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Sentencia AA-481-17 — Registro 8708

Resumen

Acto recurrido en relación a los gastos desproporcionados efectuados con fondos nacionales identificados como financiamiento público o deuda pública que el Estado otorga a los Partidos Políticos, específicamente el respaldo que dicha autoridad dio a las elecciones internas de la diputada Marlene Alvarenga

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" … El recurrente no acredita tal carácter, al no precisar los derechos subjetivos concretos que le son conculcados con el acto impugnado en amparo, con lo cual no se determina lo relativo al supuesto agravio constitucional de que ha sido objeto, sin determinar de igual modo cuál es su legitimación para acudir en representación del Estado de Honduras, hecho para el cual forzosamente necesita una acreditación de la correspondiente autoridad pública legalmente constituida que lo designe al efecto..." ..." Que conforme lo establecen tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al no haberse acreditado la legitimación procesal del Abogado JOSE ANTONIO AVILA, con respecto a su pretensión procesal ante la autoridad recurrida en amparo, se aprecia la inexistencia de un agravio constitucional contra el recurrente, al no determinarse una vulneración concreta en el procedimiento determinado por el recurrente, de los derechos Constitucionales que se invocan como violentados por la autoridad recurrida, y como consecuencia procede declarar sin lugar la admisión del presente amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito que antecede, en el recurso de amparo interpuesto por el abogado JOSE ANTONIO AVILA como representante legal de la Barra de Abogados de Hondureños Anticorrupción, contra actuaciones del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, relacionadas a los gastos desproporcionados efectuados con fondos nacionales identificados como financiamiento publico o deuda pública que el Estado otorga a los Partidos Políticos, específicamente el respaldo que dicha autoridad dio a las elecciones internas de la diputada Marlene Alvarenga, realizadas el 21 de mayo del dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que esta Sala, en fecha treinta y uno de julio del dos mil diecisiete, al recurrir el peticionario en su condición personal y no determinarse con claridad su legitimación procesal, concedió a éste el plazo de tres días para que enmendara su acción Constitucional precisando su legitimación procesal indicando con claridad a favor de quien se interpone el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo esta determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un litigio determinado. CONSIDERANDO: Que según el recurrente, con las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral, se han vulnerados el goce a la justicia, a la cultura, al bienestar económico y social, el derecho a la igualdad ante la Ley, el derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, mismos que considera violados o amenazados al despilfarrar y dilapidar fondos nacionales que pueden ser utilizados o empleados para resolver dichos aspectos; no obstante lo anterior, el recurrente no acredita tal carácter, al no precisar los derechos subjetivos concretos que le son conculcados con el acto impugnado en amparo, con lo cual no se determina lo relativo al supuesto agravio constitucional de que ha sido objeto, sin determinar de igual modo cual es su legitimación para acudir en representación del Estado de Honduras, hecho para el cual forzosamente necesita una acreditación de la correspondiente autoridad pública legalmente constituida que lo designe al efecto.CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al no haberse acreditado la legitimación procesal del Abogado JOSE ANTONIO AVILA, con respecto a su pretensión procesal ante la autoridad recurrida en amparo, se aprecia la inexistencia de un agravio constitucional contra el recurrente, al no determinarse una vulneración concreta en el procedimiento determinado por el recurrente, de los derechos Constitucionales que se invocan como violentados por la autoridad recurrida, y como consecuencia procede declarar sin lugar la admisión del presente amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 44, 46, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: Declarar INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el abogado JOSE ANTONIO AVILA como representante legal de la Barra de Abogados de Hondureños Anticorrupción, al haberse constatado su falta de legitimación procesal y en consecuencia la inexistencia de un agravio constitucional contra el recurrente, por no determinarse una vulneración concreta en el procedimiento determinado por éste, de los derechos Constitucionales que se invocan como violentados por la autoridad recurrida. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias y se certifique el acto reclamado a la autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil diecisiete, certificación de la resolución de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-481-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito que antecede, en el recurso de amparo interpuesto por el abogado JOSE ANTONIO AVILA como representante legal de la Barra de Abogados de Hondureños Anticorrupción, contra actuaciones del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, relacionadas a los gastos desproporcionados efectuados con fondos nacionales identificados como financiamiento publico o deuda pública que el Estado otorga a los Partidos Políticos, específicamente el respaldo que dicha autoridad dio a las elecciones internas de la diputada Marlene Alvarenga, realizadas el 21 de mayo del dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que esta Sala, en fecha treinta y uno de julio del dos mil diecisiete, al recurrir el peticionario en su condición personal y no determinarse con claridad su legitimación procesal, concedió a éste el plazo de tres días para que enmendara su acción Constitucional precisando su legitimación procesal indicando con claridad a favor de quien se interpone el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo esta determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un litigio determinado. CONSIDERANDO: Que según el recurrente, con las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral, se han vulnerados el goce a la justicia, a la cultura, al bienestar económico y social, el derecho a la igualdad ante la Ley, el derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, mismos que considera violados o amenazados al despilfarrar y dilapidar fondos nacionales que pueden ser utilizados o empleados para resolver dichos aspectos; no obstante lo anterior, el recurrente no acredita tal carácter, al no precisar los derechos subjetivos concretos que le son conculcados con el acto impugnado en amparo, con lo cual no se determina lo relativo al supuesto agravio constitucional de que ha sido objeto, sin determinar de igual modo cual es su legitimación para acudir en representación del Estado de Honduras, hecho para el cual forzosamente necesita una acreditación de la correspondiente autoridad pública legalmente constituida que lo designe al efecto. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al no haberse acreditado la legitimación procesal del Abogado JOSE ANTONIO AVILA, con respecto a su pretensión procesal ante la autoridad recurrida en amparo, se aprecia la inexistencia de un agravio constitucional contra el recurrente, al no determinarse una vulneración concreta en el procedimiento determinado por el recurrente, de los derechos Constitucionales que se invocan como violentados por la autoridad recurrida, y como consecuencia procede declarar sin lugar la admisión del presente amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 44, 46, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: Declarar INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el abogado JOSE ANTONIO AVILA como representante legal de la Barra de Abogados de Hondureños Anticorrupción, al haberse constatado su falta de legitimación procesal y en consecuencia la inexistencia de un agravio constitucional contra el recurrente, por no determinarse una vulneración concreta en el procedimiento determinado por éste, de los derechos Constitucionales que se invocan como violentados por la autoridad recurrida. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias y se certifique el acto reclamado a la autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil diecisiete, certificación de la resolución de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-481-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL