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Sentencia AA-487-15 — Registro 12126

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó fallo interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar impugnación a tasación de honorarios profesionales reclamados; fijó la tasación calculada en base a la cuantía de la pretensión económica litigada en demanda de nulidad de un acto administrativo de proceso de licitación pública internacional promovida por Eductrade S A contra recurrente; el Tribunal de Apelaciones asintió con la desición impugnada en relación a dar trámite incidental al reclamo de honorarios profesionales conforme al código de procedimientos de 1906

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"no competería a esta Sala debatir sobre lo resuelto en una sentencia anterior emitida en nombre del Tribunal Supremo, sin embargo, por disposición constitucional, esta Sala tiene el deber de pronunciarse en torno a lo resuelto posteriormente por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en su nuevo fallo de fecha 23 de abril de 2015, que constituye el acto reclamado en amparo. El pronunciamiento de esta Sala es pertinente y procedente en este caso porque la Sala Constitucional en aquél momento destacó una omisión por parte del Tribunal de Alzada en la sentencia de fecha 15 de marzo de 2012, de la cual hemos hecho referencia, y dado que las alegaciones del recurrente se refieren a supuestas violaciones en torno a la motivación y al contenido de esta nueva sentencia de fecha 23 de abril de 2015, esta Sala deviene en el deber de dar respuesta a las mismas..."..."en la sentencia de fecha 23 de abril de 2015, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO se concreta a dar respuesta a cada uno de los agravios presentados por el apelante en su momento, es decir: la controversia referente a la condición de asesor legal del Abogado JAIME VÁSQUEZ DELARCA y la independencia del pago de honorarios del salario como asesor; lo referente a la alegada prescripción de la acción entablada; y, la opinión jurídica del Colegio de Abogados de Honduras, un pronunciamiento que había sido omitido en el anterior fallo y que fue advertido por la Sala de lo Constitucional en la sentencia de amparo otorgada a favor del señor VÁSQUEZ DELARCA, como ya queda dicho..."..."los alegatos presentados a esta Sala por parte del recurrente Abogado JORGE FABIÁN LOBO, quien actúa a favor del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), se observa que la mayor parte de ellos se refieren a hechos propios de instancia que ya fueron resueltos en su oportunidad, así como a situaciones aceptadas y consentidas reiteradamente durante el procedimiento de la demanda, como es el caso de cuestionar en este momento si los requisitos de la demanda fueron puntuales y acordes a la legislación; si se debió o no nombrar un perito o si debieron evacuarse medios probatorios en el procedimiento de la tasación de honorarios e inclusive el recurrente llega a cuestionar la constitucionalidad del Arancel del Profesional del Derecho. Esta Sala no encuentra que estas alegaciones resulten pertinentes o relevantes en este momento, en virtud que durante el proceso principal y posteriormente en la tramitación de la tasación mencionado, la parte demandada tuvo oportunidad de presentar estas alegaciones y pretensiones en la instancia ordinaria respectiva, y al prescindir de ellas en el momento procesal oportuno, resulta impropio presentar estos alegatos, claramente extemporáneos, en el trámite de un recurso extraordinario como el amparo, que tiene claramente definidos sus alcances en la ley..."..."puede afirmarse de la alegación del quejoso en cuanto a la legislación que debió ser observada en la tramitación de la tasación de honorarios profesionales, pues si bien esta Sala coincide enteramente con el quejoso en cuanto a que la tramitación de la tasación de honorarios profesionales que dio origen a esta controversia debió ceñirse al procedimiento establecido en el artículo 89 del Código Procesal Civil, puesto que no solamente estaba éste vigente al momento en el que se presentó la solicitud por parte del Abogado VÁSQUEZ DELARCA (22 de mayo de 2011), sino que tratándose de un procedimiento especial, el pago de honorarios profesionales pretendido, no debió acogerse a lo prescrito por el artículo 913 del Código Procesal Civil, referente al trámite de los juicios declarativos en primera instancia que estaban pendientes de resolverse al momento de la entrada en vigencia de dicha normativa. Es por ello que efectivamente, tal y como lo señala el impetrante, el juez de primera instancia abrió un cauce procesal inadecuado para la tramitación de la tasación de honorarios solicitada, inclusive el propio peticionario JAIME VÁSQUEZ DELARCA invocó para su reclamo, la aplicación del trámite regulado en el artículo 89 del Código Procesal Civil. A pesar de ello, el juez dio trámite incidental al reclamo conforme lo establecido en el Código de Procedimientos de 1906, al cual terminaron sometiéndose ambas partes. Así, no consta del procedimiento que se revisa que la parte demandada haya presentado oposición al trámite que se estaba siguiendo en su oportunidad, y si bien impetró una nulidad de actuaciones en su intervención, ésta fue basada en que no se siguió el trámite de los incidentes estipulado en el Código Procesal Civil, por lo que podemos concluir que si bien resulta ser acertado y pertinente el argumento presentado por el amparista en cuanto a que en el trámite seguido para la tasación de honorarios se prescindió de las normas esenciales del procedimiento, hubo consentimiento de las partes, al no presentar oposición a ello en la instancia judicial respectiva; con lo cual, el cauce incorrecto impulsado por el juez de instancia fue permitido y consentido por las partes y al haberlo sido así por la parte que ahora la invoca, tampoco resulta meritoria esta alegación para efectos del presente recurso de amparo..."..."resta a que esta Sala se pronuncie en cuanto a si el cuestionamiento por parte del amparista del importe de los honorarios a que tiene derecho el Abogado JAIME VÁSQUEZ DELARCA, que fue fijado por el Juez A-Quo y por ende por el Ad-Quem posteriormente en la segunda instancia, causa o no afectación a derechos fundamentales. Primeramente, esta Sala debe dejar establecido que, así como lo ha advertido tanto el recurrente y el Ministerio Público en su dictamen y la Corte de Alzada en su oportunidad, la demanda originaria en este caso fue presentada sin cuantía determinada. Este es un hecho evidente e innegable, incluso la Sala de lo Constitucional en la sentencia recaída en el recurso de amparo con número de registro 588-12, así parece estimarlo[1]. El hecho que la demanda sea de cuantía indeterminada no fue en un primer momento, ni lo es ahora el motivo de controversia, pues ello se comprueba de la simple lectura de la demanda. El motivo de la controversia fue en aquel primer momento, como loes ahora, si la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO tiene o no la potestad de estimar este hecho cuando no fue alegado por las partes y no formó parte de la apelación. De acuerdo a la estimación de la Sala de lo Constitucional en la sentencia previa a la que hemos hecho relación, no competía a la Alzada referirse a ello, puesto que así parece haberlo estimado en el fallo que resolvió el recurso de amparo 588-12..."..."ha sido cuestionado por el recurrente la forma en la que el juez de instancia determinó el monto de los honorarios profesionales a ser pagados al Abogado JAIME VÁSQUEZ DELARCA, dejando entrever que se hizo de manera arbitraria, basándose únicamente en las manifestaciones del interesado, disputando con ello la objetividad de la decisión del A-Quo, a la cual se ciñó a su vez el Ad-Quem, el cual, como es observado del fallo objeto de examen, no dejó establecido en su fallo razonamiento alguno para asentir con lo decidido por el A-Quo, más allá que citar lo resuelto en el recurso de amparo 588-12 por parte de la Sala de lo Constitucional..."..."analizados que han sido los antecedentes y la resolución objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que no obstante que la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO emitió una nueva resolución en atención a la sentencia dictada en aquel momento por la Sala de lo Constitucional en el Recurso de Amparo con número de registro 588-12, ha omitido establecer con claridad los razonamientos que le llevaron a orientar su decisión y en específico, no se logra determinar de su fallo, que es objeto de este recurso de amparo, si la tasación aprobada por el Juez A-Quo en su momento, observó los requerimientos de ley y tampoco si cumplió o no con lo dispuesto en el Arancel del Profesional del Derecho, ello en atención al deber que el artículo 224.3 del Código Procesal Civil impone a los jueces y Tribunales de asegurar que el importe de los honorarios que sea exigido por los profesionales que hayan intervenido en un proceso esté conforme con los límites fijados por el mencionado Arancel. Esta omisión resulta en una resolución que no ha cumplido debidamente las exigencias formales que asegura la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supra legal aplicable al caso. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por el recurrente, por lo que la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, deberá dictar una nueva sentencia, siempre bajo los parámetros de una motivación clara, precisa, congruente y lógica, exponiendo con claridad los razonamientos en los que funde la decisión que derive del asunto que fue llamada a resolver, en atención a las normas aplicables al caso, tomando en cuenta las alegaciones de las partes y analizando en forma debida toda la prueba aportada al procedimiento iniciado de conformidad con la ley..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de Octubre de dos mil diecisiete.VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE FABIÁN COREA LOBO a favor del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintitrés de abril de dos mil quince, que declaró sin lugar un recurso de apelación y confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete de octubre de dos mil once, con relación al reclamo de pago de honorarios profesionales alegados por el señor JAIME VÁSQUEZ DELARCA por la prestación de servicios profesionales de procuración y defensa como Apoderado del INFOP en la demanda especial en materia de licitación pública promovida por la Sociedad Mercantil denominada EDUCTRADE S.A., contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP). Estima el recurrente que con el acto reclamado, se ha violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES.1) Que en fecha veintiséis de septiembre de dos mil ocho, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el Abogado JORGE LEÓNIDAS CALDERÓN LAÍNEZ, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil “EDUCTRADE” S.A, promoviendo demanda ordinaria de nulidad de un acto administrativo concerniente a un proceso de licitación pública internacional restringida a empresas españolas número 001-2007 para el suministro de equipo técnico industrial, adoptada mediante resolución identificada como CD-05-SO-15-2008 de fecha 18 de septiembre del 2008 emitida por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Demanda que fue contestada en fecha trece de noviembre de dos mil ocho por el Abogado JAIME VÁSQUEZ DEL ARCA en su condición de Apoderado del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), condición que fue plenamente acreditada en autos mediante el testimonio del instrumento número 308 de poder general para pleitos, otorgado por el señor ROGER DANIEL GONZALES IZAGUIRRE en su condición de Director Ejecutivo de dicho Instituto, mismo que fue autorizado por el Notario JOSÉ EFRAIN AGUILAR CÁRCAMO en fecha uno de octubre de dos mil ocho.(Folios 1-10/ 174-190 de la primera pieza de antecedentes).2) Que en fecha veintiséis de octubre de dos mil once, el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en la demanda antes relacionada en la que falló: “PRIMERO: Declarar improcedente la acción incoada por el Licenciado JORGE LEÓNIDAS CALDERÓN LAÍNEZ quien actúa en su condición de apoderado Legal de la Sociedad Mercantil “EDUCTRADE S.A” y todas las pretensiones solicitadas en la demanda.-SEGUNDO: Declarar inadmisible la presente acción…” (Folios 281-285 de la pieza principal de primera instancia).3)Que en fecha veinticinco de mayo de dos mil once, compareció el Abogado JAIME VÁSQUEZ DEL ARCA, actuando en causa propia, ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, departamento de Francisco Morazán, presentando reclamo por el Pago de Honorarios Profesionales contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP). (Folios 1-5 de la pieza de tasación de honorarios profesionales).4) Que en fecha dieciséis de agosto de dos mil once, el Abogado MARIO ALEJANDRO CALDERÓN MALDONADO, en su condición de Apoderado Judicial del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), compareció ante el Juzgado antes citado contestando e impugnando la Tasación de Honorarios Profesionales presentada por el Abogado JAIME VÁSQUEZ DEL ARCA, en fecha arriba citada. (Folios 9-14 de la pieza de tasación de honorarios profesionales).5) Que en fecha veintisiete de octubre de dos mil once, el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “1.Declarar SIN LUGAR la cuestión incidental de impugnación planteada por el Abogado MARIO ALEJANDRO CALDERÓN MALDONADO en su condición de Apoderado del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), sobre la Tasación y Minuta detallada de Honorarios Profesionales, presentada por el Abogado JAIME VÁSQUEZ DEL ARCA. 2. Tasar aprobando la Minuta de Tasación de Honorarios Profesionales a favor del Abogado JAIME VÁSQUEZ DEL ARCA, en la cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L.4,106,500.00) calculados en base a la cuantía de la pretensión económica litigada en juicio de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.27,300,000.00) y conforme a las tarifas señaladas en el articulo 43 inciso c), por remisión del párrafo ultimo del inciso d) del mismo articulo 43 del Arancel del Profesional del Derecho, que se desglosa de la forma siguiente: a) SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L.7,500.00) de la tarifa de 25% hasta L.30,000.00 y hasta 200,000.00; c) CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L.4,065.000.00) de la tarifa de 15% sobre el exceso de L.200,000.00 en delante de la cuantía litigada en juicio; resultando como tal de honorarios profesionales, la cantidad CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.4,106,500.00) que deberá pagar o hacerle efectivo el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) al Abogado JAIME VÁSQUEZ DEL ARCA en concepto de honorarios profesionales por los servicios de Procuración en el juicio de merito…”(Folio 87-99 de la primera de tasación de honorarios profesionales).6) Que contra la sentencia relacionada en el acápite que antecede, se interpuso recurso de apelación ante la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, la cual dictó sentencia en fecha quince de marzo de dos mil doce, declarando con lugar parcialmente el recurso de apelación planteado por la parte incidentista, revocando parcialmente la sentencia emitida por el A-Quo en el único sentido de tasar los honorarios profesionales a que tenía derecho el Abogado JAIME VÁSQUEZ DEL ARCA en la cantidad de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS en base a cuantía indeterminada por así haberse señalado en el escrito de demanda.

  1. Que a su vez, esta sentencia emitida por el Tribunal de Alzada y relacionada en el numeral precedente, fue objeto de recurso de amparo, el cual fue interpuesto por el Abogado JAIME VÁSQUEZ DELARCA ante esta SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, dictándose la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil quince, mediante la cual fue OTORGADA la acción de amparo de mérito, ordenándose al Tribunal Ad-Quem que procediera a dictar un nuevo fallo conforme al razonamiento que fue plasmado en las consideraciones del fallo.8) Que como consecuencia del fallo emitido por esta Sala, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, dictó una nueva sentencia en fecha veintitrés de abril de dos mil quince, mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado MARIO ALEJANDRO CALDERÓN, actuando en su condición de Apoderado Legal Sustituto del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP).SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia interlocutoria de fecha veintisiete de octubre de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que corre a folios del numero ochenta y siete (87) al número noventa y nueve (99) de la pieza separada de Tasación de Honorarios Profesionales…” (Folios 63-67 de la pieza del Ad-quem).9) Que el recurrente Abogado JORGE FABIÁN COREA LOBO, compareció ante este alto Tribunal, en fecha veintidós de mayo de dos mil quince, interponiendo acción de Amparo a favor del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.10) Que en fecha once de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público a través de su Fiscal Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que se “OTORGUE” el Recurso de Amparo de mérito.CONSIDERANDO (1):Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.CONSIDERANDO (4):Que se reclama por vía de la presente acción constitucional de amparo que la sentencia emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil quince (2015), es violatoria de garantías constitucionales en perjuicio del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), por estimarse inter alia por parte del recurrente que la Alzada debió acogerse al principio de legalidad procesal y resolver (sic) “defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente”.CONSIDERANDO (5): Que el garantista argumenta que la Corte de Apelaciones estableció en su fallo que su actuación se encontraba (sic) “limitada” en tanto que de conformidad a la ley, el recurso de apelación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. Para el recurrente sin embargo, a pesar que la Alzada emitió su fallo conforme a los tres alegatos en que se basaron los agravios presentados por el apelante en su momento, desconoció el contenido del artículo 701.3 del Código Procesal Civil , sustentado en el principio de legalidad procesal (artículo 7.1 y 2 CPC), que la obliga según el quejoso a entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente, señalando que la Alzada (sic) “…dejó pasar ciertas actuaciones del A- quo, que han ocasionado a mi representado estado de indefensión y por ende indebido procedimiento…”, siendo estos defectos inter alia los siguientes: a) Inaplicación del artículo 913 del Código Procesal Civil, porque de acuerdo con el impetrante, el Juez A-Quo debió haber aplicado esta legislación y dictar su sentencia conforme al nuevo Código Procesal Civil y no como lo hizo fundamentado y bajo los requisitos del Código de Procedimientos Civiles; b) Incumplimiento del artículo 39 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que exige que la cuantía de la acción sea fijada en la demanda, la cual no fue fijada en la misma, lo que la hace ser de cuantía indeterminada, violentándosele el derecho de defensa en perjuicio de su representada; c) Se cuestiona el hecho que el Juez A quo, señaló en su fallo que ninguna de las partes solicitó el recibimiento a prueba, sin embargo hizo constar que “…los conceptos económicos tasados no necesitan soporte documental, más que acreditar las actuaciones en el juicio respectivo en el que se hayan devengado, como así fue efectivamente acreditado en los presentes autos…”, lo que de igual forma considera el quejoso que se transgredió el artículo39 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a la exigencia de la fijación de la cuantía; d) Se cuestiona que el caso ameritaba el nombramiento de un perito o la evacuación de otros medios de prueba, censurándose por parte del quejoso el hecho que el juez de instancia dio un valor probatorio a una simple manifestación hecha por el interesado, manifestación que no puede servir como base, según sostiene el impetrante, toda vez que su pretensión fue fijada así por el interesado: “se deja establecido como pretensión indemnizatoria en caso de que proceda, el equivalente al 15% del monto total de la oferta, que por motivos del momento procesal administrativo en que se encuentra actualmente el proceso de licitación, no se puede señalar la cantidad que resulta del monto total de la oferta, ya que el sobre que contiene la oferta económica aún se mantiene cerrado, y no puede mi representada divulgar información alguna sobre el mismo”; e) Atendiendo a ello, el recurrente afirmó que en ninguno de los considerandos de la sentencia definitiva dictada el veintiséis de octubre de dos mil once, se estableció que los medios de prueba no determinaron en forma alguna cuantía que sustentara la demanda, menos el hecho que los sobres fueran abiertos cuando se evacuaron los medios de prueba, concluyendo el recurrente que a pesar que el apoderado demandante de Eductra de, S. A., renunció al medio de prueba peritaje que serviría para tasar el valor real de su demanda, resulta inaudito, en términos externados por el amparista, que se le haya dado una valoración sin tomar en cuenta ningún medio probatorio; f) Se afirma que debió agotarse de manera previa la vía administrativa conforme a lo que indica el artículo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo, previo a la solicitud de tasación de costas, hacer el respectivo reclamo administrativo, lo cual no fue realizado, infringiéndose con ello la garantía del debido proceso.CONSIDERANDO (6): Que por otra parte, argumenta el quejoso que la fundamentación esgrimida en el reclamo presentado por su contraparte, el Abogado JAIME VÁSQUEZ DELARCA, así como la utilización por parte de la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de los fundamentos propios de lo que es el Arancel del Profesional del Derecho, es violatoria del derecho de defensa y del debido proceso al haberse sustentado el fallo de fecha veintisiete de octubre de dos mil once, así como el fallo de fecha veintitrés (23) de abril de dos mil quince (2015) en un Arancel del Profesional del Derecho, que es (sic) “violatorio” de la Constitución de la República, al haberse atribuido a la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, la facultad de establecer el Aranceles Judicial, Administrativo y Notarial, en contravención a las Atribuciones propias del Congreso Nacional contenidas en el artículo 205, específicamente a su numeral 1, al igual que la facultad exclusiva de iniciativa de ley contemplada en el artículo 213 de la Constitución de la República, con lo cual se violenta, según el quejoso, el principio de legalidad.CONSIDERANDO (7): Que el caso que nos ocupa, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ha emitido dos sentencias referentes al asunto de la tasación de honorarios profesionales que es objeto de esta controversia, la primera de las cuales fue revocada, atendiendo un recurso de amparo promovido en contra de dicho fallo y que fue otorgado por la Sala de lo Constitucional en favor del Abogado JAIME VÁSQUEZ DELARCA. En esta primera sentencia, de fecha 15 de marzo de 2012, la referida Alzada determinó inter alia, que el Arancel del Profesional de Derecho aplicable en ese momento establecía que los honorarios de los profesionales del derecho se cobrarán según el valor de lo litigado y siendo que el valor de lo litigado en el caso era indeterminado, procedió a aplicar las disposiciones correspondientes, fijando la cuantía a pagar según disponía el Arancel, tomando en cuenta también que el reclamo de honorarios fue presentado antes de dictarse sentencia definitiva en el proceso. CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional conoció del recurso de amparo con número de registro 588-12, interpuesto contra la sentencia anteriormente citada en el acápite precedente. En aquella oportunidad, la Sala estableció que la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO había omitido resolver sobre uno de los agravios que le fueran presentados por el apelante en aquel momento y que además, había emitido pronunciamiento sobre (sic) “….algo que no le fue planteado en los agravios, concluyendo que en el caso de autos al ser de cuantía indeterminada, el apelado sólo tiene derecho a la suma de cinco mil lempiras en concepto de honorarios profesionales”. La Sala se refería al hecho que entre los agravios presentados por el apelante, en ese momento el INFOP, no se hizo relación alguna a que la cuantía era indeterminada, por lo cual la Sala determinó que (sic): “…al no haber dado respuesta a los agravios planteados y establecer un criterio sobre algo no debatido por las partes, efectivamente concita la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente…”.CONSIDERANDO (9):Que no competería a esta Sala debatir sobre lo resuelto en una sentencia anterior emitida en nombre del Tribunal Supremo, sin embargo, por disposición constitucional, esta Sala tiene el deber de pronunciarse en torno a lo resuelto posteriormente por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en su nuevo fallo de fecha 23 de abril de 2015, que constituye el acto reclamado en amparo. El pronunciamiento de esta Sala es pertinente y procedente en este caso porque la Sala Constitucional en aquél momento destacó una omisión por parte del Tribunal de Alzada en la sentencia de fecha 15 de marzo de 2012, de la cual hemos hecho referencia, y dado que las alegaciones del recurrente se refieren a supuestas violaciones en torno a la motivación y al contenido de esta nueva sentencia de fecha 23 de abril de 2015, esta Sala deviene en el deber de dar respuesta a las mismas. CONSIDERANDO (10):Que en la sentencia de fecha 23 de abril de 2015, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO se concreta a dar respuesta a cada uno de los agravios presentados por el apelante en su momento, es decir: la controversia referente a la condición de asesor legal del Abogado JAIME VÁSQUEZ DELARCA y la independencia del pago de honorarios del salario como asesor; lo referente a la alegada prescripción de la acción entablada; y, la opinión jurídica del Colegio de Abogados de Honduras, un pronunciamiento que había sido omitido en el anterior fallo y que fue advertido por la Sala de lo Constitucional en la sentencia de amparo otorgada a favor del señor VÁSQUEZ DELARCA, como ya queda dicho.CONSIDERANDO (11): Que de los alegatos presentados a esta Sala por parte del recurrente Abogado JORGE FABIÁN LOBO, quien actúa a favor del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), se observa que la mayor parte de ellos se refieren a hechos propios de instancia que ya fueron resueltos en su oportunidad, así como a situaciones aceptadas y consentidas reiteradamente durante el procedimiento de la demanda, como es el caso de cuestionar en este momento si los requisitos de la demanda fueron puntuales y acordes a la legislación; si se debió o no nombrar un perito o si debieron evacuarse medios probatorios en el procedimiento de la tasación de honorarios e inclusive el recurrente llega a cuestionar la constitucionalidad del Arancel del Profesional del Derecho. Esta Sala no encuentra que estas alegaciones resulten pertinentes o relevantes en este momento, en virtud que durante el proceso principal y posteriormente en la tramitación de la tasación mencionado, la parte demandada tuvo oportunidad de presentar estas alegaciones y pretensiones en la instancia ordinaria respectiva, y al prescindir de ellas en el momento procesal oportuno, resulta impropio presentar estos alegatos, claramente extemporáneos, en el trámite de un recurso extraordinario como el amparo, que tiene claramente definidos sus alcances en la ley.CONSIDERANDO (12): Que lo mismo puede afirmarse de la alegación del quejoso en cuanto a la legislación que debió ser observada en la tramitación de la tasación de honorarios profesionales, pues si bien esta Sala coincide enteramente con el quejoso en cuanto a que la tramitación de la tasación de honorarios profesionales que dio origen a esta controversia debió ceñirse al procedimiento establecido en el artículo 89 del Código Procesal Civil, puesto que no solamente estaba éste vigente al momento en el que se presentó la solicitud por parte del Abogado VÁSQUEZ DELARCA (22 de mayo de 2011), sino que tratándose de un procedimiento especial, el pago de honorarios profesionales pretendido, no debió acogerse a lo prescrito por el artículo 913 del Código Procesal Civil, referente al trámite de los juicios declarativos en primera instancia que estaban pendientes de resolverse al momento de la entrada en vigencia de dicha normativa. Es por ello que efectivamente, tal y como lo señala el impetrante, el juez de primera instancia abrió un cauce procesal inadecuado para la tramitación de la tasación de honorarios solicitada, inclusive el propio peticionario JAIME VÁSQUEZ DELARCA invocó para su reclamo, la aplicación del trámite regulado en el artículo 89 del Código Procesal Civil. A pesar de ello, el juez dio trámite incidental al reclamo conforme lo establecido en el Código de Procedimientos de 1906, al cual terminaron sometiéndose ambas partes. Así, no consta del procedimiento que se revisa que la parte demandada haya presentado oposición al trámite que se estaba siguiendo en su oportunidad, y si bien impetró una nulidad de actuaciones en su intervención, ésta fue basada en que no se siguió el trámite de los incidentes estipulado en el Código Procesal Civil, por lo que podemos concluir que si bien resulta ser acertado y pertinente el argumento presentado por el amparista en cuanto a que en el trámite seguido para la tasación de honorarios se prescindió de las normas esenciales del procedimiento, hubo consentimiento de las partes, al no presentar oposición a ello en la instancia judicial respectiva; con lo cual, el cauce incorrecto impulsado por el juez de instancia fue permitido y consentido por las partes y al haberlo sido así por la parte que ahora la invoca, tampoco resulta meritoria esta alegación para efectos del presente recurso de amparo.CONSIDERANDO (13): Que dicho lo anterior, resta a que esta Sala se pronuncie en cuanto a si el cuestionamiento por parte del amparista del importe de los honorarios a que tiene derecho el Abogado JAIME VÁSQUEZ DELARCA, que fue fijado por el Juez A-Quo y por ende por el Ad-Quem posteriormente en la segunda instancia, causa o no afectación a derechos fundamentales. Primeramente, esta Sala debe dejar establecido que, así como lo ha advertido tanto el recurrente y el Ministerio Público en su dictamen y la Corte de Alzada en su oportunidad, la demanda originaria en este caso fue presentada sin cuantía determinada. Este es un hecho evidente e innegable, incluso la Sala de lo Constitucional en la sentencia recaída en el recurso de amparo con número de registro 588-12, así parece estimarlo[1]. El hecho que la demanda sea de cuantía indeterminada no fue en un primer momento, ni lo es ahora el motivo de controversia, pues ello se comprueba de la simple lectura de la demanda. El motivo de la controversia fue en aquel primer momento, como loes ahora, si la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO tiene o no la potestad de estimar este hecho cuando no fue alegado por las partes y no formó parte de la apelación. De acuerdo a la estimación de la Sala de lo Constitucional en la sentencia previa a la que hemos hecho relación, no competía a la Alzada referirse a ello, puesto que así parece haberlo estimado en el fallo que resolvió el recurso de amparo 588-12.CONSIDERANDO (14): Que no obstante lo anterior, el impetrante argumenta en esta oportunidad que la Alzada debió observar este hecho independientemente de que hubiera sido alegado o no por la parte afectada e igual criterio parece observar el Ministerio Público en su dictamen, al considerar que la garantía de amparo invocada debe ser otorgada en atención al hecho que la cuantía en este caso es indeterminada y además porque el Tribunal de Alzada no realiza una (sic) “motivación fáctico jurídica” en relación a la cuantía de honorarios profesionales pretendida, sino que se limita a confirmar sin más lo resuelto por el A-Quo (F 62). Al respecto, si bien el tema de la cuantía indeterminada es un punto que fue someramente desarrollado por la Sala de lo Constitucional en la sentencia recaída en el recurso de amparo 588-12, es meritorio recordar a nuestros jueces que en base al principio iura novit curia, acogido en nuestra legislación en el artículo 12.5 del Código Procesal Civil, los jueces no pueden desconocer el ámbito del derecho y si bien deben ceñirse al petitorio de las partes, pueden basar sus decisiones en fundamentos jurídicos distintos. Esta Sala asiente con el criterio reiterado de la jurisprudencia española en la materia, en cuanto a que la congruencia no implica un “ajuste literal” a las pretensiones de las partes[2]. CONSIDERANDO (15): Que también ha sido cuestionado por el recurrente la forma en la que el juez de instancia determinó el monto de los honorarios profesionales a ser pagados al Abogado JAIME VÁSQUEZ DELARCA, dejando entrever que se hizo de manera arbitraria, basándose únicamente en las manifestaciones del interesado, disputando con ello la objetividad de la decisión del A-Quo, a la cual se ciñó a su vez el Ad-Quem, el cual, como es observado del fallo objeto de examen, no dejó establecido en su fallo razonamiento alguno para asentir con lo decidido por el A-Quo, más allá que citar lo resuelto en el recurso de amparo 588-12 por parte de la Sala de lo Constitucional.CONSIDERANDO (16): Que si bien la sentencia de la Sala de lo Constitucional debió ser observada por el Ad-Quem como autoridad recurrida en su momento, ello no relega a la Alzada de su obligación de aplicar la ley de manera irrestricta y tampoco de su deber de emitir un fallo debidamente motivado y fundado en derecho, como ha sido correctamente observado por el Ministerio Público. Ciertamente que la Sala de lo Constitucional al pronunciar la tantas veces citada sentencia recaída en el recurso de amparo con número de registro 588-12, no podría haber pretendido despojar al Tribunal de Alzada de las facultades propias de su mandato. La sentencia de amparo que se dictó, procuró establecer la manera en la que el accionar de la autoridad recurrida ocasionó quebrantamiento de derechos fundamentales en aquel momento, pero ello no implica que el Tribunal de Alzada deba eludir, abrigándose en esa decisión, el deber de impartir justicia y la exigencia de sujetarse al respeto de la garantía del debido proceso reconocida por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (17):Que es indiscutible que toda decisión emanada de un juzgador debe estar fundada en derecho y la resolución que se dicte debe además corresponder al derecho a la tutela judicial efectiva, la cual comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[3], que la falta de motivación por sí sola enerva la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, atendiendo a que ésta garantiza la obtención de una resolución debidamente motivada, ya sea ésta favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[4].CONSIDERANDO (18): Que en el caso que nos ocupa, se ha establecido correctamente que el pago de los honorarios profesionales pretendidos por el Abogado JAIME VÁSQUEZ DELARCA debe ser calculado conforme con el Arancel del Profesional del Derecho, así fue dispuesto por el juez de instancia y también por la Corte de Alzada en su sentencia, como así es también establecido en la ley conforme con el artículo 89 y demás aplicables del Código Procesal Civil. En tal virtud, los órganos jurisdiccionales encargados de resolver esta contienda deben observar lo establecido en dicha reglamentación, así como las normas que al respecto regulan este procedimiento. Así, de acuerdo a lo que observa esta Sala de lo Constitucional, la decisión del Ad-Quem debió dejar determinado en su fallo si el Arancel del Profesional del Derecho fue aplicado correctamente por el A-Quo en el caso que nos ocupa. Esta potestad le es conferida por ley a los jueces y tribunales de conformidad con el Artículo 224.3 del Código Procesal Civil, aplicable a la tasación de costas y a criterio de esta Sala también, en razón de la materia, al cobro de honorarios en el proceso civil. El artículo 224.3 del Código Procesal Civil prescribe que los jueces y Tribunales tienen no solo la potestad sino el deber de asegurar que el importe de los honorarios que sea exigido por los profesionales que hayan intervenido en el proceso esté conforme con los límites fijados por el Arancel del Profesional del Derecho y una de las razones por las que la ley otorga a los jueces la facultad expresa de reducir el importe de los honorarios reclamados, es precisamente evitar cobros excesivos e indebidos a las partes, siendo esta facultad independiente de que el importe sea o no impugnado en el proceso. CONSIDERANDO (19):Que en consonancia con lo anterior esta Sala estima, que la confirmación por parte de la Alzada del importe de honorarios establecido por el A-Quo en su sentencia, debe estar respaldada de razonamientos debidamente motivados para dejar claramente establecidas las razones por las que se aprobó el cálculo efectuado por el Juez de Instancia. Esta Sala no puede dejar de observar que al momento en el que se presentó la tasación de honorarios en disputa, no se había concluido el juicio y tampoco se había determinado su cuantía, como así es afirmado por el propio peticionario, por ende, el importe de los honorarios a que tiene derecho el Abogado JAIME VÁSQUEZ DELARCA debió corresponder a la labor desarrollada por éste hasta el momento en el que cesó su intervención en el asunto y este punto debe estar claramente determinado en el tasación que sea aprobada, debiéndose hacer constar en forma clara y precisa cuánto es el importe a pagar, cómo se ha calculado ese valor y porqué debe pagarse. Ciertamente que la función jurisdiccional que por mandato constitucional corresponde a los jueces exige de éstos dejar plasmada en sus decisiones los razonamientos que sirven para fundar sus decisiones, las cuales no pueden ni deben estar servilmente sometidas al interés de quienes intervienen en el proceso, sino que a la ley; así, en el caso que nos ocupa, si se deben honorarios profesionales, éstos deben pagarse, pero en forma justa, no desmedida y su cálculo debe hacerse constar en forma clara y equitativa, observando las disposiciones legales y atendiendo únicamente el espíritu de la ley. CONSIDERANDO (20): Que en previas decisiones,[5] este Alto Tribunal ha establecido que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Se ha establecido que la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes. CONSIDERANDO (21): Que como ya lo ha sostenido también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la cual esta Sala asiente decididamente, el deber de motivar las resoluciones es una de las “debidas garantías” vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso[6]. La Corte ha establecido que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, de manera que “protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”. Por tanto, en la misma línea de lo declarado por el Tribunal Europeo en el Caso Hadjianastassiou vs. Greece, la Corte Interamericana ha señalado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. CONSIDERANDO (22): Que en virtud de todo lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la resolución objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que no obstante que la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO emitió una nueva resolución en atención a la sentencia dictada en aquel momento por la Sala de lo Constitucional en el Recurso de Amparo con número de registro 588-12, ha omitido establecer con claridad los razonamientos que le llevaron a orientar su decisión y en específico, no se logra determinar de su fallo, que es objeto de este recurso de amparo, si la tasación aprobada por el Juez A-Quo en su momento, observólos requerimientos de ley y tampoco si cumplió o no con lo dispuesto en el Arancel del Profesional del Derecho, ello en atención al deber que el artículo 224.3 del Código Procesal Civil impone a los jueces y Tribunales de asegurar que el importe de los honorarios que sea exigido por los profesionales que hayan intervenido en un proceso esté conforme con los límites fijados por el mencionado Arancel. Esta omisión resulta en una resolución que no ha cumplido debidamente las exigencias formales que asegura la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supra legal aplicable al caso. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por el recurrente, por lo que la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, deberá dictar una nueva sentencia, siempre bajo los parámetros de una motivación clara, precisa, congruente y lógica, exponiendo con claridad los razonamientos en los que funde la decisión que derive del asunto que fue llamada a resolver, en atención a las normas aplicables al caso, tomando en cuenta las alegaciones de las partes y analizando en forma debida toda la prueba aportada al procedimiento iniciado de conformidad con la ley.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 12.5, 89, 224.3 y 915 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA:OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado JORGE FABIÁN COREA LOBO, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintitrés de abril de dos mil quince, por lo que el mencionado Tribunal de Alzada deberá proceder a emitir una nueva resolución, subsanando las falta de motivación y las omisiones advertidas por esta Sala en la sentencia objeto del presente recurso; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTÉZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de octubre del dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo bajo el número SCO-487-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] La Sala declaró en la consideración 12 de la sentencia de fecha 4 de febrero de 2015: “… concluyendo que en el caso de autos al ser de cuantía indeterminada, el apelado sólo tiene derecho a la suma de cinco mil lempiras en concepto de honorarios profesionales…”.

[2]SSTC 142/1987 Dde 23 de julio, fj 3; y 182/2000 de 10 de julio. Antecedentes citados en la obra “La Apelación en Código Procesal Civil hondureño” por L. Alfredo de Díez, Pg 78

[3]APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11

[4]L. ALFREDO DE DIEGO DÍEZ. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Pag. 56

[5]AP 259-12; AAC-802-14

[6]Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, op. cit., párr.77, y Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 141.