Sentencia AA-44-16 — Registro 10420
Resumen
Resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por no haberse resuelto la solicitud de información consistente en una “Copia de la certificación de sentencia recaída en dicha demanda, la cual obra en Juzgado Contencioso Administrativo, en el plazo que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien es cierto, consta la facultad sancionatoria del Instituto de Acceso a la Información Pública, también es cierto que no puede ser ilimitada ni menos prepotente. Sus resoluciones, que concretan el procedimiento administrativo y se convierten en ley especial y particular, no pueden o no deben ser dictados sin explicación, que es la manera de justificar cómo se valoran los hechos y el criterio jurídico seguido en el caso. No quiere decir, por supuesto, que la eficacia de la motivación dependa de lo extenso del texto (probablemente una frase apropiada respalde suficientemente la decisión), pero sí que en todo caso la lealtad para con el obligado por su confianza de acudir a la Administración Pública exige que se le relate la fundamentación del fallo que les afecta, sin esperar que el interesado, acaso predispuesto por su problema, quede satisfecho, porque lo que se busca es en beneficio de la seguridad que debe dar el derecho a todos. CONSIDERANDO DOCE (12): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se de continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general.CONSIDERANDO TRECE (13): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata de evidentemente de de la vulneración al debido proceso, al proceder al inicio de acciones sancionatorias, acto que no se tramito por medio del proceso administrativo de entrega de información pública al confundir un acto procesal jurisdiccional con un acto propio de Transparencia e Información Pública. Amén de lo anterior, son circunstancias que dan pie a OTORGAR el presente recurso"...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 94 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ RAMÓN PINEDA IDIAQUEZ, en su condición de Apoderado Legal del Poder Judicial a favor del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HONDURAS contra la resolución No.SO-052-2015 en fecha veintiocho de abril de dos mil quince, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), con relación al Recurso de Revisión interpuesto por el señor ROMMEL ALEJANDRO MENDOZA GARAY quien actuó en su condición personal contra el JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con sede en Tegucigalpa, dependiente de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA por no haberse resuelto la solicitud de información consistente en una “Copia de la certificación de sentencia recaída en dicha demanda, la cual obra en este Juzgado bajo expediente 059-06E14”, en el plazo que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según expediente administrativo No.008-2015-R. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES.1) Que en fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSÉ RAMÓN PINEDA IDIAQUEZ, en su condición de Apoderado Legal del Poder Judicial a favor del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HONDURAS contra la resolución No. SO-052-2015 en fecha veintiocho de abril de dos mil quince, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), con relación al Recurso de Revisión interpuesto por el señor ROMMEL ALEJANDRO MENDOZA GARAY quien actuó en su condición personal contra el JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con sede en Tegucigalpa, dependiente de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA por no haberse resuelto la solicitud de información consistente en una “Copia de la certificación de sentencia recaída en dicha demanda, la cual obra en este Juzgado bajo expediente 059-06E14”, en el plazo que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según expediente administrativo No.008-2015-R. (Folios 1-7 del amparo)2) Que en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, este Alto Tribunal, admitió el Recurso de amparo de mérito, ordenando que se librara comunicación a la autoridad recurrida, a efectos que dentro del plazo de dos (2) días hábiles, remitiese los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del proceso de formación del acto impugnado por la vía de amparo, previo a que la Sala se pronunciara sobre la solicitud de Suspensión del Acto reclamado. Haciendo la observación a la autoridad recurrida que el envío de los antecedentes no obsta para que los funcionarios o empleados continúen con el conocimiento del asunto, y con tal fin, dejarán un extracto de las actuaciones principales. Dando conocimiento de la providencia al Fiscal del Despacho para cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo. (Folio 9 del amparo).3) Que en fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, ésta Sala recibió el antecedente solicitado a la autoridad recurrida, a través de su Secretaria General YAMILETH ABELINA TORRES HENRIQUEZ, en el cual consta la resolución recurrida de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, en la cual se resolvió: “Declarar CON LUGAR EL RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el Ingeniero ROMMEL ALEJANDRO MENDOZA GARAY actuando en su condición personal, contra el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dependiente de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de haber denegado la información solicitada por el recurrente, conforme a lo dispuesto en el Artículo 52 numeral 2) del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGUNDO: Que se tenga por entregada de manera extemporánea la información solicitada por el recurrente consistente en: “Copia de la certificación de sentencia recaída en dicha demanda, la cual obra en este Juzgado bajo expediente 059-06 E-14”, tal y como se puede comprobar con el oficio No.10-OIP-PJ-2014 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, que corre agregado a folio 32 del expediente de merito, asimismo se informa que, tal como lo prescribe el párrafo final del Artículo 14 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, los solicitantes o usuarios serán directamente responsables por el uso, manejo y difusión de la información pública a la que tenga acceso. TERCERO: Se ordena a la Secretaría General del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), la apertura de oficio del correspondiente expediente sancionatorio, adjuntando informe ejecutivo de dicha institución obligada, sobre el incumplimiento a la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA en lo que respecta a la TRANSPARENCIA REACTIVA. CUARTO:… QUINTO:…, remítase copia de la misma al CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN para lo efectos legales correspondientes.”. (Folios 43-47 del antecedente).4) Que en fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, ésta Sala tuvo por visto los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida y estando pendiente de resolver la solicitud de suspensión del acto reclamado presentado por el Abogado JOSÉ RAMÓN PINEDA IDIAQUEZ se declaró CON LUGAR la misma, en forma provisional y bajo la responsabilidad del recurrente, ordenándose comunicar a la autoridad recurrida que dentro del término de veinticuatro (24) horas la suspensión decretada. Concediéndose el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalizara su petición por escrito. 5) Que habiéndose concedido vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas al recurrente para que formalizara su acción de amparo, el Abogado JOSÉ RAMÓN PINEDA IDIAQUEZ compareció ante este Tribunal en fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, formalizando la acción de amparo de merito, por lo que esta Sala mediante auto de fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de merito ordenando dar vista al Fiscal del Despacho por el termino de cuarenta y ocho (48) horas para que emitiera su respectivo dictamen. (Folio 17-22 de la pieza de amparo). 6) Que en fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, siendo de la opinión porque “SE DECLARE SIN LUGAR”, por considerar que en caso de autos no concurre violación alguna a los preceptos señalados por el amparista. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JOSÉ RAMÓN PINEDA IDIAQUEZ, en su condición de Apoderado Legal del Poder Judicial a favor del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HONDURAS se dirige contra la resolución No. SO-052-2015 en fecha veintiocho de abril de dos mil quince, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), con relación al Recurso de Revisión interpuesto por el señor ROMMEL ALEJANDRO MENDOZA GARAY quien actuó en su condición personal contra el JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con sede en Tegucigalpa, dependiente de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA por no haberse resuelto la solicitud de información consistente en una “Copia de la certificación de sentencia recaída en dicha demanda, la cual obra en este Juzgado bajo expediente 059-06E14”, en el plazo que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según expediente administrativo No.008-2015-R.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, que el señor Rommel Alejandro Mendoza Garay presentó su solicitud ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, dándole respuesta a sus solicitudes y fundamentando las mismas en disposiciones legales aplicables en la parte jurisdiccional, orientando de esta forma al solicitante en cuanto al procedimiento legal a seguir. Lo correcto conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su Artículo 5; y, Artículos 35 y 36 de su Reglamento, es que la solicitud debía ser presentada ante la Oficina de Transparencia del Poder Judicial para lo cual se ha designado un Oficial de Información Pública. Por lo que en ningún momento se negó la información requerida, por el contrario la Juez del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo le indicó al señor Rommel Alejandro Mendoza Garay el acto de comunicación consistente en el auxilio judicial por medio del exhorto, el cual tiene lugar cuando los actos de comunicación hayan de practicarse por Tribunal distinto. Queda constancia que no se entregó la información en forma extemporánea, por lo tanto no procede la apertura de oficio del correspondiente expediente sancionatorio por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública. Aunado a lo antes expuesto, esta el hecho que durante el procedimiento administrativo que se siguió por parte del Instituto, hasta la emisión de la resolución con la que se pone fin al tramite administrativo, se violento el Derecho a la Defensa y al Debido Proceso; ya que solamente fue escuchada una de las partes y no ambas como corresponde legalmente.CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, a través de su Fiscal KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, siendo de la opinión porque “SE DECLARE SIN LUGAR”, por considerar que en caso de autos no concurre violación alguna a los preceptos señalados por el amparista.CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas y en el caso en particular del Tribunal Supremo Electoral, conforme lo establecen los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho.CONSIDERANDO SIETE (7): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que el Instituto de Acceso a la Información Pública en cumplimiento a lo ordenado en la Comunicación de fecha primero de febrero de dos mil dieciseis, remitió los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, a través de su Secretaria General YAMILETH ABELINA TORRES HENRIQUEZ, en el cual consta la resolución recurrida de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, en la cual se resolvió: “Declarar CON LUGAR EL RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el Ingeniero ROMMEL ALEJANDRO MENDOZA GARAY actuando en su condición personal, contra el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dependiente de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de haber denegado la información solicitada por el recurrente, conforme a lo dispuesto en el Artículo 52 numeral 2) del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGUNDO: Que se tenga por entregada de manera extemporánea la información solicitada por el recurrente consistente en: “Copia de la certificación de sentencia recaída en dicha demanda, la cual obra en este Juzgado bajo expediente 059-06 E-14”, tal y como se puede comprobar con el oficio No.10-OIP-PJ-2014 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, que corre agregado a folio 32 del expediente de merito, asimismo se informa que, tal como lo prescribe el párrafo final del Artículo 14 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, los solicitantes o usuarios serán directamente responsables por el uso, manejo y difusión de la Información Pública a la que tenga acceso. TERCERO: Se ordena a la Secretaría General del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), la apertura de oficio del correspondiente expediente sancionatorio, adjuntando informe ejecutivo de dicha institución obligada, sobre el incumplimiento a la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA en lo que respecta a la TRANSPARENCIA REACTIVA. CUARTO:… QUINTO:…, remítase copia de la misma al CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN para los efectos legales correspondientes.”.CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso ha sucedido.CONSIDERANDO ONCE (11): Que si bien es cierto, consta la facultad sancionatoria del Instituto de Acceso a la Información Pública, también es cierto que no puede ser ilimitada ni menos prepotente. Sus resoluciones, que concretan el procedimiento administrativo y se convierten en ley especial y particular, no pueden o no deben ser dictados sin explicación, que es la manera de justificar cómo se valoran los hechos y el criterio jurídico seguido en el caso. No quiere decir, por supuesto, que la eficacia de la motivación dependa de lo extenso del texto (probablemente una frase apropiada respalde suficientemente la decisión), pero sí que en todo caso la lealtad para con el obligado por su confianza de acudir a la Administración Pública exige que se le relate la fundamentación del fallo que les afecta, sin esperar que el interesado, acaso predispuesto por su problema, quede satisfecho, porque lo que se busca es en beneficio de la seguridad que debe dar el derecho a todos. CONSIDERANDO DOCE (12): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se de continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general.CONSIDERANDO TRECE (13): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata de evidentemente de de la vulneración al debido proceso, al proceder al inicio de acciones sancionatorias, acto que no se tramito por medio del proceso administrativo de entrega de información pública al confundir un acto procesal jurisdiccional con un acto propio de Transparencia e Información Pública. Amén de lo anterior, son circunstancias que dan pie a OTORGAR el presente recurso.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se le restituyan los derechos al Poder Judicial de Honduras, rehabilitando su derecho a la defensa a través del procedimiento correcto de solicitud de información; sin perjuicio que el Instituto de Acceso a la Información Pública, dicte una resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado en la sentencia.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el Artículo 316 de la Constitución de la República. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha treinta de noviembre del dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-0044-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL