiere interpuesto por persona no legitimada, 2) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso Administrativo, al tenor del artículo 31; 3) Que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. En el considerando cuatro el Tribunal de alzada se pronuncia en cuanto a la primera causa de inadmisibilidad desestimándola en virtud de que se requiere de un interés legítimo y directo para demandarla declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la Administración Pública.- Expone: “Existiendo una relación entre la resolución emitida por la Administración Pública y los demandantes que se ven afectados en forma directa, es donde se encuentran legitimados para demandar ante esta jurisdicción, por lo que esta defensa previa es improcedente”. En cuanto a la segunda causa de inadmisibilidad consistente en que tuviera por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contenciosa Administrativo, al tenor del artículo 31 que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es su artículo 31 inciso B) establece que no se admite la acción contencioso administrativa. Las resoluciones que pongan termino ala vía administrativa como previa a la judicial”. Señala que este artículo es un requisito procesal para incoar una demanda en derecho privado, no podría ser susceptible de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativo, en el presente caso la acción de los demandantes es sobre esta materia contenciosa administrativa y no de un derecho privado por lo que de acuerdo al artículo 44 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, el peticionario puede deducir su acción incoada contra un acto que sea objeto del recurso de reposición, el que resolviera éste expresamente o contra ambos a la vez; es por esto que el acto sobre el cual se sustenta la pretensión de los demandantes es susceptible de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa, por lo que esta defensa previa es improcedente”. El Ad quem se pronuncia en cuanto a la tercera causa de inadmisibilidad, en cuanto a que el escrito de la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, a tenor del artículo 44 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece; que la acción contencioso administrativa se deducirá indistintamente, contra el acto que sea objeto del recurso de reposición, el que resolviere este expresamente o contra ambos a la vez. Concluyendo que “el escrito de demanda no adolece de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, por lo que declara improcedente la referida causa de inadmisibilidad”, Dictando su fallo denegando el recurso de apelación intentado.-CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala observa que la autoridad recurrida no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de las causas invocadas por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la Ley, es decir que dicha demanda contiene los requisitos establecidos en los artículo 46 y 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia procede darle el trámite respectivo hasta obtener una sentencia conforme a derecho, ello sin prejuzgar el fondo del asunto por no ser competencia de esta Sala. Por todo ello la demanda se ajusta a su requerimiento, exigencias previamente establecidas en la ley, conteniendo dicho fallo el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo su objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. En ese orden de ideas el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha siete de mayo del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA a favor del ESTADO DE HONDURAS, SECRETARIA DE SEGURIDAD. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado .-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0494-2015.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril de dos mil diecisiete.- VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, que contienen la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil quince, dictada en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en la que el citado Tribunal, denegó el recurso presentado contra la resolución dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Esta Sección Judicial, en fecha ocho de enero de dos mil quince, en relación a la demanda promovida por los señores GRAZIAMARIA MOURRA PINEDA, HENRY LARA TREJO, JOVITA YAMILETH DIAZ GUERRERO, SILVIA MARINA ORDOÑEZ SANCHEZ, OSCAR ARMANDO LANZA, ROXANA LIZETH MURILLO y ANGEL OVIDIO ANDRADE GUTIERREZ, CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD. Habiendo estimado el recurrente como violados los artículos 80 Y 82 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1) Que los señores GRAZIAMARIA MOURRA PINEDA, HENRY LARA TREJO, JOVITA YAMILETH DIAZ GUERRERO, SILVIA MARINA ORDOÑEZ SANCHEZ, OSCAR ARMANDO LANZA, ROXANA LIZETH MURILLO y ANGEL OVIDIO ANDRADE GUTIERREZ, actuando en su condición personal, comparecieron ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de abril del año dos mil catorce, promoviendo Demanda Ordinaria de Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD. (Folios 01 al 14 de la primera pieza de los antecedentes).-2) Que en fecha dos de agosto del año dos mil catorce, compareció ante el citado Juzgado, el A, por Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la Republica, alegando y oponiendo Defensas Previas, por considerar que existen causales de inadmisibilidad en la demanda de merito.-3) Que en fecha ocho de enero del año dos mil quince, el Juzgado de Letras de lo contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán dictó sentencia en la cual Falló: Primero: DESESTIMAR POR IMPROCEDENTE, las causas de defensas previas alegadas por la parte Incidentista consistentes en: 1) “QUE SE HUBIERA INTERPUESTO POR PERSONA LEGITIMADA”, II) “QUE TUVIERE POR OBJETO ACTOS NO SUCEPTIBLES DE IMPUGANACION MEDIANTE LA ACCION CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA, AL TENOR DEL ARTICULO 31” y III)”QUE EL ESCRITO DE DEMANDA ADOLECIERE DE DEFECTOS FORMALES QUE IMPIDAN VERTER PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO” por los fundamentos de derecho expuestos anteriormente.-4) Que la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en su condición ya indicada, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, promoviendo Recurso de Amparo a favor de los señores GRAZIAMARIA MOURRA PINEDA, HENRY LARA TREJO, JOVITA YAMILETH DIAZ GUERRERO, SILVIA MARINA ORDOÑEZ SANCHEZ, OSCAR ARMANDO LANZA, ROXANA LIZETH MURILLO y ANGEL OVIDIO ANDRADE GUTIERREZ, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de enero del año dos mil quince, alegando la recurrente que con esos actos se violentan los artículos 80 y 82 de la Constitución de la Republica.-5) Que en fecha siete de mayo del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLÒ: “DENEGAR el recurso de amparo interpuesta por la Abogada DASSIA YANERY PEREZ HERRERA, apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE SEGURIDAD… -6) Que en fecha veintiséis de mayo del año dos mil quince, recibimos en este Alto Tribunal, para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha siete de mayo del año dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, SECRETARIA DE SEGURIDAD que Deniega el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de en fecha ocho de enero del año dos mil quince en relación a la demanda promovida por los señores GRAZIAMARIA MOURRA PINEDA, HENRY LARA TREJO Y OTROS, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD.-CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el fallo emitido, considerando número TRES (3) expone “Que la defensa interpone DEFENSAS PREVIAS contra el escrito de la Demanda, alegando causas de inadmisibilidad de la demanda lo preceptuado en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1) Que se hubiere interpuesto por persona no legitimada, 2) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso Administrativo, al tenor del artículo 31; 3) Que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. En el considerando cuatro el Tribunal de alzada se pronuncia en cuanto a la primera causa de inadmisibilidad desestimándola en virtud de que se requiere de un interés legítimo y directo para demandarla declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la Administración Pública.- Expone: “Existiendo una relación entre la resolución emitida por la Administración Pública y los demandantes que se ven afectados en forma directa, es donde se encuentran legitimados para demandar ante esta jurisdicción, por lo que esta defensa previa es improcedente”. En cuanto a la segunda causa de inadmisibilidad consistente en que tuviera por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contenciosa Administrativo, al tenor del artículo 31 que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es su artículo 31 inciso B) establece que no se admite la acción contencioso administrativa. Las resoluciones que pongan termino ala vía administrativa como previa a la judicial”. Señala que este artículo es un requisito procesal para incoar una demanda en derecho privado, no podría ser susceptible de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativo, en el presente caso la acción de los demandantes es sobre esta materia contenciosa administrativa y no de un derecho privado por lo que de acuerdo al artículo 44 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, el peticionario puede deducir su acción incoada contra un acto que sea objeto del recurso de reposición, el que resolviera éste expresamente o contra ambos a la vez; es por esto que el acto sobre el cual se sustenta la pretensión de los demandantes es susceptible de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa, por lo que esta defensa previa es improcedente”. El Ad quem se pronuncia en cuanto a la tercera causa de inadmisibilidad, en cuanto a que el escrito de la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, a tenor del artículo 44 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece; que la acción contencioso administrativa se deducirá indistintamente, contra el acto que sea objeto del recurso de reposición, el que resolviere este expresamente o contra ambos a la vez. Concluyendo que “el escrito de demanda no adolece de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, por lo que declara improcedente la referida causa de inadmisibilidad”, Dictando su fallo denegando el recurso de apelación intentado.-CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala observa que la autoridad recurrida no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de las causas invocadas por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la Ley, es decir que dicha demanda contiene los requisitos establecidos en los artículo 46 y 47 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia procede darle el trámite respectivo hasta obtener una sentencia conforme a derecho, ello sin prejuzgar el fondo del asunto por no ser competencia de esta Sala. Por todo ello la demanda se ajusta a su requerimiento, exigencias previamente establecidas en la ley, conteniendo dicho fallo el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo su objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. En ese orden de ideas el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha siete de mayo del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA a favor del ESTADO DE HONDURAS, SECRETARIA DE SEGURIDAD. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado .-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0494-2015. –

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL